MURCIA.- Un estudio de Ecologistas en Acción ha
desvelado que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado, desde 2001, unos
20 millones de metros cuadrados en el municipio mediante una fórmula
"ilegal" que consiste en que los promotores trasladan la edificabilidad
de zonas forestales de monte protegidas y las adscriben al valle y al
campo de Murcia como si fueran urbanizables.
Se trata de 20 millones de metros cuadrados que estaban
calificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como parque regional, que la
Ley del Suelo impedía calificar, según ha denunciado en rueda de prensa
la autora del estudio, Ángeles Moreno, acompañada por el portavoz de
Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pedro Luengo.
Al parecer, los promotores compraban a precios
"ridículos" barrancos o fincas forestales que no servían "para nada",
pero adscribían esa superficie al plan parcial desarrollado en la zona
del Valle. El Ayuntamiento lo calificaba como sistema general y le
otorgaba la misma edificabilidad que en el campo de Murcia, según ha
explicado Moreno.
De esta forma, a la edificabilidad permitida en el valle, de 300
metros construibles por cada mil, el promotor podía añadir otros 300
metros, con lo que podía aumentar su superficie edificable a 600 metros
cuadrados. Al mismo tiempo, las zonas verdes, de ocio y recreo que
estaban obligados a ejecutar, la trasladaban a la zona del monte y su
titularidad pasaba a ser municipal, con lo que obtenían un doble
beneficio.
Moreno explica que esta práctica, que permitía aumentar la
rentabilidad, estaba prohibida por la Ley del Suelo desde 2001 a 2004,
porque recogía específicamente que el suelo no urbanizable protegido no
podía tener edificabilidad.
El cambio legislativo introducido en 2004 tampoco daba amparo a
estas prácticas, porque las restringía a espacios naturales calificados
como urbanizables, algo que sólo se puede hacer mediante el Plan General
de Ordenación Urbana, de competencia municipal, que no puede calificar
suelo protegido por normas estatales y europeas.
En definitiva, Moreno señala que el municipio "no tenía
competencia sobre la costa ni sobre zonas calificadas como LIC o ZEPA",
pero critica que el Ayuntamiento de Murcia siguió amparándose en este
cambio de la Ley, que "no era suficiente".
En 2006, Moreno recuerda que el Ayuntamiento se dio cuenta de lo
que estaba ocurriendo, y ante la sospecha de la investigación en el caso
'Barraca', introdujo un artículo en el que sólo iban a poder trasladar
la edificabilidad del suelo que no estuviera especialmente protegido. De
esta forma quedaban excluidas las zonas calificadas como LIC y ZEPA,
pero quedaban incluidas zonas forestales protegidas por el planeamiento,
una figura municipal.
El problema es que Ecologistas en Acción ha detectado que el
Ayuntamiento no aplicó esta última restricción y no hizo diferencia
entre lo protegido por el planeamiento y por los planes estatales y
europeos, de forma que han ido "metiéndolo todo en la misma bolsa y
adscribiendo la edificabilidad en los planes parciales".
Moreno explica que hace unos meses el TSJ emitió una sentencia en
la que zanjó que "no se podía trasladar suelo protegido específicamente a
suelo urbanizable", una práctica "que también es aplicada por los
ayuntamientos de Águilas y Lorca en Marina de Cope", lamenta.
En total, hay 25 planes parciales afectados por esta fórmula, seis
de los cuales están aprobados y ejecutados, como 'Solera El Trampolín',
'Los Cañares', 'Tres Molinos Sur', 'El Valle', 'Hacienda Riquelme' y
'Finca Ochando'.
En este caso, el aprovechamiento de los planes parciales ya
ejecutados suman un total de 820.651 metros cuadrados, de los cuales,
224.000 provienen de la indebida adscripción de suelos con protección
específica, es decir, un 27,38 por ciento de lo edificado es ilegal.
Teniendo en cuenta que cada vivienda ha sido planificada con 100 metros
cuadrados, resultaría que ya se han construido 8.206 viviendas, de las
cuales, 2.447 serían ilegales.
En estos casos en los que las viviendas ya están hechas y cuya
edificabilidad procede del monte, Ecologistas en Acción señala que "sólo
cabría dejarlas fuera de ordenación", con lo que "serían ilegales" y
"no se podrían arreglar ni se puede hacer nada con ellas, por lo que se
tienen que derruir y tirar cuando queden obsoletas". En caso de que ya
estén en manos de particulares, Moreno dice que "tendrá que decidir el
juez".
Otros cinco planes parciales tienen la aprobación definitiva, pero
no se han ejecutado, una situación en la que se encuentran las
promociones 'La Naveta', 'Los Granados', 'Carthago', 'Sucina Golf' y 'La
Loma'.
En este caso, estaba previsto construir 13.967 viviendas, de las
cuales, 6.819 serían ilegales, es decir, el 48,82 por ciento del total.
Puesto que estas casas no se han levantado, Moreno dice que lo único que
tendría que hacer el Ayuntamiento es revisar los planes parciales y
anularlos.
Los 14 planes parciales restantes que están afectados se
encuentran ahora en exposición pública y están siendo tramitados, entre
los que se encuentran 'Las Veredas', 'Residencial Puerto de la Cadena',
'Campo Sol', 'Bordes Serranos Costera Sur' y 'Viento Cortado', entre
otros.
De estos 14 planes con adscripción de suelo no urbanizable,
Ecologistas en Acción ha podido tener acceso al expediente de cinco de
ellos, que suman un total de 781.920 metros cuadrados de edificabilidad,
de los cuales, 451.000 metros cuadrados provienen de la indebida
adscripción de terreno protegido, por lo que el porcentaje aumenta al
57,72 por ciento.
En este caso, Moreno dice que el Ayuntamiento debería "simplemente
"tirar para atrás estos planes y anularlos", ya que todavía no han sido
aprobados. Ecologistas en Acción no ha tenido acceso a los expedientes
de los otros nueve planes, pero ha podido consultar un documento en el
que aparecen reflejadas las superficies de adscripción.
La evolución del 28 al 48 y al 57 por ciento de terreno adsritos
como no urbanizables, según Moreno, demuestra que "se han vuelto más
codiciosos y ambiciosos en la Gerencia de Urbanismo".
Este estudio se ha enviado a la Fiscalía para su ayuda en la
investigación de los casos 'Umbra' y 'Barraca', al tiempo que se ha
presentado al Premio Nacional de Urbanismo, donde ha conseguido la
mención especial, por lo que tiene el respaldo de los juristas expertos
en urbanismo "más importantes de España", según Moreno.
En este sentido, Ecologistas en Acción ha anunciado que va a
presentar un recurso de revisión extraordinaria en el registro del
Ayuntamiento, y el Consistorio dispondrá de un mes para iniciar los
trámites de revisión, anular la edificabilidad y quitar los 20 millones
de metros cuadrados que se han otorgado de forma "ilegal".
Moreno ha amenazado que, si el Ayuntamiento no ha iniciado los
trámites pertinentes en el plazo de un mes, Ecologistas en Acción
acudirá a los juzgados, donde iniciará un proceso contencioso por la vía
Penal contra los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, y
advierte que incluirá al alcalde, Miguel Ángel Cámara, si es necesario.
Moreno ha recordado que el exconcejal de Urbanismo, Fernando
Berberena, se comprometió hace unos años a que el Plan General sería
revisado para ver si algo se había "traspapelado", pero como no se han
puesto "manos a la obra" en el último año, Ecologistas en Acción ha
elaborado este estudio.
