El Príncipe clausura el martes en Cartagena el 475º aniversario de la Infantería de Marina

CARTAGENA.- La Infantería de Marina Española pondrá fin este martes a las celebraciones de su 475º aniversario, con una Parada Militar en la explanada del Muelle Alfonso XII a la que asistirá el Príncipe de Asturias, según se ha informado en un comunicado. 

De este modo, este acto central de las celebraciones del aniversario de la Armada, será a las 12.00 horas, en la explanada de Héroes de Cavite y a él podrán sumarse cuantos ciudadanos quieran asistir.

Sin embargo, los actos continúan esa tarde, a las 18.30 horas, momento en el que los militares arriarán solemnemente la bandera en el Muelle de Alfonso XII. Además, los cartageneros podrán visitar hasta el martes 28 el buque de asalto anfibio Galicia.

El buque, que atracará este sábado en el Muelle de Cruceros, y estará abierto al público, de 16.00 a 18.45 horas; el domingo 26, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.45 horas; el lunes 27, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.45 horas y el martes 28, de 16.00 a 18.45 horas.

La embarcación está diseñada para transportar tropas y vehículos, y para operar con embarcaciones anfibias en el dique y con helicópteros en su cubierta de vuelo. Su misión principal es llevar a cabo operaciones anfibias, aunque también actúa en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria en catástrofes naturales, mediante apoyo médico y quirúrgico.

Por otro lado, el domingo, día 26, será el Cross de Infantería de Marina, a las 11.00 horas. Esta carrera, en la que se han inscrito 580 personas, la ha organizado la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena.

Los participantes recorrerán 11 kilómetros y saldrán del Campo de Instrucción de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, junto a las instalaciones del Tercio de Levante, en la Estación Naval de La Algameca.

Las distintas categorías de la prueba están divididas en masculina y femenina. En Senior participarán los corredores entre 18 y 44 años y en veterano de 45 en adelante.

Los dorsales se entregarán el sábado 25, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas en la zona del puerto próxima al Museo Naval, junto a la UPCT. Además, se entregarán obsequios a los tres primeros clasificados de cada prueba.

Finalmente, todos los participantes que finalicen la prueba podrán, a través de la web, obtener un diploma acreditativo de su participación en el que figurará el tiempo empleado y la posición dentro de su categoría.

Queda visto para sentencia el juicio por el despido de la ex directora general de la CAM

ALICANTE.- El juicio por el despido de la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ha quedado visto para sentencia, tras cinco horas de vista oral en las que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas, mientras que la acusación ha apuntado manipulación contable.

Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente.

La ex directora general de CAM, acompañada por su dos letrados, ha abandonado el edificio judicial entre insultos por parte de dos titulares de acciones preferentes y ante la mirada de numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión.

De hecho, Amorós ha optado por introducirse junto a uno de sus abogados en un portal abierto de un edificio cercano para intentar evitar a los medios de comunicación y a las personas que la han seguido por la calle para descalificarla.

La representación legal de Amorós ha pedido que el despido sea declarado improcedente, decisión que podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros.

Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, que posteriormente fue derogada.

Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año, que, a través del FROB, capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.

En ese momento, se la echó bajo la acusación de que había buscado "el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente" mientras ocupaba el cargo de directora general.

Además, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también consideraron "reprobable" su sueldo y la pensión de por vida acordada durante la etapa en la que la CAM era presidida por Modesto Crespo.

El FROB dice que la actuación de Amorós en la CAM es de "vía penal"

ALICANTE.- Uno de los tres administradores de Caja Mediterráneo (CAM), José Antonio Iturriaga, ha dicho hoy en el juicio por el despido de la ex directora general María Dolores Amorós que la gestión de ésta en la entidad es propia de la "vía penal".

Iturriaga ha expuesto que existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de CAM que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

Iturriaga, inspector del Banco de España en excedencia, fue nombrado administrador de la entidad alicantina junto a otras dos personas más por la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a raíz de la intervención de CAM.

En calidad de testigo, ha señalado que la situación patrimonial de la entidad alicantina era "muy distinta" de la que dibujaba la dirección. Algunos de los primeros indicios que condujeron al Banco de España a pensar que la situación "no era tan buena" surgieron tras analizar las retribuciones establecidas en los fondos de pensiones asignados a los ejecutivos que abandonaban la entidad.

"Eran muy superiores" a la media de otras entidades, ha añadido Iturriaga, quien no ha detallado qué posibles implicaciones o derivaciones conllevaban tales retribuciones. Sobre este aspecto se ha referido el ex director general de Recursos Humanos de CAM Vicente Soriano, quien, también en calidad de testigo, ha apuntado que el sistema de pensiones y de adicionales a las mismas y las bases de cálculo para éstas se establecieron en 2007.

La abogada de la Caja Mediterráneo (CAM) ha considerado desproporcionada la petición de diez millones de euros de indemnización en concepto de lucro cesante solicitada por la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós durante el el juicio por despido que se celebra en Alicante.

A esta cifra, que Amorós reclama por despido improcedente, se sumaría una segunda indemnización por el tiempo trabajado, cuya cuantía aún no ha sido expuesta. Su petición ha sido expuesta en el inicio de la vista oral que por este hecho se celebra en el juzgado de lo Social 4 de Alicante, cuya sesión es seguida por una veintena de medios de comunicación y por un grupo de titulares de acciones preferentes.

La letrada de Banco CAM ha incidido en que, si bien Amorós "transmitía tranquilidad" y aseguraba "la viabilidad" de la entidad, "la realidad" era de "una liquidez comprometida", "un deterioro de los activos", "una reducción de los márgenes" y "falta de confianza externa".

Amorós instará a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad y que fue derogada posteriormente.

Los ayuntamientos tendrán que enviar a Hacienda el listado de facturas pendientes antes del 15 de marzo

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros que los ayuntamientos tendrán de plazo hasta el 15 de marzo para enviar al ministerio de Hacienda el listado de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha del 31 de diciembre pasado. La medida es el primer paso, según explicó la vicepresidenta, para diseñar y poner en marcha el mecanismo de pago a las pymes y autónomos, en graves dificultades por la morosidad de las administraciones públicas.

Junto al listado de facturas, también deberán remitir al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste que les posibilite hacer frente en el futuro al pago de las citadas deudas. Dicho plan de ajuste tendrá que estar en el ministerio antes del 31 del mes próximo. «Se trata de conocer de una vez por todas lo que hay y que las administraciones públicas cumplan los criterios de sostenibilidad financiera», subrayó Sáenz de Santamaría, que insistió en la necesidad de «poner orden» y cuantificar realmente el importe de los impagos.

Aunque no adelantó detalles sobre cómo será el plan de abono, del que Montoro sí dijo esta semana que implicaría al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a las entidades bancarias, la portavoz del Gobierno sí comentó que habría una «modificación temporal y puntual» de la normativa para permitir al Estado establecer garantías para hacer frente al pago de las deudas comerciales de las administraciones públicas.

Sáenz de Santamaría no se pronunció tampoco sobre el plazo en el que el mecanismo financiero -sobre el que decidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Rajoy- se pondrá en marcha, limitándose a señalar que será el más «breve» posible.

Amorós reclama 10 millones de euros a la CAM por su despido fulminante

ALICANTE.- La exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós ha llegado hoy al Juzgado de lo Social nº 4 de Alicante diez minutos antes del inicio de la vista oral sobre su despido en medio de una nube de periodistas. Amorós fue despedida de forma fulminante tras la intervención de la caja. La exdirectora ha sido recibida por clientes de la antigua caja al grito de “ladrona, choriza y corrupta”. Una de las clientas le ha reclamado directamente que devuelva el dinero.

Amorós, que pide una indemnización de 10 millones de euros, fue despedida por los administradores del Banco de España tras asumir el control de la caja a finales de julio del año pasado por falsear supuestamente la contabilidad de la entidad y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de gestión de entidfad alicantina, entre otros motivos. Los interventores del supervisor destituyeron de manera fulminante a la ejecutiva el 22 de septiembre pasado sin derecho a indemnización.

La exdirectora acude a la vista oral con la intención de lograr la nulidad del despido. Sus abogados alegan que durante su despido los responsables de la decisión vulneraron sus derechos fundamentales, entre ellos el honor, la propia imagen y su dignidad profesional y personal. Subsidiariamente a la nulidad, reclama su readmisión en lo que ahora es Banco CAM o una indemnización en función de su salario.

Amorós reclama en su demanda de despido dos tipos de indemnización: 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, por el tiempo que le restaría hasta la jubilación y otra cantidad, no determinada, que duplica la indemnización que le correspondería por su larga trayectoria laboral en la caja de ahorros alicantina, que incluye al menos diez años en la dirección general adjunta y nueve meses en la dirección general, por citar solo el último tramo de esta vinculación.

La abogada de la empresa, ahora Banco CAM, ha rechazado en su intervención todos los argumentos de la demandante para lograr la nulidad del despido. Amorós alega que la carta de despido vulneraba su derecho al honor, a la propia imagen y atentaba contra su dignidad profesional y personal. 

La letrada de la CAM ha defendido la legalidad de la carta de despido, tanto en el marco de la legalidad vigente a nivel laboral como en el ámbito de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Amorós está encarando el tramo inicial de la vista oral con un aspecto serio pero al mismo tiempo relajado y tomando notas de los alegatos de las partes. En la sala, la exdirectora no está sola. Un pequeño grupo de amigos se han acercado para arroparla en la vista oral.

Amorós llegó al cargo tras la marcha del exdirector general de la CAM, Roberto López, en diciembre de 2010. La ejecutiva había sido hasta entonces la mano derecha de López durante los casi diez años que esté ocupó el cargo. A su llegada al puerto, Amorós se elevó el sueldo hasta los 590.000 euros anuales y además pactó con el entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, la mencionada pensión vitalicia.

Esta última decisión es una de las claves del expediente disciplinario abierto por el Banco de España, y que afecta a 48 exdirectivos de la caja. El cálculo de la pensión de Amorós también es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si pudo incurrir en alguna ilegalidad penal.

Los familiares del Yak-42: “Es un agravio que Trillo sea embajador en Londres”

MADRID.- Las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en 2003, conocieron el pasado 3 de febrero que el juez Fernando Grande-Marlaska decretaba el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la etapa de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no existió "responsabilidad penal relevante" en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Es el tercer archivo del caso, contra el que ya han presentado recurso, según revela hoy 'El País'. 

Pocos días después recibieron otra noticia que también les cayó  como un jarro de agua fría: el nombramiento del exministro de Defensa como nuevo embajador español en Londres. “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, han lamentado esta mañana.

La asociación de víctimas del accidente insiste en la responsabilidad penal de los mandos militares en el siniestro del avión ucranio. "Era vox populi que los aviones eran inseguros, hubo negligencia", ha defendido el presidente, Miguel Ángel Sencianes. Por eso han recurrido el auto de Grande-Marlaska, una decisión a la que se ha adherido la Fiscalía. El Ministerio Público estimó que los mandos incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban" ese tipo de vuelos. Todo ello, dijo el fiscal, "hacía previsible que pudiera suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable".

“Pedimos al juez que reabra al caso y que tenga en cuenta que es una cuestión de honor”, han asegurado. Grande-Marlaska acaba de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero ellos no creen que la nueva organización, con el responsable de cerrar el caso a la cabeza, vaya a perjudicarles: “Llevamos nueve años confiando en la justicia, eso no se quiebra por un nombramiento”, ha afirmado su abogado, Leopoldo Gay.

El proceso judicial se alarga ya nueve años, y están cansados de esperar: “Por salud mental, por todo, necesitamos un plazo, que los juicios no se alarguen tanto. Esto debía de acortarse porque no hay quien lo resista”, se quejaba Granada Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. En opinión de la asociación, existen razones políticas para el retraso judicial. Federico Trillo, dicen, es la “mano negra” que lo obstaculiza. “Sigue sobrevolando, tiene mucho poder, más de lo que la gente se imagina”, añadía Francisco Parada, otro de los miembros.

Los familiares solicitan también al Gobierno que no conceda el indulto a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz, condenados por la Audiencia Nacional en 2009 por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, en un sumario separado del que investigaba las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano. "Nunca han pedido perdón, no han mostrado arrepentimiento", defienden. La ejecución de la sentencia se ha paralizado por la petición de indulto que tiene que resolver el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La asociación ha solicitado además audiencia con los ministros de Interior y Defensa, pero aún no ha obtenido respuesta.

Cobrar el paro es "casi inasumible para España", según la CEOE

MADRID.- El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Jesús Terciado, ha asegurado este viernes que el gasto que hace España en protección por desempleo "es, en estos momentos, casi inasumible" y ha apostado por introducir cambios en el modelo.

Terciado, en declaraciones a Telecinco, ha señalado que el año pasado se dedicaron 30.000 millones a pagar prestaciones a los desempleados, cifra que en 2007 era cuatro veces inferior (unos 7.000 millones de euros). 

"Hay que hacer lo posible para que esa situación cambie. Está habiendo propuestas, desde perder la prestación por rechazar una oferta, hasta modularlo a una tercera oferta de trabajo. Pero hay que hacer algo porque el coste es prácticamente inasumible, al igual que en sanidad y en servicios sociales. Tenemos que hacerlo sostenible y hacerlo sostenible no es ingresar más sino gastar menos", ha precisado.

Terciado ha recordado que las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, sobre aceptar trabajos en Laponia eran a título personal y no representan la opinión de la CEOE, y ha explicado que lo que están intentando los empresarios es enviar mensajes a la sociedad, a los partidos políticos y a los sindicatos para "reaccionar".

"Lo que tenemos estamos seguros de que no vale. Hay que cambiar la prestación por desempleo. Tenemos en el mercado laboral muchos elementos que estamos seguros de que pueden mejorar la situación, y no debemos cerrarnos, porque en esos debates puede haber soluciones", ha dicho.

Terciado ha subrayado además que España debe hacer un esfuerzo para intentar cumplir con sus compromisos en Bruselas y ha señalado que el cumplimiento en el objetivo del déficit público (4,4% del PIB para este año si no hay cambios) obligará al país a hacer "un ajuste importantísimo del gasto".

"Hay que hacer un esfuerzo para intentar cumplir con nuestros compromisos, porque necesitamos que los mercados internacionales y nuestros socios europeos confíen en nosotros", ha afirmado.

El Banco de España ya advirtió en 2010 de una incorrecta gestión crediticia de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España instó en diciembre de 2010 a la dirección de Caja Mediterráneo a implantar "una correcta" gestión de créditos y de clasificación de riesgos, tras detectar 1.037 millones de euros de créditos que carecían de dotación.

Así lo ha expuesto el auditor de una firma independiente autora de un informe económico sobre los ejercicios 2010 y 2011 de CAM, en la vista oral que desde esta mañana se sigue en Alicante por la demanda por "despido improcedente" que presentó la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós.

Tras la intervención de CAM por parte del Banco de España, siete meses después, los administradores provisionales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hallaron otros activos en similar situación de deterioro por valor de 1.147 millones de euros.

El auditor, citado como prueba pericial por el Banco CAM -la parte demandada-, ha explicado que el Banco de España pidió a CAM que contabilizara en sus cuentas "graves defectos" hallados en relación a los créditos, tanto por el nivel de riesgo que presentaban como por su falta de provisiones sobre los mismos.

Este requerimiento fue elevado a la dirección de la entidad alicantina después de analizar cerca de un 30 por ciento de los activos acreditados de la CAM y el nivel de riesgo que la entidad alicantina había marcado para los mismos.

"Créditos que aparecían como normales en años anteriores habían sido clasificados como dudosos o fallidos", ha señalado este economista, quien ha subrayado que "una incorrecta clasificación de los riesgos de los créditos tiene un impacto en la cuenta de resultados".

Según el auditor, Amorós "manipuló" las cuentas, ya que aseguró que en el primer trimestre de 2011 hubo beneficios en el Grupo CAM por valor de 65 millones de euros, mientras que los administradores del FROB detectaron pérdidas por valor de 1.136 millones de euros.

Asimismo, ha subrayado que Amorós realizó varias modificaciones en las bases de cálculo a la hora de complementar los planes de pensiones de los directivos, algunas de la cuales "no pasaron" por los órganos de gobierno de la entidad.

Amorós recibía un sueldo anual de 593.040 euros por su cargo y tenía fijada una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, con una revalorización de entre el 1 y el 2% anual desde su jubilación.

Para calcular esta última cuantía se usó como base su sueldo de directora general y no la retribución fija de los tres año anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad.