La Comunidad Autónoma continuará con la rescisión del contrato del aeropuerto y puesta en marcha del nuevo concurso

MURCIA.- El Gobierno regional continuará trabajando en el proceso de "rescisión del contrato" con Aeromur, la concesionaria del aeropuerto de Corvera y, en paralelo, "se siguen dando los pasos para poner en marcha ese nuevo concurso para la puesta en funcionamiento, en el más breve espacio de tiempo, de esta infraestructura", a pesar de que el consorcio adjudicatario del nuevo aeropuerto, liderado por Sacyr, había presentado este jueves un recurso ante el TSJRM contra la decisión tomada por la Comunidad Autónoma el pasado 13 de septiembre de rescindirles el contrato.

   Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, quien insiste en que como gobierno "vamos a seguir todos los pasos para presentar los correspondientes escritos y documentos que correspondan a esa vía judicial".

   De forma que ha declinado entrar en confrontación en todo este asunto, "ni en diversidad de criterios y opiniones, ya que defendemos los intereses generales de todos los murcianos".

   Y es que, insiste, el objetivo "básico" del Gobierno murciano es "la puesta en funcionamiento del iniciar las operaciones en el aeropuerto, en el más breve espacio de tiempo, ya que es una infraestructura esencial para el futuro de la Región y todos los pasos que se han venido dando irán orientados a ese objetivo".

   Ha recordado, al hilo, que el expediente de resolución de la concesión que se inició en su momento "iba dirigido precisamente a cumplimentar ese objetivo y contó con tres informes jurídicos favorables: el de los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas, el de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y del Consejo Jurídico de la Región".

   "Los tres informes jurídicos coinciden en considerar que se ha producido un incumplimiento contractual imputable a la concesionaria e indican que se sirve mejor al interés público resolviendo la concesión que manteniendo su vigencia, ya que el único objetivo del Gobierno regional es el interés general, el interés social y el interés público", ha sentenciado Ballesta.

   Tras puntualizar que el Gobierno murciano no tiene "interés mercantil, económico ni privado" y defender que es un interés "general, social, de todos los murcianos", ha recordado que el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de "liquidación de bienes y derechos, que es lo que en este momento se está en trámite".

   En esta línea, ha destacado la labor que el Ejecutivo realiza, "para lograr un acuerdo del traslado de las operaciones civiles desde el aeropuerto de la base aérea de San Javier a Corvera, como en paralelo se siguen con los trabajos previos para convocar nuevo concurso que permita que la nueva concesión se haga cargo de la puesta en funcionamiento de ese aeropuerto".

   Asimismo, ha dicho que el auto que dictó el TSJ en su momento "está claro", destacando que "estamos en un Estado de Derecho y los autos de los tribunales deben cumplirse". De no ser así, "estaríamos hablando entonces de otros elementos donde no me considero capacitado para calificar".

   Preguntado sobre cuándo volverán a entrar los técnicos de la Consejería a las instalaciones del aeropuerto, Ballesta ha señalado que se comunicará previamente por parte de la Consejería "el día que se vaya a proceder". Aunque desconoce cuánto durará, cree que por la "complejidad" de la infraestructura al realizar el inventario de bienes y servicios, "será más de un día".

   Para concluir, ha zanjado diciendo que la intención del Gobierno es "resolver cuanto antes esta cuestión, de forma inmediata y dar todos los pasos con la máxima celeridad y no perder ni un solo día".

Ballesta dice que el inventario del aeropuerto se terminará cuanto antes

MURCIA.- El consejero portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, José Ballesta, ha dicho hoy, a preguntas de los periodistas, que el inventario del aeropuerto de Corvera tras el expediente de resolución a la concesionaria Aeromur se terminará cuanto antes.

Ballesta dijo desconocer cuándo será la fecha exacta en la que se producirá ese inventario de bienes y servicios, puesto que es la Consejería de Obras Públicas la encargada de ese asunto, pero explicó que "la intención del Gobierno es resolver esta cuestión cuanto antes; de forma inmediata. Nuestro objetivo es dar todos los pasos, con la máxima celeridad, con la máxima diligencia, para poder realizar el nuevo concurso. No perder ni un sólo día".

Respecto al recurso presentado recientemente por Sacyr, respondió que se trata de un ámbito jurídico en el que una empresa mercantil defiende sus intereses por la vía jurídica, mediática y las que considere oportunas, "pero ahí no vamos a entrar como gobierno", advirtió, y añadió que no entrarán en confrontación o diversidad de criterios y opiniones.

CCOO solicita la dimisión de Valcárcel por negociar "exclusivamente" con CESM temas laborales de trabajadores del SMS

MURCIA.- La Federación de Sanidad de CCOO ha solicitado la dimisión de Valcárcel por negociar "exclusisamente" con CESM temas laborales de trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS), según han informado fuentes del sindicato en un comunicado.

   Así, indican que "en los últimos días los trabajadores del SMS han asistido al esperpento de un futuro laboral dirigido por los intereses de un sindicato corporativo. Al menos esa es la imagen que se ha consentido desde el SMS y el Ejecutivo Regional".

   La FSS-RM, en palabras de su secretario general, Javier Lanza, "lleva desde el principio de los recortes, denunciando la falta de una gestión eficaz, de un plan estratégico, razonado y contrastado que sirva tanto para manejar una sanidad pública rentable como para las contingencias diarias".

   Sin embargo, añade, "nunca ha sido la intención de esta Federación hacer desaparecer el SMS sino mejorar su gestión. Pero la actitud del Ejecutivo de consentir negociaciones fuera del foro autorizado, la Mesa Sectorial de Sanidad, convierte a la Sanidad Pública en un cortijo a disposición del señorito, en este caso el Presidente Valcárcel".

   Y es que, la FSS-RM, como sindicato mayoritario de los estatutarios de la Sanidad Pública, reivindica la vuelta de las negociaciones al órgano autorizado, la Mesa Sectorial. En caso contrario, seguirá solicitando la dimisión del presidente como máximo símbolo del caciquismo y el favoritismo.

   Respecto a los resultados de las negociaciones paralelas, Lanza expresa que "todas las negociaciones anteriores paralelas de la CESM han traído consecuencias para todos los trabajadores", y añade que "todos los sanitarios, incluso los facultativos, saldrán perjudicados por el paternalismo de la CESM. Pero desde la FSS garantizamos nuestra denuncia y sobretodo, la persecución del caciquismo y el cortijo".

El cartagenero Roca, condenado a 11 años y a una multa de 240 millones por el 'caso Malaya'

MÁLAGA.- El principal acusado del caso 'Malaya', en el que se ha investigado la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, por blanqueo continuado cometido como jefe de una organización, con la atenuante de confesión, por dos delitos de fraude por dos operaciones y por prevaricación, al quedar la condena de un año por un delito de cohecho incluida en la del cohecho continuado. Además, se le impone la multa de 240 millones de euros.

   Además, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación; la exregidora Marisol Yagüe a seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, por malversación, alteración del precio de subasta o concurso y fraude, la multa para ella es de dos millones. En el caso de la exprimera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, se le condena a cuatro años de prisión por cohecho continuado y alteración del precio de subastas.

   Han sido condenados por blanqueo la abogada Montserrat Corulla, a la que se le han impuesto cuatro años de prisión; el cuñado de Roca, Antonio Jimeno, tres años y tres meses de cárcel; mientras que, por contra, la mujer de Roca ha sido absuelta, al igual que su hija, en este caso porque se le retiró la acusación.

   También han sido condenados varios de los empresarios como el constructor cordobés Rafael Gómez 'Sandokan', a seis meses de prisión por cohecho con la atenuante de detención irregular, Carlos Sánchez y Andrés Liétor a seis años y tres meses de prisión; José María González de Caldas a ocho meses de prisión por cohecho pasivo para acto injusto no realizado, los responsables de la empresa Aifos, Jesús Ruiz Casado, Genaro Briales y Francisco García Lebrón, a tres años de prisión por cohecho y fraude.

   En el caso de José Ávila Rojas ha sido condenado a tres años y ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y por blanqueo de capitales, mientras que se ha absuelto a otros empresarios como Tomás Olivo, Manuel Lores, Francisco Arteche y Cristóbal Peñarroya.

   En cuanto a los concejales, a Carmen Revilla se le condena a dos años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado y a inhabilitación especial para el desempleo de cargo público por cinco años, además de multa de 90.000 euros; al igual que a María José Lanzat, en cuyo caso la multa es de 48.000 euros, y a Tomás Reñones, otros dos años por cohecho pasivo para acto injusto no realizado e inhabilitación para cinco años y 320.000 euros, más dos años de prisión en relación con la operación Vente Vacío y dos años de inhabilitación.

   El fallo de la sentencia, dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, que absuelve a más de 40 imputados, ha comenzado a leerse a las 11.20 horas de este viernes.

   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.

  El principal acusado del caso 'Malaya', en el que se ha investigado la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación, al quedar endebida la condena de un año por un delito de cohecho en la del cohecho continuado.

   El fallo de la sentencia, dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha comenzado a leerse a las 11,20 horas de este viernes.

   La Fiscalía Anticorrupción pidió 30 años de cárcel para Roca por un delito continuado de blanqueo de capitales, en el ámbito de una organización, de la que era el "jefe", además de por prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.