BRUSELAS.- España es el sexto país de la
Unión Europea donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de
independencia de su sistema judicial, con el 56% que lo valora como
"malo o muy malo" desde el punto de vista de su independencia, según los
resultados del Índice sobre los sistemas judiciales en la UE publicado
este lunes.
Sólo los ciudadanos de Bulgaria (70%), Croacia (66%) Eslovenia
(62), Eslovaquia (61%) e Italia (61%) creen que sus tribunales y jueces
son todavía menos independientes que en el caso de los españoles,
mientras que, en el polo opuesto, los sistemas judiciales de Dinamarca
(7%), Finlandia (12%) y Suecia (145) son los mejores valorados por sus
ciudadanos, según los resultados del informe, el cuarto publicado hasta
ahora y que incluye, por primera vez, datos sobre la percepción de los
ciudadanos y no sólo las empresas.
Respecto a los motivos para percibir una falta de independencia
judicial, el principal motivo que esgrimen los españoles es la presión
de los Gobiernos o políticos, algo que sostiene el 41% de los españoles,
los quintos que más denuncian la injerencia política como el principal
problema de la justicia, sólo por detrás de eslovacos, búlgaros,
croatas, italianos y eslovenos.
Asimismo, el 38% de los españoles achaca la falta de independencia
judicial a las presiones económicas o de otros intereses específicos y
el 28% a la falta de independencia al estatus y posición insuficiente de
los jueces para garantizarla.
"La percepción de la independencia judicial en España sigue siendo
un desafío para España y creo que se debe no solo a casos individuales
de los ciudadanos en sí sino también a estos casos públicamente
monitorizados y bien conocidos, donde la gente espera una decisión justa
por parte de los jueces en el país", ha explicado en rueda de prensa la
comisaria de Justicia, Vera Jourová, preguntada por los casos
judiciales pendientes como el 'caso Noos' o el caso 'Bárcenas' sobre la
posible financiación ilegal del PP y las recomendaciones del Ejecutivo
comunitario a España para mejorar en la independencia judicial.
Jourová no se ha querido pronunciar más allá sobre la situación
"doméstica" en España y ha recordado que compete a las autoridades
políticas llegar a "sus propias conclusiones de lo que deben hacer" para
mejorar a la luz de los resultados del Índice comparativo, que pretende
ser "una herramienta muy valiosa" para "impulsar" las mejoras, aunque
ha dejado claro que los Gobiernos europeos sí deben cumplir las
recomendaciones específicas que les dirige, incluido en el ámbito
judicial, en el marco del Semestre Europeo.
En el caso de la percepción de la independencia judicial por parte
de las compañías, el 64% de las empresas en España consideran la
situación "mala o muy mala", sólo por delante de Eslovaquia (77%),
Bulgaria (71%) y Croacia e Italia (70%), según el informe. En el polo
opuesto, las empresas en Luxemburgo (7%), Dinamarca (10%) y Finlandia
(12%) son las más satisfechas con la independencia judicial en su país.
Al margen de la independencia judicial, el informe también mide la
eficiencia y calidad de los sistemas judiciales de los Estados miembros
a la luz de indicadores como el número de casos civiles y comerciales
pendientes y el plazo para resolver el litigio o la formación de jueces o
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), entre otros.
En el caso de España, la comisaria ha destacado que "los
indicadores de eficiencia y de la calidad del sistema judicial muestran
en general una actuación media, con espacio para la mejora en ciertos
parámetros", en particular, los plazos para resolver los litigios
civiles y comerciales y el número de casos administrativos pendientes y
ha valorado que "al contrario que el año pasado, España ha cooperado
plenamente en los preparativos del índice, incluido aportando datos
sobre los indicadores de eficiencia".
Los datos muestran que en España se necesitaban 318 días para
resolver casos civiles y comerciales en 2014, sólo por detrás de Grecia
(330), Francia (348), Croacia (380), Eslovaquia (524), Italia (532) y
Malta (536) y año y medio para resolver sobre quiebras de empresas en
2015 en España, entre los diez donde menos se tarda, junto con Chipre y
Letonia. Además, España es el tercero con más casos administrativos
pendientes de resolución (0,4 por cada 100 habitantes), igual que
Italia, Finlandia y Letonia y sólo por detrás de Alemania y Chipre (0,9
cada uno).
Por lo que se refiere a la tasa de resolución en primera
instancia, el 1% de los casos civiles, comerciales y administrativos se
resuelven en primera instancia en España, como en la mayoría de los
países y quedaban pendientes de resolución 3,1 casos por 100 habitantes,
sólo menos que en Rumanía (3,3), República Checa (3,4), Polonia (4),
Chipre (6,1) Eslovaquia (7,3), Italia (7,4), Croacia (8,4) y Eslovenia
(12).
En el caso del número de jueces y el gasto público en justicia,
España es el duodécimo país donde el Gobierno gasta más dinero (82 euros
por habitante), sólo por detrás de Luxemburgo, Reino Unido, Alemania,
Suecia, Austria, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Italia, Eslovenia e
Irlanda y el sexto que menos jueces por habitante tiene, 12 por cada
100.000 habitantes, igual que Suecia. Sólo tienen menos Italia, Chipre,
Francia, Malta e Irlanda.
En el caso de la formación de los jueces, el 0,38% de toda la
plantilla de jueces españoles participa en programas de formación en
materia de Derecho europeo o para estudiar la legislación de otro país,
el duodécimo mayor porcentaje en toda la UE, por detrás de Eslovenia,
Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Países
Bajos, Italia y Croacia.
En términos generales, la comisaria ha valorado que "la mayoría de
los Estados miembro están haciendo progresos para mejorar sus sistemas
judiciales", aunque "todavía hay espacio para la mejora" y ha asegurado
que "la Comisión seguirá asistiendo a los Estados miembros a mejorar sus
sistemas judiciales" porque son clave para el Estado de Derecho, pero
también para la confianza de los inversores y contribuir al crecimiento
económico.
