Las licencias en Marbella dependían de la “voluntad” de Roca

MÁLAGA.- El jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo perteneciente al Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, aseguró que los listados o cuadernillos que llegaban a la comisión de gobierno del Consistorio en los que se precisaba si la licencia era o no favorable, eran “la voluntad” del ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y precisó que éste incidía no sólo en estos asuntos sino también tenía “acceso” a temas de personal, de presupuesto o incluso declaraciones judiciales de testigos.

González, cuyo testimonio en un caso por delito urbanístico dio origen al caso ‘Malaya’, declaró ayer en el Juzgado de lo Penal número 8 como testigo por la concesión de una licencia a la empresa Incopromar para la construcción de un edificio de 10 plantas en Marbella en parte sobre zona verde, según el fiscal, caso en el que están acusados, además de Roca, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, el abogado José Luis Sierra y cinco concejales.

El testigo explicó que al margen de que esos cuadernillos “respondieran a la orden, voluntad e instrucción” de Roca, “los funcionarios informábamos” sobre las licencias, por lo que indicó en su declaración, que comenzó cerca de las siete de la tarde, que “podía pasar y pasaba que llegara el papel con favorable cuando todos los informes eran desfavorables”.

“Lo que no sé es el valor que le daban los concejales a ese papelito”, apostilló.

Insistió en que la forma de dar las licencias en Marbella era “arbitraria”.- (EP)

La jefa de la Demarcación de Costas confirma el inicio de la regeneración de la bahía de Portmán

MURCIA.- La Jefa de la Demarcación de Costas en Murcia, Francisca Baraza, aseguró que a lo largo de 2008, la bahía de Portmán iniciará su recuperación, tras haber enviado a las distintas administraciones el proyecto y el estudio de Impacto Ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de este entorno natural, así como al Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Según un comunicado remitido por la Demarcación de Costas en Murcia, Baraza destacó el compromiso del Gobierno de España y de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, “para abordar esta problemática histórica y compleja de la Bahía de Portmán”.

La Jefa de la Demarcación de Costas en Murcia, señaló que el proyecto, así como su estudio de Impacto Ambiental eran un requisito imprescindible antes de abordar el inicio de las obras de regeneración.

En estos momentos, afirmó, el proyecto y el estudio de Impacto Ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, permanecerá en información pública durante un plazo de 20 días a partir de su publicación en el BORM.

Tras este paso, se iniciará el proceso de alegaciones, y posteriormente, se llevará a cabo la Declaración de Impacto Ambiental para que el proyecto salga a licitación pública.

Por otra parte, Baraza apuntó que desde el pasado mes de julio se está trabajando en el proyecto piloto de descontaminación de recuperación de los suelos contaminados de la Bahía de Portmán, con la estrecha colaboración de la Universidad de Murcia.- (Agencias)

Polaris World trabajará con una agencia internacional de publicidad para crecer en el extranjero

TORRE PACHECO.- La compañía Polaris World ha adjudicado su cuenta de planificación y compra de medios para Reino Unido, Irlanda y países nórdicos a la empresa Universal McCann, agencia con la que venía trabajando para el mercado español en los últimos años.

La red internacional de Universal McCann será la encargada de diseñar y realizar la compra de espacios en estos nuevos mercados con la coordinación de la oficina de Madrid.

El director de marketing y publicidad de Polaris World, Joaquín Peláez, declaró que “el crecimiento en el extranjero es una de las bases fundamentales de nuestro negocio. Creemos que la amplia propuesta de servicio presentada por Universal McCann es la que mejor se ajusta a nuestros objetivos de marca”.

Por su parte, la directora general de la oficina de Madrid de Universal McCann, María Orta, añadió que “sin duda, la colaboración entre nuestras oficinas ha sido clave en la preparación y adjudicación de esta propuesta, que abarca el mayor mercado de Polaris World, y supone un buen ejemplo del funcionamiento de nuestra red”.- (EP)

Elecciones generales y problemas regionales / Juan Redondo

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogía hace unos meses como principales problemas existentes en la Región de Murcia, en porcentajes destacados y por este orden: la sequía y la escasez de agua, la inseguridad ciudadana y la inmigración. A distancia venían la vivienda, el paro y la calidad del empleo.

En el sondeo se habían recogido las opiniones de un millar de ciudadanos de la Comunidad tras los comicios municipales y autonómicos del pasado mes de mayo. La preocupación de la opinión pública sobre las infraestructuras, incluidas las ferroviarias, el tráfico, la violencia de genero, la corrupción y el fraude, o el terrorismo, aquí eran poco menos que testimoniales. Por ejemplo las infraestructuras apenas preocupaban al 1,3%, la corrupción y el fraude, lo mismo que el terrorismo de ETA, a un 0,8%.

Con esas premisas es lógico que los partidos políticos, en especial los populares, llevaran la intervención de Rajoy en el Principe de Asturias por el agua, la inseguridad ciudadana, la inmigración y la vivienda. Los socialistas navegan en los discursos, se agarran al agua, a la seguridad ciudadana y también a la vivienda y, sobre todo, a los servicios sociales, con Leyes como la de Dependencia o de Igualdad.

Sin embargo desde las autonómicas para acá ha surgido un nuevo tema estrella a nivel regional, el de las infraestructuras ferroviarias y especial es de los Aves. De un 0,8 por ciento se ha convertido en el gran banderín de enganche para los dos grandes partidos, como si tras muchos años de abandono ferroviario con unos y otros, ahora se hubiera descubierto que el tren de alta velocidad también existe y es fundamental, algo que nadie duda, pero que hasta hace unos meses no se consideraba prioritario.

En esta Comunidad la estrategia política y los temas de interés hace muchos años que lo marcan los populares, que cuentan además con el mayor respaldo electoral de todas las autonomías. Los socialistas tras su campaña agresiva, dura y descalificante, contra la supuesta corrupción, quedaron tan escaldados en los pasados comicios que no les queda más remedio que apuntarse a los logros del Gobierno Central y esperar tiempos mejores, yendo a rebufo y a la defensiva de la hoja de ruta que marca el partido mayoritario, justificando más que ofreciendo. Y los Aves son los ejemplos más claros, por no citar a la aplicación de la Ley de Dependencia o Acompañamiento.

Al ser elecciones generales los grandes problemas de Murcia: agua y Aves, no ocupan excesivo espacio en los programas nacionales de los partidos. No entran dentro del contexto marco programático sino como hijuelas añadidas en el reparto de intereses provinciales o regionales. Rajoy y Zapatero pasan de puntillas sobre ellos cada vez que vienen leyendo la chuleta que les colocan los dirigentes regionales. La escasez de agua y los Aves no preocupa mucho al resto de los españoles, salvo a los castellanos-manchegos y a los aragoneses que la tienen. De ahí que la declaración de Rajoy del domingo sobre un pacto nacional sobre el agua no haya tenido mucha repercusión en la prensa nacional.

Parece que fuera de Murcia el tema no pinta mucho de cara a la batalla nacional entre socialistas y populares para el 9 de marzo. En esta ocasión no estamos hablando del PHN de hace cuatro años. Sin embargo parece que la batalla por el décimo escaño en la Región de Murcia se dirimirá en la campaña electoral en estos dos temas concretos, al menos esa es la estrategia que prima en estos primeros tanteos a falta de cien días.

Los populares no tienen prisa con las candidaturas

De momento no mueven pieza los populares sobre su cabeza de lista para las generales. Parece que la intención es dejarlo para pasadas las Navidades y Reyes. Dicen que en las reuniones que se mantuvieron con Rajoy en el Nelva no salió el tema a pasear. Les intersa de momento más la estrategia de los temas: incidir sobre los problemas de la Región como el agua, los aves, “el castigo del Gobierno Central”, para fidelizar al electorado que desviar el interés en la batalla de listas.

La maquinaria está engrasada como desmostraron el pasado domingo con la visita de Rajoy, tanto con la puesta en escena en el Principe de Asturias como en el aperitivo de la Plaza de las Flores. Diputados repetidores todos apuntan a Andrés Ayala, Alberto Garre y Lourdes Méndez. Al Senado también apuntan que Pedro José Pérez Ruiz y Joaquín Peñarrubia tienen muchas bazas.

Todos son rumores ante el hermetismo de un Valcárcel que sabe que estas elecciones son generales y las listas al final se conocerán y decidirán en Génova. Los socialistas lo decidirán en quince días en el Comité Regional, los populares no tienen especiales prisas.

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Zaplana, ministro de Vivienda, Bono, subsecretario / José Hervás Garcés

Tras el rotundo fracaso que ha sufrido la propuesta del Partido Popular en el Tribunal Constitucional, rechazada ayer al máximo nivel, "a limine", de plano, de tramitar las recusaciones contra tres magistrados progresistas en su recurso contra la Ley Orgánica de este tribunal, Mariano Rajoy no tiene más remedio que tomar ya la decisión de prescindir de Eduardo Zaplana.

Ha sido el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, junto con sus próximos colaboradores, Martínez Pujalte y Fernández Díaz, quienes le han llevado a esta situación pese a los informes de los expertos de su propio Partido. Lo sorprendente de la decisión, que le supone una dura derrota en el terreno que tanto cuida Mariano Rajoy, como es la jurídica, es que haya seguido adelante con un camino que le recomendaban no siguiera lo más finos juristas del partido.

Los tres expertos juristas consultados por el PP entre lo más granado de un equipo al que le sobran este tipo de cualificados profesionales, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, el ex jefe del Gabinete de Rodrigo Rato, hoy alto ejecutivo de Banesto, Javier Pérez Renovales y el portavoz de Justicia en el Senado, Agustín Conde, habían coincidido al manifestar en sus informes que la recusación era jurídicamente inviable.

A ellos se habían unido el secretario general del partido, Ángel Acebes y el Secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, letrado de las Cortes de profesión, quienes consideraban que suponía una temeridad legal presentar con tan escasos argumentos una recusación en la que incluso los miembros elegidos por propio Partido Popular les habían hecho llegar que no podrían apoyar.

Pese a la práctica unanimidad del equipo más cualificado en esta materia y tras oirles a todos, fue el propio presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy quien decidió no desautorizar a su portavoz en el Congreso, pese a que tiene desasistido al grupo y ha creado todo tipo de tensiones en la estructura del partido, sobre todo en Valencia.

No es la primera vez que los magistrados elegidos por el PP votan en el Constitucional en contra de una propuesta popular porque consideran que no se ajusta a derecho o no hay bases jurídicas que los apoyen. El caso más sonado fue el de Vicente Conde cuyo voto fue decisivo para que el Constitucional no admitiera a trámite analizar antes de que se debatiera en el Parlamento Vasco el proyecto de reforma de Estatuto de Ibarretxe.

Le costó la presidencia del Tribunal Constitucional a Conde, como el magistrado explicaría en su día a uno de sus colaboradores de los servicios jurídicos del alto tribunal. Aznar le llamó al menos en dos ocasiones a Moncloa para convencerle de que votara a favor de que sí fuera admitido y tratar de imposibilitar de forma previa su debate. Cuando aseguró al ex presidente que su conciencia no se lo permitía, Aznar le advirtió al magistrado que tendría un coste. Lo tuvo. En el momento de elegir presidente meses después, dos de sus propios compañeros le dieron la espalda.

Ante el fracaso de la propuesta avalada por Zaplana ayer trataban de quitarle importancia en el partido y bromeaban que lo del portavoz popular en el Congreso no es proponer argumentos jurídicos sino comprar barato. Sugerían que si ganan las elecciones, Rajoy le nombre ministro de Vivienda. Es el de los pocos que puede comprar un piso de 500 metros cuadrados en la Castellana, pagar sólo 1,6 millones de euros y obtener al mismo tiempo una hipoteca por 2,6 millones de Bancaja, sin incluir el marmol paquistaní que le instaló su amigo 'el pocero'.

Uno de los presentes añadió que debería llevar de subsecretario a su amigo Bono, cuyo metro de chalet, construído y financiado por su amigo Rafael Santamaría, le salió más barato que el de un metro de vivienda de protección oficial. Los populares reeditan el número especial de La Razón dedicado a tan sorprendente sistema de financiación.

En California se convertirá el agua residual en agua potable

WASHINGTON.- El agua de las cañerías residuales de Orange County (California) se reciclará hasta convertirse en agua potable y lista para el consumo, proceso que empezará el próximo 30 de noviembre, publica la edición digital del New York Times.

Según los expertos, la nueva planta de este condado, que purifica el agua a través de varios filtros, pantallas, componentes químicos y por último el paso del tiempo, será la más grande del mundo dedicada a recuperar el agua de las cisternas para el consumo humano.

Para ello, este tipo de técnica, que se practica a gran escala y con éxito en la capital de Namibia, Windhoek; podría ser la solución en aquellos lugares en los que la sequía es una constante, como ocurre en varias zonas de California.

"Este tipo de proyectos van a empezar a verse desarrollados en todos aquellos lugares en los que existe una grave escasez de agua", dijo Michael R. Marcus, director general de los recursos acuíferos de Orange County, en declaraciones al diario estadounidense The New York Times.

En la ciudad de San Diego, también en California, las autoridades aprobaron el pasado octubre un programa piloto para fomentar el reciclaje y posterior consumo del agua de las cisternas y demás conductos residuales.

Sin embargo, el alcalde de esta ciudad, tendente a la sequía, vetó esta propuesta, que además de ser muy costosa, tenía pocas posibilidades de contar con el apoyo popular.

Hasta el momento, la mayoría de la gente se ha mostrado siempre reticente ante la idea de que el reciclaje fuera tan efectivo como para limpiar tan bien el agua de sus deshechos, que hasta pudieran beberla.

A pesar del veto, el ayuntamiento de San Diego planea organizar un voto a principios de diciembre para anular la negativa del alcalde.

La planta que se ocupará de esta iniciativa se llama Water Factory 21, la cual, tras una serie de renovaciones, puede procesar casi 265 millones de litros de agua al día y ya ha sido visitada por expertos acuíferos de todo el país.

Según el rotativo neoyorquino, el agua que sale de esta planta no solo alcanza los estándares sanitarios que se requieren para su consumo en EE.UU., sino que incluso los supera.

El agua reciclada, que por ley no puede ser dirigida directamente a los grifos de los consumidores, será inyectada bajo tierra para cumplir dos cometidos básicos.

Por un lado formar parte de la barrera que evita que el agua de mar se mezcle con los recursos de agua dulce y por otro rellenar las reservas acuíferas para el consumo de cerca de 2,3 millones de personas (cerca de un tres cuartos de la población del condado).

La medida cuenta con la mayoría del apoyo popular en Orange County, que está de acuerdo con el tema, además de haberse visto influida por la campaña de publicidad llevada a cabo por las autoridades del agua y de la salud.

Para estos la cuestión no es solo paliar el problema del agua a corto plazo, sino proponer una solución para que los recursos sean suficientemente abundantes para suplir a los cerca de 500.000 nuevos habitantes que se espera vivan en el condado hacia 2020.- (EFE)

Los detenidos por el "caso Totana" están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales

MURCIA.- Los seis detenidos en la supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Totana están siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, informaron hoy fuentes de la investigación.

Estas seis personas, que fueron arrestadas en la capital murciana, Totana, Madrid y Galicia, pasarán a partir de mañana a disposición del juzgado de Totana que instruye el caso, a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Según las fuentes, junto a los seis detenidos también están supuestamente implicadas en el caso dos mujeres, que no han sido arrestadas pero figuran como imputadas en la investigación.

Se trata de María del Carmen Jordán, ex esposa del diputado del PP en la Asamblea Regional y anterior alcalde de Totana, Juan Morales, que posee una asesoría jurídica y fiscal en la población, y de la actual compañera sentimental del político, una brasileña que no tiene ningún empleo remunerado.

Los tres detenidos en la Región de Murcia se encuentran desde su arresto en dependencias de la Guardia Civil, a donde estaba previsto sean trasladados también, durante el día de hoy, los otros acusados de Madrid y Galicia.

Estos seis detenidos pasarán en la tarde de mañana, o incluso el próximo jueves, a disposición de la titular del juzgado de instrucción número uno de Totana, María Asunción Navarro, encargada del caso y que ayer decretó el secreto del sumario.

Según las fuentes, la investigación iniciada en Totana a raíz de la denuncia de la Fiscalía puede extenderse también al ex regidor Juan Morales.

El portavoz del grupo municipal socialista de Totana, Juan Francisco Otálora, dijo hoy en rueda de prensa que el PP "debe asumir responsabilidades políticas", en relación con el caso de corrupción urbanística que investiga la Fiscalía de Murcia en este municipio.

Otálora, que insistió en la presunción de inocencia de los acusados, recordó que el PSOE de Totana denunció "hace mas de un año la falta de transparencia y las irregularidades en la gestión de la política urbanística llevada a cabo por el ex alcalde Juan Morales en la anterior legislatura".

"Era atípico que se aprobaran 59 convenios urbanísticos en un solo un pleno, algo que únicamente ha pasado en Totana", afirmó el portavoz socialista, quién señaló que "al parecer uno de esos convenios implicaba al empresario gallego" detenido ayer Nigrán (Pontevedra), convenio por el que el ayuntamiento iba a recibir 5 millones de euros tras la construcción de 5.000 viviendas en la pedanía del Raiguero.

Otálora declaró que el ayuntamiento tiene actualmente una deuda de 45 millones de euros por la "pésima gestión en la anterior legislatura", y añadió que "todo es culpa de una forma de hacer caja rápida".

El dirigente socialista calificó el plan urbano en el que están incluidos los citados convenios urbanísticos de "disparate", y añadió que "quién esté bajo sospecha debe apartarse de la política".

El PP se personará en los casos abiertos contra cargos del partido

El PP se personará en los tribunales en "todos" los casos abiertos contra cargos del partido, según anunció hoy el presidente de la Región de Murcia y del PP en esta comunidad, Ramón Luis Valcárcel, tras ser preguntado por el caso de Totana, de presunta corrupción urbanística.

El jefe del Ejecutivo murciano afirmó que la noticia de la actuación policial en Totana la conoció por los medios de comunicación.

Advirtió además de "la extraña circunstancia que en los últimos meses parece ser que todo se traslada más que al interesado, en este caso además afectado, a los medios".

Indicó Valcárcel que de las 32 causas abiertas contra dirigentes del PP "no existe ni una sola acusación firme, ni una sola sentencia firme".

"El PP -añadió- va a estar muy atento" y como muestra de ello se personará en los casos abiertos.

Valcárcel indicó que cuando se abran las diligencias y puedan personarse lo harán "con la finalidad de seguir muy de cerca las actuaciones y la evolución" en los tribunales de cada caso en cuestión.

"Hay que mantener la lógica preocupación en estos asuntos -agregó-; hay que ser muy prudente hasta no tener mayor documentación".

Valcárcel hizo estas declaraciones después de que ayer efectivos de la Guardia Civil detuvieran a seis personas en Galicia, Región de Murcia y Madrid por un caso de supuesta corrupción urbanística ocurrido en Totana cuando gobernaba este municipio el alcalde 'popular' Juan Morales.

IU de Murcia exige a Valcárcel ´claridad contra la corrupción´

El coordinador de IU en la Región de Murcia (IURM), José Antonio Pujante, calificó hoy de "lamentables y evasivas" las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, sobre lo acontecido en Totana, por lo que le exigió, ante lo que consideró un asunto "de tal gravedad, "claridad y contundencia en la lucha contra la corrupción".

A su juicio, "no es de recibo la afirmación de Valcárcel según la cual se enteró por los medios de comunicación de lo sucedido en Totana", porque, afirmó, "suena a excusas de otros tiempos y de otros dirigentes políticos".

Es por ello por lo consideró "incomprensible que Valcárcel afirme ahora que se personará en los casos abiertos contra algún miembro del partido", porque, preguntó, "en calidad de qué, de acusación particular de defensa, de observador".

Asimismo, el coordinador regional de IU dijo no entender lo que quiere decir el presidente murciano cuando afirma "que parece ser que todo se traslada más que al interesado, en este caso afectado, a los medios, en un contexto en el que exonera de toda responsabilidad a cargos públicos del PP".

"Entonces, a qué cargo interesado o afectado en el caso de Totana se refiere Valcárcel, a qué cargo del PP se le tenía que haber comunicado antes que a los medios de comunicación", cuestionó.

Finalmente, Pujante lamentó, en un comunicado de prensa, "la oportunidad de regeneración de la vida política que estaba dejando pasar el presidente del PP en esta región".

Los convenios que puedan ser investigados se suspenderán

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, aseguró hoy que atendiendo "al secreto de sumario" del caso, "y a pesar de que no se tiene conocimiento de ilegalidad alguna en el planeamiento general ni en ningún convenio particular, los convenios que puedan ser objeto de investigación judicial por causas diversas quedarán suspendidos en cuanto a la aprobación definitiva del PGOU y a la espera del levantamiento del sumario o de cualquier pronunciamiento judicial".

Martínez Andreo pidió "tranquilidad", ya que, dijo, "hasta el momento, el Consistorio está absolutamente al margen de la investigación en curso".

"Ninguna concejalía, ningún concejal del equipo de Gobierno municipal, ni ninguna empresa o institución relacionada en este Consistorio está siendo investigado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", aclaró.

Martínez Andreo reiteró que "no se ha producido ningún tipo de registro ni intervención en el Ayuntamiento, ni a ningún miembro del actual equipo de Gobierno ni de la corporación municipal".

En esta misma línea, el primer edil se quejó de que como alcalde no tenga "información oficial de este asunto por ninguna de las partes", ya que, precisó, "sólo tengo la información que los medios están dando a la sociedad" y lo que se oye por el pueblo.

Aún así, insistió en el mensaje de tranquilidad y serenidad a los ciudadanos de Totana y al conjunto de la opinión pública, así como mostró el apoyo del Consistorio a las empresas del municipio y sus trabajadores. "Haremos todo lo posible para que no se ponga en duda la honorabilidad del colectivo empresarial de Totana", apostilló.

De igual forma, exigió la depuración de responsabilidades, pero también el respeto a la presunción de inocencia, porque, resaltó, "el Ayuntamiento es la primera institución interesada en la resolución de esta investigación, de forma que una vez que finalice se asuman las correspondientes responsabilidades si las hubiera".

Martínez Andreo quiso dejar claro que ningún miembro del equipo de Gobierno tiene nada que ver con esta investigación, que nadie se ha dirigido a ellos y que colaborarán en caso de que lo soliciten.

Es por ello por lo que consideró que se trata de una investigación "a título personal" y dentro del marco de presunción de inocencia, pidió "cautela, respeto y responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales, así como a los medios de comunicación para que no se alimenten bulos y rumores malintencionados con el ánimo de intoxicar y que se desprestigie a la institución municipal".

En relación a la aprobación del planeamiento urbanístico, el alcalde de Totana enfatizó que "ni la legalidad del PGOU, que actualmente está en trámite, ni el procedimiento de elaboración del mismo, están siendo investigados", por lo que, indicó, "sigue su curso".

Martínez Andreo admitió que el Consistorio ya ha cobrado el 50% del convenio que preveía edificar viviendas en la pedanía totanera de El Raiguero, que cifró en torno a los dos millones de euros.

A renglón seguido, resaltó que "hay que tener en cuenta que está la aprobación inicial del proyecto, que es un terreno rústico", aunque subrayó que "la aprobación definitiva del PGOU la hace la Comunidad Autónoma", por lo que, manifestó, "todavía queda un recorrido importante para ello y, de momento, no hay ningún tipo de licencia".

En este sentido, advirtió que "nadie obtendrá ningún tipo de licencia municipal si no se cumplen los criterios de respeto con el medio ambiente, desarrollo sostenible y garantías de calidad en el mismo y, si hay duda, no se dará la licencia".

Por otra parte, contó que su antecesor, Juan Morales, "está tranquilo". "Me ha dicho que las cosas se hicieron bien y, de hecho, el Ayuntamiento no está siendo investigado; dijo que va a continuar en su cargo y si considera que con estas circunstancias los intereses del municipio están siendo alterados, el Ayuntamiento se personará donde haya que hacerlo".

Por último, Martínez Andreo se mostró confiado en que se van a aprobar los presupuestos de 2008 para Totana (el PP tiene 13 de los 21 concejales del Consistorio), y contó que en estos presupuestos no llegan al 10% los ingresos que provienen de convenios, frente al 50% de 2007.

El ex alcalde Morales dice sentirse indefenso

El anterior alcalde de Totana y diputado del grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Juan Morales, está en el punto de mira de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentara una denuncia por un presunto delito urbanístico.

Por eso, la Guardia Civil registró durante más de ocho horas la sede de la gestoría de su anterior esposa, María del Carmen Jordán, así como la vivienda de su pareja, una mujer de origen brasileño que vive en Murcia.

Por su parte, Juan Morales manifestó que no tenía conocimiento de la actuación judicial desarrollada en el municipio y afirmó que se sentía "indefenso, pero tranquilo", además de en disposición de colaborar en lo que le sea posible con la Justicia.

"No puedes encontrarte, de ninguna forma, tranquilo cuando van a registrar el despacho de tu ex mujer", relató Morales, quien por la mañana había tenido que acudir al juzgado de Totana por una denuncia interpuesta cuando él era alcalde.

De tal forma, Morales denuncia que no le parece "ajustado a derecho como ciudadano, y no ya como diputado o aforado, que los medios de comunicación sepan más que yo sobre este caso", manifestó.

Alcalde en dos ocasiones

Morales fue alcalde de Totana en dos ocasiones. La primera, de 1995 a 1999. Ese mismo año ganó las elecciones, aunque sin mayoría absoluta para gobernar, por lo que fue desalojado de la alcaldía tras un pacto entre el Partido Socialista de Totana e Izquierda Unida.

En 2003 volvió a ganar las elecciones, esta vez con los apoyos suficientes para gobernar en solitario, y se convirtió de nuevo en regidor, con mayoría absoluta. Tras cuatro años de gobierno, decidió no presentarse a la reelección al alegar que se encontraba cansado y dejó paso al que era uno de sus hombres fuertes, José Martínez Andreo.

Por el contrario, el anterior primer edil de Totana sí aceptó presentarse a las elecciones en la candidatura de su partido a la Asamblea Regional, en la circunscripción del Guadalentín, siendo elegido diputado.- (Agencias)