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viernes, 20 de febrero de 2026
Auto del 'caso discotecas Atalayas': la Justicia al servicio del Poder / José Luis Mazón *
El auto del Juzgado de Instrucción nº3 de Murcia que rechaza la querella de las víctimas del incendio por la inactividad del Ayuntamiento en el caso Atalayas —pieza clave en el fuego y en las muertes— es un ejemplo perfecto de cómo la justicia puede salirse del carril del sentido común, como si funcionara guiada por una especie de energía oscura que no se ve, pero lo tuerce todo.
La jueza, cuando dice que “no ve delito”, hablando claro, se pasa tres pueblos. El truco del auto es sencillo: borra del mapa penal que el Ayuntamiento mantuviera abiertas unas discotecas sin licencia, con salidas de emergencia taponadas, órdenes de cese firmes sin ejecutar y un rosario de actas avisando de que aquello era una ratonera. Todo ello en un expediente con trece muertos sobre la mesa por omisiones clamorosas de la función de policía ambiental municipal.
Cualquiera que haya hojeado un manual de Derecho penal sabe que una dejación de funciones que desemboca en 13 muertos puede encajar como homicidio imprudente por omisión, con la misma cuota de culpa que los dueños de los locales, y que eso, en un mundo normal, se traduce en cárcel efectiva para los responsables que apagaron el interruptor de la ley.
La jueza dice que no hay ni siquiera prevaricación por las omisiones, ¿y esta jueza va a instruir el caso cuando la audiencia ordene que se siga contra los funcionarios municipales?
Oye Mazón tu que conoces las cloacas judiciales dinos ¿de dónde viene este despropósito? El rastro es bastante claro: los beneficiados son altos cargos municipales del PP, el mismo partido que tiene en la mano buena parte de los nombramientos de la cúpula judicial.
Y ahí brilla una figura muy conocida: el anterior presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, auténtico comisario político del PP en la Justicia murciana.
Consta que la jueza firmante del auto fue “JAT”, jueza de adscripción territorial, lo que significa que Riquelme jugó un papel decisivo en traerla a Murcia desde otro territorio. Es decir, hay un vínculo directo entre quien ahora firma el auto y quien ha mandado durante años en la justicia regional, alineado con el partido que sale bien parado.
Por si fuera poco, el texto del auto, uno ha visto parecidos en el estilo y usando la herramienta IA ha pasado por una prueba de similitud de estilo, presenta parecidos más que llamativos con resoluciones firmadas por el propio Riquelme, ¿es un “auto Avellaneda” de autor real apócrifo?
Hoy el comisario judicial del PP ha devenido tras cesar en la presidencia del TSJ, “okupa legal” de la Sala Civil y Penal en una plaza que el sistema de cuotas partidistas le ha asegurado como premio a los servicios prestados, dejando sin opción a otros jueces más antiguos tras la jubilación por edad de Joaquín Ángel de Domingo. Una víctima de su forma de entender la justicia le ha impugnado a Riquelme la plaza en el Supremo y, si se aplica como debe el Derecho de la UE, igual acaba volviendo a su juzgado de lo penal, en un muy clásico “Roma no paga a traidores”.
El mecanismo de acceso a los altos cargos judiciales de libre designación está trucado de fábrica: las llaves del “generalato” de la judicatura, es decir, del Supremo, las reparten PP y PSOE, cada uno con su cuota y su peña de afines. Sin padrino en uno de esos bloques, no se sube.
Los 21 nombramientos del Supremo de enero de 2025 son un buen ejemplo: Juan Martínez Moya, expresidente del TSJ de Murcia por el PP, asciende a la Sala Social del Supremo; y la magistrada Consuelo Uris Lloret entra en la Sala Contenciosa del Supremo por la cuota del PP (exactamente a propuesta del vocal popular Montero), aunque ella esté adscrita a la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Su entrada, con dos murcianos en el Supremo o había tercera plaza, dejó fuera a su compañero de asociación y candidato, Miguel Ángel Larrosa, todo un experto en vender una imagen de integridad que no encaja con su biografía real y poco conocida: su mujer fue colocada en 2018 por el PP como secretaria general en la Delegación del Gobierno, y antes ya había ocupado otro cargo político.
Un veterano funcionario de la Justicia me lo resumió así: “con ella ahí, tiene el PP línea directa con el juez cuando haga falta” (y sucedió en un incidente del caso Desaladora).
El detalle pintoresco es que en el Consejo el PP votó hace años a favor de Larrosa como presidente de la Audiencia—de Jueces para la Democracia— frente a un candidato conservador apoyado por la APM, el “sindicato” clásico de los jueces del PP. Blanco y en botella: había trastienda, aunque entonces muchos no la viéramos.
Está por escribir la crónica en negro de la república judicial subterránea de la Región de Murcia que tal vez se escriba y que a lo mejor da hasta para proceso de ilegalización del poder judicial murciano en sus altas esferas.
En resumen, este auto huele, y no precisamente a ámbar. Huele a que, siendo los beneficiados los responsables municipales del PP, son los resortes judiciales afines al PP los que han estado engrasando la maquinaria. En ese mercado de favores, si no ayudas, no cobras premio.
La irregularidad es tan gruesa que, a mi juicio, lo que ha firmado la jueza no es solo un disparate jurídico: tiene claros visos de delito y seguro que alguien lo denuncia.
Es un auto incendiario contra las víctimas de la tragedia, que termina de prender fuego a la ya maltrecha confianza de la ciudadanía en la Justicia. Cabe esperar que en el recurso de apelación los magistrados de la Audiencia no se dejen arrastrar a un terreno tan resbaladizo como el que ha pisado esta ex jueza de adscripción territorial, llegada al juzgado gracias al empujón del anterior presidente del TSJ y comisario político de la casa.
Una vez más, se confirma el viejo refrán atribuido a tiempos de Alfonso X el Sabio: “mata al rey y vete a Murcia”.
(*) Abogado
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