Los afectados por las cuotas participativas piden al juez Bermúdez el embargo del patrimonio de la Obra Social CAM

MADRID.-   La Plataforma de Afectados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que representa a los titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el embargo del patrimonio de la Obra Social de la entidad y de su oficina en Miami (Estados Unidos) para garantizar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento. 

   El abogado del colectivo, Diego de Ramón, ha realizado esta petición en el marco de la pieza separada en la que el juez Gómez Bermúdez investiga a los exdirectivos de la entidad por la venta de participaciones preferentes y en la que, según apuntó en septiembre pasado, la entidad podía ser responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron estos productos financieros.

   En un escrito, el letrado solicita al juez instructor que bloquee bienes de la entidad por valor de 17,10 millones de euros, al ser la cuantía que los miembros de la asociación habrían invertido en estos productos, y pide que se haga antes de que la obra social se liquide y disuelva.

   La Plataforma de Afectados, que ejerce la acusación particular, sostiene que sus representados fueron "estafados en los mercados bursátiles", ya que los balances de la CAM desde 2007 reflejaban "una apariencia de beneficios" que resultaron ser pérdidas cuando se produjo la intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.

    Esta parte justifica el embargo apuntando que el juez Gómez Bermúdez señaló en un auto dictado en septiembre pasado que la CAM sería "responsable civil subsidiaria" del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas".

   La entidad, que pertenece actualmente al Banco Sabadell después de que la adquiriera en subasta pública por un euro, es la perjudicada en lo relativo a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal que se imputan a sus gestores, según el citado auto del juez.

   El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, explicó el pasado 4 de octubre tras una manifestación celebrada en Alicante, que la Obra Social de la caja alicantina cuenta con un patrimonio de 80 millones de euros y señaló que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del que depende este organismo desde la intervención, pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".

   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.

   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".

   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

El 30,9% de la población de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza

MADRID.- El 30,9 por ciento de la población de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza, el séptimo mayor porcentaje por autonomías, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) realizado a partir de datos recogidos por la agencia Eurostat a 22 de octubre de 2012.

   La población en riesgo de pobreza ha crecido en España hasta el 27 por ciento en 2011 como consecuencia de la crisis, frente al 25,5 por ciento registrado en 2010.

   De este modo, España ocupa el noveno puesto de una clasificación compuesta por 27 países de la zona euro. Por comunidades autónomas, hay ocho que superan la media española, con Andalucía y Canarias a la cabeza, con más del 38 por ciento de su población en riesgo de pobreza.

   A continuación, aparecen Castilla-La Mancha y Extremadura, que superan el 35 por ciento; la ciudad de Melilla, donde se alcanza un 34,4 por ciento; Ceuta, con un 33,3 por ciento; Murcia, con un 30,9 por ciento y La Rioja, con un 29,3 por ciento.

   En el lado contrario, entre las comunidades autónomas mejor situadas destacan Madrid (19,2%), Asturias (17,4%), País Vasco (16,0%) y la Comunidad Foral de Navarra (13,1%).

   Por países, la lista está encabezada por Bulgaria, con el 49,1 por ciento de su población en riesgo de pobreza, seguida por Rumanía (40,3%), Letonia (40,1%), Lituania (33,4%) y Hungría (31,0%). Irlanda y Grecia ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente, con un 29,9 por ciento y un 27,7 por ciento, en ambos casos correspondientes a 2010.

   Polonia ocupa la octava posición, con el 27,2 por ciento, mientras que Italia y Portugal tienen casi un 25 por ciento de población en riesgo de pobreza. Chipre, Estonia y Reino Unido superan el 23 por ciento; Bélgica alcanza un 21 por ciento y Alemania llega al 19,9 por ciento.

   Los países con población menos afectada por la crisis son Austria, Luxemburgo y Suecia, con cifras por encima del 16 por ciento. Cierran la clasificación los Países Bajos y la República Checa, con un 15,7 por ciento y un 15,3 por ciento, respectivamente, según el estudio del IEE.

IU-Verdes acusa a Valcárcel de que más del 30% de murcianos estén en riesgo de pobreza

MURCIA.- La responsable de Política Social de IU-Verdes, Adoración Peñas, ha acusado este martes al presidente del Gobierno Regional, Ramón Luis Valcárcel, de ser el "responsable" de que un 30,9 por ciento de la población de la Región de Murcia se encuentre en riesgo de pobreza. 

   Peñas ha hecho estas declaraciones tras conocer los últimos datos recogidos por Eurostat, en los que la Región de Murcia aparece como la séptima autonomía española con mayor tasa de riesgo de pobreza.

   Ha señalado que los "altos" niveles de exclusión social de la población murciana superan las tasas de países como Irlanda o Grecia, y alcanzan cifras similares a las de países del este como Hungría.

   "Las casi dos décadas de Gobierno de Valcárcel han dinamitado el bienestar social y ninguneado las políticas sociales, haciendo que los ciudadanos soporten recortes inadmisibles", ha apostillado.

   Asimismo, Peñas ha criticado que "mientras el Gobierno Regional ha invertido cantidades millonarias en proyectos urbanísticos especulativos y proyectos fantasma, los ciudadanos se quedan sin ayudas sociales que les permitan garantizar la subsistencia".

   "Valcárcel gobierna para los ricos mientras su gestión política empobrece cada vez a la ciudadanía", ha concluido.

La Región de Murcia conservará el 63% de las ayudas europeas que recibe ahora

BRUSELAS.-   La Región de Murcia conservará el 63% de las ayudas europeas que recibe ahora, según refleja en la última propuesta de compromiso sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 presentada este martes por la presidencia chipriota.

   Se cumple de esta manera la reivindicación del presidente del Gobierno murciano y del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Ramón Luis Valcárcel, quien ha defendido en distintos foros nacionales e internacionales la necesidad de que las regiones europeas "en transición" económica sigan recibiendo ayudas europeas del próximo marco presupuestario comunitario para evitar que "sean víctima de un efecto estadístico".

   "Ni éramos pobres antes ni somos ricos ahora, más bien somos producto o víctima de un efecto estadístico", dijo Valcárcel, quien precisó que con la incorporación de nuevos Estados miembros y nuevas regiones "automáticamente se diluye ese concepto de pobres y pasamos a ser ricos".

   Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha -que en la actualidad son objetivo prioritario de la política regional de la UE pero que ya superan el umbral del 75% de la riqueza media comunitaria- conservarán durante los próximos siete años al menos el 63% de las ayudas europeas.

   El compromiso incluye además fondos específicos para Murcia (también el 63% de lo que recibe ahora) y para Canarias por su condición de región ultraperiférica.

   Extremadura mantendrá el nivel de subvenciones del actual periodo 2007-2013 porque su PIB sigue siendo inferior al 75% de la media comunitaria.

   No obstante, la presidencia chipriota de la UE propone un recorte de 50.000 millones de euros sobre la propuesta original de Bruselas y avisa de que todavía se necesitarán más reducciones para lograr un acuerdo.

   El Ejecutivo comunitario preveía un gasto de la UE durante el periodo 2014-2020 de 972.000 millones de euros, un 5% más que en las actuales perspectivas financieras. El compromiso chipriota "no cuenta con el apoyo de la Comisión", que seguirá defendiendo su plan original, según ha anunciado en un comunicado.

   Los jefes de Estado y de Gobierno celebran una cumbre extraordinaria el 22 y 23 de noviembre para tratar de cerrar un acuerdo sobre el marco financiero. Dos países han amenazado ya con el veto: Reino Unido, que pide más recortes; y Dinamarca, que exige compensaciones para disminuir su contribución neta.

   Por primera vez desde el inicio de las negociaciones, el compromiso chipriota reconoce que habrá ayudas específicas para las denominadas "regiones en transición", las que tienen un PIB per cápita entre el 75% y el 90% de la media comunitaria. En esta categoría quedarán englobadas Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia (aunque esta última ya recibía menos ayudas en el periodo anterior por superar el umbral del 75%).

   Para todas ellas, la presidencia propone que sigan recibiendo el 63% de las ayudas del periodo actual (frente al 66% que proponía Bruselas). No obstante, la cifra aparece entre corchetes, lo que significa que todavía puede ser objeto de más recortes. De hecho, Chipre alerta que sólo las regiones más pobres se salvarán si hay más reducciones.

   La propuesta de compromiso recoge la propuesta de la Comisión de congelar las ayudas europeas a los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación.

Los autónomos de la Región de Murcia adelantan en lo que va de año 17,8 millones de euros de IVA facturado y no cobrado

MADRID.- Los autónomos de la Región de Murcia han adelantado en lo que va de año un total de 17,8 millones de euros de IVA facturado y no cobrado, la décima mayor cantidad por comunidades autónomas, según ha anunciado este martes la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el conjunto de España, los autónomos liquidaron a Hacienda el IVA de las facturas emitidas y no cobradas por valor de más de 635 millones de euros en lo que va de año, según ha denunciado ATA, que prevé que cuando acabe 2012 la cifra se elevará a 900 millones de euros.

   ATA calcula que desde enero los autónomos han adelantado al erario una media de 210 euros de IVA en facturas emitidas y no abonadas, correspondiendo más de un 40% de este IVA adelantado a las facturas que la propia administración adeuda a este colectivo.

   "Los autónomos siguen siendo la financiera del Estado obligándoles a tributar por un impuesto de unos trabajos que han realizado, de unos servicios que han prestado, de unos gastos que han realizado, de unas facturas que han emitido, que no han cobrado y que no saben cuándo van a cobrar", denunció el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

  "No es muy coherente que los autónomos presten un servicio a ayuntamientos, gobiernos regionales, diputaciones y empresas públicas, éstas no les paguen, y además tengan que tributar un IVA por algo que no se ha cobrado", indicó el presidente de ATA, quien también reclamó al Ejecutivo que cumpla su compromiso de poder compensar los pagos de las administraciones con los pagos que tienen que hacer los autónomos a las mismas.  

  "En un país moderno lo lógico es que se pudiera compensar las deudas que un ciudadano tenga con la Administración con las deudas que la Administración ha contraído con él", subrayó Lorenzo Amor, tras destacar que muchos autónomos que están siendo embargados por Hacienda y la Seguridad Social por no poder pagar sus deudas están sufriendo impagos de las propias administraciones públicas.

A la vista de estos datos, Amor reclamó al Gobierno que cuanto antes cumpla con el compromiso de cambiar la tributación de IVA para que los autónomos "dejen de ser el banco del Estado" y que, especialmente, lo ponga en marcha en el caso de las facturas impagadas de la propia Administración.

Ecologistas en Acción lamenta que Viudes y Valcárcel apuestan por el "despilfarro" y la "destrucción" ambiental

MURCIA.- Ecologistas en Acción considera que las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Adrián Ángel Viudes, acompañado del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, rozan el "cinismo" al solicitar a la vicepresidenta del Gobierno que califique de interés preferente el proyecto de instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel y lamentan que apuesten por el "despilfarro" y la "destrucción" ambiental.

   A la espera de poder acceder al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para estudiarlo, Ecologistas en Acción espera que se haya realizado un estudio de alternativas realmente exhaustivo y con rigor, ya que recuerda el realizado en el Plan Director de esta misma infraestructura "era totalmente deficiente, al sobreponer la ubicación del Gorguel por encima de las demás". Por otro lado, pone en duda la seguridad de la financiación a manos privadas.

   A juicio de la responsable de Medio Marino, Natalia Martín, "la APC tendrá muy difícil demostrar que los impactos sobre la Red Natura 2000 son inexistentes, por lo que el proyecto tendrá que ser revisado por Europa".

   "Si nos ceñimos al artículo 6 de la Directiva Hábitats, la Terminal no se puede construir en el Gorguel, ya que establece claramente que sólo podrá ser llevado a cabo en Red Natura 2000 si previamente se demuestra que no hay soluciones alternativas y si existen razones de interés público de primer orden que lo justifiquen", en este caso ninguno de estos requisitos se cumplen, ha añadido.

   Ecologistas en Acción hará las sugerencias oportunas al ISA, en su firme oposición a este proyecto por considerarlo innecesario, insostenible y tremendamente impactante, así como una apuesta por el despilfarro de dinero público en tiempo de crisis, y considerando que se trata más de un empeño personal a favor de intereses privados, que una verdadera necesidad para la sociedad de la Región de Murcia y del resto del territorio nacional.

   "Ecologistas en Acción irá hasta el final de este proceso para asegurarse de que este proyecto no se lleve a cabo, y seguirá manteniendo vigilante a Europa para asegurarse de que ni la APC, ni el Gobierno regional, ni el Gobierno de España cometan infracciones de las Directivas Europeas", ha agregado Natalia Martín.

   Por tanto, los ecologistas exigen a Viudes y a Valcárcel que abandonen "este megalómano proyecto, que además supondría un despilfarro injustificado de dinero público que empobrecería aún más a la ciudadanía, e impedirá que ese dinero se pueda utilizar en asuntos más necesarios y beneficiosos para la sociedad, para cuyo interés público deberían trabajar nuestros representantes".

   Finalmente, Ecologistas en Acción ha exigido a la Comunidad Autónoma y a la Autoridad Portuaria de Cartagena "que cesen en su afán de ir por el camino de los hechos consumados y del desprecio a los importantes valores ambientales, culturales, geológicos y mineros que ostenta El Gorguel".

La Comunidad Autónoma aprueba sus Presupuestos y corrige previsiones para 2013

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión extraordinaria, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013, que suma un total de 3.900 millones, que se corresponde con el techo de gasto fijado y supone una reducción de 467 millones con respecto al presupuesto de 2012 (4.366 millones).

   Igualmente, el Gobierno regional ha corregido las previsiones que manejaba de crecimiento de la economía murciana, que estimaba en un 0,5 por ciento en el segundo semestre de 2013. Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien vaticina que la previsión del PIB será un -0,5 por ciento el próximo año, "una hipótesis realista", ya que "será un año todavía en el que no habrá un crecimiento económico significativo".

   Bernal ha afirmado que sigue la previsión del Gobierno de la nación, que prevé que el desempleo crezca en un 1,5 puntos. En el caso de Murcia, trabajan con la previsión de que la tasa de paro "pueda aumentar".

 "Es una hipótesis desfavorable e intentaremos que no se cumpla, pero en estos momentos, con la información económica que hay, se baraja que la tasa de paro pueda aumentar entre un 1 y 1,5 en 2013 hasta el 30 por ciento", ha incidido.

   Bernal ha explicado que han decidido utilizar la previsión negativa para "evitar la sorpresa de tener que reconducir a mitad de año" esta situación.

   No obstante, ha descartado la idea de otras comunidades de despedir a los empleados públicos "bajo ningún concepto", y ha asegurado que recuperarán la extra de Navidad en 2013. Asimismo, ha comentado que "no hay para los empleados públicos ninguna medida que suponga una reducción de sus retribuciones".

   La reducción del presupuesto se debe a la caída de los ingresos no financieros, que se cifra en unos 300 millones con respecto a 2012 (-7,7 por ciento), al pasar de 3.851 a 3.555 millones; y la reducción del déficit en 177 millones, al pasar de 375 en 2012 a 198 millones el próximo año.

   Al hilo, Bernal ha destacado que "estamos obligados a reducir nuestra capacidad de gasto en 480 millones de euros, que se conseguirá en el presupuesto de 2013 reduciendo el gasto corriente en 452 millones y el gasto de capital en 28 millones".

   La caída de los ingresos se debe, según Bernal, a "los menores ingresos del sistema de financiación autonómica, que tiene una caída de 178 millones respecto al presupuesto inicial" que, según ha recordado, "estaba realizado en base a una previsión que luego no se cumplió porque se hizo por el Gobierno de Zapatero".

   Y es que, apunta, "comparando con la estimación de las necesidades iniciales este año hubieran correspondido del orden de 783 millones de euros más". También se debe a "los menores importes de las subvenciones finalistas de otras AAPP, ingresos tributarios y fondos europeos".

   En el campo de ingresos tributarios de la Comunidad se produce un descenso del 6 por ciento, "una estimación prudente para evitar posibles desviaciones de ejecución el próximo año". Frente a 517,7 millones de ingresos tributarios en 2012 se pasa a 487,1 millones, no estando previstos incrementos impositivos en 2013.

   En cuanto al presupuesto de gastos, Bernal ha comentado que el gasto consolidado no financiero asciende a 3.932 millones, es decir los 3.900 millones del presupuesto y los 32 millones con el SMS. Asimismo, el gasto corriente desciende un 11,1 por ciento y el de capital cae un 8,7 por ciento.

   En el capítulo de gasto de Personal se baja de 2.128 millones a 2.002 millones (-5,9 por ciento), lo que supone una reducción de 125 millones que "está materalizada en el Plan de Reequilibrio"; mientras que en el capitulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios se observa una caída de 674 a 536 millones (138 millones de euros menos).

   En el capítulo III de Gastos Financieros, Intereses, recoge el dato negativo, ya que pasan de 188 a 271 millones de euros, con un incremento del 43 por ciento, ha puntualizado Bernal; y en el IV se incorporan importantes medidas de contención del gasto, al pasar de 1.094 a 822 millones, lo que supone una reducción de 272 millones.

   En materia de inversiones, capítulo VI, se pasa de 174,4 a 200,9 millones. El mayor gasto de inversiones es en la ciudad de Lorca (55 millones) para actuaciones de reconstrucción de vivienda residencial, reconstrucción de carreteras, infraestructuras educativas y patrimonio histórico y cultural que se prevén realizar el próximo año.

   Finalmente, en materia de Transferencias de Capital, Capítulo VII, hay una reducción de 155 a 100 millones "debido a la reducción de inversiones en corporaciones locales y en universidades".

   En términos globales, el vicepresidente ha reconocido que todas las consejerías "tienen reducciones significativas", sólo registrando un aumento el departamento que dirige, el de Economía y Hacienda "por el cambio de imputación de la Televisión; y el Instituto de Vivienda y Suelo, por las actuaciones destinadas a Lorca".

   Se contemplan igualmente un conjunto de reformas que "mejorarían y permitirían una mayor ejecución de este presupuesto". Ha mencionado la reordenación del sector público empresarial, "que se acometerá en próximas semanas", además de la revisión de las estructuras y el modelo de administración, anunciado por el Estado, para el que se han creado cuatro subcomisiones; la revisión del sistema de financiación autonómica, que "será una reivindicación permanente" del Gobierno murciano; y la ampliación del plazo de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

   En la línea de la reodenación del sector público empresarial, ha subrayado que además de las supresiones reguladas en la Ley de Acompañamiento, que cuenta ya las observaciones del Consejo Jurídico, remitiéndose así a la Asamblea Regional, "se añaden las eliminaciones de la Sociedad de Promoción Turística del Noroeste, la Televisión Autonómica de Murcia, Onda Regional de Murcia e Hidronostrum".

   El objetivo con este presupuesto, que "no es expansivo", es "cumplir los escenarios de consolidación presupuestaria, reconducir las cuentas públicas hacia una sostenibilidad".

   El vicepresidente ha señalado que el objetivo fundamental del Proyecto de Ley de presupuestos es "el mantenimiento de las políticas sociales, pese al contexto de dificultades económicas". Por ello, ha resaltado que "más del 80 por ciento de la dotación se destina a la Sanidad, la Educación y los servicios sociales".

   Finalmente, ha admitido la situación de dificultad económica en la que se encuentra España, dejando claro que "hay una situación que podía desembocar en una intervención de la UE".

 "Si ocurre, veremos las medidas, pero la tensión de esa situación es mucho menor que la que era hace seis meses", indica.

   En su opinión, "se están dando síntomas y señales claras de credibilidad y decisión para emprender las reformas, decisión para contener el déficit público", concluye.

Cada día salen 43 murcianos al extranjero en busca de oportunidades "que aquí no se les ofrece"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha anunciado que, a partir de la próxima semana, los socialistas llevarán a cabo una campaña por los 45 municipios de la Región para exigir al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "que ponga en marcha de forma urgente un Plan de Empleo Juvenil".

   González Tovar considera que el Gobierno regional del PP "da la espalda y abandona a su suerte" a los jóvenes en paro, que ya suman el 52 por cierto del total en la Comunidad. De hecho "desde que comenzó el año, cada día salen 43 murcianos al extranjero en busca de oportunidades que aquí no se les ofrecen", ha destacado la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región, Inma Sánchez Roca.

   "La Región de Murcia tiene muchos recursos naturales, humanos y técnicos para afrontar el futuro", ha enfatizado en rueda de prensa Tovar, quien ha reprochado al presidente murciano que "en los años pasados, en vez de inducir a los jóvenes a prepararse y capacitarse profesionalmente, los condujera al abandono escolar y a la búsqueda de empleos fáciles en la construcción y la especulación inmobiliaria", además de desmantelar los Talleres de Oficios y las Escuelas Taller.

   Y es que, según el secretario general del PSRM, aparte de las políticas de empleo que se tienen que poner en marcha con carácter nacional, son necesarias otras específicas para nuestra Comunidad Autónoma. Así, los socialistas reclaman que se ponga en marcha una Agencia de Empleo Juvenil en cada municipio, y un Instituto Regional para el Empleo Joven.

   Además, "son precisas otras actuaciones como la discriminación positiva para la contratación de personas jóvenes, la mediación entre las empresas y los jóvenes para facilitar el acceso al empleo, o la potenciación de las prácticas en empresas", ha agregado el líder socialista.

   A su juicio, las administraciones tienen que apoyar y fomentar el emprendimiento empresarial juvenil reduciendo tasas e impuestos locales y regionales, reservando fondos específicos en las órdenes de regulación de ayudas de la CARM, o poniendo en marcha la figura del tutor en las empresas.

   Para ello, ha explicado Tovar, debe crearse un Fondo de Garantía Recíproca especial y Capital Riesgo de titularidad pública, que se dote con el 10 por ciento del dinero del Fondo de Rescate al sistema financiero destinado a la Región, pues "tan importante como salvar a la banca es salvar a la juventud".

   "No cabe ninguna duda de los beneficios sociales que se derivan del incremento del empleo juvenil, pues, además de las ventajas económicas que supone para las familias y la distribución de la renta, el que las personas jóvenes tengan trabajo mejora el clima social y reduce los problemas y riesgos de exclusión al incrementarse su autoestima y responsabilidad", ha afirmado Tovar, quien ha criticado que la única opción que de Valcárcel a los jóvenes sea "ponerles una maleta en la mano para que se vayan al extranjero".

   En este sentido, la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región, Inma Sánchez Roca, ha opinado que, para conseguir los objetivos de empleo juvenil, "es necesario un cambio en la estructura productiva, como también lo son la equidad fiscal y la mejora de la distribución de la renta".

   Asimismo, ha señalado que uno de los principales problemas que trae aparejado el paro juvenil es el de la fuga de cerebros y la emigración masiva que se está produciendo. Por ello, "para no tirar por la borda la inversión que ha hecho el Estado en esos jóvenes", el PSOE ha elaborado un proyecto que garantice el retorno "con un trabajo aquí en España, para que no se desperdicie lo que también han aprendido en el exterior" para los que ahora mismo se están yendo fuera por necesidad.

   Por último, la responsable socialista ha recordado que Mariano Rajoy rechazó la propuesta socialista de poner en marcha un Plan de Empleo Juvenil cofinanciado con la Unión Europea, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "la reforma laboral del PP sólo ha hecho que los jóvenes padezcamos más la precariedad y la temporalidad, que tengamos trabajos de mala calidad, lo que nos impide hacer nuestra propia vida".

   Desde el punto de vista de la secretaria general de Juventudes Socialistas, "necesitamos empleos aceptables, y que nuestro primer empleo sea tutelado, tal y como se hace en el resto de la Unión Europea".

IU presenta una enmienda para reconvertir la Cárcel Vieja en un espacio cultural

MURCIA.- IU-Verdes ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 por la que solicita la rehabilitación de la Vieja Cárcel provincial de Murcia y su reconversión en un espacio cultural.

   Así lo ha anunciado este martes el coordinador municipal de la formación en Murcia, Francisco Muñoz, quien ha destacado que la ejecución de su propuesta contribuiría a la creación de empleo y a la puesta en valor del patrimonio local.

   Muñoz también ha destacado la importancia de que las organizaciones sociales y culturales cuenten con un espacio de esta naturaleza, ante la "escasez" de lugares que sirvan para realizar sus actividades en la localidad.

   Además, IU ha presentado dos enmiendas para el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia y la conclusión de las obras de la variante de Camarillas, que evita el paso del ferrocarril en el pantano del Cenajo.