CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE que
insta al Gobierno autonómico a poner en marcha un plan de choque para
eliminar los atrasos en las citas de mamografía antes del fin de 2025.
La iniciativa, que exige que las mujeres sean citadas dentro del plazo
máximo de 30 días que marca la ley, ha contado con el apoyo de Vox y del
Grupo Mixto y el voto en contra del PP.
La diputada
socialista María Soledad Sánchez ha defendido que "1.223 de las 1.479
mujeres pendientes no tienen cita asignada", y ha reclamado que el
Ejecutivo regional asuma su responsabilidad ante una situación
"inadmisible e indecente".
"El Gobierno regional está diagnosticando
tarde y mal", ha afirmado, denunciando que el presidente López Miras
evitó responder en el último Pleno sobre esto. Sánchez ha añadido que
"sabemos que hay diagnósticos equivocados y retrasos injustificables", y
ha anunciado que su grupo exigirá que los informes estén firmados por
el especialista que los realiza.
Desde el PP, Mari Carmen Ruiz
ha explicado su voto en contra acusando al PSOE de haber orquestado
"una campaña ruin, sucia y miserable" utilizando el cáncer de mama como
arma política. La diputada ha asegurado que "es falso que haya 1.200
mujeres esperando una mamografía" y que "no existe esa lista de espera
que inventan para manipular y engañar a las mujeres".
Ruiz ha defendido
que el tiempo medio para realizar una mamografía en la Región de Murcia
es de 19 días y ha acusado a los socialistas de "politizar el
sufrimiento y el dolor de las pacientes".
Por su parte, María
Eugenia Sánchez, de Vox, ha criticado a PP y PSOE por haber gestionado
"igual de mal" la sanidad pública durante décadas. Ha advertido que "el
82,6% de las mujeres que esperan una mamografía ni siquiera tiene cita
asignada" y ha defendido su enmienda para garantizar la notificación
activa de los resultados de las mamografías, "para que todas las mujeres
reciban información a tiempo sobre su diagnóstico".
Desde el
Grupo Mixto, María Marín ha denunciado que "el 83% de las mujeres que
esperan una mamografía no tienen ni fecha asignada", y ha recordado su
caso: "El Servicio Murciano de Salud perdió mi biopsia y me dieron el
diagnóstico cuatro meses después. En esta región no soy la única".
Marín
ha insistido en que la situación "es grave y no se puede seguir negando
la realidad".
Además, el Pleno ha aprobado una propuesta del PP, apoyada por Vox,
que insta al Gobierno a aumentar las plantillas de Policía Nacional y
Guardia Civil en la Región. La diputada popular María Casajús ha
denunciado la falta de medios y personal en los cuarteles y comisarías.
Según ha señalado, "los homicidios dolosos y asesinatos han aumentado un
33%, las agresiones sexuales con penetración un 25% y los robos con
violencia más de un 4%", insistiendo en que la presión sobre estos
cuerpos "se multiplica" y que "la Región ocupa una posición clave en las
rutas de narcotráfico e inmigración irregular".
Casajús ha
acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de
"debilitar la estructura operativa" de la Guardia Civil, eliminar
unidades de lucha contra el narcotráfico y no cumplir las promesas de
modernización de los cuarteles.
"Cartagena sigue sin su comisaría
provincial y Mazarrón ha perdido su unidad fiscal", ha reprochado.
El socialista Fernando Moreno ha replicado que el Gobierno "ha
recuperado los 13.000 efectivos que el PP recortó y ha incorporado
18.000 más".
Así, ha acusado a los populares de "utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad como herramienta política" y ha recordado que "la Región de Murcia es una de las comunidades con menor criminalidad de España, tres puntos y medio por debajo de la media nacional".
Desde el
Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos ha pedido abordar la
seguridad "de forma integral", subrayando que "no basta con aumentar los
efectivos si no se refuerzan también las políticas sociales y de
prevención".
Se ha aprobado una moción del PP que pide al Gobierno de España
medidas ante los cortes de agua y la falta de información durante la
contaminación de los canales de abastecimiento gestionados por la MCT,
que dejó sin suministro a miles de vecinos del Mar Menor.
El
diputado Carlos Albaladejo (PP) ha reclamado indemnizaciones, mejor
coordinación institucional y más inversiones en infraestructuras para
evitar nuevos episodios. Desde Vox, Alberto Garre ha apoyado la
iniciativa y ha propuesto un informe sanitario para descartar riesgos
derivados del incidente.
El PSOE, a través de Alfonso
Martínez, ha defendido que la MCT "actuó con rapidez y priorizando la
salud pública", pero ha pedido proteger la almenara del Mirador,
reforzar los canales e instalar depósitos municipales de reserva.
Desde
el Grupo Mixto, Álvarez-Castellanos ha reclamado una explicación técnica
que determine las causas y permita prevenir futuras incidencias.
Por otro lado, la Asamblea ha rechazado una moción de Vox que pedía
cerrar los centros de menores migrantes tutelados por la CARM.
Su portavoz, José Ángel Antelo, ha afirmado que "no hay ningún español que quiera un centro de inmigrantes ilegales al lado de su casa" y ha asegurado que Vox "los cerrará todos cuando gobierne".
También ha
acusado al PP y al PSOE de "ser cómplices del tráfico ilegal de
personas" y ha defendido que los menores "deben ser repatriados con sus
familias en sus países de origen".
El portavoz del PP, Joaquín
Segado, ha respondido que España necesita "una política migratoria
ordenada, legal y humana", y ha criticado el "negacionismo del
sanchismo" y "los atajos simplistas" de Vox.
"Ni cerrar centros sin
alternativa ni convertir a menores en sospechosos por su origen", ha
afirmado.
La socialista Carmina Fernández ha reprochado a la
derecha su "discurso del odio" y ha recordado que "no hay personas
ilegales", sino "seres humanos en situación de vulnerabilidad".
Ha advertido de que cerrar los centros "empujaría a los menores a la marginalidad y la delincuencia".
Desde el Grupo Mixto, Marín ha añadido
que "hay que tener malas entrañas para decirle a un niño del Congo o de
Palestina que lo mejor es morirse bajo las bombas", y ha acusado al PP
de "haber cedido ante Vox" con el cierre del centro de Santa Cruz.
Durante la sesión se ha debatido una iniciativa del PSOE, que
proponía que "el suelo público sea siempre público" para evitar su
cesión o venta a promotores privados. La moción ha sido rechazada por PP
y Vox, pese al apoyo del Grupo Mixto.
El socialista Miguel Ángel Ortega ha argumentado que "no puede especularse con lo que se paga con dinero de todos" y que "si se cede suelo público a constructoras, se empobrece a la ciudadanía y se enriquece a unos pocos".
"Con lo público no se
negocia ni se especula", advirtió, defendiendo que "mantener el suelo
público es la única forma de garantizar vivienda asequible a largo
plazo".
Desde el PP, Víctor Martínez Carrasco ha afirmado que
"el intervencionismo socialista no soluciona el problema de la vivienda"
y que "las políticas de vivienda del PSOE solo han disparado los
precios y paralizado la oferta".
Vox ha calificado la moción de "propuesta ideológica y fracasada" y ha sostenido que "el mercado libre y la agilidad administrativa son la única vía para hacer bajar los precios".
Por parte del Grupo Mixto, Álvarez-Castellanos, ha defendido
que "mantener el suelo público en manos públicas es esencial porque es
un recurso estratégico y no renovable" y ha criticado al PP por "no
querer asumir su responsabilidad en la crisis de la vivienda".
El Pleno también ha elegido a Nazarena Balaguer González, José Sordo
García y Carlos Hernández de la Cruz Fernández Montesinos como nuevos
miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región
de Murcia.
