MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el departamento capitaneado por Yolanda Díaz que ha caído en la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno de Coalición. El destino de esta área ha sido uno de los principales puntos de fricción a la hora de separar Trabajo de Seguridad Social y finalmente serán los de Pablo Iglesias
los encargados de coordinar estas políticas. Su agenda pasa por la
intensificación de las actuaciones y el endurecimiento del régimen de
infracciones y sanciones. Otro claro aviso a las empresas, a juicio de La Información.
Despojada de la gestión de las pensiones públicas, que se queda el independiente José Luis Escrivá, nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Díaz ha peleado hasta el último momento por hacerse con la 'policía
laboral'. Se trata de una herramienta básica y prioritaria para su
cartera, pues desde allí vigilará el adecuado funcionamiento de
sectores y empresas en base a la legislación laboral vigente y podrá
lanzar campañas específicas contra el fraude en materias como la contratación, el registro horario o la igualdad de género.
La hoja de ruta del PSOE y Unidas Podemos es contundente en esta materia. Respecto a la contratación, por ejemplo, apuestan por reforzar el control de los contratos a tiempo parcial
para prevenir su uso fraudulento y garantizar unas condiciones iguales
al tiempo completo. Para ello intensificarán las actuaciones de la
Inspección, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de
economía irregular, y endurecerán el régimen de infracciones y sanciones
aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de la
empresas. También reforzarán la obligación de constancia expresa del
horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Todos estos aspectos
son prioritarios.
Asimismo, en el acuerdo programático de los socios de la coalición progresista se avanza que se revisarán las causas del despido, otra materia que corresponde al área de Yolanda Díaz, con la derogación de la reforma laboral del PP en
un horizonte no muy lejano.
El objetivo es hacer más precisa la
definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción. Y aquí apuestan por reforzar el papel de la ITSS y la
autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo.
El impulso a la lucha
contra el fraude laboral se hará desde las nuevas tecnologías,
"automatizando y conectando procesos y 'big data' de diversas unidades
administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador", reza
el documento.
Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: el abuso de la contratación temporal concatenada; el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial; y las relaciones extra laborales llevadas a cabo en casos de falsos autónomos, falsos cooperativistas o falsos becarios.
Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero
para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en
puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para
velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras.
En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la
discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Más carga para los inspectores
En definitiva, mayor
control... y más carga de trabajo para los inspectores. Unos
profesionales que han denunciado en numerosas ocasiones la saturación y
la falta de medios ante los nuevos planes de choque puestos en marcha
por el Gobierno de Pedro Sánchez: los 'riders', las camareras de piso, la contratación temporal, el salario mínimo, el registro de jornada...
Durante la etapa de Magdalena Valerio se
alcanzó una plantilla récord de 2.055 efectivos, pero insuficiente para
hacer frente a la carga de actuaciones, según se quejan los sindicatos
de inspectores.
Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero
para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en
puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para
velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras.
En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la
discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
A esta sobrecarga de
trabajo se añade la incertidumbre sobre la nueva situación. Fuentes de
la Inspección trasladan que, aunque dependan directamente del Ministerio
de Trabajo, seguirán teniendo competencias en distintas áreas como Igualdad, Inclusión y Migraciones... y Seguridad Social. Y es que el contrato de trabajo empieza con el alta en el sistema de la Seguridad Social y, por tanto, esa base de datos es indispensable para el desempeño de la labor de los inspectores.
Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social habían
reclamado permanecer en el área que dirige Escrivá tras la división del
Ministerio, poniendo en valor que gracias a esa base de datos han
podido convertir más de 270.000 contratos temporales en indefinidos,
cerca de 66.000 contratos a tiempo parcial en tiempo completo y aflorar
casi 160.500 empleos irregulares que antes no estaban dados de alta.
Para poder seguir en esta línea los inspectores reclaman a las distintas
administraciones (ministerios y comunidades autónomas) que pongan en
marcha mecanismos de colaboración en función de sus competencias.
