CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) pide la intervención de las entidades
profesionales del periodismo, la comunicación y la información para
«evitar la expansión del negacionismo en torno al Mar Menor». El
objetivo de Anse con este llamamiento es «dar protección a los
profesionales y entidades que lo desenmascaran difundiendo las
evidencias científicas».
«Actualmente se está produciendo en la Región de Murcia
una grave crisis ambiental que está degradando, quizás de forma
irreversible, los ecosistemas del Mar Menor. Esta crisis está teniendo
una profunda repercusión en diversos sectores económicos (la propia
agricultura incluida) y en el bienestar de la ciudadanía, llegando
incluso a producir una elevada pérdida de rentas a los habitantes del
entorno de la laguna, como recoge el informe del Banco de España de 2021
o los estudios dirigidos por investigadores del Departamento de
Fundamentos de Análisis Económico de la UPCT», indicó la asociación.
Además, añadieron que «la crisis ambiental deviene de un
proceso de eutrofización, largamente advertido por los investigadores,
que las Administraciones competentes (de distinta adscripción política)
no quisieron abordar y que, en muchos casos, favorecieron por activa o
por pasiva».
El origen principal de esta eutrofia, indicó ANSE, se
encuentra en «la agricultura intensiva que se desarrolló en la cuenca
vertiente al Mar Menor tras la llegada del Trasvase Tajo-Segura, tal y
como indican las publicaciones científicas revisadas por pares de
distintas universidades, como la UMU, la UPCT o la UA; los informes de
seguimiento y monitorización del estado ecológico del Mar Menor
elaborados por investigadores de la Universidad de Murcia y que publica
la Comunidad Autónoma; así como los del grupo interdisciplinar para el
seguimiento oceanográfico y ecológico del Mar Menor del centro nacional
de referencia para esta temática, que es el Instituto Español de
Oceanografía dependiente del CSIC».
La agricultura intensiva del Campo de Cartagena
«contaminó con nitratos» el «acuífero cuaternario que está conectado con
el Mar Menor». Y, asimismo, añadieron que «a más abundamiento, esa
contaminación se vio agravada por el uso ilegal de desaladoras que
vertían salmueras enriquecidas en nitrógeno».
«Además, las
transformaciones a regadío de amplias extensiones de tierra en el Campo
de Cartagena permitirían la llegada grandes volúmenes de tierra por
fenómenos erosivos que transportaban grandes cantidades de fósforo al
Mar Menor durante los eventos lluviosos.
Ambos elementos, nitrógeno y
fósforo son imprescindibles para que se generen los fenómenos de
eutrofia que se observan en el Mar Menor, destruyendo sus fondos y
produciendo mortalidades masivas de fauna por hipoxia», indicaron.
«Conviene señalar que una parte importante de la
agricultura intensiva se desarrolló sin control por parte de las
Administraciones competentes, de forma que un informe elaborado por WWF y
Anse puso de manifiesto que hasta el 20 % de la superficie de regadío
existente en el campo de Cartagena en 2018 no era legal. Esta cifra fue
negada en su momento por varios responsables políticos, pero los
inventarios oficiales realizados en fechas recientes por la CHS vienen a
confirmar su validez», señaló la asociación.
«Desde la sopa verde, las administraciones competentes
han adoptado diversas medidas encaminadas a reducir el impacto de la
agricultura intensiva en el Mar Menor y a la restitución de la
legalidad, incluyendo la promulgación de una Ley autonómica ahora en
proceso de revisión en la Asamblea.
Además, como consecuencia de la
intervención del Poder Judicial, se han abierto diversas causas penales
contra varias empresas agrícolas del Campo de Cartagena y contra los
responsables políticos del momento que podrían enfrentarse a duras
sanciones y penas por delitos contra el medio ambiente en caso de ser
condenados», añadieron.
En este contexto, «un buen número de empresas agrícolas
(varias de ellas implicadas en los procesos penales anteriormente
mencionados) se agruparon bajo la Fundación Ingenio para actuar junto
con la entidad Agroingenieros por el Mar Menor como lobby negacionista
de las causas de la crisis ecológica del Mar Menor».
«Estas entidades
intentan construir un relato alternativo a la evidencia científica que
culpase a los vertidos de las depuradoras de la eutrofia del Mar Menor
(aunque también niegan que esté eutrófico), en un intento de quedar
eximidos de toda responsabilidad por los daños ambientales generados»,
sentenciaron.
La construcción de ese relato «ha supuesto la inversión
de ingentes cantidades de dinero que han sido empleados en la
organización de eventos, promociones diversas, elaboración de informes,
campañas publicitarias, movilización en redes sociales, etc que han
tenido efectos en la población de la Región de Murcia».
En este sentido, Anse señaló que «nos permitimos
trasladar nuestra preocupación por un reciente encuesta del CEMOP donde
un número significativo de ciudadanos daban crédito a las tesis
negacionistas frente a las evidencias científicas certificadas por el
centro científico nacional de referencia, lo que supone un precedente
muy preocupante».
«Sin duda alguna, la participación de algunos medios de
comunicación en esta campaña de desinformación ha contribuido de forma
notable a la expansión de este bulo. Y esta situación podría suponer una
vulneración de los principios generales del código deontológico de la
entidad que representa», añadieron.
Así «nos permitimos recordar que uno de los periódicos
nacionales de mayor tirada y trayectoria se vio obligado a emitir, vía
defensor del lector, una aclaración desligándose del uso torticero que
la Fundación Ingenio estaba realizando de un contenido patrocinado que
se difundió como una noticia contrastada».
Asimismo, expresaron que
«hechos similares se vienen sucediendo en diversos contenidos en medios
de comunicación donde se acaban colando mensajes negacionistas. La
televisión pública también se vio obligada a rectificar una noticia
falsa que se había colado en los informativos. Alguna agencia de
noticias estatal también se ha visto implicada en la difusión de
noticias similares».
«Igualmente y no menos preocupante, es la política activa
de hostigamiento constante a periodistas, medios de información y
entidades sociales que combaten el relato negacionista de esas
entidades. Este acoso es realizado por perfiles falsos o incluso
perfiles de claro carácter difamador que buscan amedrentar y acallar a
todo aquel que señale la falsedad de los hechos que pretenden divulgar
entre la población. Estos hechos erosionan de forma intolerable la
libertad de prensa y de información», indicaron.
