Voluntarios de ANSE trabajan en la Isla Grosa estudiando el fenómeno de la migración de las aves

CARTAGENA.- Voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste están trabajando en Isla Grosa estudiando el fenómeno de la migración de las aves en el Mar Mediterráneo, según han informado fuentes de la organización naturalista en un comunicado.

   Así, desde el pasado 30 de marzo tres investigadores de ANSE se encuentran en Isla Grosa realizando una campaña de anillamiento científico de pequeñas aves paseriformes a su paso por la isla y está previsto que permanezcan allí hasta mediados de mayo.

   Durante este tiempo se capturarán diariamente numerosas aves a las que se colocará una anilla metálica con remite del Ministerio de Medio Ambiente antes de volver a ser liberadas.

   Por su situación geográfica, Isla Grosa posee un gran potencial para estudiar el fenómeno migratorio. Su situación estratégica en las proximidades de Cabo de Palos hace que lleguen numerosas aves tras pasar el invierno en África, desde un amplio sector de la costa argelina y marroquí.

   Las pequeñas aves paseriformes, después de cruzar el desierto se enfrentan a otra gran barrera geográfica que es el Mar Mediterráneo. Para superarla deberán volar largas distancias sobre el mar de cientos de kilómetros, y es entonces cuando las islas adquieren un papel fundamental como lugar de parada siendo probablemente los mejores sitios donde estudiar el fenómeno migratorio.

   ANSE lleva estudiando la migración en Isla Grosa desde 2007 y esta es ya la quinta campaña que se realiza en primavera. En campañas anteriores se han capturado un total de 8395 aves de 63 especies distintas.

   Y es que, se han recuperado aves anilladas en Bélgica, Suecia o Noruega mientras que otras anilladas en Isla Grosa han sido recuperadas sitios tan distantes como Alemania, Escocia, Suecia o Rusia.

   Los resultados son incluidos dentro del proyecto 'Piccole Isole' de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, en el que participan numerosas estaciones de anillamiento de diversos países ribereños, y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.

   Isla Grosa tiene además un gran valor por sus colonias de aves marinas reproductoras. La presencia de miembros en ANSE contribuye a que se conserven estas poblaciones evitando las posibles molestias humanas que podría causar la llegada incontrolada de embarcaciones a la isla.

   Asimismo, la isla está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y recientemente se ha aprobado su plan de gestión.

   Los trabajos se realizan por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria, y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia así como de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. La campaña está financiada por ANSE y por los mismos voluntarios.

Las CCAA con menos PIB son las que más gastan por habitante en medicamentos

MADRID.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que las comunidades con un Producto Interior Bruto (PIB) más bajo son las que tienen un mayor coste por habitante en medicamentos, según se desprende de los últimos datos de un estudio del Observatorio del Medicamento de esta entidad.

   En dicha investigación se ha analizado la relación entre el PIB per cápita y el coste per cápita en medicamentos a lo largo de 2011, tomando como referencia los datos sobre el PIB nominal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Como media, el gasto en medicamentos y productos sanitarios representa el 1,01 por ciento del PIB per cápita, siendo Extremadura (1,84%), Galicia (1,41%) y Castilla-La Mancha (1,37%) las comunidades con un porcentaje mayor.

   En cambio, en País Vasco (0,78%), Baleares (0,75%) y Madrid (0,61%) el consumo de medicamentos representa un menor porcentaje del PIB.

   Para FEFE, "las diferencias entre unas comunidades y otras son notables", ya que entre la primera, que es Extremadura, y Madrid, que es la que presenta un menor porcentaje, hay una proporción de tres a uno.

   Además, y si se compara con el PIB per cápita de las comunidades, se observa que las regiones con el índice más bajo son las que tienen un mayor coste "per cápita" en medicamentos.

   Y es que, Extremadura, que es la comunidad con el PIB más bajo, es la que más porcentaje del mismo destina a la prestación farmacéutica; mientras que Castilla-La Mancha o Murcia ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente en las tablas de comunidades con menos PIB y más porcentaje destinado a medicamentos.

   Por contra, las comunidades con el PIB per cápita más alto, País Vasco, Navarra y Madrid, están entre las cuatro comunidades con el porcentaje destinado a fármacos más bajo.

   En otro sentido, en este Observatorio también se ha llevado a cabo un estudio demográfico por comunidades que comprende desde 2003 a 2011, en el que se ha podido comprobar aquellas que presentan un mayor y menor crecimiento poblacional.

   Sin embargo, han observado que el consumo de medicamentos a través de recetas no parece tener ninguna relación con los mayores crecimientos de la población.

  Esto se puede comprobar en el gasto per cápita, que presenta un mayor crecimiento en las comunidades en las que la población ha crecido menos. Así, Baleares es la comunidad que tienen un mayor aumento de población y un menor gasto per cápita.

   Por otro lado, y en cuanto a los datos mensuales del gasto, FEFE advierte de que en febrero el número de recetas alcanzó una cifra de 82 millones, lo que representa un aumento del 2,27 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 80,2 millones.

   El gasto disminuye un 6,77 por ciento, y el gasto medio por receta disminuye un 8,84 por ciento.

   En lo que respecta al acumulado del gasto en recetas en los meses de enero y febrero de 2012, y en comparación con los mismos meses del año anterior, se observa un incremento del 1,5 por ciento en el número de recetas, un descenso del gasto de 7,10 por ciento y un descenso del gasto medio por receta del 8,15 por ciento.

Alicante es la provincia en la que se vendieron más viviendas a extranjeros en 2011

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la autonomía que más viviendas vendió a ciudadanos extranjeros en 2011, con un total de 10.730 transacciones, según los datos que maneja la comisión técnica para promocionar la vivienda de segunda residencia en Europa impulsada por las consellerias de Infraestructuras y Economía e integrada por administraciones, cámaras oficiales, colegios oficiales y promotores.

   El último informe del Observatorio Valenciano de Vivienda respecto a las estadísticas del Consejo General del Notariado revela que en 2011 se vendieron a extranjeros más de 10.730 transacciones viviendas, una cifra que supera las 9.300 transacciones de 2010 y las 7.400 de 2009.

   El valor total estimado de estas ventas ascendió a 1.515 millones de euros en 2011, cantidad que también sobrepasa la alcanzada en años anteriores, con 1.431 millones en 2010 y 1.225 millones en 2009, ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Las 10.730 viviendas vendidas el año pasado a extranjeros sitúan a la región como la autonomía líder en España en transacciones de inmuebles realizadas por ciudadanos de otras nacionalidades. Así, la Comunitat Valenciana representa el 30,6% de las ventas de inmuebles a extranjeros de toda España, muy por delante de las siguientes autonomías con mayor porcentaje, Andalucía (19,2%) y Cataluña(14,9%).

   Además, Alicante es la provincia española con mayor número de transacciones a extranjeros, con más de 9.200, seguida de Málaga, con más de 4.600 ventas, y Baleares, con más de 2.700 viviendas vendidas.

   En cuanto a las nacionalidades, británicos, rusos y noruegos son los ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en la Comunitat Valenciana.

La Región cuenta con más de 13.000 asociaciones inscritas en el Registro oficial de la Comunidad

MURCIA.- La Región de Murcia cuenta a día de hoy con un total de 13.355 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, que depende y gestiona la Consejería de Presidencia, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   A este total hay que sumar otras 161 fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones y 41 colegios profesionales inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región de Murcia.

   El Registro de Asociaciones de la Región de Murcia las desglosa en 35 tipos diferentes, entre los que destaca el de asociaciones juveniles por ser el de mayor número de inscripciones. Concretamente, la Comunidad cuenta con 2.223 organizaciones juveniles inscritas y localizadas en las diferentes poblaciones de la Región de Murcia.

   Asimismo, el segundo tipo de mayor cuantía es el de las asociaciones culturales, con 1.598 inscripciones, seguido por el de agrupaciones relacionadas con los espectáculos (teatro, danza, folclore, cine), que alcanza las 1.235 inscripciones.

   Seguidamente, están las asociaciones vecinales, que son 1.051; las asociaciones de madres y padres, 987; animación y recreativas, 798; peñas festeras, 637; mujeres, 454; asistenciales y de apoyo, 388; tercera edad y jubilados, 354; inmigrantes, 261; voluntariado, 258; científicas, 255; y peñas taurinas, 237.

   El resto de tipos están diferenciados por asociaciones ecologistas, peñas huertanas, moros y cristianos, cartagineses y romanos, religiosas, protectoras de animales, amas de casa, estudiantes, damnificados y afectados, protección civil, profesionales, ecuestres, antiguos alumnos, ornitológicas, scouts, artes plásticas y artesanía, minorías étnicas, gastronómicas, fumadores y otros.

   Y es que, tan sólo en el año 2011, la Consejería tramitó la inscripción de 598 nuevas asociaciones, y la constitución de seis nuevas fundaciones y cinco colegios profesionales.

   A lo largo del año pasado, se tramitaron 1.339 solicitudes relacionadas con la gestión de las asociaciones, bien por primeras inscripciones, bien por segundas y sucesivas inscripciones (como por ejemplo por modificación estatutaria, de juntas directivas, cambios de domicilio u otras posibilidades), por las declaraciones de utilidad pública, por los expedientes de cuentas anuales, las disoluciones, los certificados y otras solicitudes presentadas por los interesados.

   Igual pasó en 2011 con las fundaciones, de las que se tramitaron 249 expedientes entre los de nueva constitución, las solicitudes de modificaciones, sobre las cuentas anuales y los planes de actuación, certificados de denominación o bajas. En cuanto a los colegios profesionales, en 2011 se tramitaron 25 solicitudes relacionadas con ellos, tanto por nueva constitución como por modificaciones y otras.

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

Las aerolíneas verán incrementada su factura de combustible en casi 30.000 millones en 2012

PARÍS.- Las aerolíneas verán incrementada su factura de combustible en 40.000 millones de dólares (29.975 millones de euros) en 2012, en un escenario de precio medio del crudo de 134,3 dólares el barril, según los cálculos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

   Este coste contribuirá a lastrar nuevamente la rentabilidad del sector, que según la IATA generará unos beneficios de 3.000 millones de dólares (2.273 millones de euros) en 2012, lo que supone reducir a menos de la mitad las ganancias generadas durante el pasado año, cuando el sector de la aviación alcanzó los 7.900 millones de dólares (casi 6.000 millones de euros), según sus últimas previsiones.

   Así, la IATA ha rebajado en un 14% su previsión para 2012 con respecto a su anterior publicación en diciembre del pasado año, que preveía unas ganancias globales de 3.500 millones de dólares (2.652 millones de euros), "debido principalmente al encarecimiento del crudo".

   Este escenario de rentabilidad de la IATA se realizó en un entorno de precios del crudo de unos 115 dólares el barril, casi 20 dólares menos que los precios actuales, por lo que la rentabilidad podría caer incluso más.

   En los dos primeros meses del año, las acciones de las aerolíneas se mantuvieron planas, por debajo de la tónica global del mercado, con un crecimiento del 5%, según el índice Bloomberg.

   Esta tendencia obedece a que los mercados financieros prevén debilidad en los resultados de las aerolíneas debido a la presión sobre los márgenes de los crecientes precios del crudo.

   En este escenario, las aerolíneas deben realizar importantes mejoras en la gestión para retornar a la rentabilidad si no quieren seguir la estela de cierres del sector aéreo, que ya se ha cobrado en 2012 dos víctimas, la catalana Spanair y la húngara Malèv.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia