Buenos días y gracias a todas las autoridades que
me acompañan. No quiero tampoco extenderme en las mismas, pero sí
agradecer tanto al rector, a Ricardo, como a la presidenta de la CRUE y
al resto de rectores que estáis con nosotros, vuestra compañía, y estar
en un acto que consideramos desde el Gobierno que es importante.
Hace
50 años -y se ha dicho de una manera diferente, pero creo que todos más
o menos hemos llegado al mismo punto-, el destino de las generaciones
enteras de españoles estaba escrito, desgraciadamente, en piedra. Los
hijos y las hijas estaban destinados a repetir la historia de los padres
y madres.
Lo ha dicho antes la ministra Diana Morán. Unos, una minoría,
los más afortunados, pues heredaban bienes, propiedades, redes de
contacto y, lo más importante, heredaban el capital intelectual, el
conocimiento, la cultura, los libros presentes en el hogar, aportados
casi siempre por un padre que era el único que había tenido acceso a la
educación superior.
Era una
minoría, porque nada de eso estaba presente en la amplia mayoría de las
viviendas de la clase trabajadora de nuestro país. Una enciclopedia o
una estantería de libros era un lujo inalcanzable para muchísimas
familias hace 50 años. Y allí, además del oficio del padre, con
frecuencia precario, duro, mal pagado, se heredaba la resignación ante
una evidencia dolorosa, y era la imposibilidad de ir a la universidad,
de cursar estudios universitarios.
Eso
también tuvo su traslación en la Formación Profesional, a la cual
también estamos dando un impulso decisivo durante estos últimos siete
años. Pero entonces vivíamos en una España donde el talento no bastaba,
donde los sueños tenían un techo, donde la cuna pesaba más que el mérito
y, por tanto, donde la movilidad social, como bien se dice en términos
de ascensor, pues era una utopía.
Esto
es verdad. Comenzó a cambiar, como ha dicho antes el rector, hace 50
años, en especial durante la década de los 80, cuando España fue capaz
de construir el verdadero ascensor social que, por encima de todo,
ofrecía a nuestros hijos y a nuestras hijas algo tan valioso como la
capacidad de elegir su propio futuro.
Esto lo viví yo también en mi
casa, con mi padre y con mi madre, y por supuesto, a diferencia de lo
que ocurriera a las generaciones previas, a la de nuestros abuelos y
abuelas, entonces levantamos un sistema de salud universal, un modelo de
protección social que no dejaba a nadie atrás, y un sistema educativo
de calidad.
Y la piedra de toque
de ese ascensor social fue la radical transformación de nuestro sistema
universitario. Yo recuerdo, durante la crisis financiera que se hablaba
de que había que suprimir muchas facultades, muchas
universidades….'Tenemos muchas universidades públicas' se decía
entonces, ¿os acordáis?
Y realmente lo decían siempre desde una parte de
la geografía española, muy concentrada en su capital, porque
evidentemente en la provincia de Granada bien se sabía la importancia de
tener una universidad en Granada, sobre todo para las familias más
humildes, para sus hijos y para sus hijas.
En
todo caso, esos avances fueron posibles gracias a una visión de país
basada, como decía la ministra, en la igualdad de oportunidades; una
igualdad de oportunidades cuyo máximo exponente era nuestra universidad.
Y
de entre todos los modelos posibles, España optó por un sistema
universitario público de calidad, accesible, presente en todo el
territorio. Una universidad concebida como un motor de crecimiento, pero
también de transformación, de esa joven democracia que éramos entonces.
Y creo que es muy importante, como se ha dicho antes por parte de
algunos de los representantes estudiantiles, hablar de la parte de la
empleabilidad, por supuesto, pero también de la de la formación
intelectual que te da las herramientas, como decía Fernando de los Ríos,
para poder ser libre.
Y, en ese
sentido, yo creo que la Universidad, lo que hicimos entonces, lo que se
logró desde España, fue que no fuera un lugar donde se reprodujeran los
privilegios de antaño, (sino) que se convirtiera en un espacio de
encuentro entre estudiantes procedentes de todos los entornos sociales;
una universidad que permitiera a cientos de miles de jóvenes de familias
humildes, convertirse en ingenieras, en médicos, en juristas, en
definitiva, en lo que ellos y ellas quisieran.
Muchas
y muchos de esos jóvenes fueron los primeros universitarios de la
historia de sus familias -antes lo ha dicho la propia ministra de
Ciencia e Innovación y Universidades, hasta llegar a ser ministra del
Gobierno de España-. Esa fue nuestra gran apuesta de país: una
universidad pública que apuntala el progreso, la cohesión social, la
cohesión territorial y que abriera sus puertas de par en par a toda la
sociedad.
Y lo conseguimos.
Algunos datos son muy elocuentes del esfuerzo que se ha hecho colectivo
por lograr este objetivo. De los 350.000 estudiantes que había en 1970,
pasamos al doble en tan solo una década, y alcanzamos el millón y medio a
finales de los años 90.
Si en la generación de nuestros abuelos apenas 1
de cada 10 personas tenía estudios superiores, hoy más de 1 de cada 2
jóvenes ha accedido a la educación universitaria. Y, además, la
universidad llegó a muchos territorios históricamente ignorados,
convirtiéndose en un elemento vertebrador de nuestro país, de cohesión
territorial.
Construimos una red
pública sólida, sin distinciones entre centros ni comunidades
autónomas. Ya no había que emigrar a las grandes capitales para estudiar
la carrera, algo que antes solo era posible si se contaba con un apoyo
familiar y, por tanto, un joven de Badajoz podía licenciarse en medicina
en Valencia, o una chica de Teruel podía estudiar Ciencias del Mar en
Cádiz. Porque aquí lo importante nunca ha sido dónde estudias, sino lo
que aprendes. Y nunca fue relevante si estudiaste en Madrid o en La
Laguna (Tenerife), en Málaga o en A Coruña.
Gracias
a ese esfuerzo colectivo que hizo España, ya somos el séptimo país de
la Unión Europea con los jóvenes mejor formados, y eso se reconoce
cuando uno sale fuera de España y se habla, precisamente, del capital
humano.
Ahora que hay mucho interés en España por todo lo que está
sucediendo, por las inversiones, la reindustrialización y las
transformaciones que se están haciendo, se reconoce, y mucho, por parte
de muchas empresas, de muchos inversores extranjeros, la formación de
nuestro capital humano.
Jóvenes que son reconocidos, como he dicho,
dentro y fuera de nuestras fronteras, por su preparación, por su
capacidad, por su adaptación y su talento. Y somos, además, el tercer
país de la Unión Europea con mayor número de personas matriculadas en
estudios superiores.
En fin,
nuestras universidades públicas no solo han formado a los mejores
profesionales, también han sido, y aquí se ha dicho por parte de algunos
de los intervinientes, grandes centros de investigación y desarrollo
del país. Hoy ejecutan el 70% de la investigación científica y
tecnológica que realiza España y lo hacen en áreas que son clave para
nuestro crecimiento, por ejemplo, la salud, el medio ambiente o la
tecnología en un sentido amplio.
Por tanto, gracias al modelo
universitario público universal y de calidad construido durante estos
últimos 50 años, con sus avatares y sus dificultades, hoy cualquier
ciudadano, viva donde viva, sabe que el cirujano que lo operará ha
recibido una formación de excelencia.
Y, gracias a ese modelo, España ha
podido transformar su tejido productivo, adaptarse al cambio
tecnológico, convertirse en uno de los países que más crece y que más
empleo crea de Europa. Y gracias también a ese modelo, los mejores
centros de investigación del mundo compiten por atraer a nuestros
estudiantes.
Y es verdad, esto
no ha sido fácil. Lo sabéis bien los que estáis aquí. Pero, si hay una
historia que, a mi juicio, explica el progreso de España en estas
décadas, es la historia de la universidad pública, de nuestro sistema
educativo en su conjunto.
Y esta, hay que decirlo, es una historia de
éxito. Sí, es una historia de éxito, que representa el orgullo de muchas
familias españolas y la satisfacción de ver que sus hijos han podido
estudiar en universidades públicas aquello que ellos no pudieron.
Y aquí
también se ha dicho, y es cierto que todo ese logro no impide el que
tengamos que mejorar, el que de alguna manera nos resignemos a una
situación que, en efecto, corre un riesgo muy evidente. Lo que está en
juego no es solo una institución.
Lo que está en juego es el futuro de
cientos de miles de jóvenes en nuestro país y, por tanto, el modelo de
país que queremos construir.
Ayer
mismo veíamos en uno de los principales medios de comunicación de
prensa escrita las consecuencias que puede tener la deriva que se está
llevando en la privatización, nada más y nada menos que del sistema
universitario.
Porque política también hay detrás de esa privatización,
como bien ha dicho una de las representantes de los estudiantes. Lo que
está en riesgo es un modelo de educación superior en el que el acceso
universal y la garantía de calidad y excelencia están deliberadamente
amenazadas.
Yo creo que lo está
por la voluntad de quienes pretenden fragmentar y privatizar nuestra
universidad. De quienes están dispuestos a que la igualdad de
oportunidades deje de estar garantizada, como si la igualdad de
oportunidades y la meritocracia estuvieran reñidas cuando es justo lo
contrario. Sin igualdad de oportunidades no hay capacidad de poder hacer
y materializar el mérito en nuestra sociedad.
El método ya sabemos cómo
es. Lo conocemos bien, no están inventando la rueda, no están
descubriendo América, están aplicando lo mismo que han hecho en otros
muchos ámbitos pilares del Estado del bienestar, por ejemplo, la salud
pública. Lo que se hace primero es debilitarla, cuestionarla, para
después privatizarla.
Primero recortan recursos para minar su
funcionamiento y -aquí se ha dicho- después qué se hace: se cuestiona su
servicio, su calidad, precisamente afectados por los recursos que se
detraen. Y finalmente, cuando el deterioro es evidente, pues presentan
como solución la privatización como única salida. Por tanto, detraen
recursos, el funcionamiento empeora y al final la salida no es otra que
la privatización.
Y el proceso
ya está en marcha desde hace tiempo. Aquí en Madrid, por ejemplo, el
Gobierno autonómico ha recortado casi un 30% la financiación a las
universidades públicas desde el año 2016. Da igual que se creciera más,
que se creciera menos, que hubiera más o menos ingresos públicos, en la
Comunidad autónoma lo que se ha hecho ha sido recortar, recortar y
recortar como he dicho antes, un 30% la financiación de las
universidades públicas desde el año 2016.
Una
comunidad autónoma tan importante en número de población como es la
andaluza, l presupuesto universitario lleva seis años completamente
congelado. Y, como bien se ha dicho antes, por parte de la ministra,
hemos aumentado de media los recursos a todas las comunidades autónomas,
las transferencias, en más de un 50% respecto a las administraciones
previas.
Y el resultado, por
tanto, de este plan deliberado es la merma de la calidad del sistema. Es
una auténtica, si podemos utilizar el término, obsolescencia programada
que empieza por la degradación de las instituciones, continúa con la
precarización del personal docente e investigador y concluye con la
reducción de plazas en los grados más demandados, que es lo que está
pasando, por ejemplo, en las áreas vinculadas con la salud.
Buscan
reemplazar el paradigma de la igualdad por el de la peor de las
desigualdades, que es la que premia los apellidos y la cuenta bancaria.
Es la consecuencia lógica de priorizar los regalos fiscales a los que
más tienen y recortar los servicios públicos.
Y
además lo hacen, si me permiten, con una dosis extra de cinismo, porque
después lo que hacen es pedir a la Administración General del Estado
que asuma los costes de los servicios públicos que esas administraciones
públicas han degradado.
En definitiva, menos recursos, más exigencias y cero compromiso en el bienestar de la ciudadanía.
Y
mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las
universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de
esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que,
en muchas ocasiones, no todas, no buscan la excelencia ni la
investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin
exigencias reales, convertidas en chiringuitos educativos, un proceso
con una víctima colateral más allá de la universidad pública, que es
también desprestigiar a buenas universidades privadas que tenemos en
nuestro país y que son además una referencia internacional.
Es
decir, se fractura y se debilita a todo el sistema universitario,
fundamentalmente el público, pero también a aquellas universidades
privadas de prestigio.
Fíjense,
desde que se abrió la última universidad pública, que fue en 1998, se
dice pronto, en 1998 se abrió la última universidad pública en nuestro
país, se han creado 26 universidades privadas. Solo en esta última
década se han autorizado otras diez y nueve más esperan la evaluación de
su expediente de apertura.
Esto
no sería un problema si todas cumplieran con los requisitos, pero no es
el caso, como aquí se ha dicho. El problema es que muchas cuentan con
informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria y
pese a ello, hoy están abiertas, aquí se ha dicho.
Informes que alertan
sobre la falta de criterios de calidad de, por ejemplo, en el sistema
de selección de los profesores, sobre la escasa inversión en
investigación, sobre la falta de variedad de estudios ofertados o sobre
la ausencia de garantías internas y de experiencia de gestores.
Y
esto no solo supone una pérdida de rigor académico, supone también un
compromiso de calidad a nuestros profesores, a nuestro profesorado, a
nuestros profesionales, porque hablamos de quienes mañana van a cuidar
de nuestra salud, van a defender nuestros derechos, van a construir
nuestras infraestructuras.
En
definitiva, la universidad no puede ser una garantía o mejor dicho, una
fábrica de títulos sin garantías. Lo que está en juego no es solo la
educación, es la confianza de toda la sociedad en sus profesionales y en
sus instituciones.
Y esa es la
razón que lleva a que el Gobierno de España dé la batalla en defensa del
sistema universitario español. Vamos a defender la calidad, la equidad y
el prestigio de nuestro sistema universitario.
Y,
por supuesto, vamos a romper una lanza a favor de lo público, sin
demérito de aquellas instituciones privadas, insisto, que sí funcionan
bien, con rigor y con calidad.
Y
sí, lo sabemos. Sabemos que buena parte de las competencias que esta
materia tiene, descansan sobre los gobiernos autonómicos, como bien ha
dicho antes la ministra. Pero eso no va a hacer que nos crucemos de
brazos. Nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer en esta ocasión,
porque lo que tenemos en juego es muy importante.
Y
así lo hemos hecho durante estos años. Durante estos últimos años hemos
aprobado la LOSU, hemos incrementado el presupuesto en becas en un 65%,
es decir, en más de mil millones de euros desde que llegamos al
gobierno en 2018.
Hemos hecho
posible que las prácticas universitarias coticen a la Seguridad Social,
para proteger a nuestros jóvenes en su incorporación al mercado de
trabajo. Hemos aumentado el número de plazas; hemos mejorado las
condiciones laborales de los investigadores en formación, aunque todavía
quede mucho por hacer; y hemos logrado que los precios de las
matrículas se hayan reducido drásticamente.
Por
eso, hoy, desde este lugar emblemático, querido rector de las Escuelas
Pías de San Fernando, uno de los probablemente más prestigiosos y desde
luego, una de las más de 60 sedes que la UNED tiene repartidas por todo
el país, me gustaría anunciar dos medidas que vamos a adoptar en los
próximos días.
Lo primero que
vamos a hacer es un Plan de Relanzamiento de la UNED, que no deja de ser
la gran universidad pública de ámbito estatal de nuestro país y la
primera en número de estudiantes.
Este
plan, junto al Plan Plurianual de Financiación, lo que pretende es
sentar las bases de la transformación que va a experimentar la UNED en
los próximos años.
Vamos a
dedicar una partida de 30 millones de euros para el primer año, lo que
supone un 35% más de aportación por parte del Gobierno. Lo que queremos
es que la UNED esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo y por
eso vamos a actuar en tres frentes.
El
primero, queremos renovar las capacidades digitales con tecnología
puntera para que pueda competir en el creciente mercado de la educación a
distancia.
En segundo lugar, queremos ampliar
a 5.000 las plazas en grados y másteres habilitantes, como por ejemplo
el Máster de Formación de Profesorado o el de Psicología General
Sanitaria. Y vamos a duplicar así con ello la oferta actual para que
nadie tenga que pagar una fortuna en la privada para poder ejercer una
profesión regulada.
Y
finalmente, vamos a crear 2.000 nuevas plazas vinculadas a grados y
másteres en títulos de alta demanda, como, por ejemplo, Educación,
Comunicación, así como nuevas titulaciones que respondan a las demandas
del mercado, como es el grado de Inteligencia Artificial, el de
Neurociencias o el de Neutrónica Computacional.
En
definitiva, lo que queremos qué es. Lo que queremos es que la UNED sea
la universidad de referencia en España en enseñanza virtual, pública y
de calidad. Una institución moderna, accesible, con prestigio, que
lidere la transformación digital del sistema universitario sin renunciar
a los valores de la universidad pública: igualdad, excelencia y
vocación de servicio.
Apoyamos a
la universidad pública con la misma convicción con la que queremos
combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin
escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen
el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior dañando el
conjunto del sistema. Por eso me gustaría recoger el guante que se ha
planteado por parte de los profesores y por supuesto, también de los
alumnos para anunciar esta segunda cuestión.
Lo
que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de
reconocimiento y de autorización de universidades y centros
universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora.
Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de
nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan
con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los
profesores, o mejor dicho, de los profesionales que nos cuidan y nos
defienden.
¿Y cómo lo vamos a
hacer? Bueno, lo vamos a hacer de tres formas. La primera de ellas es
que vamos a reforzar las exigencias para garantizar que las
universidades sean proyectos de calidad. ¿Ello qué significa? Pues
significa que al informe de la Conferencia General de Política
Universitaria añadiremos un informe de evaluación y subrayo, preceptivo,
preceptivo, elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas
equivalentes.
Por tanto, es lo que vamos a poner en marcha. Un informe
que sea vinculante, vinculante en el proceso de creación de nuevas
universidades, garantizando así el control riguroso e independiente.
Junto
con ello, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es endurecer los
criterios de apertura y, por lo tanto, se va a exigir una masa crítica
mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio.
Vamos a reformar las garantías de solidez económica.
Vamos a pedir que
se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de
alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda. Y se
va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores.
Y
tendrán requisitos, por tanto, más estrictos en materia de investigación
para asegurar un compromiso real con la generación de investigación y
de conocimiento.
Y, en tercer
lugar, vamos a proponer que las universidades online se consideren de
ámbito nacional, porque su radio de actuación es en la práctica todo el
país y por ello sólo podrán ser autorizadas con la aprobación de las
Cortes Generales para reforzar la supervisión y garantizar su calidad
académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio.
Y
se me preguntará, cuándo se va a hacer todo esto. Pues dada la urgencia
de esta cuestión, ya les anuncio que mañana mismo vamos a llevar el
endurecimiento de los criterios al Consejo de Ministros y Ministras para
su tramitación urgente, con el objetivo de que pueda entrar en vigor lo
antes posible.
Concluyo. Sé que
debemos hacer mucho más para proteger y fortalecer nuestro sistema
universitario. Todas las administraciones con competencias en este
ámbito lo deberían hacer. Pero es verdad que hay una inacción de unos, o
una gestión irresponsable de otros, o también deliberada de otros
tantos.
Pero no les quepa duda
de que desde el Gobierno de España vamos a actuar porque hay mucho en
juego. Porque toca elegir entre un modelo de educación superior,
universal, de calidad, que dé oportunidades a quien los necesita y que
cohesiona social y territorialmente a nuestro país, como bien se ha
calificado antes un modelo universitario centroeuropeo.
Un modelo, en
definitiva, que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no. Que
no cree en la excelencia, la investigación y la responsabilidad social.
Me refiero a estos que no creen. Un modelo que no quiere que las
universidades sean lugares de encuentro, donde surja la innovación, el
conocimiento que nos enriquece a todos y a todas, sino negocios de corto
plazo que benefician a unos pocos.
A
toda la comunidad universitaria, al personal docente, investigador, al
personal de administración, a los servicios y por tanto también al
estudiantado y a sus familias, quiero reiterarles que el Gobierno está
en la defensa de nuestro modelo universitario y que les apoyará para que
hagan ver a la sociedad lo que está en juego.
Y
al resto de la ciudadanía lo que les pido es que se unan en esta
movilización en defensa de lo público, de la igualdad de oportunidades y
del mérito. En defensa de esa Universidad que nos une y ennoblece como
sociedad y como país. En defensa de todo lo bueno que nuestra historia
ha dado un sistema educativo, un sistema universitario como el que hemos
construido desde los años 80 con ese ascensor de movilidad social que
hoy. desgraciadamente como se ha dicho, está gripado.
De todos depende
que ese ascensor no se vuelva a detener nunca más. Y ahí estará, sin
ninguna duda, no les quepa duda, el compromiso del Gobierno de España.
Nada más. Y muchas gracias.
