MADRID.- El Colegio de Geólogos ha lamentado que dos años
después del terremoto de Lorca no se haya implantado en España
un plan integral de prevención del riesgo sísmico y lamenta que los
poderes públicos se limitan a "medidas curativas de remediación de los
daños causados".
Los geólogos advierten de que estamos en un periodo de
retorno en el que podría producirse un terremoto próximo a magnitud de 7
grados en la escala de Richter y recuerda que, tras el seísmo de Lorca,
se elaboró un decálogo con el objetivo de minimizar el riesgo sísmico, el
cual fue enviado a las administraciones públicas (ayuntamientos,
comunidades autónomas y Gobierno) que, según explican, no han llegado a
concretar nada.
En este sentido, apunta que sólo obtuvieron respuesta de la
Consejería de Presidencia, de Murcia, para realizar cursos de
autoprotección en técnicos municipales y profesorado, aunque, señala que,
a día de hoy, no se ha concretado nada.
"Los poderes públicos a nivel local, autonómico y estatal se han
limitado a medidas curativas para remediar los daños causados, pero no
se está tomando ninguna medida de prevención", señala este colegio
profesional.
Los geólogos recuerdan que España y, concretamente, el
sur-sureste peninsular están en una zona de actividad sísmica moderada,
en la que el último terremoto se produjo en 1884 en Arenas del Rey.
"Estamos en un periodo de retorno donde podría producirse un terremoto
de magnitud similar", ha reiterado.
El decálogo, que se envió el 30 de mayo de 2011, aconseja abordar
la reforma de la Norma de Construcción Sismorresistente, que data de
2002, con el objetivo de que en el plazo más breve posibles recoja las
experiencias del terremoto de Lorca y que establezca con "mayor rigor"
la necesidad de cumplir los requisitos antisísmicos e incorporar las
aportaciones de la paleosismicidad y de fallas activas.
En este término, el ICOG se ofrece a participar en la Comisión
Permanente de las Normas Sismorresistentes, junto a otros colegios
profesionales competentes en la materia.
Además, el decálogo insta a potenciar la realización de los
estudios de peligrosidad y vulnerabilidad sísmica por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), tomando como modelo el Servicio
Geológico Americano (USGS).
Asimismo, aconseja reformar la inspección técnica de edificios
(ITE) para que se exija en las zonas de peligrosidad sísmica la
adaptación de los edificios a la Norma Sismorresistente en el plazo de
cinco años. Al mismo tiempo, recomienda abordar la obligatoriedad del
visado de los estudios geotécnicos en la seguridad en lo que se refiere a
las condiciones geotécnicas de la edificación, para reforzar los
controles de seguridad en lo que se refiere a las condiciones
geotécnicas del suelo, en especial, del riesgo sísmico.
Igualmente, el decálogo llama a impulsar que los órganos
legislativos de las comunidades autónomas desarrollen el vigente Texto
Refundido de la Ley del Suelo estatal, en concreto su artículo 15, donde
se establece la obligatoriedad de la elaboración de mapas de riesgos
naturales en los informes de sostenibilidad de los Planes Generales de
Ordenación Urbana, armonizando estos instrumentos con la normativa de
edificación.
Además, pide gestionar desde las consejerías competentes en la
ordenación del territorio de las comunidades autónomas situadas en zonas
de peligrosidad sísmica, la elaboración de estudios de peligrosidad y
vulnerabilidad sísmica, a fin de que se adopten medidas de prevención en
la tipología de las construcciones, en los usos del suelo, en los
condicionantes urbanísticos y en vías de comunicación. A estos efectos
el ICOG se pone a disposición de aquellas comunidades autónomas que
soliciten nuestros conocimientos.
También recomienda realizar cursos de sensibilización y de
formación para el personal técnico de los municipios, a través de la
FEMP, tomando como referencia la 'Guía Metodológica para la Elaboración
de Cartografías de Riesgos Naturales en España', realizada por el ICOG
en colaboración del extinto Ministerio de Vivienda.
Al mismo tiempo, el decálogo busca que se informe a los ciudadanos
residentes en zonas de riesgo sísmico sobre las pautas de
autoprotección adecuadas durante e inmediatamente después de la
ocurrencia de un terremoto. Con ello, se evitarían muchas víctimas
mortales en plena calle, debido fundamentalmente a desprendimientos de
cornisas, tabiques, balcones, o colapsos de edificios. Asimismo se
deberían elaborar manuales de prevención de riesgos sísmicos que puedan
ser impartidos en el ámbito escolar.
En noveno lugar, pide la aprobación de un plan de rehabilitación
de los edificios construidos antes de la promulgación de las normas
sismorresistentes, especialmente las infraestructuras críticas y los
referenciados como de especial importancia en la Norma de Construcción
Sismorresistente parte general y edificación (NCSR-02) tales como
hospitales, edificios de comunicaciones, de bomberos, depósitos de agua y
gas, centrales eléctricas, etcétera.
Por último, el decálogo insta a mejorar los mecanismos de control
del cumplimiento de la norma sismorresistente en los proyectos de
edificios, mediante el visado de proyectos y certificados de
cumplimiento de la Norma Sismorresistente por los colegios
profesionales.
En la actualidad, existen dos modalidades de control: por parte
del proyectista, a través de los ayuntamientos y colegios de
arquitectos, y una segunda a través de los organismos de control técnico
(OCT). Para los geólogos, sería necesario introducir un tercer
mecanismo de verificación a través de muestreos por parte de las
administraciones, mediante el reclutamiento de técnicos competentes en
las actuaciones sobre el terreno.
