Fomento asegura tener margen para ayudar a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento asegura que, "pese a los recortes", cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas que se encuentran en riesgo de quiebra, según indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá.

   "Pensamos que pese al recorte todavía se puede ayudar a las concesionarias a obtener recursos financieros y a poder atender a sus obligaciones", indicó el 'número dos' de Fomento.

   El Gobierno aprobó recientemente reducir en unos 400 millones de euros el presupuesto de Fomento para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros. Esta disminución forma parte del acuerdo de no disponibilidad de gasto de 8.300 millones de euros acordada en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.

   Estas autopistas se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

   Las empresas concesionarias de las vías, entre las que figuran las grandes constructoras cotizadas, acordaron con el anterior Gobierno un sistema de ayudas que incluye la concesión de dichos préstamos participativos.

   A este respecto, el 'número dos' del nuevo equipo de Fomento indicó que estos créditos son un "instrumento financiero, no son presupuesto de gasto". Además, indicó que en 2011 no se agotó toda la dotación que se fijó para los mismos.

   Por todo ello, Catalá indicó que "pese a la austeridad y los recortes", el Ministerio "todavía podrá ayudar a las concesionarias en sus obligaciones financieras".

"Creemos que hay margen suficiente para que en 2012 puedan atender a sus dificultades", concluyó tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio.

El PSOE denuncia que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique manifestó este martes que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo para los pacientes, que de manera programada, son operados allí.

   Rosique rechaza, "por irresponsables, las razones dadas por directivos del Servicio Murciano de Salud, justificando el cierre de este servicio por cuestiones de ahorro económico en base al bajo índice de utilización del mismo, olvidándose de las consecuencias que para los enfermos operados en el Rosell pueda tener su cierre".

   El escenario que existe en estos momentos en el hospital del Rosell es el siguiente: a fecha de hoy, ya no hay cirujano con presencia física en este hospital a partir de las 15 horas. Tampoco habrá anestesista de guardia, ni equipo de enfermería de urgencia, ya que ha sido trasladado al nuevo hospital de Santa Lucía, según explica el PSOE en nota de prensa.

   "Con este escenario será imposible hacer frente a cualquier emergencia en este hospital, debiendo ser derivado el paciente, sea cual sea su estado, a Santa Lucía", advirtió.

   El Grupo Parlamentario Socialista califica de "inaceptable" esta situación, ya que las patologías programadas que van a ser intervenidas quirúrgicamente en el Rosell, a partir del 9 de enero, incluyen cirugía laparoscópica, tiroides y otras patologías consideradas menores, tales como hernias y hemorroides.

   La diputada indicó que "todas estas patologías son susceptibles de complicaciones postoperatorias consideradas graves, fundamentalmente los sangrados en el postoperatorio inmediato, por lo que requieren un diagnóstico precoz y una reintervención urgente que, en el caso de las tiroides puede ser cuestión de minutos antes de que sea fatal para el paciente".

   En su moción Rosique pregunta "¿Qué ocurriría si esa incidencia se produce a partir de las 15 horas, cuando ya no hay cirujano de presencia en el Rosell?" y "¿Cuál será el tiempo de respuesta?, ¿Dará tiempo a trasladar al paciente?".

   Asimismo añadió "por si fuese poco lo anterior, que tampoco hay radiólogo de guardia, por lo que será imposible ayudarse de las pruebas de imagen para llegar a un diagnóstico. Y no hablemos de una UCI que funciona con tres camas solamente y con más presencia testimonial que operativa".

   La diputada socialista manifestó que "desgraciadamente se ha podido comprobar en el Rosell, en fecha reciente, la importancia que tuvo en el transcurso de una intervención por laparoscopia el tiempo de respuesta en una emergencia y el disponer o no de un equipo entrenado y con el aparataje necesario.

   Por todo ello, exigió a la consejera de Sanidad, a través de una moción, la reapertura inmediata del quirófano de Urgencias del Rosell, así como su comparecencia para que explique en la Asamblea sus incumplimientos en relación con los servicios que dijo iba a tener este hospital, una vez que entrara en funcionamiento el de Santa Lucía.

El Gobierno supervisará los techos de gasto de las CC.AA. pero no sus presupuestos

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el Gobierno supervisará los techos de gasto autonómicos, pero no los presupuestos de cada comunidad, ya que el Ejecutivo "no es quien" para decidir cómo gestiona cada territorio sus competencias.

   "Pero sí lo es para velar por el cuadro macroeconómico y que España no acabe gastando más de lo que ingresa", ha señalado Beteta en declaraciones al canal 24 horas de TVE, donde ha asegurado que los techos de gasto son un elemento "esencial" de la democracia porque se componen de información de gastos, ingresos y déficit.

   Según Beteta, todo hay que vincularlo al techo de gasto porque no solo está en juego la credibilidad del país, sino la de cada comunidad autónoma. "Si tenemos dudas sobre lo que debemos nadie va a invertir", ha alertado Beteta, tras recordar que el control de déficit es un elemento "esencial" para conseguir inversión y creación de empleo, la "principal obsesión" del Ejecutivo.

   En este sentido, ha considerado "imprescindible" en este momento económico la transparencia informativa, el aumento de los ingresos a través de la subida fiscal y el recorte del gasto, y ha reiterado que cuando el país logre crear empleo las subidas de impuestos temporales desaparecerán y los contribuyentes pagarán menos tributos.

   La supervisión de los techos de gasto es una de las cuestiones que el Gobierno planteará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará la semana que viene, así como la posibilidad de implementar líneas de ayuda a aquellos territorios con un déficit muy elevado que no puedan hacer frente a sus pagos. Estas ayudas, según Beteta, vendrán amparadas por los planes de ajuste de cada comunidad, que además tendrán que ser más "transparentes" y someterse a un control extra.

   Durante el encuentro, el Gobierno también abordará con las comunidades sus planes para reducir el sector público, aunque Beteta ha asegurado que el Ejecutivo se limitará a pedir a los diferentes territorios que cumplan lo comprometido un año antes.

   Asimismo, se abordará el establecimiento de sanciones en los términos que marca la UE para aquellas comunidades que no cumplan sus objetivos de déficit y deuda, que no podrán disfrutar de los beneficios de financiación a los que accederán los territorios que sí cumplan. "El premio está ahí, no solo hay un riesgo reputacional", ha subrayado Beteta.

   Antes de celebrar el CPFF, el Gobierno se reunirá mañana con las 12 comunidades gobernadas por el PP para fijar la postura de cara a la reunión de la semana que viene. El encuentro estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, acompañado del propio Beteta y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

   El principal objetivo de los dos encuentros será, según Beteta, hablar de estabilidad presupuestaria y de la nueva ley que tendrán que aplicar tanto el Estado como las comunidades y los ayuntamientos, tras la desviación de dos puntos del déficit público de 2011 debido, en parte, a la "importante desviación" de las comunidades (unos 15.000 millones).

   Preguntado por si Rajoy podía haber tenido acceso antes a la información del déficit público desde la oposición, Beteta ha asegurado que "obviamente no", porque fue el Gobierno saliente el que certificó la cifra del 6% en el traspaso de poderes. "¿Por qué mintió? pues mintió", ha dicho.

   Según ha dicho, el Ejecutivo 'popular' tomó dos decisiones cuando conoció los datos reales: informar a los ciudadanos y solucionar el problema con medidas "dolorosas" que afectaban tanto a los ingresos como a los gastos, al solicitar un esfuerzo "especial", aunque "proporcional" a los ciudadanos.

La mayoría de CCAA no convocarán oposiciones para Secundaria

MADRID.- La "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de Secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10 por ciento, según afirman los responsables de Enseñanza Pública de FETE-UGT y FE-CCOO. 

   Sólo Andalucía, País Vasco y Cantabria han anunciado la oferta de empleo público para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La primera lo hizo el pasado martes 27 de diciembre, antes de la aprobación del decreto de recortes del Consejo de Ministros para 2.389 plazas; la segunda lo hizo a principios de diciembre para 556 plazas; y la tercera, la semana pasada para entre 22 y 25 plazas.

   Sin embargo, cabe la duda entre los sindicatos que el Ejecutivo dé luz verde a las plazas anunciadas por Andalucía, pues se trata una convocatoria para cubrir casi el 30 por ciento de la tasa de reposición, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz antes del anuncio de la congelación de empleo público del Gobierno central, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial de esta comunidad.

   Aunque algunos responsables autonómicos han manifestado su "voluntad" de ofertar empleo público para el profesorado, como es el caso de Canarias, hasta ahora ningún consejo de Gobierno autonómico, excepto Andalucía, País Vasco y Cantabria, ha aprobado una medida de esta naturaleza.

   En Baleares, la Conselleria de Educación ya ha asegurado que no llevará a cabo oposiciones para profesores de Secundaria en el 2012 por "falta de tiempo y de presupuesto", si bien la voluntad es llevar a cabo oposiciones en 2013, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita.

   En Castilla-La Mancha se suspendió la oferta pública de empleo tras las elecciones autonómicas y en Castilla y León hay anunciada una congelación de la misma. Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha indicado que va a esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas para así evitar el 'efecto llamada'.

   "El Gobierno ha puesto a las comunidades autónomas el camino fácil para no convocar", afirma el responsable de Enseñanza Pública de FE-CCOO, Luis Castillejo, que añade que después de los "problemas" que hubo en 2011 por las plazas de maestros de Infantil y Primaria en "muchas" comunidades autónomas, donde la tasa de reposición era del 30 por ciento, 2012 se prevé "indudablemente peor", pues a la reducción de este límite se suman los recortes en varias autonomías en materia educativa.

   "La mayoría de las comunidades no van a querer convocar", asegura Castillejo. A su juicio, aunque se trate de "muy pocas plazas", hay miles de aspirantes y, por tanto, las comunidades autónomas van a tener que hacer frente al mismo esfuerzo logístico y económico que supone convocar miles de plazas más.

   No obstante, insiste en que su sindicato va a presionar a las comunidades para que convoquen el mayor número de plazas posibles para cumplir al menos con el diez por ciento de reposición.

   Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero, explica que todavía la comunidad educativa permanece a la espera de lo que va a pasar con la oferta de empleo público para el profesorado, pero al igual que Castillejo opina que va a ser "más complicada" que la de 2011.

   Sobre la situación de Andalucía, Rodero apunta que el decreto del Ejecutivo central no tiene carácter retroactivo y, por tanto, el anuncio de las plazas en esta comunidad estaría dentro de la legalidad. No obstante, aboga por que "cuanto antes" se reúnan los responsables de empleo andaluces con el Ministerio de Hacienda para aclarar este asunto que afecta a miles de opositores.

   En las oposiciones de 2011, tras varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado, la Junta andaluza logró sacar adelante las 3.796 plazas previstas para el concurso-oposición de Infantil y Primaria ofertando 2.200 de ellas como "consolidación de empleo" y las 1.596 restantes como verdadera oferta de empleo público docente.

   Sin embargo, para este año, según advierte el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, "el decreto Ley minimiza lo de la consolidación de empleo", por lo que este sindicato tendrá buscar fórmulas para mantener la legalidad de la oferta andaluza.

   Como se trata de un tema "muy interpretable", CCOO, ANPE y CSI-F han pedido a la Consejería de Educación andaluza que diga "cuanto antes" qué va a pasar con las oposiciones para dar certidumbre, sobre todo, a los aspirantes a una plaza.

   "No va a ser fácil que el Gobierno (central) acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las plazas con el Estatuto Básico que permitía consolidar el empleo interino. Así que la negociación de este año va a ser mucho más dura y complicada, pero somos partidarios de que se libre esta batalla, que es totalmente necesaria", defiende el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla.

Valcárcel será multado por el Ayuntamiento de Murcia por unas obras irregulares en su piso

MADRID.- odavía no se sabe cuál será la cantidad, pero Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y presidente regional del PP, será multado por el Ayuntamiento de Murcia, presidido por el secretario regional del partido, Miguel Ángel Cámara, por una obra ilegal, realizada antes de la aprobación definitiva de un plan especial necesario. La multa será el peaje para legalizar la obra, según El Confidencial.

Lo que ha sido durante meses la comidilla del todo Murcia, ha terminado en un esperpento urbanístico digno de otros tiempos. Valcárcel pertenece a una modesta cooperativa de pisos valorados a su terminación en un mínimo de un millón de euros, situada en pleno centro de la capital regional: el antiguo edificio del Banco Exterior de España, en la Gran Vía Escultor Salzillo, número 9.

En la reforma de ese edificio, contestada por los vecinos de casas colindantes, se han sobreelevado tres viviendas de 283, 219 y 170 metros cuadrados que ocupan el espacio que anteriormente era terraza, cuarto de máquinas de ascensores y vivienda del portero, sumando dos plantas habitables a las ocho que originalmente tenía el edificio.

Y todo ello está casi terminado sin que anteriormente la Concejalía de Urbanismo hubiera aprobado el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que autorizara esas plantas habitables suplementarias en el edificio. La ceguera de la Concejalía deber ser absoluta, pues las obras comenzaron hace tres años en el mismísimo corazón el casco histórico de Murcia.

La mayoría de la sociedad cooperativa promotora está formada por dos notarios, un magistrado de la Audiencia Provincial, un economista, un abogado, dos empresarios y tres médicos, además del propio presidente de la comunidad autónoma.

Al último pleno municipal el concejal Fernando Berberena llevó el expediente de aprobación de ese PERI, que fue aprobado con la salvedad de imponer una multa por valor de 5% de la obra actualmente ejecutada a los propietarios de los áticos, uno de ellos el propio Ramón Luis Valcárcel, a través de la titularidad de su esposa, Charo Cruz.

En el pleno, el concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya-Angeler, se abstuvo, puesto que también forma parte de la modesta cooperativa junto a Valcárcel y otros conocidos prebostes de la sociedad regional, no directamente sino a través de sus esposas. Entre ellos está Josías Martínez Fajardo, ex concejal socialista de Urbanismo en Lorca, de donde también procede el presidente de la cooperativa, Pedro Martínez Manzanares.

En el pleno también se abstuvo la concejal María Isabel Valcárcel, hermana del presidente regional. El resto de ediles del PP, incluido el alcalde, votó a favor del PERI. La oficina de prensa municipal informa de que todavía no se sabe la cantidad de la multa, puesto que está siendo evaluado el valor de la obra que era ilegal hasta que el pleno aprobó el PERI.

La oposición (PSOE e IU) puso el grito en el cielo, convencida como está que ese PERI no se puede aprobar porque el edificio que fue sede del Banco Exterior está catalogado y protegido por el plan general de Urbanismo y por el Plan Especial del Casco Histórico Artístico (PECHA).

“Esto es una modificación a la carta que beneficia en exclusiva a unos determinados promotores en detrimento del interés general”, declara Marcos Ros, edil socialista y arquitecto, pues asegura que el PERI autoriza más edificabilidad de la que el PGOU permite en la zona. “El derecho no se puede utilizar a la carta: ese edificio tiene agotada su edificabilidad”, dice por su parte Esther Herguedas (IU-LV).

Los olivos y las palmeras, esperanza de la agricultura palestina

GAZA.- La franja de Gaza superpoblada, aislada y empobrecida tiene escasos recursos. Los palestinos dependen en un 80% de la ayuda humanitaria de la ONU que les llega a través de Israel. La actividad agrícola, que tradicionalmente ha representado el medio de vida de la población, se ha hecho muy difícil, el agua escasea y los agricultores tienen un acceso problemático a sus tierras. Los olivos y las palmeras los han alimentado en los peores momentos y cuentan con ellos para sobrevivir. 

 

«En tiempos difíciles sobrevivimos gracias al aceite de oliva. Durante la última guerra, muchos que no podían dejar sus hogares tenían solo este producto y pan para mantenerse por largos periodos», dice Ahmed Sourani, del Comité Palestino de Alivio Agrícola. Incluso durante la primera Intifada (levantamiento palestino contra la ocupación israelí), los olivos y el aceite de oliva fueron vitales. «Permitieron sobrevivir a muchos miles de familias palestinas muy pobres. Cuando el ejército israelí nos impone toques de queda, es nuestra principal fuente de alimento. La mayoría de los estudiantes llevan como almuerzo a la escuela emparedados de za'atar (serpol, una variedad de tomillo) y de aceite de oliva», explicó Sourani.

Esta fuente de alimento fue el blanco de Israel durante años. En noviembre de 2008, Oxfam informó que, desde 2000, se habían destruido 112.000 olivos en la franja de Gaza. «Según las autoridades israelíes, la 'zona de exclusión' que prohíbe a los palestinos estar en su tierra, es a 300 metros de la frontera de la Línea Verde entre Gaza e Israel. Pero en realidad se extiende mucho más allá de 600 metros, abarcando el 30 por ciento de las tierras agrícolas de Gaza», señala Sourani.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cita áreas de hasta dos kilómetros dentro de las fronteras de Gaza que han quedado inaccesibles debido a la política de disparos, bombardeos e intrusiones de Israel. Según el Comité Palestino de Alivio Agrícola, más del 42 por ciento de los 175 kilómetros cuadrados de tierra arable de la franja fue destruido durante las invasiones y operaciones israelíes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que solo la última guerra de Israel contra Gaza destruyó hasta el 60 por ciento de la industria agrícola.

Pese a la campaña sistemática de destrucción de olivos, Sourani informa de que «algunas áreas de Gaza todavía tienen árboles centenarios». Esto ocurre particularmente en los barrios de Zaytoun, Sheyjayee y Tuffah. De todos modos, estos ejemplares antiguos constituyen una cantidad ínfima, y el promedio de edad de los olivos es de unos cinco años.

En vista de que las tierras agrícolas de Gaza están cada vez más yermas, el Ministerio de Agricultura de la franja plantea una resistencia no violenta a la destrucción de este sector por parte de Israel. Ahmad Fatayar, de ese ministerio, señala que con el paso de los años, incluidos durante y después de la ocupación de la franja, se diseñaron políticas e incentivos económicos impulsados por el estado judío para obligar a los agricultores palestinos a dejar de cultivar árboles en sus tierras, para que trabajaran en invernaderos o como obreros en Israel.

Después de que las aplanadoras israelíes arrasaran sus tierras, a los palestinos les resultó difícil, si no imposible, cultivar sus olivos. «Hemos creado un programa para cultivar un millón de olivos en toda la franja de Gaza, particularmente en la zona de exclusión, que ha sido ampliamente destruida», dice Fatayar que enumera una gran variedad de beneficios y usos de los olivos. «Pueden cultivarse en calles, patios escolares y frente a las casas, y pueden soportar periodos muy secos y agua salada, pueden almacenarse durante largos periodos y se usan en varias industrias, como la de los alimentos, forraje, carbón, compost y medicinas», señala. Para una familia palestina media, de ocho miembros, «dos o tres olivos dan el aceite y las aceitunas necesarias para el consumo anual», añadió.

Según Sourani, aparte  de sus aspectos nutritivos y económicos prácticos, los olivos son importantes por muchos más motivos. «Los palestinos consideran que el olivo es un símbolo de la tierra, de la independencia, la paz y la dignidad», y añade «Usamos el aceite de oliva para todo, incluso para el cabello. Cuando estamos enfermos, nos frotamos el cuerpo con este producto. Incluso se usa como cosmético: lo empleamos para hacer 'kohl', para los ojos. Las hojas de los olivos son medicinales y pueden utilizarse en la industria farmacéutica, y como té para tratar la diabetes y el dolor de estómago», detalló.

Buena parte de la demanda de aceitunas y aceite de Gaza, en la que viven 1,6 millones de palestinos en 365 kilómetros cuadrados, la cubrían antes los agricultores de la ocupada Cisjordania. «Ahora solamente obtenemos una pequeña cantidad. El resto viene de Siria, Líbano, Egipto y España. Pero seguimos prefiriendo el aceite de oliva de Palestina: el Surri, que data de la era romana», dice Sourani.

El plan de autosuficiencia del Ministerio de Agricultura también incluye el cultivo de palmas datileras. Como los olivos, las palmas datileras son de especial importancia histórica, nutricional, económica y cultural para los palestinos. «Son una importante fuente de nutrición, son muy productivas y no cuesta mucho cultivarlas», señaló. Las palmas datileras pueden cultivarse en apenas uno o dos metros cuadrados. Una sola de esas palmeras puede producir hasta 200 kilos de dátiles. En unos siete años una plántula genera una palmera con frutos y otras 10 plántulas.

Según estimaciones del Ministerio, para 2020 habrá aproximadamente tres millones de plántulas, muchas de las cuales darán sus frutos.