MADRID.- Aunque en plena campaña electoral va a celebrarse en Madrid otra nueva manifestación a favor del sistema público de pensiones, el
próximo 16 de octubre, los partidos políticos, enfrascados en su
particular guerra por el poder, siguen sin aportar soluciones de futuro a
las prestaciones de casi nueve millones de votantes directos más otros
cuatro millones más que dependen también de la prestación principal. Lo
que es evidente es que los partidos no concurrirán a las nuevas
elecciones generales de noviembre sin al menos garantizar la revalorización de las pensiones con el IPC, a juicio de vozpopuli.com.
La novedad es que es que la recaudación por cotizaciones hasta julio supera con creces el gasto en pensiones contributivas,
es decir, aquellas que causan derecho y que se corresponden con el pago
de las cuotas correspondientes durante la vida laboral. La Seguridad Social
consiguió recaudar en los siete primeros meses del año (últimos datos
disponibles) 71.745 millones de euros por las cuotas de los trabajadores
y de las empresas. Supone un incremento del 7,87% respecto al año
anterior, a la espera de la repercusión de la desaceleración económica
en el empleo que ya se observa, y se debe al alza del Salario Mínimo Interprofesional para el régimen general y al leve repunte de los salarios, en particular el de los empleados públicos.
Mientras, gastó 72.866 millones en abonar
el conjunto las pensiones (un 6% más), tanto contributivas como no
contributivas, incluida la paga extra. A esta cifra de gasto hay que
sumar también otros 6.819 millones (un 31% más) por el abono de una
serie de subsidios, entre ellos la
incapacidad temporal o las prestaciones por maternidad. Es decir, los
ingresos van como un tiro, y también los gastos en las prestaciones,
aunque en menor medida. Todo esto llevará a que, una vez computado el
resto de gastos inherentes a la gestión del sistema público, las cuentas
oficiales, tal como están estructuradas en la actualidad, arrojen a fin
de año un nuevo déficit superior a los
16.000 millones (1,3% del PIB). Pero, si la Seguridad Social sólo
tuviera que pagar las pensiones contributivas, es decir, las que se
reciben por haber cotizado, las cuentas registrarían un superávit que a
fin de año superaría los 16.000 millones.
Es el precio que supone para el sistema público que todos los gobiernos
hayan utilizado la caja de las pensiones, financiada sólo por los
cotizantes (sin aportaciones del Estado), para pagar otros pagos que, al
tratarse de decisiones políticas, deberían abonarse con cargo a la
recaudación que obtiene el Estado. En particular, con la caja de los
impuestos satisfechos por el conjunto de los contribuyentes. El problema
es que los partidos políticos han asignado al sistema el pago de pensiones no contributivas, como las de viudedad (19.401 millones en 2019), orfandad (1.571 millones) y a favor familiar (291 millones) o subsidios como la prestación por maternidad o paternidad (2.558 millones).
A lo que se añade otras partidas interesantes, por ejemplo, que los funcionarios
adscritos cobran de la caja de las pensiones y no del Estado (2.400
millones anuales) o que el Gobierno no reintegre a la Seguridad Social
los 3.700 millones anuales que deja de percibir la caja por las
subvenciones a la contratación que han decidido los grupos políticos
para reducir artificialmente la estadística del paro.
Peso muerto
Muchas de estas ayudas han sido calificadas de “peso muerto”, es decir, se trata de subvenciones
que el empresario realizaría sin tener bonificación alguna. Pero,
ninguna de las distintas reformas del sistema público realizadas hasta
ahora se ha ocupado de cambiar de caja a estas asignaciones no
contributivas reduciendo o suprimiendo incluso paulatinamente su gasto
mientras que el Estado debería meter en cintura sus cuentas para
afrontar estas partidas. Tan sólo se han ocupado de reducir el gasto en
pensiones dificultando el acceso o minorando la prestación. Falta una
reforma que dirima que el sistema público de pensiones sólo tenga que
pagar las prestaciones de jubilación, incapacidad o de enfermedad de
quienes han cotizado por ello, y que el Estado, con el dinero de todos
los españoles, asuma las prestaciones no contributivas.
Por tanto, la caja de las pensiones se ha utilizado para atender pagos
que no le corresponde. De esta forma, el Estado no ha puesto ni pone un
solo euro para pagar las pensiones contributivas ni las no
contributivas, que se han adjudicado al sistema, tal como hacen la
mayoría de los países de nuestro entorno.
Partidas ajenas a la Seguridad Social
Al
contrario, la Seguridad Social lleva más de 40 años abonando partidas
que no le corresponden y que dilapidan su principal fuente de ingresos:
las cotizaciones. Incluso, los gobiernos han añadido al sistema cohortes
de regímenes deficitarios y mutualismos privados de grandes empresas.
Es decir, los partidos políticos, en busca de réditos electorales, han
montado con la caja de los cotizantes un sistema de protección social
(gasto social) para el conjunto de ciudadanos sin la contribución
económica del Estado, ni siquiera para abonar las prestaciones no
contributivas y subsidios que le ha endosado.
De esta forma, la crisis económica y del empleo ha
aumentado el déficit ‘trasvasado’ del sistema público de pensiones
actual mientras que ha enmascarado el déficit real del Estado en
términos presupuestarios.
Incluso, José Luis RodríguezZapatero estuvo a punto de que la Seguridad Social se hiciera cargo de la aplicación de la Ley de Dependencia.
Años atrás, la caja de las pensiones se encargó también del coste
durante varios años de la universalización de la sanidad o del
complemento a mínimos de las pensionistas que no había cotizado lo
suficiente para tener derecho a una prestación básica.
Fondo de reserva
Según un estudio
realizado por CCOO, si el Estado no hubiera utilizado la caja de los
cotizantes a lo largo de su Historia, ahora mismo habría un Fondo de
Reserva superior al medio billón de euros y no habría que preocuparse de
los efectos demográficos ni del denominado ‘baby boom’ (generaciones
plagadas de familias numerosas de finales de los años 60 que llegarán a
partir de 2020 a la prestación).
Que el Estado asuma
con la caja de impuestos de todos los españoles los gastos no
contributivos de protección social, que ahora paga la Seguridad Social,
ha sido planteado directamente por los sindicatos y algunos grupos
políticos en la Comisión de Pacto de Toledo
para incluir en la reforma siempre pendiente. Incluso, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España han
recomendado al Gobierno que actúe en esta línea o que incremente los
ingresos del sistema público.
Los gobiernos de turno se resisten porque los impuestos no dan mucho más
de sí y se verían obligados a realizar un drástico ajuste del gasto en
el conjunto de las administraciones públicas para obtener recursos. Esta
solución no figuraba en ninguna propuesta de los programas de los
partidos políticos en las últimas elecciones ni tampoco aparecerán en
las que tendrán lugar en noviembre. Ni siquiera constaba entre las 370
propuestas de Sánchez a Iglesias para su apoyo en la fallida
investidura.
Por tanto, las pensiones contributivas actuales no tienen
problema alguno para financiarse con las cotizaciones recaudadas.
Registran un potente superávit. No ha habido problemas ni en los peores
años de la crisis económica Incluso podría haber margen para reducir las
cuotas a los empresarios.
Ingresos por cotizaciones
Por
primera vez desde 2008, si no se deteriora gravemente el mercado
laboral en los próximos meses, el Gobierno de turno va a cumplir el
objetivo de ingresos por cotizaciones. Incluso lo va a superar. Esos
71.745 millones de ingresos (derechos reconocidos) hasta julio equivalen
a una media mensual de 10.249 millones. Por tanto, si la situación no
empeora mucho, la caja de ingresos por cotizaciones a finales de año podría sumar casi 123.000 millones, 8.000 millones más (7%) sobre la cifra prevista en los presupuestos (115.000 millones).
Esos 123.000 millones son de largo suficientes para
abonar las verdaderas prestaciones contributivas: pensiones de
jubilación (86.146 millones); pensiones de invalidez de los trabajadores
(12.382 millones), así como los subsidios por incapacidad temporal de
los cotizantes (7.979 millones). En total, estas prestaciones previstas
suman 106.507 millones. Es decir, las cuentas del sistema público
tendrían un superávit en 2019 de unos 16.500 millones, más del doble que
el registrado en 2017 (7.718 millones) si se detraen las pensiones no
contributivas colgadas al sistema.
Esa cifra sería
superior si el Estado abonara también, como le corresponde, los sueldos
de los funcionarios adscritos a la Seguridad Social y, por ejemplo, las
bonificaciones a la contratación. Las pensiones contributivas nunca han
registrado déficit real alguno a tenor de las cotizaciones recaudadas.
Ni siquiera en los peores años de la crisis. Por ejemplo, el peor
ejercicio fue en 2016, con un superávit de sólo 5.068 millones, muy
lejos del mejor año, 2008, con una diferencia favorable entre ingresos
de los cotizantes y gasto en estas pensiones de 34.142 millones.
En los
siete primeros meses del año, es decir, hasta julio el superávit es de
7.000 millones como consecuencia de haber ingresado la Seguridad Social
71.745 millones por cotizaciones y haber gastado 64.774 millones en
pensiones causadas por derecho por haber satisfecho las cuotas
correspondientes para la jubilación, invalidez e incapacidad temporal.
