VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el Partido Popular Eduardo Zaplana tiene todas las papeletas para pasar sus primeras Navidades en la cárcel de Picassent. La magistrada del caso firmó este lunes la prórroga del secreto de sumario, lo que implica que el criterio de mantener al Molt Honorable entre rejas continua en vigor.
El
 motivo de la prórroga, y por ende de que Zaplana siga en la cárcel de 
Picassent, es que la requisitoria de información financiera realizada 
por los investigadores a países extranjeros, entre ellos varios paraísos
 fiscales, no ha llegado todavía al juzgado. 
Según ha podido saber Valencia Plaza,
 en principio se esperaba que dicha información llegara a lo largo del 
mes de diciembre, lo que supondría que entre finales de mes y principios
 de enero se podría levantar el secreto que pesa sobre las actuaciones y
 abrir una posibilidad a la excarcelación de Zaplana.
Sin
 embargo, las mismas fuentes aseguran que, como casi siempre que se 
solicita algo al extranjero, los tiempos se dilatan más de lo 
conveniente. Si algo tienen claro las fuentes es que los investigadores 
creen que existe un riesgo real de destrucción de pruebas por parte de 
Zaplana si sale de forma precipitada de prisión, es decir, antes de que 
llegue la información requerida.
Aznar
La prórroga llegaba el mismo día que el expresidente del Gobierno José María Aznar
 mostraba su solidaridad con Zaplana e instaba a "resolver de manera 
humanitaria" la situación del que fuera ministro de Trabajo durante su 
mandato. 
Aznar se pronunció de esta manera al inicio de su intervención 
en la clausura del III Foro Ideas Faes sobre financiación y fiscalidad 
celebrado este lunes en València.
El 
expresidente del Gobierno recordó a los presentes que Eduardo Zaplana 
padece una leucemia "con riesgo de muerte" y destacó que el Estado de 
Derecho "no es incompatible con la compasión ni con el sentido 
humanitario". 
Por ello, aunque resaltó su respeto por las decisiones 
judiciales, Aznar consideró que la situación del exministro "debería 
resolverse de manera fácil, humanitaria y compasiva".
Pero la solidaridad con el preso Zaplana 
no solo ha llegado desde el PP. Otros políticos como la vicepresidenta 
del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata,
 también se han mostrado contrarios a que Zaplana siga encarcelado. 
Todos ellos coinciden en los motivos: la enfermedad del expresidente y 
las razones humanitarias.
'Operación Erial'
El
 exministro cumplió el pasado sábado seis meses en prisión. Una 
situación, la de preso preventivo, que mantiene junto a sus presuntos 
testaferros principales, Joaquín Barceló y Francisco Grau, desde que todos fueran detenidos dentro de una trama de blanqueo de capitales bautizada como Operación Erial.
Según el sumario, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; su ex jefe de gabinete Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
Según el sumario, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; su ex jefe de gabinete Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
La Fiscalía 
Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrean el supuesto 
blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas
 presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la 
concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al 
frente de la Generalitat. 
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción.

 
 






