La Audiencia Nacional imputa a cinco directivos de la antigua cúpula de Caja Mediterráneo

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco antiguos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, según el auto dictado el pasado 28 de junio.

Los primeros en declarar el próximo 10 de julio serán el ex director general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol y el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb. Al día siguiente, 11 de julio, declarará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo.

El día 12 está citado a declarar el ex director general de la CAM Roberto López Abad y al día siguiente, 13 de julio, comparecerá la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós.

Todos ellos serán los segundos directivos de cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España que comparecen ante la Audiencia Nacional, tras los antiguos gestores de Caja Castilla La Mancha, que declararon en febrero de 2011.

El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, cuyos administradores elaboraron los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Alcalde y concejales del Ayuntamiento de Murcia no quieren homogeneizar el sueldo

MURCIA.- El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna, ha lamentado el rechazo de PP, IU y PSOE, a la moción presentada en el Pleno de junio por la formación magenta en calidad a homogeneizar los salarios y retribuciones de alcalde y concejales.

   Máxime, ha señalado el edil, cuando algunas de estas formaciones se han manifestado, tanto en el ámbito nacional como regional, de acuerdo en homogeneizar las instituciones, pero ante esta iniciativa, ha matizado, "se nos acusa de que queremos acabar con la democracia y se nos responde con descalificaciones, evadiéndose el tema de fondo y presentándose mociones alternativas, como ha ocurrido en Murcia".

   Así, se ha mostrado extraño porque IU y PP presentaran una moción alternativa, instando a que la Federación de Municipios sea quien inicie las recomendaciones, valore o estudie los sueldos de alcaldes y concejales, cuando "no tiene capacidad ni competencia alguna para decir a nadie lo que tiene que hacer"; además, las recomendaciones "se pueden o no escuchar".

   A su parecer, el objeto de esta moción alternativa es la de no votar la moción de UPyD y evitar, en este sentido, "pronunciarse". Serna ha declarado que "PP, IU y PSOE no quieren ni tienen ningún interés en entrar en el debate de homogeneizar los salarios de alcaldes y concejales, aunque a veces lo comenten y lo anuncien en sus actos los fines de semana" y lamentablemente "esa reforma no se va a iniciar porque no les interesa".

   Se trata de una iniciativa que está realizado la formación magenta en todo el territorio español porque, según explica Rubén Serna, "pensamos que hay una gran disparidad entre los sueldos y ediles de los diferentes municipios".

   El problema es que hay concejales y alcaldes que tienen sueldos, en muchos casos, "desorbitados", cobrando más que un presidente de Gobierno o un ministro; otros, sin embargo, son insuficientes.

   UPyD piensa que esto es algo que tiene que regularse "con criterios objetivos", ya sea de población, presupuesto municipal o nivel de deuda, "y de forma homogénea" para todo el territorio nacional.

   Y es que, ha argumentado el concejal Rubén Serna, mientras el alcalde de Arganda del Rey cobra 77.118 euros, 101.000 euros la alcaldesa de Madrid y el primer edil de Barcelona, 110.000 euros, el presidente del Gobierno cobra 78.000 euros y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, 66.912 euros.

   En Alcobendas o Las Rozas, el alcalde cobra 97.000 euros, en Pozuelo, 85.000 euros, y el alcalde de Molina de Segura, 72.192 euros. Respecto a concejales y portavoces, Serna señala que un portavoz de UPyD en un pueblo como Arganda del Rey cobra 66.500 euros, en Madrid 93.898 euros y en Murcia 49.000 euros. "Un auténtico disparate", ha exclamado.

   Para Serna "hay una absoluta disparidad" por lo que considera que "al no haber una ley o un documento legal que establezca un criterio homogéneo y homologable a todo el territorio nacional, esto queda al arbitrio del alcalde, corporación o Gobierno regional de turno".

   A su juicio, sería importante "que haya una homogeneización de las retribuciones", así como que no se pudiera cobrar por dos cargos orgánicos diferentes, "ni dietas de uno y otro sueldo".

"Sacyr" se marcha del proyecto aeroportuario de Corvera

MURCIA.- El grupo accionista mayoritario del Aeropuerto Internacional de Murcia (Aeromur), Sacyr, ha puesto a la venta sus acciones, según adelanta hoy 'La Opinión', algo esperado por otra parte tras la salida del murciano Luis del Rivero de su presidencia tras exigir al Gobierno regional un aval de 200 millones de euros para acometer la obra civil del proyecto estrella del presidente Valcárcel; aval a punto de renovación pese a la situación crítica por la que atraviesa la tesorería de la Comunidad Autónoma de Murcia y las exigencias de austeridad de Bruselas y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En determinados ambientes madrileños se asegura estos días que el Gobierno de Rajoy está determinado a no cerrar San Javier, exigencia básica puesta como condición 'sine quanon' hace dos meses por 'Sacyr' para continuar en Aeromur y ser el motor de la puesta en marcha de Corvera. Ese cierre no se producirá por un criterio militar elemental de defensa nacional y porque en Madrid están más que convencidos de que Corvera será, en cualquier caso, un río de pérdidas para la Comunidad Autónoma porque finalmente tendrá que hacerse cargo de su gestión y explotación, aval de 200 millones de euros aparte.

Las instalaciones de obra -que no las de dotación tecnológica- están prácticamente terminadas pero han surgido esos problemas con el Gobierno central, que dificultan su puesta en marcha e inauguración, hoy ya sin ninguna fecha. A eso hay que sumar, la incógnita del número de vuelos que pudiera tener en un futuro inmediato, nada despejada por cierto ante el muy reciente buen trato añadido dado por el Ministerio de Fomento al aeropuerto de San Javier en comparación con otros 17 aeropuertos españoles de su categoría.

Esta crisis letal, del aún proyecto denominado Aeropuerto Internacional de Murcia, ha cogido por sorpresa a los demás inversores, todos ellos de capital regional, como son Caja Murcia, la CAM (prácticamente en quiebra técnica ambas) y las empresas familiares Fuertes, Monthisa y Cementos La Cruz (pasando la crisis como pueden al igual que la gran mayoría de empresas murcianas), después de ser clasificados como bonos basura los puestos a la venta tras ser emitidos por el gobierno regional y las resistencias de Génova 13 a facilitar movimientos especulativos como alimento de delirios de grandeza sin sentido alguno, tal es el caso de Corvera, Castellón y Ciudad Real, por lo que estamos ante la 'estación termini' de un empecinamiento de la pirámide de intereses en torno a Valcárcel.

El Instituto de la Vivienda y la Asociación Habito realojan a cinco familias con riesgo de exclusión social

MURCIA.- El director del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (IVS), Cristóbal Moreno, y representantes de la Asociación Habito Murcia se reunieron esta semana para continuar con su labor de adquisición de viviendas para el realojo de ciudadanos con riesgo de exclusión social.

   Tal y como acordaron, en breve plazo de tiempo se reunirá la comisión de seguimiento del convenio de colaboración vigente hasta final de año, que ya ha posibilitado la adquisición de viviendas para el realojo de cinco familias en las localidades murcianas de Alquerías, Cabezo de Torres, Puente Tocinos y Torreagüera.

   Cristóbal Moreno subrayó la labor de Habito en la Región de Murcia y les comunicó la intención de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de "continuar realizando conjuntamente programas y actividades que contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda a ciudadanos en riesgo de exclusión social, especialmente los de la comunidad gitana".

   Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron la celebración de unas jornadas que sirvan para analizar la situación de las personas en peligro de exclusión y que contribuyan a establecer nuevos mecanismos que ayuden a erradicar el chabolismo y la infravivienda, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así, el director del IVS se comprometió a estudiar la propuesta de Habito sobre que la financiación de las conferencias se realice a través de los Fondos Europeos, así como aprovechar los recursos del Plan Europeo de Inclusión de la Comunidad Gitana.

   Moreno señaló que "es imprescindible la participación en estas jornadas de representantes de la Comisión Europea y también de los municipios, porque son la primera instancia a la que recurren las familias a las que nos dirigimos a través de convenio".

Piden a la Consejería de Sanidad que no aplique el copago farmacéutico por ser "injusto, ineficaz y regresivo"

MURCIA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad y Política Social que no aplique el copago farmacéutico.

   Rosique denunció que "el Gobierno de Rajoy ha introducido una medida regresiva, como es el copago en medicamentos, una medida que rechazamos por injusta e ineficaz", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   El Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impone un copago a los pensionistas, obligándoles a pagar los medicamentos por primera vez. Además, las personas en activo pagarán también, al menos, un 25 por ciento más de lo que pagan ahora al pasar del 40 al 50 por ciento del precio del fármaco.

   "Este es el primer paso que Rajoy y el Gobierno regional dan en relación con el copago. En noviembre entrará el vigor para transporte sanitario, prótesis externas y productos dietéticos, utilizados por personas mayores y enfermos de cáncer. Quedará aún un tercer nivel con la cartera accesoria de servicios que el Gobierno de Rajoy todavía no ha desvelado", ha indicado.

   Así, ha explicado que el copago afectará especialmente a las capas de población más vulnerables y con más necesidades (personas mayores, pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, sobre todo).

   Por ello, el Partido Socialista muestra "su más absoluto rechazo" a las medidas del copago farmacéutico del Partido Popular. Rosique añadió que este copago, "además de injusto, puede llevar a un deterioro de la salud de muchos pensionistas, que abandonarán sus tratamientos para no pagarlos, según han manifestado distintas fuentes de profesionales y economistas de la Sanidad".

   España tiene un sistema público de salud que se encuentra entre los más económicos de la OCDE y entre los más eficientes. "Quienes argumentan que es insostenible no lo hacen por razones económicas, sino ideológicas", ha subrayado.

   Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la grave crisis económica que estamos atravesando no debería ser, en ningún caso, excusa para desmantelar derechos consolidados y el Estado del Bienestar.

La Asamblea de Cajamurcia aprueba la reducción de sus órganos de gobierno

MURCIA.- La Asamblea General de Cajamurcia, celebrada ayer viernes, ha aprobado la modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento electoral de la Caja para su adecuación al Real Decreto-ley 2/2012, de 3 febrero, de saneamiento del sector financiero, así como a la legislación autonómica.

   Entre los cambios aprobados se encuentra la supresión de la Comisión de Control, la reducción de miembros de la Asamblea General y del Consejo de Administración y la simplificación del funcionamiento de los órganos de gobierno, así como del sistema de elección de los consejeros generales representantes de impositores y del personal.

   En concreto, los miembros de la Asamblea General han pasado de 140 a 60, mientras que los del Consejo de Administración se reducen de 20 a 10; en ambos casos sin que se modifiquen los porcentajes de los grupos de representación: corporaciones municipales, impositores, Comunidad, empleados y entidades representativas.

   La modificación tiene como objetivo fundamental "adecuar los órganos de gobierno, los procedimientos de elección de sus miembros y su funcionamiento a la nueva dimensión económica y a su actividad, una vez acordados la segregación a favor de BMN y el ejercicio de su actividad financiera de forma indirecta".

   Por otro lado, la Asamblea General también ha aprobado el informe de gestión del Consejo de Administración de Cajamurcia del ejercicio 2011 y ha ratificado la liquidación del presupuesto y la memoria de actividades de la Fundación Cajamurcia del pasado ejercicio, así como el presupuesto y el plan de actuación para este año 2012, siempre según fuentes oficiales de la entidad.

Posición contable real primero, después ayuda financiera / Ángel Tomás Martín *

Si Luca Pacioli, llamado Luca di Borgo (1445-1510), matemático italiano y escritor del primer tratado sistemático de la " contabilidad por partida doble", que expone por primera vez como se deben llevar los libros contables, y que a pesar de los sucesivos avances, de la mecanización e informatización, se sigue manteniendo el principio de "a todo deudor corresponde un acreedor y viceversa "... si Pacioli volviera a la vida en estos turbulentos tiempos de irresponsabilidad, de ignorancia y de falta de escrúpulos con que se adornan determinados gestores, consejeros y directores generales de algunas entidades financieras, escandalizado, volvería, sin perder un minuto, a la paz de que seguro disfruta desde hace más de cinco siglos.

La contabilidad que toda empresa pública o privada tiene la obligación de llevar al día debe ser fiel reflejo de toda su actividad, y ofrecer en todo momento su situación patrimonial real, económica y financiera, indispensable para el desarrollo del fin para el que se han creado; además debe ser siempre transparente. Si no cumple con estos requisitos, o existe incompetencia, negligencia, o se pretende ocultar una gestión cuando menos reprobable.

Para cualquier observador y para los propios mercados, resulta sorprendente, que los balances de un determinado número de entidades de nuestro sistema financiero sigan sin ser fiables, a pesar de contar con expertos de alta profesionalidad en todos los organismos oficiales de vigilancia y control, y contar igualmente con censores jurados de cuentas y auditores de prestigio probado y de legal y obligada actuación. Algunos gestores han convertido la contabilidad en materia moldeable y al servicio de intereses oscuros, olvidando que debe recoger con exactitud cada operación, indispensable para la toma de decisiones y el fiel cumplimiento de los presupuestos y proyectos. En el caso de alguna de las entidades bancarias, la contabilidad generalmente es incompleta, sin respeto a los principios técnicos básicos y, en algún caso, falsa.

Si a ello añadimos que las auditorias y los órganos de control y supervisión han ejecutado su trabajo ciñéndose solo a los documentos parciales presentados, incluso sesgados u ocultados, el resultado en determinados casos es el desconocimiento absoluto tanto de su posición patrimonial como de la económico-financiera. Resulta triste y grotesco que con la excelente profesionalidad de nuestros inspectores a todas las escalas, y ante la desconfianza del BCE, del FMI y de la propia Bruselas, hayamos tenido que someternos a los test de estrés y a las valoraciones que asesores técnicos independientes exteriores (Oliver Wyman y Rolando Berger) ha estado llevando a cabo en nuestras instituciones financieras. Desconfiamos, sin embargo, que dado el corto espacio de tiempo (terminaron antes de final del mes de junio) y la complejidad contable, lleguemos a conocer con exactitud un balance creíble de la situación.

Lo anteriormente expuesto explica la amplia diferencia existente entre los cuarenta y cien mil millones de euros en que se estima alcanzarán las necesidades de nuestras entidades bancarias, para salir de su crisis. Es claro que los gestores, o no han sabido o no han querido precisar con exactitud, no solamente el valor de sus activos, sino el de su pasivo exigible. Es el caso en la memoria de algunas entidades, absorbidas o desaparecidas, cuyo estado de cuentas sigue sin el debido conocimiento público.

Es triste que con la excelente gestión económico-diplomática que recientemente han mantenido nuestros gobernantes (Mariano Rajoy, Luis de Guindos y Sáez de Santamaría), en Alemania y en EEUU, y tras conseguir un préstamo de hasta cien mil millones de euros, sigamos inmersos en la duda e inseguridad de nuestras cuentas bancarias y en la desconfianza de los mercados y bancos centrales.

El préstamo para la regeneración financiera - siendo su obtención un éxito - no deja de ser, si se alcanza el tope máximo (entorno al 10% del PIB español), cierto riesgo para el Estado el impago del mismo, al responsabilizar al FROB de la distribución a cada una de las entidades bancarias deficitarias. También asume el del pago de los intereses a los fondos europeos, que formarían parte del déficit público en el capítulo de intereses de la deuda.

Al desconocer la posición de algunos de los balances y la cuantía a que ascenderá su regeneración, surge la duda fundada de si una vez concluida la ardua tarea, fluirá el dinero a la economía real, como único camino para iniciar la salida de la crisis. Solo un camino debe seguirse en la gestión del FROB:- exigir y analizar los balances e informes necesarios de cada entidad solicitante,- calcular la cantidad necesaria a prestar para regularizar su desequilibrio, y que permita el normal desenvolvimiento de la actividad crediticia como único objetivo,- que cada operación sea supervisada controlada y autorizada por la inspección técnica del Banco de España, de probada competencia, preparación, experiencia e independencia. 

Cualquier otro organismo, comisión o controlador debe ser desechado, y que se certifique en el informe final que los activos dañados y la morosidad excesiva han sido resueltos o provisionados. Solo así, y sin que la banca haga aplicaciones de los fondos europeos recibidos a otras coberturas oficiales, ni se destinen a fines en el exterior, podremos empezar a confiar en el despegue de nuestra economía real y nos pongamos todos a trabajar y colaborar para un solo fin: la competitividad, la innovación, la internacionalización, la creación de empresas y la reducción drástica del desempleo. 

El futuro solo será el resultado de nuestra voluntad de trabajo e inteligencia, sin olvidar ser intolerantes con la corrupción, la mentira y el despilfarro. Solo con transparencia eliminaremos la inmoralidad.

(*) Economista y empresario

La AEB pide que el rescate se destine a que desaparezcan entidades débiles e inviables

MADRID.- El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha pedido que el dinero del rescate europeo que recibirá España de hasta 100.000 millones de euros se destine a que desaparezcan entidades débiles e inviables para que no perjudiquen a las solventes.

   El portavoz de la patronal incidió en la necesidad de emplear con sabiduría el dinero procedente de Europa para sanear bancos porque conllevará un coste y mal empleado puede resultar perjudicial tanto para el conjunto sistema financiero español como para España. "Nadie nos va a dar un duro, no nos van a dar nada gratis", recalcó.

   "Si nos dan dinero y lo invertimos mal, puede ser negativo, se hunde la deuda soberana", advirtió Martín. A su parecer, "si los bancos no viables siguen existiendo, los buenos se harán malos y no podrán dar créditos a la economía".

   Con este argumento, Martín enfatizó que "los bancos débiles tienen que desaparecer para que los viables lo sigan siendo.

   Martín reconoció que la actuación de algunos gestores de entidades ha mermado la reputación del conjunto y se mostró a favor de que se depuren responsabilidades en este sentido.

   "El problema no son los bancos, pero en estos momentos hay bancos, no todos, que sí han generado un problema. Si estos no existieran, el resto de los bancos no generarían problemas a la economía española", argumentó.

    "Lo que tengo que hacer es echar al señor loco que compró los activos tóxicos raros y pasarlos a un banco malo", ilustró Martín.

Valcárcel le echa ahora la culpa a Zapatero del retraso de Corvera

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha achacado el retraso en la tramitación de los expedientes para la puesta en marcha del Aeropuerto de Corvera al anterior Gobierno de España, que "no estaba implicado en el proyecto".

   El presidente ha recordado que, hace un año, el entonces delegado del Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, "negaba la posibilidad de que Aena y, por tanto, el Estado español, estuviera en este proyecto".

   "Si hace poco más de un año, hay quien negaba que el Estado se implicara en este proyecto, no estaba sino confirmando que el Estado no estaba implicado en este proyecto porque así lo decidió el anterior Gobierno de España", y esto ha provocado que "no se habían resuelto expedientes", ha añadido.

   En este sentido, ha señalado que ahora, cuando "por fin el Estado, a través del Gobierno de España se implica en el proyecto y dice que Aena va a estar presente, es cuando empezamos a resolver expedientes que nunca se habían resuelto".

   "Ahora hay quien quiere meternos prisa, pero la hemeroteca está para algo y la memoria también, y la memoria está diciendo justamente que habían negado que Aena estuviera implicado, porque no querían, porque no estaba sencillamente", ha reprochado.

   Al ser preguntado por el cumplimiento de los plazos de finalización, Valcárcel ha señalado que él está "procurándolo y trabajando día sí y día también".

   En cualquier caso, Valcárcel ha admitido que está trabajando personalmente "día sí y día también" para cumplir los plazos de puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

   Al ser preguntado en una rueda de prensa por sus gestiones para agilizar los trámites sobre el Aeropuerto, Valcárcel ha admitido que él, personalmente, hace "muchísimas gestiones, en esta o en cualquier otra cosa, porque soy presidente de la Comunidad Autónoma, así lo quisieron los murcianos y, desde luego, cuando me pongo al frente de una responsabilidad puedo prometer y prometo que ejerzo hasta el último segundo en que tenga que dejar la responsabilidad".

   Así pues, ha señalado que, en esta como en tantas otras cosas, él siempre se implica personalmente "hasta donde he de hacer gestión", porque "para eso hay un Consejo de Gobierno con sus correspondientes consejeros y sus equipos de trabajo, que tienen encomendada la labor muy específica de actuar como lo están haciendo y, además, con diligencia".

   "Siempre ha existido un equipo de Gobierno fantástico, con un consejero comprometido con un proyecto llamado Región de Murcia y, por qué no decirlo, con la comprensión y con el compromiso por parte del Gobierno de España de sacar hacia adelante más de mil expedientes que no se sacaron antes", ha añadido.

   Valcárcel ha dicho no querer mirar más al pasado porque le produce "cierta pereza intelectual", pero ha advertido que la situación "es la que es" y "por mucho que queramos negar la evidencia, tampoco nos conduciría a nada".

Tovar quiere datos concretos

El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha acusado al presidente Ramón Luis Valcárcel de mentir sobre todo lo que ha pasado con respecto al aeropuerto en los últimos años, de arreglarlo a su voluntad, "para no tener que dar explicaciones sobre lo que está pasando ahora".

   "En contra de lo que dice Valcárcel, el anterior Gobierno socialista de España sí que se implicó con el aeropuerto, sí que intentó ayudar, y la prueba es que firmó un Protocolo con la Comunidad Autónoma, que es lo más favorable que se ha hecho por Corvera hasta ahora, en el que se reconocía la necesidad de que AENA llegara a un acuerdo con la concesionaria Aeromur para que fuese AENA la que gestionara el aeropuerto", ha subrayado el líder socialista.

   "¿Por qué seis meses después de estar gobernando en España el PP no se ha avanzado en el acuerdo con AENA? ¿Por qué hay ahora más incertidumbre que hace seis meses?", se ha preguntado.

   González Tovar ha recordado que hace ya 11 años, cuando se empezó con el aeropuerto, los socialistas -que nunca nos hemos opuesto al aeropuerto- ya defendíamos la posición de que AENA debería gestionar el aeropuerto regional.

   "Sin embargo, Valcárcel dijo que no quería ayuda, que no necesitaba a nadie. Fue él el que no quiso que se implicara entonces AENA, se creía autosuficiente", ha apostillado.

   "Lo que ha pasado ahora es que, ante una mala gestión de un tema que es de su exclusiva responsabilidad, Valcárcel intenta buscar otros culpables. Y eso lo hace mintiendo descaradamente. En ningún momento el anterior Gobierno socialista de España miró hacia otro lado, y nadie negó hace un año que AENA tenía que implicarse, sino todo lo contrario: firmamos un Protocolo para que se implicara", ha reiterado.

   Tovar quiso responder específicamente a las acusaciones de Valcárcel recordándole (también está en las hemerotecas) que su posición en la anterior legislatura como delegado del Gobierno no fue sino la de decir públicamente que no era verdad que Valcárcel tuviera cerrado un acuerdo con AENA para la gestión del aeropuerto, como éste afirmaba. "Y era tan mentira que todavía, un año después, aún no está cerrado".

   "El problema de Valcárcel es que no quiere dar explicaciones", insistió González Tovar, quien puso de manifiesto que "ha habido informaciones sobre que este aeropuerto está en busca de dueño, y queremos saber si es así o no, si es que está a la venta", ha añadido.

   El líder socialista considera que Valcárcel también tiene que dar explicaciones a la ciudadanía sobre "por qué surgen ahora las gestiones sobre el espacio aéreo, por qué no se ha hecho antes ese proceso". Al hilo, ha explicado que en su etapa de delegado del Gobierno estas gestiones no estaban solicitadas. "La única solicitud que pasó por la Delegación del Gobierno fue la de el espacio transfronterizo SINGER-Este, y en un tiempo récord se resolvió y autorizó", ha aclarado.

   "Valcárcel, en vez de echarle la culpa a otros, lo que tendría que hacer sería mirarse al espejo, porque la decisión de hacer de Corvera un proyecto regional estrella, sin concurso, y sin que fuese una acción concertada, la tomó en el año 2000, cuando precisamente gobernaba en España el Partido Popular", ha subrayado Tovar.

   Ahora no hay que mirar para atrás, ha finalizado Tovar, "queremos mirar hacia delante, y tenemos derecho a saber cuándo se va a abrir el aeropuerto, quién lo va a gestionar, y cuánto nos va a costar a los murcianos. Valcárcel dice que le produce pereza intelectual hablar del aeropuerto, yo creo que es, simplemente pereza, sin lo de intelectual".

En torno a un centenar delegados sindicales se concentran frente a la sede del Banco España para protestar contra la reducción de empleo público

MURCIA.- Medio centenar de delegados sindicales, más de un centenar según sindicatos, se han concentrado este jueves frente a la sede en Murcia del Banco de España, en la Gran Vía, convocados por la Federación de Servicios Públicos de UGT y la Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO, ante la "degradación" del Estado de Bienestar que llevan a cabo las administraciones públicas, en protesta contra "la reducción del empleo público que, con la excusa del déficit, está llevando a cabo el Gobierno", y en defensa de unos servicios públicos "de acceso universal, igual y gratuito, prestados con calidad".

   Y es que han señalado bajo la pancarta 'Somos gente como tú que trabaja para ti', al enorme recorte presupuestario ejecutado por este Gobierno a través los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de entre el 12 y el 24 por ciento menos para este año en ministerios, empresas públicas y otros organismos públicos o con participación pública, se suman las leyes de estabilidad presupuestaria, ordenadas desde la UE, a través del principio de contención del gasto público".

   Estas medidas, según los sindicalistas, pueden llegar a obligar al cierre de empresas y organismos públicos ante la falta de dotación presupuestaria y la prohibición expresa de la existencia de pérdidas en las Administraciones Públicas.

   Asimismo, las organizaciones sindicales ponen de relieve la frágil situación del conjunto del Sector Público Estatal en el que, a la precariedad en el empleo, "se unen medidas impuestas por el Gobierno", como la subida de la jornada en el conjunto del sector, "que busca aligerar plantillas a la par que precarizar aun más el empleo estable".

   Esta protesta se enmarca en la campaña estatal de ambos sindicatos, según ha explicado el responsable de Acción Sindical de FSP- UGT Murcia, José Ángel García, quien ha indicado que "no es entendible que se de dinero a entidades privadas y se recorte en todo lo público".

   CCOO y UGT recuerdan que la calidad de los servicios públicos pasa por el mantenimiento del empleo público, que debido a los recortes se elimina el transporte escolar en varias pedanías, se cierran puntos de atención a Víctimas de Violencia de Género, se retrocede en las ayudas a la dependencia, las tarifas de autobús suben en Murcia un 8 por ciento, las de trenes regionales un 7 por ciento, y trenes de cercanías y grandes líneas un 6 por ciento.

   Los sindicalistas han destacado, asimismo, que los grandes bancos reducen cerca de un 40 por ciento su aportación a la Hacienda Pública, van a despedir a unos 4.000 trabajadores con la reestructuración del sector y el cierre de oficinas está provocando miles de despidos en los sectores de seguridad y limpieza.

   Al tiempo que han recalcado que el aeropuerto de Corvera "nos cuesta a los murcianos 300 millones de euros", y mientras el Gobierno regional "concederá un aval de 11 millones para la Paramount, reducen profesorado a nuestros hijos y hacen aumentar el número de alumnos por clase".

   No hay dinero para pagar las ayudas a nuestros mayores, han lamentado, pero el Ayuntamiento de Murcia concede una subvención de 600.000 euros al club de baloncesto de Murcia y mientras la Seguridad Social sigue teniendo superávit, "más del 80 por ciento de los planes de pensiones privados tienen pérdidas".

   Tras lo que se han manifestado a favor de la reducción de cargos designados a dedo y por la jubilación obligatoria de los directivos a los 65 años y contra la destrucción de empleo público "que impide la prestación de un servicio de calidad, la reforma laboral y su aplicación al sector público, que hace que su empleo sea el más precario y de menor garantías jurídicas del conjunto del empleo español".

El BEI concede un préstamo de 185 millones de euros destinados a la reconstrucción de Lorca

MURCIA.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a la Comunidad Autónoma un préstamo de 185 millones de euros que servirán para sufragar la reconstrucción y rehabilitación de edificios e infraestructuras afectados por los terremotos de Lorca el 11 de mayo de 2011, como inmuebles de uso residencial, el patrimonio artístico y cultural, carreteras y equipamientos educativos, entre otras cosas.

   El préstamo ha sido suscrito este miércoles en Murcia por la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, en un acto que ha contado además con la presencia del consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción de Lorca, Inmaculada García, y el alcalde del municipio, Francisco Jódar.

   Este dinero tendrá que ser devuelto por la Comunidad Autónoma en un plazo de 15 años y a un tipo de interés del 2,86 por ciento, aunque el crédito cuenta con un periodo de carencia de tres años en los que el Gobierno regional estará exento de su devolución.

   Valcárcel se ha felicitado por las condiciones "ventajosas" en las que se ha suscrito el crédito, que son "asumibles" para la Región de Murcia, porque ha recordado que el préstamo "lo van a pagar todos los murcianos, como es natural".

   En este sentido, Álvarez ha destacado que el primer atractivo del préstamo es que permite obtener "la liquidez necesaria, que hoy es tan difícil de conseguir en los mercados". Además, ha recordado que los pocos préstamos que se conceden tienen "unas condiciones muy difíciles de devolver", lo que "lastra las posibilidades de futuro".

   Ha remarcado que el atractivo del crédito también reside en el periodo de carencia de tres años, que permite a la Comunidad "tener un respiro y una capacidad de obtener ingresos en unos momentos mejores de la economía".

   En comparación al coste que hubiera supuesto obtener este préstamo en los mercados, ha remarcado que la Comunidad Autónoma "se ahorra el 30 por ciento sobre la cuantía total del crédito, es decir, aproximadamente 57 millones de euros". Este ahorro "va a permitir a la Comunidad llevar a cabo otra serie de acciones que no hubiera podido acometer si los hubiera aminorado de sus recursos presupuestarios", ha añadido.

   Y es que el BEI tiene "el mejor rating" y obtiene la financiación de los mercados en unas condiciones financieras "muy favorables". Como es un Banco europeo y público, no tiene "apetencia ni apetito de obtener beneficio, sino que el beneficio es servir a los intereses europeos", ha explicado Álvarez.

   En concreto, la vicepresidenta del BEI ha destacado que el 60 por ciento de esos 185 millones de euros estarán destinados a la reconstrucción de edificios con uso residencial afectados por los terremotos e, incluso, la rehabilitación de algún barrio íntegramente, como el de La Viña, que fue uno de los más afectados por los seísmos.

   En este sentido, se ha felicitado porque esta inversión va a permitir que los damnificados "puedan volver a sus hogares en condiciones adecuadas y con una habitabilidad acordes con el nivel que corresponde en el siglo XXI y, por tanto, superar las adversidades".

   Otro gran grupo de proyectos que van a ser sufragados con este préstamo son los que tienen que ver con la rehabilitación del patrimonio artístico y cultural de Lorca, con el objetivo de que el municipio "vuelva a ofrecer nuevamente su historia, para ponerla al servicio de los lorquinos, para que puedan llevar a cabo la actividad económica relacionada con el turismo".

   Entre la relación de monumentos e inmuebles históricos a restaurar a través del Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca se incluyen las iglesias y conventos más afectados, entre los que destaca la iglesia y convento de San Francisco, el Colegio de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo y la capilla del Rosario, así como las iglesias de Nuestra Señora del Carmen, San Pedro, Santa María, San Juan, San José y San Diego. También el Casino Artístico y Literario, el palacio de los Condes de San Julián, la Torre de Mena en La Hoya o el claustro de Santo Domingo, entre otros.

   Asimismo, ha indicado que las obras incluyen la rehabilitación de edificios educativos y la adquisición de equipamientos y mobiliario para escuelas, institutos y otras instituciones educativas. Entre estas actuaciones está prevista la construcción del nuevo Instituto Ros Giner, la reconstrucción de la parte antigua del instituto Ramón Arcas y la del conservatorio, como obras de mayor envergadura.

   También se contempla la rehabilitación y adecuación de carreteras regionales, como la RM-701 (Lorca-La Parroquia) y la RM-621 (Lorca- Purias).

   El alcalde de Lorca ha remarcado que Lorca "ganó el Campeonato de Europa este miércoles, antes de que se jugara la semifinal", comparando la concesión del préstamo con la Eurocopa, ya que el crédito "es como el maná que nos ha venido en unos momentos de mucha necesidad".

   Valcárcel ha agradecido al BEI "su compromiso y sensibilidad hacia Lorca, a la vez que la confianza mostrada con la Región de Murcia y con su futuro".

 "Un futuro que pasa, ineludiblemente, por la recuperación de la ciudad de Lorca, de su economía y de su vitalidad como cabeza de una extensa comarca", remarcó Valcárcel.

   El presidente de la Región mostró su satisfacción al considerar que la firma de este acuerdo "representa la solución a muchos de los problemas que tiene Lorca en estos momentos", así como "la constatación de que la magnitud del desastre requería de soluciones acordes con el calado económico, social y humano de la tragedia".

   Asimismo, se congratuló por que este acuerdo "supone una inyección financiera trascendente y decisiva que nos permitirá disponer de los recursos necesarios para realizar, de manera urgente e inmediata, importantes actuaciones de reconstrucción urbana de la ciudad", que ha calificado como "uno de los tres pilares que sustentan a la Región de Murcia".

   "Con estas cantidades", precisó Valcárcel, "se afronta la rehabilitación de viviendas y de centros educativos, la recuperación de infraestructuras urbanas, del patrimonio cultural y de las carreteras regionales".

   Unas actuaciones "absolutamente imprescindibles", que, recordó, "se ven respaldadas por otro préstamo, concedido por el Instituto de Crédito Oficial, que supone la movilización, desde la Comunidad, de más de 300 millones de euros para enfrentarnos con garantías a la reconstrucción de la ciudad". Este acuerdo, subrayó el presidente, "es una inyección de dinero, pero también de esperanza y de confianza en que estamos en el camino de la recuperación de la ciudad".

   Álvarez ha remarcado que el BEI ha financiado 2.500 millones de euros en la Región de Murcia hasta ahora, que se reparten en actuaciones del sector privado, de la Administración regional, de los municipios y del Estado en la Comunidad. De esos 2.500 millones de euros, 800 han ido destinados sólo para la Administración regional.

   Todo ese dinero se ha utilizado para financiar proyectos de infraestructuras, la construcción de hospitales y la financiación de pymes, ha añadido

El PP cree necesario eliminar empleo público

MADRID.- La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

   "Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope.

   En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.

   "Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado

   Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.

   Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.

El FROB propone a la CAM anular la ayuda por el terremoto de Lorca

ALICANTE.- Los administradores designados por el FROB propondrán a la asamblea general de Caja Mediterráneo (CAM) convocada para el próximo día 9 desmantelar buena parte de los proyectos emprendidos por la Obra Social de CAM, cuyo presupuesto anual quedará reducido a 16,3 millones de euros. Una cifra muy inferior a los 60 millones de euros que manejaba hace apenas cinco años, según adelanta 'Abc'.

De acuerdo con la propuesta que será sometida a la asamblea, la Obra Social de CAM dejará de financiar a entidades tan emblemáticas como el Patronato del Misteri d’Elx, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) -uno de los más prestigiosos de la provincia-, la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, la Fundación Museo del Juguete de Ibi y la Fundación Museo del Calzado de Elda. 

Los administradores del FROB pretenden incluso que la Obra Social anule la aportación de 2,5 millones de euros aprobada el año pasado por el consejo de administración de la caja para colaborar con la restauración del Santuario de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca (Murcia), que resultó destruido a causa del terremoto registrado el 11 de mayo de 2011.

El calzado y el juguete

De acuerdo con la propuesta que el FROB ha remitido a los consejeros generales de Caja Mediterráneo (CAM), la Obra Social dejará de aportar los 12.000 euros que abonaba cada año al Patronato del Misteri d’Elx -hasta hace poco presidido por Modesto Crespo, que también fuera presidente de la caja- para la celebración de dos conciertos anuales de la Capella.

Siempre según el mismo documento, la Obra Social abandonará el patronato de la Fundación MARQ para ahorrar 45.000 euros al año, el patronato de la Fundación Cultural Miguel Hernández para ahorrar otros 18.000 euros, el Museo del Juguete de Ibi -con idéntica aportación-, la Fundación Museo del Calzado de Elda -se ahorrará 6.000 euros-, la Fundación Universidad Empresa de Valencia -con una aportación de 9.00 euros- y la Fundación valenciana de Estudios Avanzados, lo que supondrá un ahorro de otros 12.000 euros al año.

Las entidades culturales también se verán afectadas por este drástico recorte. Si prospera la propuesta, la Obra Social CAM dejará de aportar 45.000 euros anuales al Centro de Educación Ambiental de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, cancelará los 18.000 euros anuales que aportaba al Instituto de Estudios Económicos de Madrid, retirará otros 9.000 euros anuales al Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, dejará de financiar con 78.000 euros anuales a la delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Cartagena y anulará los 12.000 euros que destinaba cada año a la Universidad de Alicante (UA) para gestionar una planta fotovoltaica y otorgar becas de investigación en energías renovables. Del mismo modo, el FROB propone dejar de aportar 12.000 euros anuales al programa de becas de economía financiera establecido en 2011 con la Universidad de Valencia.

Por último, varios proyectos solidarios e iniciativas sociales emprendidas en colaboración con la Generalitat Valenciana también se quedarán sin fondos procedentes de la Obra Social de CAM. El FROB propone dejar de aportar 30.000 euros anuales para el proyecto Sede Plena-Sala El Martillo del Obispado de Cartagena, 120.000 euros para financiar a organizaciones sin ánimo de lucro en colaboración con la Conselleria de Bienestar Social y 6.600 euros al Hospital Santa Marta de Villajoyosa.

Tensa espera en el PP regional tras la imputación y declaración del alcalde Cámara por el 'caso Umbra'

MURCIA.- El vicesecretario general de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha señalado que ahora mismo "no hay nada nuevo y no hay noticia judicial" sobre la imputación del secretario general del partido, Miguel Ángel Cámara, por lo que el PP "no tiene nada nuevo que decir".

   "El PP emitió en su momento un comunicado, y después de la misma no hay ninguna noticia nueva", según ha destacado Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado sobre Cámara, quien prestó declaración el pasado 15 de junio en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

   Al ser preguntado por la postura del partido en caso de que se confirmara la imputación del alcalde, Sánchez ha respondido que no pueden hablar de futuribles porque "eso no es serio". 

"Nosotros respetamos la acción de la Justicia, a la que hay que dejar trabajar", ha zanjado.

Dimite el presidente del PP de Torrevieja, diputado y ex alcalde

Precisamente hoy, el exalcalde de Torrevieja y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha anunciado su renuncia a presidir el PP de la localidad con el objetivo de "defenderse con más tranquilidad y demostrar su absoluta inocencia", después de que ayer lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abriera juicio oral contra él por supuestas  prevaricación y falsedad documental.

   El magistrado del TSJCV Juan Climent ha decidido la apertura de juicio oral contra Hernández Mateo por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Torrevieja.

   A través de un comunicado, el PP de la localidad ha señalado que el exalcalde torrevejense ha presentado este martes su renuncia como presidente local del Partido Popular después de estar al frente más de 28 años.

¿Cese como parlamentario?

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, el ilicitano Antonio Torres, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene encima de la mesa muchos casos que debería resolver de forma inmediata" y ha considerado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) "le da la oportunidad de, o bien suspender cautelarmente de militancia al diputado Hernández Mateo, o bien, lo que sería lógico, pedirle su cese de la actividad parlamentaria",  en lo que ha denominado "nuevo caso de corrupción que se une a la larga lista de imputados con responsabilidades política con los que cuenta el Partido Popular".
   Según Torres, "estaría bien que el señor Hernández Mateo solicite y presente su dimisión como presidente del PP en la ciudad de Torrevieja, pero más importante sería que presentase también su renuncia como diputado en las Cortes Valencianas porque, efectivamente, si los militantes del Partido Popular se merecen un respeto, más respeto se merecen los ciudadanos a los que representa".
   El síndic socialista ha incidido en que a Fabra "se le acaba el tiempo, ya que la Comunitat Valenciana necesita de forma urgente una regeneración democrática que él no aborda". "El presidente, por respeto a los ciudadanos que no quieren imputados que les representen, debe actuar ya con contundencia para sanear su grupo, salpicado por numerosos casos de corrupción", ha resaltado.

Detienen a 21 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

MURCIA.- La Policía Nacional, gracias a la estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social, y la Inspección de Trabajo y partiendo de informaciones obtenidas en los últimos meses, por presuntos fraudes a la Seguridad Social, ha podido desarticular un grupo criminal dedicado a la estafa, fraudes fiscales y a la Seguridad Social, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. 

   Fruto de las investigaciones, los pasados días 28 y 29 de mayo, se detuvieron un total de 21 personas, en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, según han informado fuentes policiales.

   El grupo de individuos que constituyen diversas empresas ficticias, por sí o por medio de testaferros, ofertaban contratos de trabajo para previo pago de unas mensualidades.

   Mediante la falsificación de los mismos, pasado un tiempo, los trabajadores en plena connivencia pagaban entre unos 150 euros mensuales, para luego tener derecho a prestaciones, como desempleo o maternidad, a los 3.000 euros cuando se trataba de contratos para la obtención del permiso de residencia, pasando por los 180 euros que pagaban mensualmente, los reclusos para obtener un tercer grado penitenciario. El presunto fraude superaba los 71.000 euros.

   Estas empresas no hacían efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y no llevaban a cabo actividad laboral alguna. Transcurridos unos meses son dadas de baja las empresas, momento en que los "supuestos" trabajadores presentan la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.

   Entre los implicados que se detuvieron en Murcia, Hellín, Alicante y Benidorm se encontraban ciudadanos españoles, marroquíes, paraguayos, colombianos y rumanos, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años.

   La desarticulación ha sido posible por el trabajo realizado por el grupo especializado en Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia, que con la colaboración de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo de Murcia, han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia a los 21 detenidos.

   Según las mismas fuentes, continúan las investigaciones para la detención de otros implicados.

Bernal ya advirtió que si el Plan de ajuste no cumple los objetivos se aplicarán "más recortes", según UGT

MURCIA.- El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ya anunció que adoptará más medidas de "recorte" si el Plan de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas no cumple su objetivo de reducir el déficit de la Comunidad Autónoma, según ha hecho saber el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez.

   Jiménez ha contestado de esta forma al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró este lunes que "pronto, a lo largo de este año" se pondrán en marcha nuevas medidas económicas que "no tendrán más objetivo, por difíciles que sean", que procurar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

   En este sentido, Jiménez ha recordado que, en el transcurso de las pocas mesas de negociación que hay en este momento, "no es la primera vez que los sindicatos preguntan al político de turno qué sucederá cuando no se consiga el objetivo pretendido con el desarrollo de estas políticas de ajuste".

   Al ser preguntados por este supuesto Plan 'B', en caso de que estas medidas no saliesen adelante como ya advirtieron los sindicatos, los políticos "responden desgraciadamente que se producirán más recortes". Jiménez añade que esto es "absolutamente reprobable".

   El secretario regional de UGT ha recordado que en la Región de Murcia hay un claro ejemplo, con las dos leyes de medidas extraordinarias que, a pesar de "los profundos recortes que suponían, no han tenido ninguna eficacia positiva para sanear las cuentas públicas y para reducir el déficit público".

   Al respecto, ha recordado que UGT lleva dos años "poniendo encima de la mesa medidas para remontar la situación sin necesidad de desmantelar el Estado de Bienestar Social que son absolutamente desoídas, mientras se renuncia permanentemente a cobrar impuestos que pueden ser sufragados de forma cómoda por las rentas del capital".

El PSRM propone una nueva "cesta de ingresos" que supondrían alrededor de 120 millones de euros extra

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, acompañada del diputado Francisco Oñate, ha propuesto este martes una nueva "cesta de ingresos" que supondrían alrededor de 120 millones de euros extra para Murcia, "donde metemos la deuda histórica, sin recortar en la educación y en la sanidad".

   Retegui ha señalado, en este sentido, que con el conjunto de enmiendas parciales que presenta el Partido Socialista a los proyectos de Ley de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública, así como de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, "procuramos mayores ingresos con impuestos selectivos a las rentas más altas y con nuevas disposiciones que tienen que ver con el cobro de la deuda histórica".

   De igual forma, el PSOE defiende "recortar un 20 por ciento de los altos cargos", así como "los salarios de éstos", y contar "con dos consejerías menos", que serían las de Presidencia y Cultura y Turismo, que se podrían integrar en otras", lo que supondría "1,9 millones de euros de ahorro en altos cargos".

   García Retegui y Oñate han dicho ante la prensa que el PSOE presenta 48 enmiendas en total, "donde proponemos recortar partidas a los altos cargos, publicidad y propaganda que nos son imprescindibles, y preservamos de los recortes aquello que tiene que ver con atención pública y con los ciudadanos".

   Además, piden un impuesto para bancos, para grandes superficies y para patrimonio, así como que se suspendan en este sentido las medidas tomadas contra la discapacidad.

   En concreto, Oñate ha matizado que presentan "17 enmiendas a la Ley de medidas tributarias y 31 a la de función pública", donde "se respeta a los interinos como se merecen". Además hay hasta 383 correcciones al texto de la Ley.

   Oñate ha añadido que existen 128 líneas rojas del presupuesto, y que quiere que "el cambio de modelo productivo se traduzca en cambios presupuestarios", y que "ante la dificultad, la administración debe seguir siendo la protectora de las políticas sociales y preservar las ayudas para la discapacidad".

   Preguntada sobre si los 623 millones de reducción del déficit son innegociables, García Retegui ha dicho que "hay una manera diferente de gastar", y que hay que "recortar los gastos prescindibles para mantener los imprescindibles".

   "Nosotros no recortamos en donde se puede generar empleo, sino que lo que presentamos son nuevas figuras impositivas y menores imposiciones fiscales, ya que cumplir con el déficit es imperativo". También ha dicho que "nos gustaría que se negociara en Europa para tener más cuello, pero el objetivo es el que es, y ya a 30 de junio no se va a cumplir".

   "Como hay que cuadrar las cuentas, 40,4 millones se pueden asumir, pero el resto de hasta 160 millones son las líneas rojas", así que "nosotros proponemos que hay que pedirles a quienes ganan mucho, a las grandes superficies, para cuadrar las cuentas de la Región".

   Respecto al Servicio Murciano de Salud (SMS), la portavoz socialista ha dicho que "esta modificación de la Ley no ajusta un sólo euro, sino que cambia para volver a dotar al servicio murciano de salud".

   Como medidas, el Grupo Parlamentario Socialista propone "una nueva cesta de ingresos de alrededor de 120 millones de euros, donde metemos la deuda histórica, sin recortar en la educación y en la sanidad".

 "Creemos que en unos diez años el Estado podría cubrir la deuda histórica".

   "Por ejemplo, se cobraría a las grandes superficies en función del área que ocupan, como sucede en Cataluña". Y había un impuesto "sobre los depósitos bancarios para las entidades de crédito radicadas en la Región, como sucede en Extremadura".

   De igual forma, García Retegui ha dicho que esta Ley "les quita a los ayuntamientos las partidas de acogida para violencia de género, y que éstos sufren un recorte en materia de cooperación social de más de cinco millones de euros", así como que quita dinero a las universidades, a la artesanía, al INFO, y a los museos".

   Asimismo, ha comentado que "con la iniciativa del Partido Popular se recortan derechos y servicios, y cae la inversión productiva".

Fomento no descarta pagar peaje por circular por autovías

MADRID.-   El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Gonzalo Ferre, ha asegurado que, "de antemano, no hay nada descartado" en cuanto a la eventual implantación de un peaje por el uso de infraestructuras, como las autovías.

   "El pago por uso o el sistema de tarificación requiere un análisis de impacto y de oportunidad política", indicó el alto cargo de Fomento, quien añadió que el Ministerio trabaja en analizar la forma en que se podría aplicar en España la directiva sobre la 'Euroviñeta', esto es, el cobro de peaje a los camiones.

   "Nada está descartado de antemano" sobre estas cuestiones, se limitó a indicar al respecto el secretario general de Infraestructuras durante su intervención en la asamblea general de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci).

   El alto cargo de Fomento aseguró que el Ministerio promoverá la obtención de todo tipo de recursos adicionales a los presupuestarios para costear el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (PITVI) que prevén presentar "a finales" del próximo mes de julio con horizonte de ejecución a 2024.

   Así, Ferre apuntó a la oportunidad de atraer capital de fondos soberanos, fondos de inversión, fondos de gestión de planes de pensiones, además de la inversión de empresas privadas y fondos europeos.

   En materia comunitaria, se refirió a los nuevos 'project bonds' bonos avalados por el BEI y la UE aprobados recientemente y que Europa prevé lanzar con un proyecto piloto este verano.

   En paralelo, el Departamento que dirige Ana Pastor vinculará cualquier decisión de inversión en nuevas infraestructuras a un conjunto de factores como son la relación entre su coste y su beneficio, su relación con otras dotaciones, su impacto social y económico y su rentabilidad, entre otros.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera una "necesidad inminente" cobrar un peaje por circular por la red de carreteras.
   Feito estima, a título personal, que el anuncio de cobro de un peaje por circular por todas las carreteras se va a realizar en un futuro "muy próximo", probablemente antes de finales de año.
   La patronal considera que este peaje es una "necesidad inminente", dado que con los recursos presupuestarios existentes es "muy difícil" hacer frente a las necesidades de mantenimiento y conservación de las carreteras.
   "No es posible seguir manteniendo las carreteras que se construyeron con 'peajes en sombra'" (sistema por el que la Administración paga un canon anual al concesionario de la vía) y ahora "la única solución" es poner los peajes donde antes no había.
   Así lo manifestó Feito en una rueda de prensa con motivo del Encuentro 'Hacia un modelo de gestión de infraestructuras de transporte', patrocinado por Aseta, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
   En este mismo sentido se pronunció el director general de Abertis Autopistas España, Josep Lluís Giménez, quien aseguró que el pago por uso ha llegado al "punto de madurez en el que técnicamente, económicamente y hasta cierto punto socialmente" está justificado.
   Esta medida "evitaría los desequilibrios que pueden existir a lo largo de la geografía española", añadió el director general de Abertis, posibilitando, además, "armonizar" las políticas a las directivas europeas.
   Y puntualizó que la decisión está en manos de los políticos, que necesitan "valentía" para decidir entre "accidentalidad explosiva" o tomar decisiones que "no gustan" a la ciudadanía pero que reducirán la siniestralidad.
   Sobre el movimiento antipeaje, Feito los tildó de "rebeliones" y aseguró que este tipo de movimientos no ocurrirían si hubiera un modelo armónico en la tarificación de las infraestructuras en España.
   Lo que, además, permitiría eliminar "de un plumazo" los agravios históricos a algunas comunidades que tiene un porcentaje de vías sujetas a peaje mayores que otras.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.

   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".

   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.

   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.

   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.

   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

La banca que requiera ayuda pública tendrá que segregar sus activos tóxicos

MADRID.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado que las entidades financieras que requieran de ayudas públicas podrían tener que segregar sus activos tóxicos o problemáticos del balance, entre las condiciones "horizontales" que negocia el Gobierno con la UE para el sector financiero españo, una alternativa que considera "interesante" para normalizar el crédito. 

   En la Comisión de Economía del Congreso, De Guindos resaltó la "preferencia" de la CE por esta "medida adicional" en el marco de las condiciones que llevará aparejada la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para el sector financiero español.

   Según precisó el ministro, el Ejecutivo también está negociando que las entidades con ayudas deban presentar un plan de reestructuración de acuerdo con las normas de ayudas de la UE.

   Asimismo, explicó que también habrá condiciones horizontales para el conjunto del sector financiero, que perseguirán fortalecerlo y corregir las vulnerabilidades existentes.

   En las sesiones "preparatorias" del Gobierno con la UE, De Guindos matizó que los planes de reestructuración de las entidades que requieran de fondos no es un "novedad", habida cuenta de que ya deben hacerlo cuando reciben apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "Estos planes tendrán que estar de acuerdo con normas de competencia y ayudas de la UE", enfatizó.

   El titular de Economía concretó que el acuerdo con Bruselas sobre la ayuda a la banca estará cerrado a "principios de julio", si bien admitió que se está negociando un paquete "muy complejo".

   En este sentido, garantizó una negociación "urgente" de las condiciones de la línea de crédito y aseguró que ya se están produciendo contactos con el FMI, la CE, la UE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

   De Guindos reafirmó además que la ayuda sólo se condicionará al sector financiero y defendió que la supervisión fiscal se hará de "forma independiente" a los nuevos requisitos del sector financiero.

   "Puesto que la ayuda es sólo para el sector financiero, la condicionalidad sólo será específica para el sector bancario", afirmó, para después confiar en que la cantidad que finalmente se solicite será "suficiente" para cubrir las necesidades de capital, más un "margen de seguridad significativa" para evitar la dudas de los mercados.   

   Y confirmó que será el Reino de España el que se "responsabilice" de la ayuda, con su canalización a través del FROB.

De Guindos, quien repasó el ejercicio de transparencia "sin parangón" del sector, subrayó que la firma del Memorándum de Entendimiento de la línea de crédito se materializará el próximo 9 de julio, en la cumbre de la UE.   

   Por último, el ministro lamentó los "errores muy graves" durante el boom inmobiliario,valoró que las reformas acometidas por el Gobierno están "corrigiendo" los desequilibrios del pasado y achacó la situación de dificultad del sistema financiero a estos desequilibrios macroeconómicos.

   Al respecto, recordó que el crédito inmobiliario se multiplicó por más de cuatro entre 2003 y 2009, al pasar de 78.000 millones a 325.000 millones. Y lamentó que el reconocimiento "no a tiempo" de la burbuja inmobiliaria haya profundizado en las "vulnerabilidades" bancarias.  

   Por ello, instó a controlar el crecimiento "desmedido" del crédito en los próximos años y así evitar la formación de una burbuja de precios de activos, como lo ocurrido en la vivienda.

   Además, el ministro de Economía ha considerado "interesante" la alternativa planteada por Bruselas de que las entidades que requieran de ayuda pública segreguen sus activos tóxicos, ante la "ventaja" de que se lograra normalizar el crédito.

   "Es un alternativa interesante a analizar y que se tendrá que concretar, pero nada es definitivo", explicó el titular de Economía a los periodista tras comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

   Guindos aseguró que esta posibilidad se encuentra entre las "preferencias" de la UE, y resaltó que esta opción podría clarificar los balances de la banca y permitir a las entidades centrarse en conceder crédito y no desviar su atención hacia la gestión inmobiliaria.

La Audiencia Nacional admite la querella contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia

MADRID.- El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones, según el auto dictado este martes.

   El juez titular Ismael Moreno concluye que los hechos a los que se refiere la querella "revisten 'prima facie', y sin perjuicio de ulterior tipificación, carácteres de delito, por lo que procede su admisión a trámite, así como la práctica de las diligencias de investigación que correspondan".

   La Audiencia Nacional asume así la competencia para investigar a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes) y contra uno de sus copresidentes, Julio Fernández Gayoso (en la imagen), por presuntos delitos de administración deseal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.

   El auto considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", intervenida por el Banco de España en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

   El juez admite las acusaciones de Anticorrupción de que todos ellos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".

   Por otro lado, Moreno remite al Ministerio Fiscal otra querella presentada por un particular contra Gayoso y Pego, ambos procedentes de Caixa Nova, y contra el que fuera director de Caixa Galicia durante casi 30 años, José Luis Méndez López, y sus hijos, también exdirectivos de la caja, José Luis y Yago Méndez Pascual, por presuntos delitos societarios, apropiación indebida y administración desleal y fraudulenta.

   La Fiscalía tendrá que informar sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, antes de que el juez se pronuncie sobre su posible imputación.

   El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.

   La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades, que en el caso de García de Paredes, superan los cinco millones de euros. La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos llevaron a cabo un "plan preconcebido" "para preparar su previsible y futura salida" de la entidad.

   En este marco, los cinco querellados se pusieron de acuerdo para modificar sus contratos de alta dirección para introducir nuevos pagos por prejubilaciones y futuros beneficios, antes de la intervención del Banco de España, y beneficiarse posteriormente presentando su renunciar al cargo.