Diego de Ramón lleva a Europa, a través de Interpol, la corrupción política en la Región de Murcia

LYON.- El abogado murciano Diego de Ramón pondrá el próximo lunes a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y de Europol, en La Haya, toda la documentación entregada hoy en la sede de Interpol, en Lyon, y en su Fiscalía de enlace en el Palacio de Justicia de esta ciudad francesa sede de la organización policial mundial, según fuentes de su bufete.

Esa documentación tendría que ver con ayudas del Instituto de Fomento a la cooperativa farmaceútica 'Hefame' y su componente de fondos comunitarios, así como con otras empresas murcianas emblemáticas beneficiadas desde el INFO, alguna de ellas muy encuadrada en la CROEM, cuyas actividades de formación, también con fondos comunitarios, van a ser investigadas desde el año 2010, cuando su responsable directo era el actual secretario general, José Rosique Costa, siempre según fuentes del citado bufete.
De Ramón lleva, además, meses de contactos con la OLAF (la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea) al objeto de que no cese de investigar el destino final de todos los fondos comunitarios que llegan a la Región de Murcia donde, según documentación en su poder, se pueden haber repartido bastantes con cierta arbitrariedad y laxitud, y puede que, supuestamente, hasta malversado en algunos casos concretos.
Precisamente por 'Hefame' y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Diego de Ramón lleva también meses de contactos con los máximos responsables de la 'Sepblac' como máximo organismo público especializado dedicado a la prevención  y persecución del blanqueo de capitales, con sede en el Banco de España e integrado por guardias civiles muy especializados.

Se prepara un acto de homenaje al fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador

MURCIA.- Un grupo de amigos y colegas del fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador, encabezado por Jaime Gray entre otros promotores, prepara un homenaje en su recuerdo de cara al primer aniversario de su muerte, acaecida en Aledo el pasado 23 de enero, a los 58 años, como consecuencia de un ataque al corazón.

Alumno interno del colegio de los Jesuitas, en Alicante, y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Gerardo Aguilar estuvo en sus comienzos muy ligado a Alianza Popular de la Región de Murcia, como su jefe de prensa primero y asesor luego del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, en época de Juan Ramón Calero como jefe de fila y portavoz.

Retirado hace ya algún tiempo para vivir en Aledo (muy cerca de su Totana natal y donde fue enterrado al día siguiente de fallecer, 24 de enero, festividad de San  Francisco de Sales, patrón de los periodistas) para dedicarse a la literatura, en el interregno asesoró empresas en temas de comunicación después de ejercer su profesión durante años y dedicarse luego a la exportación a países hispanoamericanos.
En Murcia trabajó en La Opinión, Radio Murcia y Radio Popular.
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia le absolvió en 1985 del delito de desacato e injurias al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, el socialista Andrés Hernández Ros, por el que le condenó el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia. Gerardo Aguilar lo comparó, en un comentario radiofónico con unos conocidos payasos de la época.

Diez años después imputan al alcalde de Caravaca y a 33 personas más por el 'caso Roblecillo'

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ha imputado finalmente a los bastantes concejales y ex concejales del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004. Entre ellos, el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y el ex concejal de Urbanismo, Amador López García; y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.

Fue el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, quien otorgó la aprobación definitiva del Plan Parcial El Roblecillo.
Las supuestas prevaricaciones que se investigan en la causa se habrían extendido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a la que el expediente fue remitido en noviembre de 2004 para su aprobación definitiva, como así acabó ocurriendo.
Todo apunta, además, a que el listado de imputados puede ir en aumento conforme siga avanzando la investigación, como ya anuncia el juez Andrés Carrillo en su auto.

Igualmente, en ese auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico El Roblecillo en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa.

Como desarrolla la resolución, también serán interrogados por estos hechos el arquitecto Oscar M.N., redactor del informe que se emite respecto al Sector UR-S16 de Caravaca de la Cruz (El Roblecillo), por la Dirección General de Vivienda. Los que fueran jefa del Servicio de Urbanismo, Margarita Ros.; jefe de Sección Administrativa de Urbanismo, Antonio A., de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como, José María Ros y Manuel Alfonso Guerrero, en aquellos momentos subdirector y director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, respectivamente, de la referida Consejería

El auto anuncia también la citación como imputado de Julián C., quien fuera ingeniero de caminos municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz; y de Jesús L., secretario general del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz a la fecha de algunos de los hechos investigados.

Además, se imputa a todos los que fueran miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 19 de octubre de 2009, los que lo fueran el 3 de septiembre de 2010 y los que lo fueran el 18 de enero de 2013.

Por último, tendrán que comparecer ante el juez que dirige la instrucción: Isabel G. y Encarnación G., ambas emisoras de informes jurídicos por la empresa ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local).

Además, el juez recibirá como testigos a tres personas "relacionadas con lo relativo al devenir del Plan Parcial El Roblecillo en el entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Esta decisión, se toma después de que el juez instructor haya analizado la abundante documentación del Informe sobre las supuestas irregularidades acaecidas en relación al Desarrollo Urbanístico El Roblecillo, promovido por Golden Sky S.L, remitido por la UCO el pasado mes de julio.
La firma promotora de El Roblecillo registró en sus cuentas 50 millones de pesetas más de los suscritos en el convenio urbanístico

Dicho informe es el resultado del examen del material incautado en los registros realizados en junio de 2013, autorizados por el juzgado que dirige la instrucción.

Para el señalamiento concreto de las fechas de las declaraciones en calidad de imputados, el titular del juzgado dejará "un tiempo prudencial" para que los interesados puedan conocer los autos, teniendo en cuenta "lo muy voluminoso de la documentación que ya consta en relación con esta pieza separada en este Juzgado".

El caso ha provocado las primeras dimisiones, como es el caso de Amador López García, exconcejal de Urbanismo y actual secretario general de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. El consejero Campos ha comunicadoya que cesará a todos los implicados en el caso.

El plazo del juez

El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción El Roblecillo, sobre la recalificación de esta finca protegida para hacerla urbanizable, ha dado hoy cuatro horas de plazo al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para entregar la nueva documentación que ha reclamado sobre el asunto.
El auto señalaba que ese plazo de cuatro horas, "como máximo", comenzaba a contar desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personasen en el consistorio para recabar la documentación requerida.
Esta, según se añade en la resolución judicial, se refiere a la copia íntegra de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2010 y de sendos informes técnico y jurídico referidos a la aprobación inicial de la modificación puntual del programa de actuación de una junta de compensación.
El Ayuntamiento dispuso solo de ese plazo tasado para hacer entrega a la Guardia Civil de la copia íntegra de todas las Juntas de Gobierno Local de la segunda quincena del mes de febrero de 2010 y de las de marzo siguiente, "con todos los informes técnicos y jurídicos".
El requerimiento se extiende también a la entrega del acta de otra sesión de la Junta, de diciembre de 2012, en la que también se analizaron cuestiones urbanísticas que pueden tener relación con el caso que se investiga.
Por otra parte, el secretario general del Ayuntamiento quedó requerido para entregar la documentación referida a las personas que votaron a favor del convenio urbanístico que permitía la urbanización de la finca para construir ocho mil viviendas y un campo de golf.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado librar sendos mandamientos a la que en el momento de los hechos era consejera de Industria y Medio Ambiente del gobierno murciano para que aporte los expedientes tramitados sobre esa recalificación.
Para ello, el juez señaló que los requeridos deberían hacer entrega de esa documentación en la misma mañana en que se personasen los agentes.
Estas diligencias se contienen en el auto en el que el Juzgado de Instrucción nº 6 imputa al alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y a otras treinta personas, que serán llamados a declarar en esa condición en los próximos días.
El juez considera que la documentación incorporada a la causa contiene indicios que, presumiblemente, apuntarían a la comisión de varios delitos que se habrían cometido con la recalificación urbanística, llevada a cabo a instancias de la empresa promotora, Sky, S.L., cuyos responsables, Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, figuran entre los imputados.

Todos los imputados

Domingo Aranda Muñoz Alcalde de Caravaca de la Cruz
Amador López García Exconcejal de Urbanismo. Actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento y Obras Públicas
Antonio Vilaplana Vivancos Es uno de los «actuantes principales» en las gestiones urbanísticas por parte de Golden Sky S. L.
Manuel Sánchez Contreras Presidente de Golden Sky S. L.
Óscar Madrid Nicolás Arquitecto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, redactor del informe de 26 de octubre de 2006 sobre la finca El Roblecillo.
Margarita Ros Mcdonnell Jefa de servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Antonio Alcázar Muñoz Jefe de Sección Administrativa de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
José María Ródenas Cañada Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Manuel Alfonso Guerrero Zamora Exdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Julián Caballero Amor Ingeniero de caminos municipal de Caravaca de la Cruz
Jesús López López Secretario general municipal (por una supuesta falsedad en documento, en un expediente no vinculado a El Roblecillo)
Gonzalo López-Agüy Torres Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
Salvador Gómez Sánchez Concejal de Empleo
Juan Pedro Sánchez Martínez Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
María Cruz Pérez Sánchez Concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo.
José Alfonso Sánchez-Guerrero Cantó Exconcejal de Obras y Servicios
Orencio Caparrós Exconcejal de Cultura y ex miembro de la comisión de Urbanismo.
María Isabel García Sánchez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
María Encarnación González Sáez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
Juan Francisco Jiménez Puerta Concejal de Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
María Teresa Romero Milanés Concejal de Sanidad
Pedro Vilchés Pacheco Concejal de Hacienda

También los 11 concejales que votaron a favor del convenio urbanístico en el pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 11 de noviembre de 2004.

Los funcionarios José María Ródenas y Margarita Ros ponen sus cargos a disposición tras su imputación

MURCIA.- José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma, y Margarita Ros McDonnell, jefa de servicio de Urbanismo, han puesto su cargo a disposición del consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, tras ser imputados en el caso de la finca El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, según confirmaron hoy  fuentes de la Consejería. El consejero decidirá en los próximos días qué hace con estos dos funcionarios públicos. 

Campos, responsable político del departamento en el que están destinados, se tomará este fin de semana para meditar si acepta o no las renuncias, aunque parece más que probable que lo haga en el caso del subdirector general por tratarse de un cargo de libre designación.

Por su parte, el secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación en el caso 'El Roblecillo', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Caravaca de la Cruz.

López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004, por la la presunta recalificación ilegal de una finca de 500 hectáreas.

Entre ellos se encuentra el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.

Igualmente, en el auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico 'El Roblecillo' en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación.
   López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004.
   Al respecto, el consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, ha aceptado la dimisión de López "con tristeza", porque confía en su inocencia, pero agradece su gesto. Así, ha anunciado que la subsecretaria general de la Consejería asumirá las funciones de forma interina.
Es criterio del Tribunal Constitucional que «la dimisión de un cargo político debe establecerse cuando existe un escrito de acusación del Ministerio Público».
Cuando se produce la acusación formal de la Fiscalía es «cuando hay unos indicios sólidos de criminalidad o de responsabilidad penal», que dan lugar a «una calificación penal y a la solicitud de la pena correspondiente, acompañada de la solicitud de juicio oral». 

La corrupción impide ahora la regeneración inmediata de la Bahía de Portmán

LA UNIÓN.- La detención de Alireza Roodsari, presidente de Aria, la empresa adjudicataria de la regeneración de Portmán, hoy en Madrid, supone una  adversidad de calado para recuperar la bahía, proyecto para el que la empresa se había comprometido a presentar un plan de ejecución antes del 5 de noviembre.

La confirmación de este estancamiento de los planes de regeneración la confirmaba esta tarde el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una rueda de prensa. El alcalde se confesó desolado por las últimas noticias acaecidas sobre Aria y su máximo responsable.

Tras contactar con el entorno de la compañía, le dejaron claro que veían prácticamente imposible poder presentar el proyecto antes de la fecha límite. Ante estas circunstancias, Bernabé manifestó que ahora lo más beneficioso para la bahía de Portmán será que la multinacional no presente su proyecto y el concurso quede desierto.

Aria fue la única empresa que se presentó al concurso abierto por el Ministerio de Agricultura para regenerar la bahía, y su proyecto incluía la regeneración integral de la zona hasta dejarla igual que antes de que comenzaran los vertidos de estériles mineros.

Según explicó Bernabé, es el Ministerio el que deberá ahora tomar todas las decisiones, y él mismo se reunirá de manera urgente el próximo lunes en Madrid con sus representantes para abordar la situación y barajar diferentes opciones. 

Fuentes del entorno de la multinacional aseguraron que previamente advirtieron al Ayuntamiento de que Aria tenía la intención de no presentar su proyecto, ya que el grupo atraviesa importantes dificultades económicas.

«Dadas las circunstancias actuales, creo que lo más beneficioso para Portmán sería que Aria no presente el proyecto, ya que de esa manera el concurso quedaría desierto. Si la empresa presenta su proyecto pero luego no tiene capacidad económica para ejecutarlo, el problema sería mucho más serio», apuntó Bernabé.

Así, si la multinacional renuncia a llevar a cabo la regeneración, el Ministerio podría abrir un nuevo concurso, y el alcalde recordó que las seis grandes constructoras españolas (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, FCC y Sacyr) también se interesaron por este proyecto y, de hecho, iban a participar en él a través de un acuerdo con la alemana.

    A pesar de recalcar, que lo ocurrido es «una mala noticia», el alcalde insistió en que la tramitación administrativa está ya muy avanzada. «Llevamos 24 años luchando por la regeneración, y tendrán que prolongarse hasta los 25, pero se llevará a cabo. No nos vamos a rendir nunca, la regeneración se hará sí o sí», sentenció.

El presidente de Aria ha sido detenido por adquirir bienes de lujo por valor de 200.000 euros con unas tarjetas de crédito de su empresa, desde agosto en suspensión de pagos.

La oposición municipal no tuvo dudas en cargar las tintas contra el alcalde Francisco Bernabé por lo ocurrido. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, calificaba de «cínicas» las declaraciones del alcalde y recordó que  «desde hace meses el Partido Socialista venía denunciando la falta de viabilidad económica y ambiental del proyecto de Aria». 

Izquierda Unida, por su parte, exigió la dimisión de Bernabé, por haber puesto la regeneración en manos de una compañía «de muy escasa fiabilidad».  Asegura IU que «las cosas no pueden salir gratis a quienes, desde la política, sustituyen el interés público por el servicio al fraude»

El comisario de Cartagena pone su cargo a disposición del Ministerio del Interior por el 'caso Cala Cortina'

CARTAGENA.-El comisario de Cartagena, Alfonso Navarro, ha puesto esta semana su cargo a disposición de la Dirección General de la Policía tras la detención de seis policías nacionales por su presunta implicación en el crimen de Cala Cortina, lo que llevó también al responsable de la Seguridad Ciudadana de Cartagena, Damián Romero, a presentar su renuncia ante el Ministerio del Interior, que aún no ha contestado si acepta las dimisiones o no.

Navarro tiene 56 años, es licenciado en Criminología y ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia. Tomó posesión en 2011 como comisario de Cartagena con el ahora candidato del PSOE a presidente del Gobierno regional, Rafael González Tovar, aún como delegado del Gobierno de Zapatero.

El responsable de Seguridad Ciudadana, Damián Romero, el inspector más veterano de la ciudad y jefe director de los agentes encarcelados también ha puesto su cargo a disposición del Ministerio del Interior a raiz de las revelaciones de la investigación del crimen de Cala Cortina.
La decisión estaría relacionada con la preocupación social y el clima enrarecido en la propia Policía a raíz de conocerse, por las escuchas realizadas por Asuntos Internos, la existencia de presuntas agresiones, detenciones ilegales y otras prácticas irregulares por parte de agentes de Seguridad Ciudadana en Cartagena.

El juez acusa al exalcalde socialista de Cartagena de cohecho y de otros cinco presuntos delitos

 MADRID.-  El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, quedó anoche libre y sin fianza tras declarar durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Eloy Velasco. Alonso está acusado de mediar y, supuestamente, cobrar comisiones por contratos de servicios.

La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.

El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.

José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.

Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.

Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública,  el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz,  pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».

«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.


 La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas


La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.

La iniciativa de UPyD presentada en el pleno municipal celebrado hoy ha salido adelante por unanimidad, por lo que no ha hecho falta proceder a la votación ni tampoco se ha producido la fotografía de la alcaldesa y el resto de concejales del PP levantando la mano a favor, tal y como deseaban los partidos de la oposición.

El apoyo se ha producido sin que la alcaldesa ni nadie del PP tomara el uso de la palabra para justificar el sentido del voto tras los turnos explicativos de UPyD, EU-IU y PSPV-PSOE.

"Así que, sin nada más que debatir, se levanta la sesión", ha indicado antes de aclarar a los presentes que la iniciativa contra los imputados no se sometía a voto por acordarse "por unanimidad".

Castedo figura como imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal, el relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan urbanístico del barrio de Rabasa, en ambos casos a beneficio, presuntamente, del constructor Enrique Ortiz.

La ausencia de votación ha enfadado a los partidos de la oposición, sobre todo al concejal que ha presentado la moción, el portavoz del partido magenta, Fernando Llopis, para quien "el PP no se atreve a levantar las manos" y a ser "inflexible" contra los imputados.

Llopis había justificado la iniciativa en que la ciudadanía pide "medidas ejemplarizantes" y mano dura contra la corrupción, y en este sentido ha recordado que en las ramas del caso Brugal hay imputados 33 políticos del PP (entre ellos Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi), seis socialistas y uno de EU-IU.