El Papa se va pero deja nombrado al presidente del Banco Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI, que renunciará el próximo 28 de febrero, aprobó ayer viernes la designación del alemán Ernst von Freyber como nuevo presidente del Banco Vaticano, el controvertido Instituto de Obras de Religión (IOR), en su último nombramiento para un puesto clave a menos de dos semanas del fin de su pontificado.

"El Papa manifestó su pleno consentimiento" a la designación de Von Freyber, precisó el portavoz del Papa, el jesuita Federico Lombardi.

La comisión cardenalicia que supervisa las actividades del IOR seleccionó a la persona que administrará las finanzas de la Santa Sede.

Los purpurados entrevistaron a "más de 40" ejecutivos "con un alto perfil profesional y moral", con la ayuda de una agencia internacional independiente.

El nuevo presidente del Banco Vaticano, es un abogado nacido en 1958, miembro de la Orden de Malta, que sucederá al italiano Ettore Gotti Tedeschi, despedido en mayo de 2012 sin aclararse el motivo.

En los últimos meses, el Banco Vaticano ha estado en el centro de las tensiones dentro de la Santa Sede, que desembocaron en el llamado 'Vatileaks', la filtración de cartas y documentos internos del Papa a la prensa.

Según la prensa italiana, el nombramiento de Von Freyber, licenciado en derecho en las universidades de Berlín y Múnich, no agrada a toda la jerarquía de la Iglesia.

"El Papa no lo conoce personalmente y no intervino en la elección", aseguró el portavoz del Papa para zanjar la polémica.

"En toda Institución hay opiniones diferentes (...) pero eso no quiere decir que se trate de conspiraciones", dijo Lombardi, minimizando lo que la prensa ha calificado "de batalla interna" dentro del Vaticano.

En una nota divulgada sucesivamente por la oficina de prensa de la Santa Sede, el portavoz del Papa precisó que Von Freyberg trabajará de forma "exclusiva" para el IOR, aunque mantendrá la presidencia del grupo Blohm+Voss, cuya mayor actividad es "la reparación de embarcaciones para cruceros". La firma alemana forma parte del consorcio que construye cuatro "fragatas para la marina alemana", recalca el comunicado, respondiendo indirectamente a las polémicas suscitadas por su actividad como productor de naves de guerra.

En 2010, la justicia italiana abrió una investigación judicial contra dos directivos del Banco del Vaticano por violar las leyes italianas sobre el blanqueo de dinero.

Para algunos observadores, el nombramiento llega en un momento delicado, con los católicos todavía sorprendidos por la decisión histórica de Benedicto XVI de marcharse del trono de Pedro.

El IOR tiene un patrimonio estimado de 5.000 millones de euros, distribuidos en 34.000 cuentas corrientes. Sólo pueden acceder al banco los miembros del clero, de las órdenes religiosas, los diplomáticos y los asistentes del pontífice.

Entre sus clientes figuran 1.660 obispos, 2.700 congregaciones, 2.000 diplomáticos y 1.610 monjas.

En julio pasado, la comisión europea encargada de supervisar el respeto de las normas de lucha contra el blanqueo dijo que el IOR "ha cumplido muchos pasos positivos en poco tiempo" pero que "aún hay mucho trabajo".

La Iglesia Católica vivirá en las próximas dos semanas un periodo de transición antes del cónclave que designará al nuevo Papa, un proceso que la Curia Romana afronta con normalidad a pesar de la evidente desorientación que reina incluso dentro del Vaticano tras la renuncia histórica de Benedicto XVI.

Ayer viernes, el Papa recibió en el Vaticano al presidente de Rumanía, Traian Basescu, y hoy sábado se despidió simbólicamente de América Latina al recibir al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el último mandatario de esa región que se entrevista con el pontífice alemán antes de su renuncia.

Benedicto XVI recibió también hoy sábado al primer ministro italiano, Mario Monti, y al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano.

Unas 4.000 personas se manifiestan por las calles de Murcia por el derecho a una vivienda y contra los desahucios

MURCIA.- Unas 4.000 personas han clamado hoy en Murcia porque "los banqueros no sigan explotando a la ciudadanía y no quede descafeinada" la iniciativa legislativa popular aceptada a trámite en el Congreso con casi 1,5 millones de firmas, según fuentes de la convocante Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En un veloz recorrido por el centro de la ciudad que ha finalizado sobre las 20 horas ante la sede del Banco de España, los manifestantes han coreado lemas ya clásicos, como el "Ni gente sin casas ni casas sin gente", "Sí se puede", "No al terrorismo financiero", "Ni desahucios ni embargos", "Rescatad a las personas, no a los bancos" o "El pueblo unido jamás será vencido".

A ellas se sumaban otras consignas menos habituales como "No son suicidios, son asesinatos", "Tenemos la solución, los banqueros a prisión", "El miedo va a cambiar de bando" o "No queremos pagar su deuda con la salud y la educación", entre pancartas procedentes de las PAH Cieza o las comarcas del Mar Menor y el Río Mula, mientras que en Cartagena se han reunido varios centenares de personas.

A la cabeza de la manifestación iba el economista Esteban Melo -candidato al parlamento ecuatoriano en las elecciones legislativas de mañana por el partido del actual presidente, Rafael Correa-, que ha señalado que la crisis la están pagando españoles y compatriotas suyos que se han visto privados de su vivienda y deben la hipoteca.

Entre una mayoría de nacionales se veían también grupos de inmigrantes latinoamericanos y magrebíes, muy afectados por los desahucios en la región de Murcia, para los que los convocantes piden que se apruebe la dación en pago retroactiva, que solo en los tres primeros trimestres de 2012 ha afectado en esa comunidad a 865 familias.

"La iniciativa legislativa popular es una cuestión de mínimos" que incluye además los alquileres sociales y el fin de los desahucios, pues "una de máximos sería el derecho a la vivienda como fundamental y exigible, pero hasta llegar hasta ahí hay que parar primero los desalojos", han indicado desde la plataforma convocante.

A su juicio, la que consideran "inminente" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a obligar al Gobierno "a rectificar y a paralizar todos los desahucios, porque la inmensa mayoría de los afectados no ha podido acogerse a los requisitos establecidos por su real decreto y, en el caso de la región de Murcia, solo se conoce el de una familia".

Pequeñas pancartas con los lemas "No al terrorismo financiero" o "Por una economía al servicio del bien común" salpicaban aquí y allá los bloques encabezados por las pancartas de otros colectivos que se han sumado a esta reivindicación, como la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia o la Plataforma Prosoterramiento de las Vías del Tren de Alta Velocidad a su paso por Murcia.

 Estos miles de murcianos se han manifestado esta tarde para reclamar el derecho a una vivienda, secundado así el llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia.

   Los manifestantes han partido del Jardín de Floridablanca minutos antes de las 18.30 horas, tras una pancarta principal que rezaba 'Contra el terrorismo financiero. Por el derecho a una vivienda digna', dirección calle Princesa, para después entrar por la calle Correos y continuar por la Plaza de la Cruz.

   Posteriormente, varios afectados han llevado a cabo intervenciones en varios bancos, empezando por la CAM, que "es una de las entidades financieras que más desahucios ha ejecutado en la Región junto a Bankia", según ha indicado Paco Morote, quien ha agregado que la protesta proseguirá por la avenida Alfonso X hasta la Gran Vía, para terminar frente al Banco de España. Curiosamente este agitador habitual no ha mencionado a Caja Murcia en ningún momento a lo largo de la tarde.

   Y es que, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han demandado el derecho a una vivienda digna, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago.

   En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".

   Asimismo, los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".

   En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".

   Por ello, han advertido que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Los jueces españoles se muestran hartos con la corrupción

MADRID.- Unos 340 jueces se han reunido este sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para tratar el tema de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas.

   Al término de la reunión, el portavoz de la asamblea y juez instructor de Guadalajara, Jesús Villegas, ha denunciado la falta de compromiso del poder político al no entender las exigencias actuales del pueblo.

   En relación a la nueva ley de tasas que entró en vigor hace unos meses, los jueces presentes en la asamblea han reconocido que no son aceptables pues "hieren la anatomía del Estado". Villegas ha añadido que "si se recorta en justicia se recorta en calidad" y que no es un ejercicio de responsabilidad echar a unos 1000 jueces.

   Asimismo, se ha hecho hincapié en la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la falta de representación que los jueces tienen en este organismo. El portavoz ha querido dejar claro que este órgano no representa a todos los jueces de España y debe "democratizarse" sin caer en el "corporativismo" y ha recordado que "incluso" desde la Unión Europea se "ha denunciado esta situación".

   Para finalizar, Villegas ha expuesto que los casos de corrupción aparecidos en estas últimas semanas en la prensa han sido "la gota que ha colmado el vaso" y que entre los jueces "eso de los sobres no ocurre".

 "Estamos cansados y hacemos un llamamiento a jueces y ciudadanos" ha concluido.

Politólogos murcianos subrayan la falta de control en los partidos, y reclaman una ley regional de transparencia

MURCIA.- Los politólogos de la Región de Murcia coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.

   Así lo ha hecho saber hoy el politólogo, periodista y vicesecretario de Comunicación del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, Antonio Pérez Hernández, tras ser preguntado por los últimos casos de presunta financiación irregular en partidos políticos.

   El portavoz afirma que los partidos de la Región están sujetos a la misma ley nacional de financiación, que estipula que deben percibir un tercio de los recursos en función de su representación parlamentaria y los dos tercios restantes en función de los votos recibidos.

   En este sentido, añade que el Colegio de Ciencias Políticas no ha adoptado recientemente ninguna posición oficial sobre la financiación de los partidos porque no ha procedido a su debate, pero recuerda que la institución ha suscrito el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno, que recoge un decálogo de medidas encaminadas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

   Se trata de un documento impulsado por medio centenar de ciudadanos murcianos de distintos ámbitos sociales, profesionales e ideológicos que ha sido suscrito ya por más de 300 personas y una veintena de organizaciones sociales y políticas.

   Entre otras cosas, el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno apuesta por obligar a los partidos políticos a ofrecer en los seis meses posteriores a cualquier campaña electoral un balance detallado de los ingresos y gastos que habían tenido en los comicios.

   Asimismo, el Pacto considera oportuno que los partidos políticos realicen una liquidación anual de ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas, según recuerda Pérez.

   También reclama un registro público de subvenciones en el que se pudieran consultar las organizaciones que donan el dinero a los partidos; así como un mecanismo de transparencia de toda la contratación pública, porque es otro de los ámbitos en los que prolifera la corrupción.

   Al margen del Pacto por la Transparencia, el portavoz del Colegio de Ciencias Políticas explica que los politólogos estiman fundamental reformar el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de fiscalizar a los partidos, porque realiza su labor "de forma insuficiente".

   Para Pérez, este tribunal debería estar formado por jueces de carrera, y "no por políticos jubilados que, además, son gente de confianza de los partidos". Además, cree que deben de contar con más medios, porque el último ejercicio que el Tribunal ha fiscalizado es de 2007.

   Del mismo modo, apuesta por incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está recogido; así como realizar una reforma para que no prescriban los delitos de corrupción; y excluir de la financiación pública a los partidos condenados en sentencia firme por financiación irregular.

   Asimismo, reclama a los ciudadanos "más intolerancia" con la corrupción, y cree que esta intolerancia debe de hacerse extensiva a los propios partidos políticos, porque el que es corrupto "está compitiendo de forma desleal con el resto de sus compañeros, porque tienen otros recursos. Los políticos honrados deberían sentirse los primeros estafados", añade.

   Por otro lado, los politólogos creen que se deberían eliminar las arbitrariedades en las aportaciones económicas a las fundaciones que dependen de los partidos políticos. Consideran "un escándalo" que el dinero que reciben estas fundaciones "cambie de un año para otro" en función de que si el partido al que pertenecen está en el gobierno o no.

   "Su trabajo intelectual debería valer lo mismo independientemente de si están en el gobierno o no", considera Pérez. "O se eliminan estas arbitrariedades o, directamente, las fundaciones de los partidos no deberían de recibir financiación pública o financiarse con las aportaciones de los partidos".

   Este politólogo también propone que se limite la acumulación de las retribuciones públicas, porque "hay altos cargos que cobran simultáneamente, por ejemplo, por ser alcaldes, por ser presidentes de diputación y consejeros en cualquier empresa pública".

   Considera razonable que los cargos tengan un sueldo público "porque se les supone dedicación completa", pero lamenta que los políticos que acaparan varios puestos no pueden ejercer su responsabilidad de forma tan exhaustiva, y propone igualmente limitar la compatibilidad de pensiones con otros ingresos, ya que se trata de un asunto que "indigna mucho a la ciudadanía".

   Por ejemplo, estima "razonable" que los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar reciban una pensión porque se han dedicado a la política y han abandonado su vida privada para ello. Sin embargo, cree que deberían de renunciar a estas pensiones en el momento en el que son contratados por grandes empresas y empiezan a percibir "un sueldo elevado".

   De todas formas, cree que los ciudadanos deberían ser "menos cínicos" y reconocer que los políticos, en general, "están mal pagados" y, en especial, "los altos cargos". Por ejemplo, considera "una miseria" que el presidente Mariano Rajoy cobre 75.000 euros con las responsabilidades que tiene.

   Igualmente, propone la reducción de los cargos de libre designación en la administración, y ser más escrupulosos en la aplicación de la ley de incompatibilidades en el ejercicio de los cargos públicos, para evitar que alguien consiga contratos por la información que ha obtenido durante el tiempo que ha ocupado un cargo público.

   Respecto a la presunta financiación irregular del PP, Pérez cree que lo más importante "no es el destino del dinero negro" y el pago a altos cargos, ya que se trataría de cantidades "muy pequeñas" que ni siquiera constituirían un delito fiscal. El problema, en su opinión, es la procedencia de ese dinero negro.

   Esta es la base del debate sobre las donaciones. Pérez reconoce que se trata de un asunto polémico que divide a los propios politólogos. De hecho, algunos de ellos están a favor de que se prohíban las donaciones anónimas o que se limiten, mientras que otros creen que los partidos deberían financiarse sólo con dinero privado.

   Pone como ejemplo los Estados Unidos, donde hay financiación pública, pero los candidatos presidenciales renuncian a ella para no estar limitados a la hora de recolectar fondos privados.

   En cualquier caso, los politólogos coinciden unánimemente en que las donaciones deberían de ser "transparentes" y con "nombres y apellidos". A su parecer, el anonimato no debería estar permitido, puesto que quien paga algo "condiciona" al receptor, y los ciudadanos tienen derecho a saber "quién está condicionando a los partidos y qué recibe a cambio".

   Pérez no delimita esta transparencia a las donaciones que se entregan a los partidos políticos, sino también a las ayudas y servicios que se prestan a los partidos como, por ejemplo, las condonaciones de deuda o préstamos con tipos de interés favorable.

   No obstante, reconoce que es muy difícil perseguir y evitar este tipo de prácticas se produzcan de forma "soterrada", porque a las empresas "no les interesa que están financiando campañas electorales".

   Este tipo de prácticas recibe el nombre de "cualidad hidráulica" del dinero de los partidos, que consiste en que "la vía ilegal de aportaciones sube muchas veces de forma automática cuando disminuye la vía legal", explica Pérez.

Herguedas (IU-Verdes) afirma que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos"

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho hoy ante la aprobación de la reforma de la Administración Local, que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Herguedas ha señalado "que la historia de los más de treinta años de ayuntamientos democráticos es la historia de las promesas incumplidas por los dos grandes partidos que se han alternado en el poder".

    Y es que, en su opinión, "mientras nuestras instituciones municipales maduraban y cada vez gestionaban más servicios, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar respuesta a sus necesidades".

   A su juicio, "en estos años hemos asistido a un curiosos juego en el que los dos grandes partidos reclamaban más recursos y más autonomía local para los municipios cuando estaban en la oposición y daban la espalda a los ayuntamientos cuando llegaban al poder".

   En este contexto, la edil afirma que "la presentación en el Consejo de Ministro del informe sobre la reforma de la administración local es el último capítulo del fracaso de los dos grandes partidos en sus políticas municipales".

   Asimismo, Herguedas ha augurado escaso recorrido a una reforma elaborada sin consenso que no reconoce las reclamaciones históricas de los municipios de más autonomía local y más suficiencia financiera.

   Por otro lado, la portavoz de IU-Verdes ha recordado que los ayuntamientos sólo disponen de trece de cada cien euros del conjunto de las administraciones públicas y a pesar de gestionar un buen número de servicios apenas acumulan el 4 por ciento del déficit del conjunto de estas administraciones.

   De este modo, ha considerado que los ayuntamientos no son un problema para el conjunto de las administraciones públicas, sino la solución. "Defender a los ayuntamientos es defender a los servicios públicos que de ellos dependen y defender la democracia que se ejerce de abajo arriba", añade.

   Por último, ha destacado como muy negativo el refuerzo del papel de las diputaciones que se desprende de esta reforma. "Las diputaciones son instituciones poco democráticas y obsoletas cuya única justificación es la de servir para colocar a enchufados", por ello, tal y como viene reclamando desde hace tiempo su organización ha pedido que desaparezcan repartiendo sus competencias entre Comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Región de Murcia alcanza los 900 megavatios de potencia instalada en energías sostenibles

MURCIA.-   La Región de Murcia alcanzó en 2012 un total de 900 megavatios de potencia instalada en energías renovables y eficientes, según los datos facilitados por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

   En concreto, la suma de la potencia instalada incluye la energía producida a través de cogeneración, hidráulica, fotovoltaica, solar termoeléctrica y eólica, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así, esto confirma la evolución positiva que a lo largo de los últimos años han tenido la instalación de proyectos y producción de energía a través de las tecnologías basadas en fuentes renovables. El director general de Industria, Energía y Minas, Pedro Jiménez, explicó que "desde 2007 duplicado las instalaciones basadas en energías renovables y sostenibles hemos en la Región, ya que aquel año contábamos con 453 megavatios instalados".

   Igualmente, más que la cifra global de potencia instalada, Jiménez hizo hincapié en que el 23,74 por ciento de la energía que se produjo en la Región durante el pasado ejercicio es energía eficiente, "lo que supone un importante volumen, que se va incrementando año tras año y que contribuye a que la Región incremente sus niveles de autosuficiencia energética".

   Y es que, desde 2007, se han incrementado en un 75 por ciento las instalaciones de parques eólicos en la Región, hasta alcanzar los 262 MW instalados. Además, en ese tiempo se ha duplicado la producción de energía eólica, que ha pasado de 158.000 megavatios hora a 309.000 megavatios hora.

   El director general apuntó que "Murcia es una comunidad que exporta energía a otras comunidades autónomas. De hecho, en el año 2011 exportamos 1.492.000 megavatios hora de energía eléctrica, lo que supone el 20 por ciento de la producción total de la Región, que ascendió a 7.800.000 megavatios hora".

   No obstante, Pedro Jiménez, pese a mostrar su satisfacción por estos datos, aseguró que "debemos seguir creciendo en este terreno porque el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética es una apuesta de futuro y también porque este sector presenta unas expectativas de negocio muy importantes que pueden aportar crecimiento económico y creación de empleo".

Viudes dejará la presidencia del Puerto de Cartagena en las próximas semanas

CARTAGENA.- El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el economista y empresario murciano Adrián Ángel Viudes, dejará el cargo en las próximas semanas aduciendo 'razones familiares', según fuentes del PP en ésta ciudad, que no han dado más detalles al respecto, y que lo dan como seguro.

La dimisión de Viudes puede estar relacionada con las recientes sentencias judiciales en favor de los estibadores, con los que se halla enfrentado, o realmente en esas razones familiares que parece va a aducir para justificar su inesperada retirada de la política regional y del mundo de la empresa.

Lo que sí parece cierto, es que Viudes ha estado meditando esta retirada en los últimos meses y que habría consultado antes con diversas instancias del PP y de su entorno más próximo para elegir el momento idóneo de hacerla efectiva y pública.

Para su sustitución, el presidente Valcárcel parece tener ciertas dificultades aunque se habla de otro economista dado el perfil del cargo y la necesidad de ciertos conocimientos previos para poder continuar y alcanzar los objetivos estratégicos para el Puerto, que se habrían fijado el propio Viudes y el presidente de la Comunidad Autónoma.

El Puerto de Cartagena bate récords: 20 condenas y 50 sanciones de Trabajo

MURCIA.- La empresa de estiba cartagenera, SESTICARSA, presidida por Adrián Ángel Viudes Viudes, también presidente de la Autoridad Portuaria local, ha sido condenada más de 20 veces en los juzgados de lo social y ha sufrido más de 50 actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo en los últimos cinco años, recuerda hoy 'El Confidencial'.

Este doble récord, sin parangón en España, se debe a la 'guerra' que el máximo responsable de las dársenas cartageneras libra contra los estibadores de la empresa Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Cartagena (Sesticarsa), que tenía que haber sido privatizada el año pasado, cosa que no ha podido realizarse por las numerosas irregularidades que la rodean, según el propio presidente.
Actualmente, Sesticarsa es la única empresa similar de todos los puertos del Estado español que sigue siendo pública: todas las demás han pasado ya a manos privadas de acuerdo con la nueva Ley de Puertos de 2010. Pero la singularidad más llamativa de la relación de la Autoridad Portuaria de Cartagena con los empleados de Sesticarsa es la serie continuada de condenas en juzgados de lo social y sanciones de la Inspección de Trabajo cosechada por aquélla en los últimos cinco años.
La última acta sancionadora fue enviada el 18 de enero pasado por el director territorial-jefe de inspección provincial de Murcia, Diego Martínez Rafecas, y notificada a primeros de febrero, y es relativa al incumplimiento del convenio colectivo por utilizar trabajadores ajenos a Sesticarsa, lo que se conoce como “prestamismo laboral”, y por no poner al frente de trabajos específicos a un capataz homologado. En ella “la sanción se aprecia en su grado máximo” y también “una intencionalidad [de la empresa presidida por Viudes] manifestada en la persistencia del comportamiento” irregular durante varios meses de 2012 y a pesar de las denuncias interpuestas por los trabajadores.

Esta es la última de la larga serie de no menos de 50 actas sancionadoras contra Sesticarsa que se complementan con una lista paralela de 20 sentencias de juzgados de lo social de Cartagena, convertidas en firmes en el TSJ de Murcia, por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Entre esas sentencias figuran varias por persecución sindical, por fraude a la Seguridad Social al no haber cotizado horas extraordinarias realizadas por los estibadores portuarios, y varias por incumplimiento de normativa laboral y de convenio colectivo, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, viejo militante de UCD que pasó después al PP, fue nombrado en 1996 por Puertos del Estado, a poco de producirse el triunfo de José María Aznar en las elecciones de ese año. A partir de 2001 cambió la legislación. Desde entonces, su nombramiento es propuesto por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y ratificado por el ministro de Fomento de turno. Viudes lleva ya en el cargo oficial mejor remunerado de la Región de Murcia un total de 17 años.
Durante los últimos siete, tras decidirse la privatización progresiva de las viejas sociedades estatales de estiba y desestiba con la nueva Ley de Puertos, se ha desatado la guerra judicial y laboral con los trabajadores de Sesticarsa, con el resultado descrito de un largo rosario de condenas en lo social y sanciones laborales contra la empresa y el puerto de Cartagena.

Además, la Autoridad Portuaria de Cartagena fue sancionada en 2008 con 3.005,06 euros por infracotizaciones de cuotas de horas extraordinarias a la Seguridad Social de 1.445.596,09 euros. La dirección de Sesticarsa  interpuso recurso contencioso-administrativo para evitar el pago de esa deuda. Otro caso llamativo es el incumplimiento hasta en 34 ocasiones durante el primer trimestre de 2012 de la obligación empresarial de designar un capataz para determinadas labores. O la anulación en septiembre de 2008 del despido de un trabajador afiliado al sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CTM) que había faltado al trabajo tras sufrir un accidente de trabajo.
La guerra de los cien años

En este contexto el proceso de privatización de Sesticarsa, participada al 51% por la Autoridad Portuaria y al 49% por capital privado no se ha podido realizar. La sociedad cartagenera ha quedado como caso único en España, puesto que, desde el 1 de enero de 2012, las 27 sociedades de estiba están transformadas en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) respectiva de cada puerto, de propiedad privada totalmente.
Un escrito del 20 de mayo de 2011, firmado por Adrián Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de Sesticarsa, informa a los delegados sindicales de CTM de que no se puede completar la privatización porque “depende de la resolución del proceso contencioso administrativo que la Sociedad tiene interpuesto como consecuencia de la denuncia por horas extraoridnarias”, cuya “sentencia tendrá como consecuencia la adaptación de Sesticarsa en Sagep, o la disolución de la misma”.
Para Cayetano Jaime Moltó, dirigente local de IU, “Viudes ostenta el liderazgo en toda España de sentencias condenatorias firmes relativas a la violación de derechos fundamentales, fraude a la Seguridad Social e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y la propia Inspección de Trabajo”.