El juez Ruz ha concluido su instrucción del caso Bárcenas, la caja B, los sobresueldos y otras presuntas mangancias del partido incompatible con la corrupción.
 Solo se trata de una pieza de ese gigantesco entramado de presunta 
delincuencia que ha erigido en veinte años el PP. Una construcción 
tenebrosa, grotesca, casi gótica, como una de esas cárceles imaginarias
 de Piranesi, pero cuyo descubrimiento ha conmovido el sistema político 
español. El reino de España reducido a la peripecia personal de un 
presidente que debió haber dimitido desde el primer día, pero que se ha 
empeñado en apurar las heces de la copa y hacérselas tragar al conjunto 
de la sociedad.
De
 este auto de Ruz seguramente no se derivarán consecuencias jurídicas de
 importancia dado que el comportamiento más reprobable moralmente, la 
financiación ilegal, no es delito y muchos otros posibles han prescrito y, de poder juzgar alguno, sería por fraude fiscal. Una situación similar a la de Al Capone en su día. 
Pero
 si, jurídicamente hablando, el auto de Ruz tiene solo un valor 
informativo, dadas las peculiaridades de nuestro ordenamiento, 
políticamente es una narración explosiva. El escrito del juez es un 
relato que podría incorporarse a la gloriosa historia de la literatura 
picaresca a gran escala. El PP lleva por lo menos 18 años financiándose 
ilegalmente a través de una caja B o doble contabilidad oculta en la que
 gestionaba los fondos que recibía sin deber y de los que se nutrían los
 más diversos cargos, mordidas, chanchullos, comisiones, pagos en negro,
 sobresueldos. El reino de la corrupción extendida e impune. 
El
 responsable político por partida doble de este quilombo de cimarrones 
de la ley es Rajoy, como presidente del partido y del gobierno. En 
cualquier otro país del mundo, un mandatario en esta situación procesal,
 presidente de un partido al que un juez imputa delitos, hubiera 
dimitido ya. Aquí, no. Aquí es al revés y es el sospechoso de corrupción
 el que trata de hacer dimitir a los jueces o que los inhabiliten.
En
 su célebre comparecencia parlamentaria del 1º de agosto de 2013, que 
tachonó de mentiras, Rajoy aseguró enfáticamente que en el PP no había 
caja B. El juez la da por probada. Solo por eso, Rajoy debiera haberse 
ido. Pero espérense ustedes no pague el juez caro su atrevimiento. No 
pudo negar los sobresueldos, pero los equiparó a los pluses de productividad
 de las empresas, lo cual es tan verosímil como comparar el PP con 
Cáritas. Al no colar lo de los pluses de productividad, los perceptores 
de sobresueldos en el PP, empezando por Rajoy, callan; no afirman ni 
deniegan haber estado forrándose. En esa sesión tuvo que admitir la 
autoría de unos infamantes SMS a Bárcenas ya en la cárcel que revelan un
 talante de absoluta complicidad. 
Y,
 después de esto, colorín colorado. Ni una explicación más sobre la 
corrupción que ha seguido creciendo hasta inundarlo todo y ser la 
segunda preocupación de los españoles. Es lo que Hernando, portavoz 
parlamentario de esta asociación de sobre-cogedores, llama "haber dado 
suficientes explicaciones". O sea, ni una. Pero el gobierno se ha 
dedicado a obstaculizar la acción de la justicia de mil maneras a fin de
 impedir que se aclaren los hechos. Ha destruido pruebas, demorado su 
entrega, se ha personado en la causa en posible fraude procesal, ha 
presionado a los jueces, maniobrado en todas las instancias con el único
 objetivo de impedir que el presidente se siente en el banquillo y ha 
embarullado cuanto ha podido. Todo el aparato del Estado al servicio de 
la defensa procesal del presidente, desde la presidencia del Congreso a 
la Agencia Tributaria. 
Presidente
 que sigue y seguirá negándose a comparecer en sede parlamentaria o a 
dar ruedas de prensa abiertas con proguntas libres y no pactadas. La 
oposición, muy enfadada, casi indignada, anuncia que estrechará el cerco
 sobre Rajoy y pedirá, como cada martes, su comparecencia que su guardia
 pretoriana negará en redondo también como cada martes. Bueno, además, 
se freirá a preguntas al ministro Montoro cuyas andanzas, recientemente 
descubiertas, darían para un segundo Buscón don Pablos. Hasta es posible
 que se pida su reprobación. Vale igualmente. Montoro contestará lo que 
le dé la gana y de reprobación, ni se hablará.
Si
 la oposición mayoritaria socialista quiere que se la tome en serio, 
tendrá que hacer algo más consistente que lamentarse sentada en el 
zaguán de su grupo parlamentario o chivarse a los periodistas de que no 
la dejan hablar.
Tendrá
 que presentar una moción de censura, como es su derecho y su obligación
 en una situación de emergencia crítica, con un gobierno únicamente 
pendiente de que no lo enchironen. 
Palinuro se niega a explicar las ventajas e inconvenientes de la moción de censura. Ya lo hizo en su día.
 Basta con refrescar. Solo una moción de censura puede clarificar la 
situación y devolver al electorado la confianza de que hay un recambio. 
Es el momento de Sánchez para consolidar su posición. Puede aprovechar 
las sinergias de la victoria de su partido en Andalucía, en donde ha 
derrotado rotundamente al del gobierno y ha detenido el avance de los 
novísimos que se han limitado a destrozar el huerto de la familia.  
Permítase
 por un momento a Palinuro interpretar uno de los papeles dramáticos más
 impresionantes, el de Lady Macbeth cuando le dice a su marido: ¿No te atreves a hacer lo que deseas? Y escúchese si Sánchez responde, como Macbeth: Me atrevo a lo que deba atreverse un hombre. Quien se atreva a más, no lo es.
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED