ALICANTE.- Las cuentas de Caja Mediterráneo de 2011 se
falsificaron para ocultar la situación crítica de la entidad, y la
responsabilidad de este maquillaje contable a gran escala recae sobre
parte de la cúpula directiva. Los directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez,
fueron, según la sentencia de la Audiencia Nacional, los
culpables de esta alambicada ingeniería para esconder los números rojos, según concluye el diario El Mundo en su edición alicantina.
Desde la Plataforma de Afectados de la CAM se
tachó ayer la sentencia de «vergonzosa y ridícula», ya que, en opinión
de esta entidad, el pronunciamiento judicial «ha sido blando» con los
causantes de la ruina de la caja. Y es que los condenados solo pagarán
una multa de unos
18.000 euros. El coste del rescate de la entidad
rondará los 11.000 millones de euros.
Los números
CAM presentó ante el Banco de
España un beneficio de 39,7 millones de euros al cierre del primer
trimestre de ese año; no obstante, tres meses después, y con la caja ya
intervenida por el Banco de España, las pérdidas se dispararon hasta
los 1.163 millones de euros y una ratio de morosidad
del 19%. Las cifras de los estados de balance e informe de los estados
financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban
«irreales y espurias».
La Audiencia estima que la situación de la caja suponía un riesgo para
el conjunto del sistema financiero, hasta el punto de que su caótico
estado obligó a intervenirla. Con todo, el tribunal añade que la quiebra
de la CAM no se debió únicamente «a la actuación irregular» de los
acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general
donde muchas entidades no superaron sus problemas de liquidez.
Al presidente de la caja, Modesto Crespo, le ha salido bien su estrategia de defensa. Alegó durante el juicio que su papel al frente de la CAM
era meramente representativo y sin poder ejecutivo y de decisión.
La fiscalía se creyó su versión y no solicitó pena alguna para el
empresario ilicitano. La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia
Nacional le ha exonerado de toda responsabilidad en el falseo de las
cuentas. El tribunal concluye que «su labor en la entidad que presidía
no trascendía de la meramente protocolaria y de representación, sin
participar de manera activa y efectiva en la adopción de las decisiones
que tomaba el Comité de Dirección, compuesto por los verdaderos gestores
de la entidad».
Otros tres directivos (Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa)
también se han librado de las condenas al no apreciar la sala delito
alguno en sus actuaciones. Todos los absueltos -excepto Ochoa- se
enfrentaban a penas de prisión por falsedad de cuentas, estafa agravada,
apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad
documental.
Sueldos legales
Los cuatro
condenados- Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y
Francisco Martínez- se han librado de los castigos que pedían las
acusaciones (la fiscalía, el Frob, la Fundación Caja Mediterráneo, las
particulares y la popular) por los delitos de estafa agravada, de
apropiación indebida agravada, de administración desleal, falsedad
documental, falsedad en la información a los inversores y manipulaciones informativas.
Únicamente Teófilo Sogorb ha sido condenado por falsedad en la
información a los inversores, de ahí que tenga un año más de prisión.
El tribunal ha considerado que las
millonarias retribuciones
que recibió la cúpula directiva de la CAM en los meses previos a la
intervención del Banco de España, unos 40 millones de euros, son
legales, por lo que los 13 directivos que se beneficiaron de estos pagos
no tendrán que devolver el dinero (los fondos procedían de las
prejubilaciones de miembros del comité de dirección; de una prestación
adicional asegurada para la jubilación de los integrantes de este
comité; de una paga de beneficios; de las aportaciones al plan de
pensiones; incentivos anuales y bono extraordinarios).
Así, los jefes de
la CAM podrán cobrar las pensiones vitalicias que les aprobó la
entidad, unas remuneraciones que oscilan entre los 130.000 y 369.000 euros anuales
(algunos las tienen embargadas para hacer frente a fianzas y
responsabilidades en otras piezas judiciales relacionadas con la quiebra
de la CAM).
Tampoco tendrán que devolver los 15,4 millones de euros
que percibieron seis directivos por prejubilarse en 2010 y 2011 (López
Abad, Agustín Llorca, Gabriel Sagristá, Joaquín Meseguer, Vicente
Soriano y Daniel Gil), antes de que la caja estallara.
La Audiencia
Nacional tampoco observa responsabilidad civil alguna en las actuaciones
de los directivos, por lo que no se verán obligados a indemnizar a
nadie. De este modo, por ejemplo, la Fundación Caja Mediterráneo,
que declaró su condición de víctima y perjudicada por el daño derivado
de la pérdida definitiva del negocio financiero de la CAM, no verá un
euro. El tribunal sostiene que será la vía civil la que tenga que
decidir sobre las posibles compensaciones a los perjudicados por el
falseo de las cuentas de la caja.
