MURCIA.- La elevada tasa de precariedad es diferente
en función del lugar de residencia de las personas que se encuentran en
esa situación. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura
y Andalucía son las comunidades con una mayor precariedad, seguidas de
Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco
registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%,
respectivamente.
En el conjunto nacional, la crisis ha aumentado en dos millones
más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad,
debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y
a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años,
según se desprende del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado
por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes
organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad
en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales
o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin
ingresos, se incrementó hasta llegar al 43,7% de la población, por lo
que en la actualidad afecta a un total de 20,6 millones de personas.
De esta forma, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, las
rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los
asalariados que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos
(2,9 millones) y los autónomos (casi 1,7 millones).
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos
de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos
18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones
de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora.
Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y
autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las
rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes
instrumentos como las sicav, sociedades patrimoniales y otros
instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De
hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la
baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un
1%.
Según Gestha, esta cantidad es sólo la "punta del iceberg", que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de "dimensiones gigantescas"
en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no
retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan
retirar sus fondos para no pagar al Fisco.
Asimismo, los contribuyentes más pudientes también han evitado
tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF, declarándolo como
ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de
diciembre de 2011 era del 21%, aunque el nuevo tipo máximo para estas
rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados
por su trabajo, que va desde el 24,75% hasta el 52%. Con todo, Gestha
valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las
plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir
la especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la
progresividad del IRPF.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad
entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas
subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han
sumado los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han
impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores
a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.
Para contrarrestar esta situación de precariedad, Gestha propone
una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de
63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las
diferencias salariales y centrando las inspecciones sobre grandes
corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión
fiscal.
Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en
excluir las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente
inmobiliarias y sobre valores mobiliarios, del concepto de rentas del
ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros
adicionales cada año.
Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y
reducir la desigualdad entre rentas, Gestha también defiende la
aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza
de ámbito estatal, evitando así las bonificaciones autonómicas al 100%
de la cuota, con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto
sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.
Sin embargo, consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa
debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas
para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes
fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada
exención de la plena propiedad de la deuda pública.
Pese a estar a favor del Impuesto de Patrimonio, los técnicos de
Hacienda consideran que hasta ahora su aplicación ha sido poco efectiva
por las vías de escape de las grandes fortunas y por las políticas
existentes en las diferentes comunidades autónomas.
En este sentido, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señaló
que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter
estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para
evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más
presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".
