MADRID.- El Tribunal Constitucional ha anulado, casi 12 años después, un
artículo de la ley del suelo del Gobierno regional de Murcia que
desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarlas en la diputación de la Marina de Cope, en Águilas, y también de la costa de Lorca, lo que significa un serio revés para la política depredadora del presidente Valcárcel y sus sucesivos gobiernos.
El Alto
tribunal señala que el cambio de los límites de los espacios naturales
de Murcia por ley sin informe científico ni planimetría detallada genera
“inseguridad jurídica”. El Gobierno regional murciano señaló
que acata la sentencia y que la cumplirá pero que no desiste del
proyecto.
En marzo de 2001, en el último momento de la tramitación
parlamentaria de la ley del suelo de Murcia, el PP introdujo una
enmienda aparentemente técnica: “Los límites de los Espacios Naturales
Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de
la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los
Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000”.
La enmienda trataba de ajustar los parques naturales de Murcia a los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que había propuesto el Gobierno
de Murcia, del PP, a Bruselas.
Pero además de unificar los límites, tenía otra consecuencia: en
algunos puntos muy codiciados por los promotores, se reducía la zona
protegida. Eso ocurría en el parque regional Cabo de Cope-Puntas de
Calnegre, una zona agreste y libre del ladrillo. La falta de agua, las
malas comunicaciones y la protección habían salvado ese enclave, cerca de
Águilas. En los años 70, Iberdrola planeaba allí una central nuclear
refrigerada con agua de mar, lo que también ayudó a que no se
construyera en la zona.
La defensa de la marina se convirtió en un emblema en Murcia (aún hay
pintadas con el “Cope no se vende”). Al cambiar los límites de los
parques naturales mediante una ley, los tribunales ordinarios quedaban
excluidos del control y casi nadie podía recurrir. Fueron 65 diputados
regionales del PSOE los que recurrieron ese artículo de la ley al Constitucional.
En su recurso, los socialistas alegaban que no se podía introducir un
cambio tan sustancial en una enmienda de última hora, que “sacrificaría
arbitrariamente” los valores de defensa del medio ambiente consagrados
en la Constitución en 11.000 hectáreas y que generaba “inseguridad
jurídica” pues los límites de los espacios protegidos no quedaban
claros.
El Gobierno regional defendió que no había tal desprotección y
justificó el cambio de los límites en que “los espacios naturales no son
algo estático”. Y destacaba que la designación de los LIC había seguido
un procedimiento riguroso.
El tribunal, en una sentencia fechada el pasado 13 de diciembre, considera
que el artículo es inconstitucional y que los límites de los parques
naturales deben volver al límite original. El tribunal considera que la
indefinición en la que quedaron los límites de los espacios protegidos
generan “inseguridad jurídica” (hasta 2006 no se publicaron los límites
de los LIC). “En la declaración de un espacio natural protegido resulta
del todo imprescindible que se ofrezca la más precisa delimitación
territorial”, afirma la sentencia.
Un portavoz del Gobierno de Murcia afirmó que el Ejecutivo regional
“acata el fallo y modificará lo que haya que modificar”, pero añadió que
eso “no tiene por qué afectar al proyecto porque no ha empezado”. Este
dio a entender que la Marina de Cope volverá a ser parque natural, pero
que el Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel volverá a comenzar la
desprotección, para lo que necesitará informes científicos y un complejo
trámite.
Tras conocer la sentencia, el propio presidente Valcárcel declaró que "no se acaba
el mundo" con el fallo, ya que "tiene una afectación cero para la
Región, porque se refiere a una mínima parte de un territorio en el que
todavía no hay nada".
Marina de Cope es uno de los empeños recurrentes de Ramón Luis
Valcárcel, en el Gobierno desde 1995, y aunque el proyecto ha ido cambiando ha incluido 9.000
viviendas, 22.000 plazas hoteleras y seis campos de golf y una marina
interior con casi 2.000 amarres. El suelo es en parte de Iberdrola, de
otros propietarios privados así como de la Caja de Ahorros de Murcia.
Eduardo Salazar, el joven abogado de Ecologistas en Acción y que ha combatido
jurídicamente el proyecto de Marina de Cope, se mostró especialmente satisfecho: "No
cabemos en nosotros de goce. Creemos que queda todo paralizado y lo que
estaba protegido debe volver a serlo. Ya no puede haber una actuación de
interés regional en suelo protegido", según sentencia en 'El País'.
