Como indiqué en un artículo anterior reciente (La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo, Público,
28.09.17), ha habido siempre dos visiones de lo que es España. Una ha
sido la dominante, que alcanzó su máximo desarrollo durante la dictadura
franquista, y que ha continuado durante todo el periodo postdictatorial
democrático, como consecuencia del gran dominio que las fuerzas
conservadoras tuvieron sobre el aparato del Estado y sobre la gran
mayoría de los medios de información en el proceso de transición de la
dictadura a la democracia, mal definido como modélico.
Tal visión es la
uninacional, presentando a España como la única nación existente de la
península ibérica no portuguesa, y que se encuentra reflejada en un
Estado monárquico centrado en la capital del Reino, Madrid (que tiene
poco que ver con el Madrid popular), de la cual irradian todas las otras
regiones, situación claramente reflejada en su sistema de transporte
radial, tomando la capital como punto de llegada y de salida de
cualquier vía de trasporte. Tal visión de España ha sido históricamente
la característica de las derechas españolas. Ni que decir tiene que han
ocurrido cambios importantes en este Estado uninacional que han diluido
algo su centralismo. Pero, por lo general, este ha mantenido las
principales características del Estado uninacional, en cuyos aparatos
continúa reinando la cultura heredada del régimen dictatorial anterior,
incluyendo su uninacionalidad.
La otra visión es la plurinacional, que piensa que en España hay
varias naciones con distintos idiomas y culturas que deben asociarse
voluntariamente y no por la fuerza, con soberanías que puedan
compartirse si así lo desean. Esta última visión es la más arraigada en
la cultura republicana, promovida históricamente por las izquierdas.
Alcanzó su máxima expresión durante la II República, que fue
interrumpida por un golpe militar (ayudado por tropas del régimen nazi
alemán y del fascista italiano) estimulado por las derechas, realizado
por unas tropas que se definieron a sí mismas como las “nacionales”, que
dijeron defender la Unidad de España, unidad que, por cierto,
nadie estaba cuestionando.
Lo que el president Companys de la
Generalitat de Catalunya estaba pidiendo no era la desunión, sino la
redefinición de España. El president Companys, lejos de ser
secesionista, se consideraba español y quería ayudar a establecer una
nueva España. Era altamente popular, no solo en Catalunya, sino también
en el resto de España. Un indicador de ello es que cuando fue liberado
de la cárcel de Cádiz, fue aclamado por la población de las distintas
ciudades españolas que tuvo que atravesar en su vuelta a Barcelona. Esta
visión plurinacional fue brutalmente reprimida (el president Companys
fue fusilado) durante la dictadura, siendo considerada como la
anti-España.
Tal visión plurinacional fue también la que estaba en los
programas de todos los partidos de izquierda, tanto catalanes como
españoles, durante la resistencia antifascista. Todos ellos apoyaron el
derecho de autodeterminación (lo que ahora se llama el derecho a
decidir), garantizando así una unión voluntaria y no forzada de los
distintos pueblos y naciones de España.
La imposición por parte del Monarca y del Ejército
de la visión uninacional en el periodo democrático
Dicha visión fue abandonada, sin embargo, durante la transición
debido al veto que pusieron el Monarca y el Ejército. Las izquierdas
catalanas, sin embargo, nunca abandonaron tal compromiso. Y el gobierno
tripartito dirigido por el socialista Pasqual Maragall propuso un
Estatut en 2005 que definía a Catalunya como nación dentro del Estado
español, Estatut que, a pesar de haber sido votado y aprobado por el
Parlament, por las Cortes Españolas (con sustanciales recortes) y por la
población catalana en un referéndum, fue vetado por las derechas
españolas, lideradas por el PP, que controlaban (y continúan
controlando) el Tribunal Constitucional.
Fue, como bien señala el
conocido y reputado catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez
Royo, en su reciente artículo L’obligació de Rajoy, ARA (04.10.17), “un golpe de Estado”
en el que se violaba la llamada soberanía popular (expresada en la
aprobación del Estatut en el Parlament, en las Cortes Españolas y en el
referéndum que tuvo lugar en Catalunya) por parte de un tribunal (el
Tribunal Constitucional) controlado por las derechas herederas del
Estado franquista, vetándolo. Y todo ello bajo el acuerdo
constitucional, sancionado por la inmodélica transición. De ahí surgió,
como también señala Javier Pérez Royo, la rebelión que ha llevado al 1
de octubre.
A ello ha contribuido la enorme pasividad y el silencio
ensordecedor del PSOE y de la gran mayoría de la intelectualidad
española. Esta rebelión fue radicalizándose a medida que el gobierno
Rajoy, máxima expresión e instrumento de los vencedores de la Guerra
Civil y de las fuerzas que dominaron la transición, ignoró, desoyó y
despreció las propuestas que le hicieron los sucesivos gobiernos de la
Generalitat para redefinir su relación con el Estado español. Era, pues,
inevitable que lo que está pasando, pasara. Los partidos
independentistas, principalmente dos bajo la alianza de Junts Pel Sí, no
habían sido independentistas hasta recientemente, siguiendo un proceso
bastante predecible: la gran mayoría de ellos (CDC y ERC) habían sido
antes federalistas, transformándose en independentistas cuando no vieron
ninguna posibilidad de cambio dentro del Estado actual.
Las raíces franquistas de las derechas españolas
(muchas de las cuales se definen como de centro o centroderecha)
Está claro que la mayor responsable de la gran crisis existente hoy
en España es la pervivencia de la cultura franquista en los aparatos del
Estado. Hay que recordar que el PP fue fundado en 1977 bajo el nombre
de Alianza Popular, una alianza de las asociaciones políticas de
ultraderecha franquista de las cuales las más destacadas fueron: Reforma
Democrática, liderada por Fraga Iribarne, ministro del Estado
dictatorial franquista durante el periodo 1962-1969 y 1975-1976; Unión
del Pueblo Español, liderada por Cruz Martínez Esteruelas, ministro
entre 1974-1976; Acción Democrática Española, liderada por Federico
Silva Muñoz, ministro en 1965-1970; Democracia Social, liderada por
Licinio de la Fuente y de la Fuente, ministro en 1969-1975, y
vicepresidente del gobierno durante el periodo 1974-1975; Acción
Regional, liderado por Laureano López Rodó, ministro en 1965-1967,
1967-1973 y 1973-1974; Unión Social Popular, liderado por Enrique Thomas
de Carranza, gobernador de Toledo en 1965-1969 y procurador de las
Cortes Españolas en 1971-1977, miembro de Fuerza Nueva; y Unión Nacional
Española, ministro en 1970-1974.
Todos ellos eran fundadores de dicha
fuerza política. Hoy la relación entre tal partido y aquel régimen se
reproduce leyendo la biografía de gran número de sus dirigentes. Un
ejemplo es Rafael Hernando, actual portavoz parlamentario del PP en el
Congreso de los Diputados, que fue miembro de Alianza Popular desde los
años ochenta, y que según algunas informaciones periodísticas habría
mostrado simpatías hacia el partido de ultraderecha Fuerza Nueva.
Ni que decir tiene que dicho partido es una especie de paraguas bajo
el cual hay diversas sensibilidades, desde la fascista (que explica que
en España no haya un partido ultraderechista de masas) hasta la
cristianodemócrata y la liberal. Pero su cultura hegemónica es
claramente franquista, y su nacionalismo uninacional extremo es heredero
del existente durante la dictadura. Esta visión, tanto en la versión
extrema como en la versión más moderada, es la que domina la
intelectualidad española, basada en la capital del Reino. Han
contribuido a ello los mayores medios de información, incluyendo El País,
que fue establecido por algunos personajes dentro de la dictadura que
se consideraron reformadores, tales como Fraga Iribarne, quien fichó a
Juan Luis Cebrián para que lo gestionara.
Juan Luis Cebrián (cuyo padre
fue el director del diario Arriba, el diario oficial del
régimen fascista) había sido director de los servicios informativos de
la Radio Televisión Española en 1974, que era el mayor instrumento
propagandístico del régimen dictatorial. Ni que decir tiene que El País
fue abriéndose, permitiendo cierta pluralidad en sus páginas, de las
cuales fueron excluidas, con notables excepciones, las izquierdas y los
que cuestionaron la visión uninacional del Estado, convirtiéndose en el
máximo valedor de la Monarquía y de tal Estado. Su respuesta a la crisis
actual ha sido un furibundo ataque a las nuevas izquierdas y a los
partidos independentistas (el último ejemplo es el artículo de uno de
sus intelectuales, el Sr. Santos Juliá, que, predeciblemente, atribuye
todo lo que ocurre en Catalunya a la CUP, un partido independentista que
obtuvo solo un 8% de los votos validos en las elecciones de 2015).
El establishment uninacional, heredero del franquismo, pone todo el
peso de su argumentario en defensa de su visión uninacional (que
justifica la represión llevada a cabo por los aparatos judiciales y de
seguridad del Estado en Catalunya) en el respeto a la ley y a la
Constitución, leyes y Constitución que en gran medida fueron elaboradas
en un proceso altamente desigual (que propagandística y erróneamente se
definió como modélico), dominado por las derechas.
Ni que decir tiene que, incluso en el caso de que se aceptara que la
ley refleja la soberanía popular (supuesto altamente cuestionable), hay
que señalar que el gobierno Rajoy se ha saltado las leyes españolas
constantemente, siendo uno de los partidos políticos con mayor
corrupción en España. Y, de nuevo, incluso aceptando que la ley fuera
resultado de la soberanía popular (que no lo es), su aplicación es
constantemente sesgada a favor de los intereses económicos, financieros,
religiosos, partidistas y de clase que ejercen un enorme dominio sobre
el aparato judicial; el caso Millet en Catalunya y el caso Púnica en
España son un ejemplo de ello. El enorme conservadurismo y
corporativismo del estamento judicial es de sobras conocido.
La incapacidad de comprender qué pasa en Catalunya (y en España)
Otra característica del pensamiento uninacional típico del régimen
del 78 es su incapacidad para entender lo que ocurre en Catalunya,
atribuyendo el movimiento de rebeldía en defensa de la identidad y la
nación catalanas a la propaganda y capacidad de movilización de los
partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya, antes Convergència i
Unió (alianza de un partido liberal y un partido cristianodemócrata) y
ahora el mismo partido Convergència con ERC.
En dicha interpretación se
olvida que el primer partido, Convergència, ha caído en gran descrédito
debido a haberse conocido la gran corrupción de su dirección, que
utilizó la Generalitat de Catalunya como si fuera de su propiedad para
su beneficio personal (situación que Pablo Iglesias ha definido, con
acierto, como el nacional-patrimonialismo del PP, y que puede atribuirse
igualmente a CDC), teniendo incluso que cambiar su nombre a PDeCAT. El
otro partido de la coalición CiU, Unió Democràtica, ha desaparecido.
Se olvida u oculta también que los que propusieron el Estatut de
Catalunya del 2005 fueron las izquierdas (el tripartito dirigido por
Pasqual Maragall). Y también se ignora que las movilizaciones iniciales
fueron para defender tal Estatut. Su posterior radicalización es
responsabilidad de la insensibilidad democrática y de la falta de
respeto a la plurinacionalidad por parte del Estado central. Es
sorprendente que la mayoría de artículos sobre la crisis publicados, por
ejemplo, en El País, hayan sido críticos con Junts Pel Sí y pocos con el gobierno Rajoy.
El sectarismo del establishment
intelectual-mediático español
Creo haber sido uno de los autores catalanes y españoles que más ha
criticado en España y en Catalunya al gobierno de Junts Pel Sí de la
Generalitat de Catalunya por sus políticas económicas y sociales, que
pertenecían claramente a la sensibilidad neoliberal, la misma, por
cierto, que inspiró al gobierno del PP (en realidad, las tensiones
nacionales entre el gobierno del PP y Junts Pel Sí están ocultando la
enorme crisis social que sus políticas económicas han provocado; la
evidencia de ello es abrumadora). Y también he criticado el
comportamiento antidemocrático de Junts Pel Sí, mostrado en su
manipulación sectaria del Parlament de Catalunya, como bien denunció el
parlamentario Joan Coscubiela, de la coalición Catalunya Sí que es Pot.
Ahora bien, es de un sectarismo denunciable el comportamiento del
establishment político-mediático español y de su intelectualidad
(incluyendo grandes sectores de la intelectualidad de la izquierda
española), que mientras denuncian en varias páginas de El País (uno
de los rotativos más sectarios hoy en España, eje del establishment
mediático uninacional, profundamente hostil a los nacionalismos
“periféricos” y a las nuevas izquierdas, y defensor a ultranza del
régimen del 78, definiendo la transición como modélica) el
comportamiento antidemocrático de Junts Pel Sí, permanecen callados, en
un silencio ensordecedor, frente a la enorme represión que ha ocurrido
en Catalunya (alrededor de 900 heridos).
Es interesante señalar que la
atribución de la mayor responsabilidad por la gran crisis política del
país al gobierno catalán es característica del uninacionalismo
franquista vigente que apareció también en el discurso del rey Felipe
VI. Una postura más equilibrada, pero también errónea, es la que
atribuye la responsabilidad en igualdad de condiciones al gobierno
central y al gobierno catalán, y digo errónea porque es fácil de
demostrar que ha sido la versión uninacional franquista, presente no
solo en el gobierno Rajoy, sino también en el establishment
político-mediático español, la causante de la gran crisis política del
país.
Una última observación:
el error de algunas voces de izquierdas
Una postura bastante extendida en amplios sectores de las izquierdas
españolas es considerar estas discusiones y tensiones como resultado del
protagonismo de los nacionalismos en la vida política del país, que
están ocultando la enorme crisis social del país. Esta percepción, a la
cual me he referido en varias ocasiones, tiene un gran elemento de
verdad. Describe parte de la situación actual. Es, pues, necesario
subrayar la importancia de este argumento.
Ahora bien, un argumento
puede ser necesario pero no suficiente, ya que el mismo Estado
uninacional que prohíbe y persigue el plurinacionalismo en España es
también (como he documentado ampliamente) el Estado responsable de la
crisis social actual. Esto es una realidad obvia, de manera que el tema
social está íntimamente ligado al tema nacional. De ahí que
históricamente las izquierdas, no solo las catalanas, sino también las
españolas, hubieran incorporado en sus proyectos de gobierno el apoyo a
un Estado republicano plurinacional. Hay que recuperar la validez del
proyecto republicano social y plurinacional. Y me alegra constatar que
ello está ya ocurriendo. En Catalunya, en las movilizaciones, pueden
verse más y más banderas republicanas. Y lo mismo está ocurriendo a lo
largo del territorio español.
Hay una creciente constatación en Catalunya que para conseguir un
cambio social y nacional hay que favorecer y defender la
reestructuración del Estado español, por el bien de España y por el bien
de Catalunya. Las nuevas izquierdas están hoy cuestionando la
uninacionalidad de España. Su iniciativa de invitar a todas las fuerzas
democráticas a actuar de forma colaborativa para trasformar España
(incluyendo Catalunya) es de una enorme trascendencia e importancia.
Ni que decir tiene que las derechas postfranquistas están acusando a
tales nuevas izquierdas de ayudar al independentismo. Y dicho mensaje
aparece extensamente hoy en el establishment uninacional español,
alcanzando niveles grotescos en su promoción internacional. Nada menos
que el director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de
Relaciones Internacionales (European Council of Foreign Relations),
escribió hace unos días un artículo que define al movimiento de rebelión
en Catalunya frente al Estado central como un movimiento racista (sí,
ha leído bien, racista) que considera a los españoles como inferiores, y
acusando, por si no fuera poco, a Podemos de proindependentista,
utilizando “tácticas insurreccionales” (tal personaje se llama Francisco
de Borja Lasheras; su artículo aparece en Social Europe).
Y lo
que es más lamentable es que algunas izquierdas están contribuyendo a
esta campaña. Pero cualquier persona que conozca la realidad (pasada y
presente) de este país puede ver que la única solución para mantener
España unida hoy es precisamente pidiendo una alianza de todas las
fuerzas democráticas en oposición al establishment heredero del
franquismo. La vía actual defendida por el Rey y por Rajoy creará la
ruptura de España.
(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
