MURCIA.- En el complejo de edificaciones de la Urbanización Las Sirenas, en el primer tramo de acceso sur de La Manga del Mar Menor,
casi todos los apartamentos tienen las persianas bajadas. El lugar es
casi un desierto de población en febrero. Pero el cierre no deja de ser
una prudente medida de prevención. El mes pasado,
muchas de las ventanas y fachadas en primera línea, entre la playa de
Marchamalo y la playa de Levante, sirvieron de escollera al fuerte oleaje del temporal, recuerda hoy El Confidencial.
Barandillas enteras de piedra del estrecho paseo marítimo (tres o
cuatro metros de ancho) que separa las edificaciones de la arena
cedieron al empuje del mar. Tramos de la cimentación cedieron y casi un
metro de grosor de los cientos de metros cúbicos de aportes artificiales
de arena se esfumó arrastrado hacia el interior del Mediterráneo o
hacia el brazo de tierra que separa la laguna interior del Mar Mayor,
dejando desnudo el antiguo alcantarillado que llevaba las aguas fecales
directamente al mar.
Visitar la zona tras el temporal en pleno invierno es tener una sensación de viaje a un escenario de aire posapocalíptico. La Manga del Mar Menor es la zona cero de la borrasca Gloria
y sus efectos un problema añadido a los muchos de sostenibilidad que
sufre este espacio natural completamente invadido y desbordado por la
actividad humana desde distintos frentes, tanto por los vertidos
agrícolas como por la sobreexplotación turística y urbanística.
Saber qué pasará con La Manga en las próximas décadas es un ejercicio de adivinación incierto. Pero el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera
guarda en el cajón un documento que da muchas pistas sobre el futuro y
sobre cómo enfoca la problemática de litoral murciano y sus posibles
soluciones, además de poner el dedo en la llaga de un asunto siempre
polémico: el encaje entre propiedades y edificaciones en primera línea y
el cambiante límite del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata del Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, un trabajo encargado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM).
Aunque el Ministerio de Transición Ecológica sostiene que se trata de
un borrador en fase muy inicial, todavía no sometido a información
pública y abierto a modificaciones, lo cierto es que el documento,
avanzado parcialmente por el periódico 'La Verdad' de Murcia y al que ha
tenido acceso El Confidencial, se extiende sobre 394 páginas y hace un
exhaustivo repaso de la situación actual de todos los espacios de costa
afectos al Mar Menor y al lado exterior de La Manga, lo que se conoce
como Mar Mayor.
El borrador hace un diagnóstico general y exhaustivo, tramo a tramo y playa a playa, señalando la necesidad de realizar cambios y acciones ligadas al modelo productivo
y de desarrollo en el que considera que deben comprometerse "todos los
actores del territorio" y que están relacionados con la actividad
agrícola, el saneamiento, la gestión de residuos, la ejecución de
figuras de protección y la propia ordenación del territorio.
Y anticipa, además, varios escenarios de lo que podría ocurrir a lo
largo de los próximos ochenta años con el actual nivel de emisiones de
gases de efecto invernadero: regresión importante del brazo de tierra de
La Manga en 2040 o 2050 e, incluso, su desaparición parcial al final
del siglo actual.
En lo que se refiere al apartado de ordenación del territorio, Costas
sostiene que la mayoría de municipios ribereños no disponen de
planeamiento urbanístico adaptado a la ley del suelo regional y que "las
directrices de ordenación del litoral de la Región de Murcia, aprobadas
en 2004, no parecen haber garantizado una adecuada ordenación de la
zona".
En resumen, el trabajo no hace sino constatar una realidad a la
vista de cualquier observador: que el urbanismo del Mar Menor adolece de todo orden,
una característica especialmente evidente en la barra de La Manga,
donde los edificios de apartamentos, chalés y otro tipo de edificaciones
como zonas de fondeo o atraque de embarcaciones han proliferado sin
apenas control desde que en los años sesenta comenzaran a ejecutarse los
primeros desarrollos urbanísticos.
Por ello, el plan inicial defiende
que procede "plantearse la conveniencia de sustituir o eliminar aquellas
infraestructuras que mayores impactos provocan y reducir la carga de infraestructuras existente",
cuando estas condicionen el movimiento de sedimentos, la evolución de
las playas y el oleaje de la laguna interior o del exterior.
Una
parte importante del plan pasa por recuperar franjas del Dominio Público
Marítimo Terrestre para propiciar su regeneración y realizar
actuaciones de protección y recuperación ambiental desde el puerto de Pilar de la Horadada hasta el murciano Cabo de Palos.
Esa ocupación, a través de deslindes, afectaría a suelos que
actualmente albergan propiedades y edificaciones privadas.
El plan ha
detectado más de tres centenares en el conjunto costero y en los
términos municipales de Cartagena (La Manga, los Nietos y los Urrutias),
San Javier, San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada. Hay 248 viviendas, 42 chiringuitos, cuatro hoteles o 15 restaurantes.
"La recuperación del dominio público es una de las prioridades de las
actuaciones en la costa en estudio", señala. El texto llega acompañado
de planos de identificación de estos inmuebles y advierte: "En el caso
de resultar ilegales se debe proceder a su recuperación".
El Plan de Protección advierte de la "necesidad de reducir la invasión
urbana en la costa" y contempla, entre otras alternativas, la de
"eliminar las edificaciones o construcciones invasivas". CEDEX es
consciente de la repercusión de este tipo de medidas. Las considera las
mejores desde el punto de vista técnico y medioambiental.
Pero observa
que la alternativa "se enfrenta a graves problemas sociales y humanos,
muy difíciles de abordar, salvo en los casos puntuales que no tengan esa
componente social o humana". Las otras alternativas pasan por instalar obras de defensa
e incluso "realizar un dique longitudinal de escollera a lo largo de
todo el frente invadido para así proteger las edificaciones".
La Manga, con más de 200 edificaciones consideradas irregulares,
es la zona donde la recuperación de las ocupaciones de zona de dominio
público marítimo-terrestre se considera "prioritaria". En Las Sirenas,
por poner un ejemplo, hay cuatro edificios, un hotel y nueve
restaurantes susceptibles de ser expropiados y "recuperados" para el
Estado.
Nina, que regenta una inmobiliaria instalada en uno
de los tramos identificados por Costas como dentro del dominio público,
expresa su inquietud por los planes del Ministerio. "Nos parece una
barbaridad. Si esto trasciende más, crearán una incertidumbre. ¿Quién
querrá comprarse una casa aquí?".
"Se trata de un documento muy beta que tiene que recibir muchas
aportaciones de comunidades científicas, ayuntamientos… Abre una
reflexión de qué actuaciones hay que hacer. Hay zonas urbanizadas que
puede que algunas de ellas estén en dominio público y que haya que delimitar y replantear. Habrá que repensarlas y adaptarlas a la nueva situación", afirma Diego Conesa,
secretario general del PSOE de Murcia, que también conoce el documento a
través de la Demarcación de Costas de Murcia.
Conesa es consciente de
la inquietud que genera en algunos ámbitos de la población que
Transición Ecológica esté planteándose expropiaciones, de ahí que trate
de rebajar la contundencia del informe.
Sin entrar a valorar
cuestiones específicas sobre su contenido, fuentes del Gobierno murciano
explican sobre el conjunto de plan de protección que "preocupa" que
ocurra como con otros planes anteriores.
"Como con el Proyecto de
Vertido Cero tan necesario para la recuperación del Mar Menor,
que desde septiembre está aprobado y recientemente anunciaron que iban a
presentar un Plan Verde, reconsiderando las medidas; pero pasa el
tiempo y no hay actuaciones en marcha".
Sobre este nuevo plan, desde la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, señalan como déficits la ausencia de una valoración económica
de las actuaciones propuestas, la inexistencia de un cronograma donde se
describa temporalmente el orden y duración de las actuaciones
o la falta de concreción sobre cómo deben coordinarse las distintas
administraciones, pues alcanza a competencias de los tres niveles
(Estado, Gobierno regional y ayuntamientos).
"Globalmente, es un punto
de partida, pero carece de un grado de desarrollo al detalle de cada una
de las actuaciones", afirma, desde el departamento del consejo, el
popular Antonio Luengo.
Lo cierto es que cada vez son más las voces que reclaman acciones
valientes para frenar el deterioro del conjunto del Mar Menor. Ramón Pagán, de la Plataforma por el Mar Menor,
explica que el brazo de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo
está "sobresaturado urbanísticamente".
"Lo vemos necesario", señala
sobre el plan del Ministerio. "Hay zonas de La Manga, chalets y casas,
que se construyeron tan cerca de la orilla que con el aumento del nivel
del mar (durante los temporales) se están quedando dentro del agua".
Pagán explica que antes de su urbanización, La Manga contaba con un
sistema de dunas y con mecanismos de regeneración natural que ahora han
desaparecido. "Hace 40 años que las dunas desaparecieron. No hay
reservas de arena", afirma.
Es algo que se observa a simple vista
paseando por cualquiera de las playas en regresión. Los edificios han
sustituido a las colinas y en las calles interiores todavía pueden verse restos de algas empujadas por el temporal Gloria.
El
tiempo corre en contra de este espacio cada vez más desnaturalizado,
pero todavía excepcional. Ahora corresponde a los murcianos decidir
cuánto tendrán que sacrificarse para preservarlo y a las
administraciones qué pasos están dispuestas a dar y cómo para ejecutar
los planes que tanto temen exponer a la opinión pública.
