CARTAGENA.- El Gobierno regional ha iniciado la redacción del proyecto técnico de
descontaminación de los terrenos de El Hondón, así como la realización
de los estudios complementarios necesarios que posibilitarán la
recuperación de la zona, que ejecutará de manera subsidiaria la
Administración autonómica.
Antes de comenzar los trabajos, la
Comunidad Autónoma ha exigido a la mercantil Ercros el pago de más de
800.000 euros para sufragar los costes derivados de esta actuación, en
aplicación del principio de 'quien contamina, paga', recogido en la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
Así
lo ha expuesto el consejero de Medio Ambiente, Universidades,
Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su comparecencia
en la sesión de control de la Asamblea Regional para detallar las
actuaciones emprendidas por el Ejecutivo autonómico tanto en El Hondón
como en los terrenos contaminados de la antigua fábrica Española del
Zinc (ZINCSA), en Cartagena.
Durante su intervención, Vázquez
ha subrayado que "no vamos a permitir que los ciudadanos de Cartagena ni
de la Región asuman el coste de la reparación ambiental", y ha
asegurado que "quien contamina, paga", como establece la legislación
vigente y varias directivas europeas.
Esta acción se enmarca
en una estrategia regional que busca recuperar, mediante soluciones
definitivas y permanentes, las 159 hectáreas de terrenos afectados en
Cartagena por las actividades industriales de empresas como Potasas y
Derivados, Española del Zinc y Peñarroya.
El consejero ha
insistido en que "no se permitirán parches ni soluciones cortoplacistas"
y que la estrategia del Gobierno se basa en el rigor técnico y
científico, la colaboración institucional y la exigencia de
responsabilidades a quienes contaminaron.
En el caso de ZINCSA,
desde el cierre de la factoría en 2008 y su declaración como suelo
contaminado en 2009, el Gobierno regional ha realizado inspecciones
periódicas, emitido múltiples requerimientos a Cartagena Parque, empresa
que adquirió el suelo en 2018, y exigido medidas concretas.
Entre ellas, la retirada de 500.000 litros de líquidos peligrosos y
otros 800.000 litros no peligrosos, ya en proceso, así como la
reparación de tres kilómetros de vallado perimetral.
El plan
de descontaminación presentado por Cartagena Parque ha sido rechazado
por la Consejería por considerarlo "insuficiente", ya que propone
medidas temporales como el sellado in situ de los residuos.
"No aceptaremos soluciones temporales ni parches. Exigimos una
descontaminación real, completa y acorde con la ley", ha afirmado
Vázquez. Por ello, se ha otorgado un plazo de tres meses a la mercantil
para presentar un plan definitivo, que incluya una evaluación de riesgos
y la recuperación completa de la zona.
De no cumplirse esta
obligación, la Consejería procederá con sanciones coercitivas o con la
ejecución subsidiaria de las actuaciones, tal y como prevé la ley.
Vázquez ha recordado que Cartagena Parque está legalmente obligada a
descontaminar el terreno al nivel que tenía cuando fue contaminado, es
decir, a su uso industrial anterior.
Además, el Gobierno
autonómico ha reforzado la vigilancia ambiental de la zona y trabaja de
forma coordinada con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, y
entidades como Emgrisa.
En la zona se han tomado 1.400
muestras en 13 ubicaciones durante 14 meses para analizar hasta 43
sustancias, sin que se hayan superado los valores límite legalmente
establecidos.
Vázquez ha añadido que "los próximos meses serán
clave para saber si Cartagena Parque cumple con sus obligaciones o si
la administración deberá asumir la descontaminación de forma directa",
reiterando el compromiso de garantizar una recuperación ambiental
efectiva, permanente y con base científica.
Durante el debate,
la portavoz de Podemos, María Marín, ha denunciado la inacción del
Gobierno regional y anunció una denuncia por un presunto delito contra
la salud pública.
Marín criticó que "17 años después del
cierre de ZINCSA y 16 años desde que se declaró el suelo contaminado, los
vecinos siguen respirando veneno", y destacó los altos niveles de
metales pesados en barrios cercanos como Torreciega, según estudios
recientes.
También ha reivindicado la labor de investigadores
independientes como Matías Peñas, que ha sido clave en la visibilización
de esta problemática ambiental.
La diputada del PSOE, Carmina
Fernández, ha subrayado que "los vecinos no piden dinero, solo quieren
respirar aire limpio", y ha denunciado la falta de intervención regional
en otras zonas contaminadas como Peñarroya o Potasas y Derivados.
Además, ha pedido explicaciones sobre la priorización de El Hondón
frente a otras zonas igual de afectadas y destacó el contraste entre la
actuación del Gobierno de España en la Sierra Minera, con inversiones de
110 millones de euros, y la "inacción" del Ejecutivo murciano.
Desde Vox, Pascual Salvador ha exigido una solución urgente para ZINCSA
y ha valorado el papel de los vecinos y asociaciones que llevan años
luchando por la descontaminación.
"Si algún día conseguimos el objetivo
de esta comparecencia será por su denuncia, vigilancia y perseverancia
de tantos años", ha afirmado .
La diputada del PP, María
Casajús, por su parte, ha defendido la estrategia del Gobierno
autonómico y ha pedido "no fomentar el miedo ni la confrontación".
También ha asegurado que las actuaciones se están desarrollando "desde el conocimiento técnico y científico, con total transparencia y con participación de los vecinos", y ha reiterado que la recuperación de suelos contaminados es una prioridad para el Ejecutivo regional.
