Martínez Moya dice que los 'escraches' requieren una respuesta "sosegada" y con "mucho rigor jurídico"

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha explicado que los denominados 'escraches' o protestas en las puerta de casa de políticos suponen un "juego de equilibrio complejo" entre derechos fundamentales que demanda una respuesta "sosegada, tranquila, serena y con mucho rigor jurídico".

   Martínez Moya ha respondido de esta forma al ser preguntado por los 'escraches' en un contacto que ha mantenido con los medios de comunicación tras presidir la jura de los 14 jueces de la 63 promoción de la Escuela Judicial con destino a la Región de Murcia.

   El presidente del TSJRM ha admitido que los 'escraches' son una cuestión "difícil de responder desde una óptica estrictamente jurídica, que es la respuesta que yo puedo dar".

   A su juicio, el debate "ahora mismo está en la sociedad y en la temática propia del orden público y, lógicamente, esa temática de orden público y social tiene un componente jurídico que lo envuelve todo".

   En concreto, explica que este componente jurídico cuestiona "si están en juego derechos fundamentales, así como el equilibrio y la entrada en conflicto de estos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de manifestación y de reunión".

   Martínez Moya también se ha referido al decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

   Al ser preguntado a este respecto, Martínez Moya ha señalado que no ha leído todavía el decreto, y ha afirmado que, como jurista, no le gusta hacer juicios "sin leer los papeles y sin leer las normas".

   "Conozco lo que dicen los medios de comunicación y cómo se ha expresado en el debate", ha afirmado Martínez Moya, quien ha reconocido no tener por este motivo "un juicio jurídico formado".

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.

   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.

   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"

   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

IU-Verdes acusa al PP de Bullas de urbanizar el perímetro de La Rafa en contra de los intereses de la ciudadanía

BULLAS.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Bullas, Manuel Escámez, ha acusado este jueves al PP de favorecer los intereses de la empresa privada 'Reyes Carreño S.L.' a través de la aprobación de un acuerdo mediante resolución de alcaldía para la urbanización del perímetro de protección del complejo turístico y deportivo de La Rafa.

    En rueda de prensa, Escámez ha indicado que el PP del municipio pretende urbanizar el citado perímetro, de unos 100 metros y protegido en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en su elaboración contó con la participación y dictamen del Consejo Asesor de Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico.

    El edil ha denunciado que el equipo de Gobierno ha planteado aumentar el volumen de edificabilidad del perímetro de 0,23 al 0,54 m2/m2, lo que supondría dejar sin efecto la protección establecida en la aprobación inicial y vulnerar las recomendaciones de la Comunidad Autónoma en relación a la ordenación de la comarca del noroeste.

    Ha hecho también hincapié en que hay muchas zonas urbanizadas y sin ocupar en el municipio, como Los Cantos 1 y 2, El Prado, la antigua fábrica de El Mensajero o el entorno del museo del Vino, por lo que "no tiene sentido" generar una mayor oferta de terreno urbanizado.

    Escámez ha denunciado, asimismo, que en la pasada legislatura el entonces concejal del PP Juan Ángel Puerta aportó documentación a 'Reyes Carreño S.L.' para la redacción de alegaciones a la aprobación inicial del PGOU, "demostrando que a ese partido le preocupa más los intereses de una empresa privada que los de la ciudadanía de Bullas".

Constructoras y concesionarias reclaman a Fomento el 49% de la sociedad de rescate de autopistas

MADRID.- Las constructoras y concesionarias accionistas de la decena de autopistas actualmente en riesgo de quiebra han reclamado al Ministerio de Fomento contar con al menos el 49% del capital de la sociedad que este Departamento prevé constituir para rescatar las vías, según informaron hoy fuentes del sector.

   El Ministerio que dirige Ana Pastor ha propuesto ceder el 20% de esta sociedad de autopistas en compensación por las aportaciones que sus actuales accionistas realizaron en las vías.

   No obstante, las concesionarias estiman escaso este porcentaje frente a las inversiones y aportaciones que han realizado en las autopistas, tal como adelanta el diario 'Expansión' en su edición de este jueves.

   El sector asume, no obstante, que Fomento se garantice el control de la mayoría del capital (un 51%), con el fin de que la deuda de unos 4.000 millones que las vías tienen con los bancos pase a tener garantía del Estado.

   En cuanto al reparto del capital de la sociedad, por el momento, Fomento accede a que el 20% que está dispuesto a otorgar a las concesionarias se distribuya entre las empresas en función de la distinta "calidad" de las vía que cada una aporte.

   Dicha "calidad" se mediría en función de la deuda que soporta, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) que genera y su tráfico, entre otras variables, según detallaron fuentes del sector.

   No obstante, las constructoras y las concesionarias actualmente titulares de las vías siguen considerando escaso un porcentaje de participación del 20%.

   Según datos del sector, los accionistas de las autopistas han realizado aportaciones de capital e inversiones por un monto total de 2.800 millones de euros en las vías que, además de su deuda financiera, afrontan un riesgo de pago de expropiaciones de unos 2.300 millones.

   Precisamente, el sobrecoste de las expropiaciones, junto con el desplome de los tráficos, constituyen las dos principales causas de los problemas económicos y financieros de estas autopistas.

   Para solventarlo, Fomento ultima la constitución de dicha sociedad de capital mayoritariamente público y dependiente de su Ministerio que se quedaría con las vías y su deuda. El Departamento que dirige Pastor contempla que las autopistas que más caja generen contribuyan a compensar a las más deficitarias.  

   De la decena de autopistas con problemas, seis de ellas están ya en concurso de acreedores (las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera), y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas. Entre sus accionistas y concesionarios figuran ACS, Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, OHL, Ploder y Globalvía, además de alguna entidad financiera.

El presidente del TSJRM exige "dedicación y agilidad" ante la corrupción para restablecer la confianza en Estado de Derecho

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha dado este jueves la bienvenida a los 14 jueces de la 63ª promoción de la Escuela Judicial que se incorporan a la Región de Murcia y agradeció que eligieran esta comunidad autónoma como primer destino en un día que calificó de "histórico", por el número de recursos humanos que se incorporan.

   Durante su discurso de juramento o promesa de los nuevos jueces, el presidente ha exigido "dedicación, agilidad y prudencia" en los casos de corrupción para "restablecer la confianza en el Estado de Derecho", y les ha recordado el "compromiso de independencia e imparcialidad" que adquieren al incorporarse al Poder Judicial, "integrando una familia profesional que se define por la vocación, el esfuerzo, el trabajo, el servicio y la responsabilidad".

   Tras el sacrificio de preparación les animó a "contribuir a la mejor convivencia y el mejor desarrollo" y a sentirse orgullosos de su elección profesional, "pues en vuestras manos van a estar los conflictos de la sociedad".

   Pero, consciente de la realidad social actual y de los recursos disponibles, Martínez Moya no ocultó a los nuevos jueces la dificultad de sus nuevos destinos. "Muchos vais de apoyo a compañeros que están trabajando en causas complejas, de corrupción, que exigen dedicación, agilidad, prudencia y de los que depende notablemente la confianza de los ciudadanos en el verdadero y efectivo Estado de Derecho".

   Y, a pesar de los avances en los últimos años, les dibujo un horizonte cargado de escasez y de recortes, en el que los medios materiales y humanos "son insuficientes".

   No obstante, el máximo representante del Poder Judicial en la Región insistió en que el compromiso de los jueces está por encima de estas circunstancias y "las carencias no pueden servir de coartada", haciendo un llamamiento a optimizar los recursos y a poner en marcha iniciativas que, en nuestro ámbito de trabajo, mejoren el sistema.

   Martínez Moya ha destacado que es un día importante para la Justicia en la Región no sólo por estos 14 nuevos magistrados, sino porque este viernes también habrá "un importante movimiento de 24 jueces en el mapa judicial de la Comunidad como consecuencia de la última promoción".

   A día de hoy, la Región de Murcia hay ya 156 jueces titulares, aunque no todos con plaza orgánica. Martínez Moya atribuye esta situación a "una apuesta por la Justicia profesional", pero lamenta que "va acompañada de importantes recortes en materia de administración de Justicia en lo que se refiere a disponibilidades para situaciones de Justicia interina".

   De todas formas, ha reconocido que ha habido un esfuerzo "muy reflexivo y, sobre todo, muy enérgico, por parte de la Sala de Gobierno del TSJRM para demandar estas necesidades al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia".

   Martínez Moya ha explicado que, con estas nuevas 14 incorporaciones se cubren "prácticamente el 90 por ciento de las vacantes pero, como en todo colectivo, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío".

   Y es que la disponibilidad de la Justicia interina "es muy limitada" en un colectivo como el judicial que "está sujeto a las mismas incidencias que pueden ocurrir en otros servicios públicos, como enfermedades y maternidades, entre otras cosas que demandan la necesidad de que un juez titular deba hacerse cargo".

   Por este motivo, recuerda que el TSJRM ha pedido más medios y, "en gran medida, se ha respondido favorablemente con un número de efectivos judiciales que pueden cubrir necesidades, atendiendo también a situaciones de refuerzo en aquellos juzgados que llevan importantes cargas de trabajo y asuntos de cierta complejidad, como causas de corrupción que exigen dedicación y tiempo".

   Con las nuevas incorporaciones, Martínez Moya valora que se ha conseguido reforzar también la Audiencia Provincial en su sede en Cartagena con otro magistrado, y ha reforzado el juzgado de lo Mercantil con cuatro jueces titulares de carrera".

   Ha remarcado la importancia de que estos nuevos jueces cuenten con "compromiso por la independencia y la imparcialidad, hoy más que nunca, cuando la función del juez constitucional y del poder judicial somos la última garantía del ciudadano. Somos la base y el resorte del sostenimiento del Estado de Derecho".

   De los jueces que se incorporan tres irán de titulares a San Javier y Caravaca, seis de apoyo a San Javier, Totana, Molina, Cartagena y Murcia y cuatro quedarán adscritos al Tribunal Superior de Justicia para reforzar aquellas plazas con más volumen de trabajo o causas complejas.

   En concreto, los jueces que ejercerán como titulares y o de apoyo ocupando una plaza que temporalmente deja sus titular son María Alicia Román Lora, titular del Juzgado de Instancia e Instrucción nº 2 de San Javier; Elena María Vidal Sánchez, apoyo en sustitución del titular de San Javier nº 4; Carmen de las Nieves Martín Sobrao, apoyo en sustitución del titular de San Javier nº 6; Alberto Sánchez del Olmo, titular del Juzgado de Instancia e Instrucción nº 2 de Caravaca.

   También ejercerán Lucía Díez García, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Caravaca; Teresa Diego de Miguel, apoyo en sustitución del titular del Juzgado de Totana nº 1; Valeriano Sánchez Horcas-Ballesteros, apoyo en sustitución del titular del Totana nº 2; Laura Salinas Ronda, apoyo en sustitución del titular del Juzgado de Molina de Segura nº 2; Ana María Jérez Esperón, apoyo en sustitución del titular del Instancia nº 2 de Cartagena; y María Cristina Sanz Blas, apoyo en sustitución de la titular del Instrucción nº 5 de Murcia.

   Además, cuatro nuevos jueces quedan adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y según el acuerdo del presidente, ratificado por la Sala de Gobierno este miércoles en sesión desplazada en Cartagena -previo concurso interno-, por el momento serán destinados a los Juzgados de Instrucción nº 1 y 2 de San Javier, al Instrucción nº 6 y 8 de Murcia, al Penal nº 2 de Murcia, y al Instrucción nº 4 y el Penal nº 1 de Cartagena.

   Se trata de Francisco Luis Toscazo Valero, apoyo al JAT. Instrucción nº 6 y 8 de Murcia y Penal nº 2; Miguel Márquez Granados, apoyo al JAT. Penal nº 1 de Cartagena; Manuel Jesus Nieto Bernaldez, apoyo al JAT. Instrucción nº 4 de Cartagena; María Valle Rivera Rodríguez, apoyo al JAT. Instrucción nº 1 y 2 de San Javier.

   La 63ª Promoción de la carrera judicial está integrada por 145 mujeres y 86 hombres, con lo que se consolida la mayoritaria proporción de mujeres, este año en torno al 63 por ciento del total de 231.

La Audiencia Provincial de Murcia ratifica la legalidad de la actuación del Ayuntamiento de Cartagena en El Molinete

CARTAGENA.- La sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso de apelación presentado por Movimiento Ciudadano contra decisión del juzgado de instrucción nº 5 de Cartagena al considerar que las obras ejecutadas en el parque arqueológico de El Molinete no han causado daño alguno en el patrimonio histórico, según han informado fuentes municipales.

   En el auto de la Audiencia Provincial se constata que el Ayuntamiento ha seguido todas las pautas administrativas legalmente necesarias con el objeto de adecentar el cerro y posibilitar la visita de los ciudadanos para su contemplación.

   Frente a las acusaciones por un presunto delito contra el patrimonio histórico de Movimiento Ciudadano, los magistrados consideran que la intervención municipal se ha realizado con todos los estudios y permisos correspondientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región bajo la dirección técnica y científica.

   Al respecto, el concejal del Área de Urbanismo, Joaquín Segado, ha manifestado su satisfacción por esta nueva resolución judicial "que valida la actuación del Ayuntamiento en la creación de un gran parque urbano y arqueológico en pleno corazón de la ciudad".

   Segado considera que la justicia "vuelve a demostrar la legalidad de las decisiones municipales y el interés del Gobierno municipal por proteger y conservar el valioso patrimonio histórico y arqueológico de Cartagena".

'Huermur' solicita a Cultura que declare área de protección arqueológica los suelos donde se asienta 'Joven Futura'

MURCIA.- La asociación Huermur ha presentado escrito ante la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo en el que pone de manifiesto que después de trascurridos más de seis años desde el hallazgo del yacimiento arqueológico de Senda de Granada, nada se ha vuelto a saber de las estructuras e instalaciones tardorromanas y medievales que debían conservarse  y ser visitables.

Para la preservación de estos importantes restos arqueológicos se dictaron cuatro resoluciones firmadas por el Director General de Cultura, donde se ordenaba la conservación de estructuras de época tardorromana localizadas  en las parcelas C, B y A, de la urbanización Joven Futura, la estructura del horno tardorromano en la parcela F1 y la conservación de las dos cubetas de aceña de época hispano-musulmana y las conducciones cerámicas que las conectaban a la acequia de Churra la Vieja en la parcela B, de gran importancia por ser las más antiguas encontradas en España.

Dichas resoluciones establecían además, la obligación de que se conservasen en un espacio visitable provisto de acceso independiente respecto de las nuevas construcciones proyectadas.

Transcurrido estos seis años, nada se ha vuelto a saber de este importante yacimiento ni de sus hallazgos, motivo por el cual la asociación Huermur quiere visitar y conocer el estado en el que se encuentran dichos hallazgos, con la intención de organizar algunas visitas guiadas para que los murcianos puedan conocerlas.

Además la asociación ha solicitado que se inicie el procedimiento para la clasificación de estos hallazgos integrantes del patrimonio cultural objeto de las Resoluciones, tal y como establece el artículo 2 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Por otra parte, debido a que  en la excavación efectuada en 2006 no se delimitó la extensión del yacimiento, ya que tan solo se excavó en la superficie ocupada por los edificios de la urbanización, se desconoce la magnitud del yacimiento de Senda de Granada, motivo por el cual Huermur  solicita a la Consejería de Cultura que se inicie el procedimiento para la declaración de área de protección arqueológica con grado de protección B de todos  los terrenos que se ubican en el ámbito del sector ZA-Ed3 Joven Futura que no han sido objeto de estudio ni excavación por no haberse edificado todavía en ellos, y por donde con toda probabilidad continúan los restos del yacimiento, en especial los suelos de la 2ª Unidad de Actuación de dicho sector con 117.783 m2, así como el los terrenos donde se ubicará el futuro parque metropolitano junto a Torre Falcón. El área también debe extenderse al sector limítrofe ZM-Ed1 con 209.354 m2 por donde previsiblemente continúa el yacimiento, según se desprende de las memorias de la excavación.  

Huermur señala la existencia de sarcófagos y restos de columnas encontrados en la basílica paleocristiana del yacimiento, y que se encuentran abandonados en un solar de la promotora Joven Futura, y anuncia que si en los próximos días no son trasladados a las dependencias de la Consejería de Cultura para su debida conservación, presentarán una denuncia ante el Seprona por un presunto delito contra el patrimonio cultural.

La entidad puntualiza que con motivo de la excavación arqueológica y la obligación de conservar estas estructuras, la promotora de viviendas Joven Futura fue compensada por el Ayuntamiento de Murcia con un aumento del aprovechamiento urbanístico del sector, que se ha materializado con la construcción de un 5% más de edificabilidad, lo que ha significado para dicha promotora un aumento de 10.514 m2, que ha supuesto la posibilidad de construir 105 viviendas más.

Por lo tanto, según Huermur, esta promotora no puede poner excusas para cumplir con lo establecido en las resoluciones del Director General de Cultura antes indicadas.

Hacia un nuevo modelo político y económico / Ángel Tomás Martín *

Cuando un líder empresarial o una actividad sectorial es dirigida y controlada de forma unipersonal, en el primer caso, o por un pequeño grupo que gestiona controlando el poder absoluto en beneficio propio o con fines concretos, nos encontramos ante una oligarquía. Podemos definirla también como la unión de determinados poderosos que presentándose como protectores de los más débiles y alardeando de demócratas, solo persiguen el dominio político, económico y la dependencia de sus arbitrarias actuaciones.

La oligarquía, es casi tan vieja como el mundo y la encontramos desde la antigua Esparta, Atenas, Cartago (gobernada por mercaderes, armadores y grandes propietarios), la Venecia del Dux, y más recientemente la nobleza agraria Polaca. Modernamente, como no podía ser menos, se sigue practicando en numerosos países de los distintos continentes, como ocurre también en Europa y en cada uno de sus socios comunitarios.

El caso más simple y más frecuente de todos conocido, es la empresa. Un empresario que al alcanzar el liderazgo se rodea solamente de aquellos que le facilitan la colaboración a los objetivos y misiones exclusivamente personales, cuando prescinde o desoye cualquier sugerencia que suponga un cambio necesario que lleve a compartir decisiones opuestas o diferentes a sus ambiciones, estamos ante un oligarca. No admitir las continuas reformas necesarias a que obligan los agentes externos, obsesionarse con los intereses que impone y defiende, rechazando cuanto le aporten constructivamente, conduce irremediablemente al fracaso, al endeudamiento insoportable y al perjuicio de cuantos componen el escuerzo individual y colectivo, olvidando que él no es la empresa, la empresa la conforman todos.

Ciñámonos a España, estudiemos, aunque sea someramente, el proceso, actuaciones y resultados que han provocado la "actual situación extremadamente compleja" que afecta a la política, a la economía, a las finanzas, al empleo y a nuestras relaciones y prestigio internacionales.

Cualquier administración, sea cualquiera su objetivo, en la que el gasto duplique los ingresos, está condenada al fracaso y a su desaparición. Los responsables de la gestión que carezcan de las dotes necesarias para ejercerla, deben ser sustituidos a la mayor urgencia, ya que mantenerse en el poder solo origina pobreza, endeudamiento creciente, perjuicio a terceros y responsabilidad, incluso penal en muchos casos. En un Estado los resultados pueden llegar a ser catastróficos, puesto que la incompetencia, la ausencia de dotes de mando, el descontrol y el despilfarro, se justifican recurriendo a la falsedad y a la mentira para encubrir una situación económico-financiera y presupuestaria que deviene en una crisis de muy largo recorrido, y que obliga a la adopción de medidas urgentes de profundo calado, siempre lamentables y dolorosas que obligan a un endeudamiento vinculante para futuras generaciones.

Por mucho esfuerzo que se emplee en enmascarar la realidad de nuestra coyuntura la verdad se impone, y no admitirla aumenta la gravedad y nos convierte en irresponsables. Solo conseguiremos el crecimiento progresivo del endeudamiento colectivo y el alargamiento en el tiempo de la crisis; puesto que recibir fondos continuamente, sin crear fuentes de riqueza junto a un control del gasto improductivo

conduce inevitablemente al desastre. Es imprescindible e inaplazable un cambio en nuestro sistema político y económico que transforme y democratice la pseudooligarquia política de nuestra administración central, de las administraciones autonómicas, que han superado los dos tercios del gasto total (más del 40% del PIB), de los más de 8.000 ayuntamientos, la mitad innecesarios, que gastan sin tasa ni control, de las diputaciones y de las más de 3.000 empresas y entes públicos incontrolados y en su mayoría de muy difícil justificación.

No es de recibo que para hacer frente a los continuos vencimientos del principal y altos intereses de la deuda soberana, nos veamos obligados a una también continua subida de los impuestos, en muchos casos injustos y superiores a la media de los de nuestros socios europeos, que suponen una dificultad para nuestra competitividad. España tiene capacidad creativa y empresarial suficiente, solo hacen falta, junto a las reformas políticas, las reformas económicas que hagan posible a los emprendedores y empresas consolidadas desarrollar su crecimiento y potenciar el consumo.

En todas las escalas de la administración pública, pero especialmente en las autonomías y ayuntamientos, se permite un gobierno donde se ha asentado el nepotismo, el independentismo incontrolado y una administración económica propia de la incapacidad y la insensatez. Veamos algunos casos que justifican las anteriores afirmaciones:

proliferación de televisiones siempre deficitarias, de aeropuertos que no cubren el umbral de sostenimiento por ausencia de viajeros, de obras y estructuras faraónicas inexplicables y carentes de rentabilidad, de plantillas innecesarias y costosísimas (más de dos millones de ocupados por designación), de parques de automóviles sorprendentes etc.etc.. Posible todo esto por la ausencia de intervención y control presupuestario ante la pasividad del Banco de España, del Tribunal de Cuentas del Estado y del Cuerpo de interventores, entre otros, debido a que en la práctica ha dejado de existir la separación de poderes y la independencia absoluta del Poder Judicial. Una gran responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios en las últimas legislaturas, ha sido la permisibilidad en la oposición de las prácticas inaceptables mencionadas.

Se impone sin demora alguna un nuevo modelo de Estado que permita la participación ciudadana, que elimine todo género de oligarquía, que controle y sancione las desviaciones presupuestarias, que estimule el crecimiento, la innovación y la creatividad, que no permita el plagio, que implante la libertad de mercado y que estimule y colabore a la internacionalización, sin olvidar que las liquidaciones presupuestarias y los balances sean públicos, veraces y reflejen la posición real.

(*) Economista y empresario