Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido
entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las
actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para
coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso
voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de
octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la
postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente,
porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación
económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la
Administración en la reconstrucción de Lorca.
Con el triunfo del
PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus
funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario
Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel
incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban
retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos
sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de
Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y
lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y
aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».
Aunque
no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de
los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete
meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de
marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución
forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se
le deben atribuir méritos en el asunto.
¿Y después, qué ? Pues
básicamente que la participación de la Comisionada se viene
caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas
declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso;
pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima
con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de
resultados.
Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de
20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora
de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente
reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia
de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que
será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha
hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar.
No son
conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de
España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos
de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos
aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un
tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una
entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las
reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes
populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el
cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte
del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más
afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar
nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún
millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a
Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de
agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado
de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su
correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.
Entonces
decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está
pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la
rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que
salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que
concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.
Y
espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean
reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se
vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su
conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus
centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de
reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los
terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.
El
Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente
el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema
(sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha
lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los
terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada
comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades
y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en
coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a
buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada
recuperación de Lorca.
Realmente es increíble que hasta la fecha
el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de
mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la
reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en
Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes,
iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso
con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus
edificios y activar la vida social y económica.
Es esperpéntico
pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la
tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en
España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya
sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados
lorquinos.
Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado
la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la
Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido
por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la
Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de
más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho
efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna
duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la
aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para
ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.
La Comisionada
no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir.
Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido
ineficaz e ineficiente.
(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca
