Al arroz de Calasparra le sale competencia: SOS anuncia el lanzamiento del arroz SOS Bomba

MADRID.- SOS Corporación Alimentaria ha ampliado su gama de arroces con el lanzamiento del nuevo producto 'SOS Bomba', una variedad de arroz "con una calidad culinaria extraordinaria, especialmente indicado para los amantes del arroz y de la cocina mediterránea", informó la compañía.

El anuncio de este nuevo lanzamiento se produce un día después de que el grupo alimentario comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha encargado a Credit Suisse la subasta de su negocio de arroz en España, Estados Unidos y Holanda, al que podría sumarse también el de Portugal en función de los acuerdos contractuales que SOS mantiene con su socio en el país vecino.

En una clara competencia al murciano arroz de Calasparra, el nuevo arroz 'SOS Bomba' se obtiene a través de un método tradicional de cultivo y cuenta con una producción limitada, debido a los cuidados especiales que requiere durante el proceso, lo que "le confiere un valor único con respecto a otras variedades", dice la propia empresa.

IU critica la "incapacidad" del Gobierno regional ante la deuda del SMS

MURCIA.- El coordinador de IU en la Región, José Antonio Pujante, criticó hoy la "incapacidad" del Ejecutivo autonómico para abordar un plan de racionalización del gasto sanitario ante el aumento de la deuda del Servicio Murciano de Salud (SMS), que supera los 370 millones de euros.

Pujante señaló que el gasto sanitario puede disminuir a medio y largo plazo si la Administración regional pone en marcha medidas "reales y efectivas" en materia de sanidad, entre las que citó el fomento de las políticas de prevención en el área de salud pública, informaron fuentes del partido en comunicado de prensa.

Además, destacó la necesidad de reducir el gasto farmacéutico en Murcia, que es de 285 euros por habitante, por encima de la media nacional, que es de 278 euros, y recordó que la Región es la comunidad con una menor proporción de genéricos recetados, con un 3,7 por ciento.

En este sentido, instó al Gobierno autonómico a redoblar sus esfuerzos y propuso la instalación de dispensadores de medicamentos genéricos en centros de salud y hospitales públicos de la Región de Murcia.

Rosique espera que mañana todos los grupos apoyen en la Asamblea que el Rosell sea el segundo hospital de Cartagena

CARTAGENA.- La diputada socialista, Teresa Rosique, expresó su esperanza de contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ante el debate que tendrá lugar mañana en la Asamblea Regional, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide que el hospital del Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena.

Rosique destacó la importancia de esta iniciativa, "ya que se trata de una necesidad vital para la ciudad". Destacó que la puesta en marcha del nuevo hospital, aunque es muy positiva para el municipio, "no es suficiente para resolver el déficit de infraestructuras hospitalarias que tenemos en esta área de salud".

Añadió que la planificación prevista por la Consejería y el uso destinado al hospital del Rosell, una vez que se inaugure el nuevo hospital, no resolverá los graves problemas "que en materia hospitalaria sufrimos los cartageneros desde hace años".

La diputada argumentó que esa es la razón por la que el PSOE insiste en pedir el apoyo a todas las fuerzas políticas para que el Rosell sea el segundo hospital de Cartagena y cuente con todos los servicios básicos precisos para una infraestructura hospitalaria de esas características.

"Esperamos, dada la importancia del tema, que mañana salga de la Asamblea una petición unánime hacia el Gobierno regional para que asuma esta justificada reivindicación", concluyó la diputada.

El juez condena a los organizadores del 'Sirmu' por no pagarle a 'Ifepa'

TORRE PACHECO.- El Juzgado de 1ª Instancia numero 2 de Murcia ha dictado una sentencia resolutiva por la que condena solidariamente a la empresa Murcia Urbana y Residencial, S.L., y al organizador del Salón Inmobiliario de la Región de Murcia (Sirmu), a indemnizar a la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco (Ifepa) con 180.000 euros por incumplimiento de contrato, así como al pago de las costas procesales, según informaron fuentes de la institución ferial en un comunicado de prensa.

Los hechos se remontan al año 2006 en el que se formalizó un contrato privado entre Ifepa y la empresa Murcia Urbana y Residencial, S.L. para alquilar los pabellones del Palacio de Ferias y Exposiciones de Torre Pacheco para celebrar el conocido evento Sirmu.

En el contrato se firmaba, por ambas partes, el "compromiso expreso de exclusividad y permanencia mutuo y se acordaba prorrogarlo por cinco ediciones más, con periodicidad anual o bianual, hasta el año 2011", según Ifepa.

El Sirmu se celebró en Ifepa en los años 2006 y 2007 con "éxito de participación", según la institución ferial.

Sin embargo, apuntó que en el 2008, el responsable de la empresa organizadora del Sirmu remitió una carta a Ifepa en la que, "alegando crisis del sector inmobiliario, planteaba dejar en suspenso el contrato y, mientras tanto, celebrar una o dos mini ferias en Murcia capital o bien en caso contrario darlo por rescindido".

Así, Ifepa contestó que, según el contrato, "no se admitía la celebración de la feria fuera de sus instalaciones, así que incumpliendo lo pactado, el evento Sirmu 2008 se celebró en el auditorio de Murcia".

La Institución Ferial Villa de Torre Pacheco indicó que, la sentencia concluye que los argumentos expuestos por Gómez son "meras excusas y queda doblegado desde el momento en que la crisis no impidió realizar la mini feria en Murcia".

A pesar de las alegaciones de los responsables del Sirmu, Ifepa acogió en octubre de 2008 la Feria de la Construcción y Afines (Construmurcia), dos semanas antes de la fecha que se había fijado para el Sirmu y contando con "importante participación de expositores y visitantes", concluyó Ifepa.

El TSJRM acepta como acusación popular a los denunciantes de presunta corrupción con la balsa Jenni

MURCIA.- El TSJRM ha aceptado como acusación popular, que no particular, al letrado José Luis Mazón y al periodista Cano Vera, ambos denunciantes por presunta corrupción en la actuación de dos consejeros del gobierno regional respecto a la balsa Jenni. El auto está dictado por los magistrados Martínez Moya, presidente, Julian Perez Templado, ponente y Enrique Quiñonero.

Este auto niega a los querellantes personacion como acusacion particular o perjudicados, pero la admite como acusaciòn popular, dejando pendiente resolver sobre admisión o no de la querella de recibir los documentos pedidos (certificacion de que Cerdá es consejero del Gobierno y de la Fiscalía anticorrupción sobre la resolución tomada en su dia acerca de la denuncia o exposicion razonada que hizo el fiscal superior de Murcia).

Se trata de una resolucion de mero trámite que no se pronuncia sobre la admision o inadmisión de la querella, que queda para cuando se reciban los expresados documentos, tal como se ha dicho.

El presidente del sindicato de regantes del trasvase dice no saber nada del escándalo de Abarán pero defiende al sospechoso

CARTAGENA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y portavoz del Comité de Crisis de la Sequía, José Manuel Claver, aseguró hoy que José Joaquín García Yelo, fundador del sindicato y presidente del mismo durante 20 años, "es una persona honorable y honrada que ha hecho mucho por esta tierra". A pesar de ello, afirmó, "no es nada bueno para el trasvase Tajo-Segura que se esté hablando de un supuesto mal uso del agua". Esto, apostilló, "no beneficia".

Y es que ayer la Guardia Civil registró las dependencias de la Comunidad de Regantes de Abarán por orden judicial y a instancias de la Fiscalía a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del agua.

Claver, que afirmó que "no sabe" a que responde la actuación policial y que conoce los hechos por los medios de comunicación, se mostró apenado "porque García Yelo es una excelente persona y sé que tanto él como su familia lo deben estar pasando mal".

Al tiempo que mostró su respeto a las actuaciones judiciales y expresó el respaldo personal de los regantes al que fuera el fundador del Sindicato Central de Regantes.

Asimismo aclaró, tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Saura, en la sede del partido, que las comunidades de regantes son autónomas.

"Son como comunidades de propietarios y si en una comunidad de 12 propietarios hay siempre problemas, estos se multiplican cuando son miles, hay problemas en términos de si se da más agua a uno que a otro o de luchas por el poder. No sé que ha pasado en este caso, por lo que no puedo pronunciarme sobre el fondo de la cuestión", añadió.

"Esta situación es extraordinaria e insólita, jamás conocida en el ámbito del regadío y estamos a la espera de lo que se resuelve", concluyó el presidente del Scrats y portavoz del Comité de Crisis de la Sequía.

La Plataforma en defensa del yacimiento de San Esteban anuncia acciones legales por la "degradación" de los restos

MURCIA.- La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban anunció hoy que los restos están "en peligro de muerte" por efecto de las inclemencias del tiempo, y anunció que está recabando información gráfica y legal con el fin de emprender acciones legales contra aquellos que "por acción y por dejación de funciones están posibilitando la degradación del yacimiento".

Así lo advirtió hoy la portavoz de la plataforma, Maite Luengo, quien compareció en rueda de prensa junto a otros miembros, para informar de la "desprotección y el deterioro" de los restos del complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban dos meses después de que una orden judicial paralizara cautelarmente el "desmontaje y traslado" de los elementos arqueológicos.

En concreto, la plataforma criticó que "más del 25 por ciento del yacimiento, tal y como aseguraron los directores de la excavación, se encuentra en un avanzado proceso de degradación, y los muros, hechos de tapial de tierra, se están degradando por las lluvias", al tiempo que advirtió que los restos "no podrán aguantar otros dos meses más a la intemperie".

En este sentido, la plataforma indicó que "mantiene" sus exigencias ante la Administración regional y reclama "la depuración de responsabilidades frente a la destrucción por la vía de la omisión del deber de conservación, y por la demostrada incompetencia en la gestión del patrimonio e intento de manipulación a los ciudadanos".

Igualmente, reclamó la "creación de un comité técnico multidisciplinar formado por un arquitecto, un restaurador, un técnico de patrimonio y los dos directores de la excavación para tomar decisiones urgentes con el fin de proteger el yacimiento y evitar su progresiva destrucción".

De la misma forma, reivindicó una "actuación urgente sobre el yacimiento, la paralización del proyecto del Ayuntamiento para enterrar los restos y la redacción de un proyecto para terminar la excavación y, al mismo tiempo, proceder a su protección". Así, indicaron que las excavaciones "deben continuar bajo la dirección de quienes, hasta ahora, eran los arqueólogos directores".

Según Luengo, se trata de dos meses con el yacimiento "completamente abandonado a su suerte y sufriendo las inclemencias del tiempo, dos meses de lluvias, inundaciones y daños irreversibles en un yacimiento que en estos momentos cuenta con la protección legal de Bien de Interés Cultural, y dos meses de incompetencia y pasividad camufladas de absurda burocracia".

A su juicio, esta burocracia "está consiguiendo destruir lo que las máquinas y las picoletas no consiguieron destruir el pasado 9 de diciembre", cuando la orden judicial "paralizó el desmontaje de los muros del yacimiento que había sido autorizado días atrás por la Consejería de Cultura y Turismo", aunque esa misma administración "paralizó posteriormente todos los trabajos de excavación".

La portavoz confirmó que han transcurrido dos meses "de manipulación a la ciudadanía y comunicados engañosos en los que se está permitiendo la degradación, ladrillo a ladrillo y muro a muro de los más importantes yacimientos de la Región de Murcia y, probablemente, de toda España".

Al respecto, dijo desconocer "si existe un informe escrito y firmado por algún técnico cualificado sobre el estado del yacimiento y que demuestre la inexistencia de daños en el mismo", pero dudó que "exista un técnico independiente capaz de firmar un texto de esas características".

Además, la plataforma criticó que los dos operarios que fumigaron el yacimiento con herbicidas "estuvieron más de media hora deambulando en solitario por el mismo sin estar supervisados por un técnico cualificado", y manifestaron que "permitir esa situación es un nuevo acto de irresponsabilidad por parte de las administraciones y acrecienta la degradación de los restos".

Luengo arremetió contra el Ayuntamiento de Murcia y contra la Consejería de Cultura y Turismo, que "intentaron justificar hasta el mismo día de la paralización judicial que era posible hacer el aparcamiento y que el traslado no dañaría el yacimiento, a pesar de las opiniones en contra de todos los profesionales independientes que fueron consultados".

González Tovar califica el registro a los regantes de Abarán de "hecho puntual"

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, consideró hoy que el registro llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil en la sede de los regantes de Abarán es "un hecho puntual".

González Tovar recordó que el asunto "está bajo secreto de sumario", aunque reconoció que "hay abierta una investigación sobre las actuaciones de esta comunidad de regantes", que se ha hecho el registro y se han "incautado los materiales que puedan esclarecer las denuncias y las sospechas que pueda haber".

Pidió "dejar que trabajen la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y "respetar el secreto de sumario que el juez de Cieza ha decretado".

Preguntado por la incidencia en la imagen de los regantes, el delegado del Gobierno defendió que es una "situación puntual", recordó que hay que respetar la presunción de inocencia y que "este tipo de situaciones en nada empaña ese trabajo".

Una veintena de agentes de la Guardia Civil tomaron ayer la sede de la Comunidad de Regantes de Abarán para llevar a cabo un registro ordenado por el juzgado de instrucción número cuatro de Cieza.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que dirige José Luis Díaz Manzanera, sobre un presunto delito de malversación de caudales y fraude en este organismo.

Los agentes se llevaron prácticamente toda la documentación que había la sede de los regantes, incluidos los ordenadores. Al parecer, la investigación judicial tendría como objetivo esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en este organismo en los años en los que estuvo presidido por José Joaquín García Yelo (entre 1981 y 2006), quien también fue durante 25 años presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura.

Algunos regantes habían presentado quejas ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) porque se les cobraba el agua de la cuenca del Segura (la procedente de los motores de riego) a precio de agua del Trasvase Tajo-Segura, que es tres veces más cara.

Además, en el curso hidrológico 2004-2005, los regantes descubrieron que tenían derecho a dos millones de metros cúbicos más de agua en la dotación de seis millones de metros cúbicos que recibían cada año para regar sus campos.

Algunos agricultores de Abarán y Blanca (la Comunidad de Regantes también abarca parte del municipio vecino) se preguntaron entonces si los dirigentes del organismo de riego sabían que existía esa cantidad de agua y por qué y desde cuándo se ocultó a los más de 1.000 comuneros que forman la institución abaranera.

En los últimos años, además, ha habido ante la CHS numerosas impugnaciones de asambleas de la Comunidad de Regantes y de acuerdos de junta de gobierno.

José Joaquín García Yelo, de 82 años, también fue alcalde de Abarán durante los últimos años de la dictadura de Franco y primeros del reinado de Juan Carlos I.

La Comunidad de Regantes de Abarán engloba a tres organizaciones de regadío: la de los usuarios del Trasvase Tajo-Segura, la del Grupo 1485 y la del Motor Resurrección (que data de 1912), estas dos últimas con dotaciones de la cuenca del Segura.