En primer lugar, la organización ha denunciado el incumplimiento de los plazos legales establecidos para la aprobación definitiva de las Directrices y POTCVMM, que el artículo 15 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, fijaba para antes del 1 de agosto de 2023.
Casi dos años y medio después, todavía se está al inicio de la tramitación, y además se produce una injustificada reiteración en los procedimientos. Se vuelve a someter a información pública el mismo documento que se presentó en 2023 (por cierto también se inició fuera del plazo legal), por lo que no sólo no existe una fecha probable de aprobación, es que en más de tres años no se ha avanzado en la redacción ni en la tramitación del plan.
Por otro lado, los ecologistas critican que la estructura de la documentación "es poco apropiada para la consulta pública, y la utilización del periodo navideño para su tramitación, dificultando enormemente la consulta del documento para conocer sus contenidos y elaborar posibles alegaciones y observaciones".
Consideran
que esto "perpetúa la senda de déficit en materia de participación
pública y transparencia en la que se ha instalado el ejecutivo regional,
sobre todo en cuestiones de enorme relevancia social y ambiental, como
ésta".
Otro aspecto que preocupa a la asociación es la
exclusión de parte de los objetivos del Plan en la Zona 2 de la Cuenca
Vertiente, la mayor parte de la superficie de la cuenca, que consideran
debería optarse por la adaptación de los objetivos, y no a su exclusión,
ya que la cuenca vertiente funciona como un sistema integral en su
funcionamiento hidrológico, hidro-geológico y de dinámica de los flujos
de agua, sedimentos y nutrientes.
Además, critican que en el
documento de avance los contenidos "están claramente desequilibrados y
son poco relevantes".
"De las 560 páginas del documento, el apartado 3
de análisis y diagnóstico abarca el 97 por ciento, mientras el apartado 4
donde el documento tiene que definir qué directrices y actuaciones
pretende impulsar, sólo supone el 2 por ciento de la extensión total del
documento, y se trata de simples generalidades", añaden.
En
este punto, inciden en que "incluso el diagnóstico que presenta, que es
el grueso del documento, está desactualizado y carece de enfoque
integral. No menciona siquiera a elementos clave como el Cambio
Climático, ni herramientas legales recientes como la Ley 19/2022, de 30
de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la
laguna del Mar Menor y su cuenca, respaldada por el Tribunal
Constitucional en sentencia de noviembre de 2024".
Para Ecologistas, "tampoco se analizan factores determinantes, como los que
están exacerbando el riesgo de inundaciones generados por la mala
gestión de los espacios urbanos y agrarios que actúan sinérgicamente,
aumentando la contaminación del ecosistema y el riesgo para las
poblaciones ribereñas".
Por otro lado, creen que el contenido
"no se ajusta a la normativa: incumple contenidos obligatorios para las
directrices de ordenación territorial, de acuerdo con la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, y se mantiene la expectativa de mayor crecimiento urbanístico,
al excluir la Zona 2 del objetivo de regular los usos del suelo y la
densidad urbanística. Esto es esencial en el control de escorrentías".
"Aun siendo ambiguos los objetivos", indican, algunos apuntan a
impactos adicionales generados por el propio DyPOT. "Por ejemplo, es la
acción estructurante estratégica 9 "Protección y gestión activa frente a
gestión pasiva", que bajo un lenguaje deliberadamente ambiguo muestra
la intención de primar el uso turístico y las actividades económicas en
los espacios protegidos por encima de los objetivos que tienen tales
espacios. Aflora la ideología desarrollista que el Avance de DyPOT
pretende mantener a toda costa".
Para terminar, dentro de la
documentación, el Documento Inicial Estratégico "está casi vacío de
contenido, y no contiene ni un mínimo análisis real de la compatibilidad
entre este DyPOT y el Plan de Gestión Integral del Mar Menor".
"La falta de contenido y análisis básico supone un flagrante
incumplimiento de los contenidos requeridos por la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental. Lo mismo sucede con el 'Análisis de
alternativas', planteando falsas alternativas como mero artificio que
pretende cumplir formalmente con la normativa, cosa que no logra porque
un análisis de alternativas no es sólo el titular de un epígrafe sino un
procedimiento bien establecido a nivel técnico y que parte de
alternativas que deben ser todas factibles", subrayan.
Para
Ecologistas en Acción, el Avance muestra unas Directrices y Plan de
Ordenación Territorial "profundamente descafeinadas y, por ello mismo,
perfectamente inútiles".
"Lo más parecido a no tener un Plan de
Ordenación Territorial es tener un documento como este", ha concluido
Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista.
Y añade
"parece que la voluntad que se adivina en la tramitación y redacción
del POTCVMM es la de tener un documento vacío e inservible, para poder
seguir con un modelo de desarrollo profundamente insostenible e
incompatible con la regeneración del Mar Menor, mientras se aparenta que
se está haciendo un cambio".
