MADRID.- El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tumbó el Congreso el pasado mes de enero contenía un incremento de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas de más de 6.000 millones de euros.
Una parte de este incremento respondía a las subidas de impuestos que
planteó el Gobierno, pero la mayor parte se debe exclusivamente al
incremento de la recaudación gracias al crecimiento económico y a la inflación, revela hoy El Confidencial.
Las regiones ya han ejecutado la mayor parte del presupuesto anual,
de modo que apenas les queda margen de reacción y sin esos recursos
están condenadas a incumplir el objetivo de déficit aprobado por el
Parlamento del 0,1% del PIB.
Si finalmente no reciben la
actualización, al menos 13 comunidades autónomas incumplirán el objetivo
de déficit para este año, y probablemente terminen incumpliendo todas las comunidades del régimen común. Tanto País Vasco como Navarra no se ven afectadas, por contar con un sistema foral especial.
Canarias es la única comunidad del régimen común que puede librar el cumplimiento del
objetivo de estabilidad gracias a la actualización de su sistema de financiación especial firmado por el Gobierno de
Mariano Rajoy
a cambio del voto de Nueva Canarias y Coalición Canaria a sus
Presupuestos.
La comunidad insular recibió así un incremento de la
financiación que ha permitido cumplir con los objetivos de estabilidad
desde el año 2017.
También podría evitar el incumplimiento Galicia, una
de las comunidades más saneadas, que ha cumplido durante toda la crisis
el objetivo de déficit. De cara a 2019, la comunidad prevé un aumento
del gasto algo inferior al 4% (un 2,7% ajustado a términos de la regla
de gasto).
La comunidad presupuestó este aumento del gasto teniendo en cuenta que percibiría la actualización de las entregas a cuenta y que el
Ministerio de Hacienda
‘perdonaría’ la devolución del mes extra de 2017 por el cambio del IVA
por la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII).
Sin
embargo, con más de la mitad del año cumplido, es probable que
finalmente no reciba ni las transferencias a cuenta ni la condonación
del SII, lo que abocaría a la comunidad a superar el objetivo de déficit.
Si se tiene en cuenta que las entregas a cuenta son muy superiores, de
casi 6.000 millones de euros, la interpretación no deja lugar a dudas: todas incumplirán el objetivo de déficit.
Por
descontado, el subsector de comunidades autónomas superará claramente
el objetivo de estabilidad si no se actualizan las entregas a cuenta.
Esos 6.000 millones equivalen a cuatro décimas del PIB,
que irían directamente a engrosar el déficit de las comunidades
autónomas, lo que provocaría no solo que no reduzcan su déficit sino que
lo aumenten. En 2018, cerraron con un desfase presupuestario del 0,23%,
lo que significa que este año podrían duplicarlo e irse hasta el 0,5% de déficit.
Las comunidades protestan
El Gobierno sigue utilizando el bloqueo de las entregas a cuenta para presionar a la oposición: la investidura de
Pedro Sánchez
permitiría actualizar los pagos, de modo que el Estado se pondría al
día con las comunidades de forma inmediata. El Ministerio de Hacienda se
apoya en un
informe de la Abogacía del Estado para argumentar que no puede hacer frente a la actualización de las entregas, una interpretación que ha suscitado muchas dudas.
En cualquier caso, la situación para las comunidades autónomas no es alarmante.
No será la primera vez que superan el objetivo de estabilidad fijado
por el Gobierno sin que eso obligue a hacer recortes en el ejercicio en
curso ni que aboque al impago a las regiones. Sencillamente, si superan
el objetivo de déficit, pueden acudir al mercado para financiarlo.
Como
última solución, si no consiguen levantar los fondos en el mercado,
pueden solicitar financiación al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como han hecho durante toda la crisis.
El
bloqueo de la actualización de las entregas a cuenta no obliga a
realizar recortes, en todo caso, forzaría a limitar el crecimiento del
gasto público
De esta forma, el bloqueo de la actualización de los pagos no obligaría a hacer recortes
en los servicios públicos. Al menos no en 2019. Si incumplen el
objetivo de estabilidad, el Ministerio de Hacienda podría forzar a las
regiones a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de
la misma cuantía en los Presupuestos de 2020 para compensar la
desviación.
Esto significa que los problemas presupuestarios no se
producirían antes de 2020 en ningún caso.
Pero, además, hay un
segundo factor importante. La actualización de las entregas a cuenta
permite aumentar la transferencia. Esto significa que la prórroga
presupuestaria impide aumentar las entregas a cuenta al ritmo que marca
la recaudación, pero en ningún caso supone restar recursos
de las regiones.
De ahí que el bloqueo de la actualización de las
entregas a cuenta no obligue a realizar recortes, en todo caso, forzaría
a limitar el crecimiento del gasto público.
Las CCAA aprobaron unos presupuestos generosos que provocarán el incumplimiento de la regla de gasto, fijada en el 2,7%
Los
presupuestos de las comunidades autónomas tampoco ayudan al
cumplimiento del objetivo de estabilidad. Las regiones elaboraron sus
cuentas sin sospechar que se bloquearía la actualización de las entregas
a cuenta, por lo que fueron generosas con el gasto.
Tanto, que todas o casi todas incumplirán la regla de gasto este año,
que limita el incremento de los empleos no financieros al 2,7%. Según el
último informe de la AIReF, todas las comunidades tienen riesgo de
incumplimiento, y en algunas es alto, como es el caso de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
Las dudas técnicas
El
informe de la Abogacía del Estado
en que se apoya el Gobierno para bloquear la actualización de las
entregas a cuenta interpreta que esta medida supone una decisión
política, de modo que condicionará la acción del próximo Ejecutivo. Sin
embargo, esta interpretación arroja muchas dudas.
El
reparto de la recaudación de los tributos cedidos está fijado por ley,
de modo que no supone una decisión discrecional del Gobierno. En otras
palabras: las comunidades tienen que recibir la parte que les
corresponde de la recaudación anual, no es una decisión política. En
todo caso, la decisión política sería modificar el sistema de
financiación autonómica.
Esto
significa que actualizar las entregas a cuenta para transferir a las
comunidades autónomas la cuantía que les corresponde podría no suponer
una decisión de gobierno. De hecho, el próximo Ejecutivo que se forme estará obligado a pagar a las comunidades la cuantía que fija la ley.
No puede no hacerlo.
En ese sentido, genera muchas dudas afirmar que la
actualización de las entregas a cuenta sea una acción de gobierno. De
hecho, se puede interpretar que se trata de una actualización basada en criterios técnicos, como realmente es, por lo que podría ser ejecutada sin problemas por un Ejecutivo en funciones.
La Agencia Tributaria tiene ya disponibles los datos de
recaudación de la primera mitad del año,
por lo que sería posible transferir a las regiones la cantidad que les
corresponde. Es cierto que no sería un cálculo perfecto, ya que la
liquidación del sistema de financiación se cierra con un retraso de dos
años, pero sí permitiría realizar unas entregas que se parecerían
bastante a la liquidación final.
Todo ello sin que medien decisiones
políticas, que es lo que no puede realizar un Gobierno en funciones.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP consideran que el informe de la Abogacía del Estado no tiene el empaque suficiente
como para privar a las regiones de 6.000 millones de euros de
financiación, por lo que han solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para discutir las posibles soluciones ante este bloqueo.
