MADRID.- La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, junto a otras 50 personas firmó
sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250
millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se
desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de
Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por
medio de un comunicado.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción
nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy
Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen
Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está
realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de
corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y
autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y
funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y
servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y
sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito
en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones
de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el
cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y
Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en
enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de
las autoridades suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el
origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un
trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes
pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la
Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de
Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho,
Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación ,
Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes
contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención
de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar
la recuperación de los productos y ganancias del delito y las
responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han
practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones
deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar
oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de
iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades
bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas
corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición
expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han
dictado también treinta embargos preventivos de vehículos de alta gama de los
principales investigados.
La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la
'macroperación Púnica' a los
alcaldes de los municipios madrileños de
Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de
Velasco, han informado fuentes de la investigación.
Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro.
Entre los 51 detenidos también se encuentra el
empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada".
El juez investiga a un
guardia civil de
la localidad madrileña de Valdemoro por haber alertado al exsecretario
general del Partido Popular (PP) de Madrid y exalcalde de la localidad,
Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él,
informaron fuentes jurídicas.
Precisamente, el exsecretario general del PP de Madrid
Francisco Granados dejó la política hace ocho meses,
cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador,
tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría
asceder a 1,5 millones de euros.
La 'Operación Púnica' es la segunda trama que salpica a alcaldes de
la Comunidad de Madrid en cinco años después de que el caso Gürtel
acabara con la vida política de varios alcaldes del Partido Popular de
la región en la pasada legislatura.
En 2011 fue otro caso de corrupción el que asoló la región. La trama
Gürtel, que basaba su actividad delictiva en adjudicaciones ilícitas de
administraciones públicas mediante un entramado de sociedades que
dirigía Francisco Correa, afectó a varios municipios de la región y se
cobró el cargo de alcaldes, diputados e incluso, un miembro del Gobierno
de Esperanza Aguirre, que mediaba para dar contratos a la red de
Correa.
La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes
de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad
Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macroperación, han
informado fuentes de la investigación.
Se da la circunstancia de que quien está llevando a cabo las
pesquisas de esta 'operación Púnica' es el Grupo de Delincuencia
Económica y Tecnológica, que es el mismo que lleva a cabo las
investigaciones sobre los ERE's en Andalucía.
Estas mismas fuentes recuerdan que en cada registro y en cada
detención había presente una persona de la UCO, que es la unidad que ha
dirigido el operativo en coordinación con el Juzgado Central de
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que dirige Eloy Velasco.
No obstante, han contado con el apoyo de Seguridad Ciudadana. La
operación se ha desarrollado a través de detenciones, registros y
requerimientos en diferentes puntos de Madrid, Valencia, León y Murcia.
Sólo en la Comunidad de Madrid han sido detenidos seis alcaldes de
sendos municipios.
