MURCIA.- El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, uno de los investigados
en la pieza separada del 'caso Umbra' conocida por Nueva Condomina, de
presunta corrupción urbanística, defendió su actuación y añadió que,
"aunque a efectos meramente dialécticos" se admitiera la presunta
comisión de un delito de prevaricación, estaría ya prescrito.
Así se recoge en el escrito de defensa que sus abogados presentaron
en el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga todo lo relacionado
con el convenio que el consistorio, bajo la presidencia de Cámara,
firmó con el propietario del Real Murcia, Jesús Samper, recientemente
fallecido, para la construcción de un nuevo estadio en la expansión
norte de la ciudad.
El escrito no se priva de criticar la actuación del juez instructor,
el magistrado David Castillejos, por negar varias de las pruebas
propuestas, ni tampoco al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, al
que acusa de actuar de forma distinta cuando la afectada por una
investigación sobre otro presunto caso de corrupción era una alcaldesa
socialista.
Afirma la defensa del exalcalde popular que, como ha tenido la
oportunidad de señalar en otros momentos del proceso, no se puede
reconocer, "en modo alguno" la comisión por parte de Cámara de ningún
delito.
Y añade que "todos los procedimientos en los que intervino fueron
tramitados dentro de la más rigurosa y absoluta legalidad, con toda la
publicidad posible y, en el caso del denominado Convenio Nueva
Condomina, contando con el apoyo, incluso, del principal partido de la
oposición, el PSOE".
Así mismo se reitera que todas las fases del convenio citado se
desarrollaron en los años 1999, 2000 y 2001, no habiéndose dirigido el
procedimiento penal contra su defendido hasta mayo de 2012.
"Para entonces -añaden los abogados-, había transcurrido en exceso el
plazo previsto para que, en caso de que hubiese existido algún tipo de
infracción penal, afirmación que hacemos a efectos meramente dialécticos
y sin que suponga reconocimiento de responsabilidad alguna, esta habría
prescrito".
El escrito de defensa no se olvida tampoco de exponer que las
actuaciones urbanísticas sometidas a investigación fueron respaldadas
hasta con tres sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Y añade que la citada Sala solo discrepó en cuanto a la cuestión
relativa a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, en la que
la fiscalía considera que se produjo un perjuicio para el erario
público.
Sobre el particular, comenta la defensa que el tribunal, "lejos de
afirmar que pudiera existir ilegalidad de ningún tipo, lo que dijo es
que no compartía el criterio seguido por el Ayuntamiento y que, dicho
sea de paso, venía avalado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el
secretario general del mismo, el servicio jurídico de la Comunidad
Autónoma y el catedrático Eduardo García de Enterría".
Descartan la posibilidad de que las actuaciones puedan ser
constitutivas de un delito de prevaricación, ya que para que surja esta
figura hace falta, según tiene establecida la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que la resolución sea manifiestamente injusta de
manera patente, ostensible, grosera y clamorosa.
El documento afirma que el convenio no fue aprobado por Cámara, sino
que fue una decisión colegiada del pleno municipal, por lo que los
letrados no se explican como no fueron investigados todos los miembros
de la corporación que lo aprobaron, entre ellos, el líder socialista de
la oposición, el ingeniero José Salvador Fuentes Zorita.
Sobre este último, se citan las opiniones favorables que vertió sobre
el convenio, y que fueron recogidas en el acta de la sesión, por lo que
la defensa de Cámara no se explica cómo pudo variar de criterio cuando,
años después, declaró como testigo en estas diligencias.
En cuanto a "los distintos criterios de la fiscalía a la hora de
valorar conductas", se recuerda que el ministerio público, ante un caso
que afectaba a la entonces alcaldesa de Lorquí investigada por donar los
aprovechamientos urbanísticos propiedad del consistorio a los
propietarios del suelo, decretó el archivo de las diligencias que había
abierto.
"No hay más diferencia entre un caso y otro, al menos que esta parte
pueda observar, que en Lorquí gobernaba el PSOE, mientras que en el
ayuntamiento de Murcia lo hace el PP".
Finalmente, se propone como testigos a una decena de personas, entre
las que se encuentran concejales y exconcejales, una periodista y el que
fue presidente del Real Murcia entre los años 1999-2003, Joaquín Romeu.
Así mismo, en orden al posible recurso de amparo que plantearía ante
el Tribunal Constitucional, la defensa de Cámara deja constancia de su
denuncia de vulneración de derechos fundamentales que asegura ha sufrido
este.
