Digital continuo de pensamiento y cambio con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate
miércoles, 2 de febrero de 2011
El Banco de CAM y Cajastur tendrá un comité de dirección y seis órganos colegiados de decisión
ALICANTE.- El Consejo de Administración del Banco Base, que agrupa a CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, ha aprobado este miércoles el desarrollo de su diseño organizativo, con la creación de la estructura de los comités de la entidad y los niveles directivos departamentales, según ha informado el banco en un comunicado.
La entidad pone en marcha el proceso de ejecución de la integración, "dando respuesta al objetivo de impulsar la gestión integrada de una nueva entidad, con una cultura y modelo de gestión único, que operará en el mercado como un banco multimarca, con una posición de liderazgo en los mercados tradicionales de las cajas participantes en el proyecto".
El objetivo del diseño organizativo y de su desarrollo, según la entidad, es "acelerar el proceso de integración en la nueva entidad y abordar las acciones y planes para la consecución de las sinergias derivadas". El desarrollo del organigrama y del diseño organizativo del banco "significa un impulso al desarrollo del proyecto y ha supuesto el nombramiento de cincuenta directivos, provenientes de las diferentes entidades que se integran en el proyecto".
La dirección del Banco actuará a través de un Comité de Dirección y seis comités especializados en los principales ámbitos de gestión y de desarrollo del proceso de integración: Operativo; de Seguimiento de la Integración; de Recursos Humanos; de Activos y Pasivos (gestión financiera global); de Riesgos; y Comercial.
Jiménez Villarejo cree que existe "un sesgo ideológico franquista" en algunos sectores de la magistratura
VALENCIA.- El ex fiscal Jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que, en la actualidad, todavía existe "un sesgo ideológico franquista", en algunos sectores de la magistratura y en otros ámbitos de la sociedad española, donde predomina "un afán de no tocar el franquismo y sus consecuencias delictiva y penales".
Jiménez Villarejo, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de presentar en esta ciudad el libro 'La solidaridad con el juez Garzón', que él mismo coordina, ha criticado que el magistrado "ha hecho lo que no ha sido capaz de hacer el Tribunal Supremo respecto al franquismo" y que es "aplicar la legalidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales".
"El juez Garzón hizo lo que estaba obligado a hacer", ha apostillado.
Respecto al juicio contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, el ex fiscal Jefe Anticorrupción ha señalado que "la única salida digna que tiene el Tribunal Supremo ante ese juicio es absolver" al juez "para que quede proclamar pública y totalmente su inocencia". A su juicio, se trata de un juez "honrado, honesto, justo y, además, inocente".
Preguntado por si considera que el juicio contra el juez Garzón afectará al prestigio de la judicatura, ha asegurado que el "prestigio" de la magistratura española "ya está bastante herido y socavado". En esta línea, ha indicado que "el simple hecho de abrir ese proceso contra Garzón ya ha significado un golpe durísimo contra el prestigio nacional e internacional de la magistratura española".
Para Carlos Jiménez Villarejo, "el solo hecho de ir a sentar a Garzón en el banquillo es un peso tan insoportable que crea un clima de desconfianza y de rebeldía".
Asimismo, se ha mostrado convencido de que existe "un sesgo ideológico franquista presente en ciertos sectores de la magistratura", porque, a su juicio, de lo contrario "no se explica que una Tribunal Supremo que ha estado dando posibilidades a la persecución de las dictaduras latinoamericanas", no lo haya hecho en España "cuando ha tenido delante la oportunidad de perseguir esos y muchos más crímenes".
"No se ha atrevido a respaldar las investigaciones y las decisiones que estaba tomando el juez Garzón", ha criticado.
En su opinión, es "profundamente injusto que en España, el único juez que ha querido dar una respuesta positiva de amparo a los familiares de la víctimas del franquismo, esté tan injustamente perseguido por un delito de prevaricación que no ha existido ni podrá nunca existir".
Respecto al libro 'La solidaridad con el juez Garzón', publicado por la editorial El Páramo', ha subrayado que se trata de una obra "fundamentalmente colectiva" que recoge "las voces airadas y críticas contra la persecución que sufre Garzón".
"Es una reflexión en voz alta", ha indicado, en la confluyen voces de los ámbitos judicial, académico, cultural y de las instituciones públicas, así como entidades sindicales y asociaciones defensores de derechos humanos, entre otras.
En la presentación, en la que han dejado una silla vacía de modo simbólico para hacer referencia a la ausencia de Garzón, han participado, además de Jiménez Villarejo, el magistrado y presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincia de Valencia, José María Tomás i Tio; el portavoz de la Plataforma Cívica Valenciana de Apoyo al Juez Garzón, Matías Alonso, y el conejero delegado de Editorial El Páramo, Ricardo González.
Princesa coincide con el alcalde de Jumilla en que nombrar a Valcárcel pregonero de la Semana Santa puede crear confrontación
MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el Pleno del Consistorio de Jumilla, que ha aprobado la moción de rechazo de que el presidente Ramón Luis Valcárcel sea pregonero de la Semana Santa 2011.
No obstante, comparte con el alcalde de Jumilla, Francisco Abellán, la idea de que "quizás este año, en plena campaña electoral, pueda ser un elemento de confrontación".
"No me gustaría que así lo fuera y espero que todo transcurra con normalidad, pero los acuerdos de plenos, del Parlamento autonómico, tenemos que respetarlos porque son tomados por la mayoría", ha subrayado Retegui, para después decir que entiende las razones, pero "la situación se normalizará y al final podrá haber una Semana Santa con tranquilidad y paz para los jumillanos".
Y es que, el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado la moción presentada por el PSOE sobre el rechazo a la designación del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, como pregonero de la Semana Santa 2011.
La moción fue defendida por el alcalde Francisco Abellán, que explicó los motivos que han llevado a su grupo a presentar esta iniciativa, según fuentes municipales.
En la Murcia de Valcárcel, el desempleo se convierte en el quinto jinete del Apocalipsis
MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero ascendió a 133.127, lo que supone un aumneto de 4.192 personas respecto a diciembre, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 3,25 por ciento respecto al mes de diciembre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 6.814, un 5,39 por ciento más.
En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 68.459 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 64.668 personas.
Por sectores, el paro subió en Servicios en 3.635 personas, en Construcción en 56 personas, en Industria en 228 personas, seguido de Agricultura en 45 personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 228 personas.
En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante enero se situó en 22.826 personas, lo que supone un aumento de 85 personas respecto a diciembre (0,37 por ciento).
Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 429 personas (-1,84 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 18.887 son extracomunitarios y 3.939 pertenecen a países de la UE.
El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.213), seguido de Construcción (5.384), Agricultura (3.712), Industria (1.868), y el colectivo Sin Empleo Anterior (1.649).
Por otra parte, la afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en 513.801 personas, lo que supone en términos absolutos un descenso de 8.236 personas con respecto al mes anterior (1,58 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En términos medios se redujo en 6.544 personas en los últimos 12 meses (-1,26 por ciento).
De las 513.801 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 346.658 pertenecen al Régimen General, 92.149 al Régimen de Autónomos, 65.307 al Agrario, 8.836 a empleados del Hogar, 851 a Trabajadores del Mary ninguno a Minería y Carbón.
Pujante pide una ley autonómica que permita dar a conocer el uso del dinero público y el patrimonio de todos los cargos públicos
CARTAGENA.- El coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Comunidad por esta formación política, José Antonio Pujante, ha solicitado al Gobierno regional la creación de una Ley autonómica que permita a todos los ciudadanos conocer, a través de Internet, el uso del dinero por parte de la Administración y el patrimonio de todos los cargos públicos de la Comunidad.
Pujante ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno la creación de esta Ley de transparencia y acceso a la información pública de la Administración autonómica, que seguiría "el planteamiento de la propia Constitución Española, que garantiza el acceso a la información, y de la reciente convención europea de 2009, que incita a permitir el acceso a la documentación oficial".
El preámbulo de la moción hace referencia a las características de la Ley, que "deberá hacerse público el patrimonio de los cargos electos y de libre designación, y que el acceso a la información debe ser gratuito por parte de cualquier ciudadano y por medios, preferentemente, de carácter telemático".
El candidato de IU considera que "debe garantizarse el acceso por parte de cualquier ciudadano a través de Internet a todo tipo de información que tenga que ver con el uso del dinero público que hay en la Comunidad Autónoma, como acceso a contratos y licitaciones, para profundizar en la información".
La Ley permitiría que un ciudadano cualquiera "pueda comprobar, por ejemplo, las características de un pliego de condiciones, las condiciones de adjudicación de bienes y servicios de la Comunidad, todas las empresas que hayan participado en el proceso de licitación, entre otras cosas".
La Ley también contempla divulgar los datos de todas las empresas de naturaleza pública que prestan sus servicios a la Administración regional, y cualquier empresa o entidad subvencionada con dinero público, ya que IU cree que todos los ciudadanos "deberían tener información transparente sobre la gestión y las características de las mismas".
Asimismo, IU considera que "debería hacerse público el patrimonio de todos los cargos públicos, electos y de libre designación de la Comunidad Autónoma, es decir, hacer público el patrimonio de los miembros del Consejo de Gobierno, comenzando por su presidente, Ramón Luis Valcárcel, así como de los diputados y senadores autonómicos, asesores y personal de libre designación por parte del Gobierno regional, como directores generales".
Todo ello, precisó Pujante, debería hacerse "garantizando la preservación del derecho a la intimidad que también viene recogido en la Constitución". En caso de conflicto, Pujante propone que puede actuar el organismo que se encarga de la protección de datos para garantizar la intimidad, "tal y como aparecía recogido en el anteproyecto del Gobierno central".
Pujante ha manifestado "la necesidad de mejorar en la Región de Murcia de forma considerable la transparencia y el acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía". A su juicio, esto "se traduce en una mejor democracia, en la profundización de la calidad democrática de las instituciones, así como una mejor gestión y uso de los recursos financieros públicos de la Administración regional".
IU va a plantear medidas que mejoren la transparencia informativa en los ayuntamientos en los que tenga representación y en su programa electoral. De hecho, ha recordado que IU "propuso en el pasado que se hiciera público el nombre de quienes suscriben los convenios urbanísticos, las empresas y los consejos de administración, con el fin de prevenir posibles casos de corrupción".
A su juicio, el grado de información que hay en las administraciones públicas, tanto en la autonómica, como en la central y la local "es insuficiente y es un problema estructural en toda España". A su juicio, la Ley "es la mejor forma de luchar contra la corrupción, ganando en transparencia informativa".
Por ejemplo, Pujante ha dicho que IU ha presentado 19 preguntas escritas al consejo de Gobierno y 48 solicitudes de información cuyo plazo legal de contestación se ha sobrepasado y no han sido contestadas", por lo que IU ha pedido amparo al presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán.
"Si ya hay un obstáculo claro y evidente por parte de la Región de Murcia a los legítimos representantes del pueblo, no cabe imaginar cómo será en el caso del libre acceso por parte de la ciudadanía a esa información", ha añadido.
IU pide la creación de una ley para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública
CARTAGENA.- IU ha presentado en la Asamblea regional de Murcia una moción por la que solicita la creación de una ley que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública, con el fin de profundizar en la "calidad democrática" y dar transparencia a la administración autonómica, según han informado fuentes de la formación de izquierdas en un comunicado.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz regional de IU y candidato a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, quien ha indicado que "el poder y la información" en una sociedad democrática deben pertenecer a la ciudadanía, tomando como límite el derecho a la intimidad de los poderes públicos.
"La falta de transparencia encubre la corrupción y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad", ha asegurado Pujante, tras insistir en que el acceso a la información "es clave para garantizar los derechos individuales y avanzar hacia un gobierno abierto".
Como muestra de esa "obstrucción", Pujante ha señalado que 19 preguntas y 48 solicitudes de información presentadas por su grupo en la Asamblea regional han cumplido el plazo de contestación sin haber recibido respuesta, lo que ha motivado que haya solicitado amparo al presidente del Parlamento autonómico.
Asimismo, ha abogado porque los cargos públicos electos y de libre designación de la administración regional hagan público su patrimonio, al objeto de eliminar el "alto grado de opacidad" existente y evitar posibles casos de corrupción, "cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes", ha apostillado.
Y es que, a su juicio, el acceso a datos públicos también debería extrapolarse a los municipios, de manera que los ciudadanos y ciudadanas pudiesen consultar información de manera gratuita sobre asuntos locales como las empresas o personas que suscriben convenios urbanísticos con sus ayuntamientos.
Finalmente, el dirigente de Izquierda Unida ha explicado además que la consulta de datos públicos "permitiría ejercer mejor los derechos de la ciudadanía y crear al mismo tiempo una serie de aplicaciones en internet y dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público".
El PP en Jumilla retira su moción sobre la condena de la agresión del consejero Cruz por censurar a Tovar
JUMILLA.- Una moción que se preveía que iba a contar con la unanimidad de todos los grupos municipales, relativa a la condena de la agresión del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, provocó el abandono de sus escaños de los concejales socialistas y del portavoz de IU-LV y el posterior abandono definitivo de los concejales del Partido Popular, según han informado fuentes municipales en comunicado de prensa.
En cuanto a la moción que suscitó la polémica, fue presentada por el Partido Popular y en ella se proponía condenar tajantemente la agresión al consejero, así como solicitar la dimisión del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
Por acuerdo anterior en Comisión, los populares habían retirado el segundo punto y además se había presentado una enmienda del PSOE en la que igualmente expresaban la condena a esta agresión, mostraban plena confianza en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como reconocer la labor desarrollada por el delegado del Gobierno y hacer un llamamiento a la responsabilidad y la cordura para favorecer un clima de tranquilidad y respeto.
El portavoz popular Enrique Jiménez tomó la palabra para la exposición de motivos y, desmarcándose del acuerdo adoptado en Comisión, procedió a la lectura de un manifiesto de condena de la agresión del consejero en el que responsabilizaba al delegado del Gobierno y acusaba a la izquierda de la 'espiral de violencia' que se vive en Murcia.
En ese momento, el alcalde, los concejales socialistas y el portavoz de IU-LV abandonaron sus escaños. Una vez que terminó de leer este manifiesto, "que nada tenía que ver con el texto de la moción y con lo acordado previamente en comisión", indicaron las mismas fuentes, anunció que retiraban su moción.
A continuación, el alcalde y presidente del Pleno ocupó su lugar y señaló que "no se puede permitir esta intervención reaccionaria, que recuerda a épocas pasadas y negras de España, con insultos cobardes hacia personas que no se pueden defender". Estas manifestaciones provocaron el abandono del Pleno de los concejales del Partido Popular que ya no continuaron en la sesión plenaria.
Con la sola presencia de los concejales del PSOE y el concejal de IU-LV, puesto que los populares habían abandonado la sesión, resultaron aprobadas dos mociones de IU-LV, una sobre cumplimiento de Ley de Morosidad y otra sobre la retirada del Real Decreto por el que recorta la retribución a la producción fotovoltaica. En ambos casos, la aprobación fue con un único voto, puesto que los socialistas se abstuvieron.
Sobre la primera moción, en ella se solicita que el Ayuntamiento inicie las acciones necesarias para ir cumpliendo la Ley de Morosidad, así como que acuerde la redacción de un plan para el cumplimiento, en tiempo y forma, de los plazos de pago que fija esta ley.
Además se va a reclamar al Gobierno de la Nación la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta que prevé instrumentar una línea directa de crédito en condiciones preferentes, a través del ICO, destinada a las entidades locales para facilitar el pago de las facturas impagadas a proveedores.
El grupo municipal de PSOE se abstuvo en este punto argumentado, según la concejal de Hacienda Juana Guardiola "puesto que alguno de los aspectos de esta ley ya se están cumpliendo y otros se irán poniendo en marcha".
Con la última de las mociones de IU-LV, también aprobada, el Ayuntamiento muestra su apoyo a los productores de energía fotovoltaica y exige al Gobierno la retirada del Real Decreto 14/2010 por el que se recorta, en más de 2.200 millones de euros, la retribución prevista en la generación de esa energía en los próximos 3 años. Igualmente solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen ese decreto.
En este Pleno también se aprobó, con los votos favorables de PSOE e IU-LV, la actualización de las tarifas de agua y alcantarillado para 2011, en un 2,1% que corresponde al IPC, lo que supone un incremento de 0,06 euros/metro cúbico.
UPyD insiste en el "derroche" que suponen las campañas publicitarias del Gobierno regional
MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha insistido en poner en duda la conveniencia de que la Consejería de Sanidad invierta, "justo en este momento en que se acaban de aprobar unos recortes durísimos en la Región", en una campaña publicitaria "a todas luces propagandística" para difundir la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de Cartagena y del Mar Menor.
Para Sánchez "resulta escandaloso que en la actual situación de profunda crisis financiera, provocada por la deficiente gestión del Gobierno regional, se siga gastando el dinero público en la autopromoción de quienes nos han conducido hasta aquí, en un nuevo ejercicio de despilfarro", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
Sánchez apuntó que "la entrada en funcionamiento de los nuevos hospitales del Cartagena y del Mar Menor no es un producto que haya que vender publicitándolo en autobuses, marquesinas y mobiliario urbano de Cartagena y de las localidades del Mar Menor".
Igualmente, ha señalado que "los usuarios que necesiten acudir a los hospitales, conocen su existencia y ya saben dónde están. Resulta bochornoso la alegría con la que se gasta en propaganda gubernamental, mientras la Región está en estado de alarma financiera y se recorta en derechos laborales y salariales de los empleados públicos de la Región".
Finalmente, ha indicado que este hecho es una nueva muestra de "cómo entiende el Gobierno regional la gestión del dinero público". Además, ha criticado la "ausencia total de transparencia que impide saber cuál es el coste real de esta campaña que tiene presencia, además de en los espacios urbanos y transportes públicos, en web creadas de forma específica y en espacios en radio y televisión".
El Ayuntamiento Murcia da luz verde al proyecto de presupuestos para este año
MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno al proyecto del presupuesto municipal para 2011, que asciende a 511,7 millones de euros, incluyendo organismos autónomos y empresas municipales, lo que supone una disminución de 31,9 millones con respecto al 2010. Será el 10 de febrero cuando tenga lugar la celebración del Pleno Extraordinario para aprobar el proyecto.
Las medidas de ahorro y de contención del gasto emprendidas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia se hacen presentes en este proyecto, que permitirán reducir el gasto este año en unos 11,5 millones de euros, pero sin afectar al manteniendo la calidad de los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos y manteniendo el mismo nivel de atención con las prestaciones sociales.
Sobre esta cuestión, el teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, ha destacado que el propósito del equipo de Gobierno de continuar con la reducción del gasto "se está llevando a cabo con otro objetivo prioritario: garantizar las prestaciones básicas a los más necesitados, personas y entidades de acción social o sanitaria y, a la vez, fomentar las inversiones productivas que mantengan o creen empleo".
Según el concejal, "el recorte experimentado en los últimos dos años de las transferencias procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (P.I.E.) -cifrado en unos 29 millones de euros-, unido a la paralización de la actual economía provocada por la crisis que padece España, ha ocasionado una disminución de ingresos en torno al 20 por ciento, lo que condiciona aún más el equilibrio financiero del Ayuntamiento y obliga a realizar medidas extraordinarias basadas en la austeridad, el rigor y el control del gasto".
Además, ha apuntado que a esta reducción de ingresos "hay que sumar la anulación de los recursos extraordinarios que durante 2009 y 2010 se han recibido con cargo a los presupuestos generales del Estado".
Un hecho que pone de manifiesto "un escenario de grandes y graves recortes de las transferencias del Gobierno de la Nación, además del aumento de los impuestos, las tarifas eléctricas y demás precios, que son una muestra más de la delicada situación económica que padecen los ayuntamientos españoles, que no ven garantizada la suficiencia económica de los municipios".
"Este dramático panorama ha obligado al Ayuntamiento de Murcia a multiplicar los esfuerzos para continuar garantizando las políticas sociales activas, ayudando a atender las necesidades de los más necesitados y desprotegidos", ha destacado Moya-Angeler.
Es por ello, por lo que el equipo de Gobierno ha confeccionado un proyecto de presupuestos "consensuado y pormenorizado", en el que no se incrementan los impuestos municipales, al mismo tiempo que se garantiza la acción social y las inversiones productivas como forma eficaz de creación de empleo y promoción de la actividad económica como generadora de trabajo.
Entre las actuaciones más significativas a desarrollar, figuran la implantación del Plan de Movilidad Sostenible de Murcia, la construcción de nuevos viales que mejoran la comunicación entre pedanías, el desarrollo del proyecto de integración y soterramiento de las vías del tren en el ámbito urbano de Murcia, así como la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Igualmente, continuará la apuesta por seguir incrementando la red de infraestructuras con la apertura de nuevos centros sociales para jóvenes, mujeres y mayores, junto con el desarrollo de la actividad deportiva en las modernas instalaciones municipales y la consolidación de la red de centros culturales y auditorios más importantes de la Región que, por su cantidad y calidad, constituyen una referencia para todo el país.
Según ha explicado Moya-Angeler, para seguir construyendo "la ciudad que queremos" el Ayuntamiento dispondrá este ejercicio de un presupuesto para nuevas inversiones de 57.281.313 euros, frente a los 88,6 millones de euros que se destinaron a este apartado en 2010.
También se mantendrá el impulso a la descentralización y el esfuerzo por asegurar las bonificaciones a los colectivos sociales más necesitados que, lejos de reducirse, se amplían tanto en su cuantía económica como en el número de beneficiarios potenciales.
La ayuda a las familias y a las personas con menos recursos permitirá dejar en el bolsillo de los murcianos más de 18,3 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas municipales.
Por otra parte, el Ayuntamiento realizará un esfuerzo para reducir la deuda, que ha disminuido en 56,5 millones de euros por dos conceptos: 25 millones de euros en pólizas de crédito y 32 millones de euros que se han amortizado; situándose, a fecha de 31 de diciembre de 2010, en 202 millones de euros.
En cuanto al nivel de endeudamiento, cifrado en el 52 por ciento, se mantiene alejado del límite permitido para contraer préstamos en 2011, establecido en el 75 por ciento.
Cuando acabe este ejercicio, el Ayuntamiento habrá amortizado 29 millones de euros, permitiendo reducir la deuda hasta situarla en 172,7 millones de euros, una cifra inferior incluso a la de 1999, cuando alcanzaba 197,61 millones de euros.
Respecto a los gastos corrientes -aquellos que hacen frente a los servicios que la ciudad requiere día a día para su funcionamiento-, se reducirán más de un 7 por ciento, gracias a una mayor austeridad en los contratos administrativos y en los gastos de funcionamiento interno del Ayuntamiento, pero sin afectar a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
La aportación de Roca a la operación Crucero Banús era "presuntamente ilícita", según Hacienda
MÁLAGA.- Un funcionario de la Agencia Tributaria que intervino en la investigación del caso 'Malaya' ha señalado este miércoles en el juicio contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella que la aportación del presunto cerebro, el cartagenero Juan Antonio Roca, en la operación Crucero Banús "no estaba legitimada", considerando que los 91 millones de las antiguas pesetas, es decir, 546.921,01 euros, que éste supuestamente invirtió "presuntamente son ilícitos".
Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.
El perito ha explicado que los cheques que aportó Roca "no están legitimados", lo que sumado al procedimiento penal en el que estaba inmerso en ese momento le ha llevado a afirmar que son fondos "ilícitos" que podrían proceder "de cohechos o malversaciones, de las que hay indicios que se cometieron de 1991 a 1999 en el Ayuntamiento de Marbella".
"Ni como retribución del trabajo, ni como rendimientos mobiliarios ni como ganancias patrimoniales tenía declarada operación que le hiciese legítimamente disponer de ellos", ha dicho.
Este funcionario, que ya comenzó a declarar este martes y seguirá el lunes, ha apuntado que no tiene constancia de transmisión de valores entre sociedades supuestamente vinculadas a Roca ni que se llegaran a vender las acciones de la sociedad que él dijo para obtener el dinero para invertir en Crucero Banús, de hecho, el testigo ha incidido en que dicha entidad "no tenía activos", estaba "en declive" en ese momento y registraba pérdidas.
La defensa de Roca ha insistido en demostrar, con el interrogatorio y a través del análisis pormenorizado de los documentos sobre movimientos bancarios que constan en la causa, que éste aportó la cantidad que le correspondía en la operación y en destacar que el testigo no investigó el origen de los fondos de los cheques. Además, ha defendido que sociedades de su cliente tenían actividad en esos años.
Respecto a Román, acusado por blanqueo de capitales y varios delitos contra la Hacienda Pública, el experto de la Agencia Tributaria ha señalado en esta sesión que él mismo declaró que "cobró 400 millones de pesetas no declarados a la Hacienda Pública", de los que, ha precisado, "hay una parte que le corresponde a todos los españoles", por lo que ha concluido que "hay implícito un delito fiscal, que habrá prescrito o no, pero estaba cometido".
También se ha referido a Hoffman y ha señalado que "en abril de 2002, antes de liquidar el negocio, el señor Roca fue detenido" por un procedimiento en la Audiencia Nacional. "Por qué el señor Hoffman, como abogado, no comunicó que tenía un negocio con este señor, no pudo levantar el brazo y decir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que había hecho un negocio un tanto extraño, que había pagado con fondos que no tenía declarado en España", ha preguntado.
Ha reiterado que en esta operación las sociedades "se utilizan como instrumento", aunque ha señalado que no es la persona a la que le corresponde referirse a la teoría de levantamiento del velo que sostiene las acusaciones. "Yo podría hablar de confusión patrimonial, del uso abusivo de la personalidad jurídica, de los perjuicios ocasionados a terceros por este uso", ha manifestado el funcionario de la Agencia Tributaria.
Asimismo, ha incidido en los fondos de Suiza y ha manifestado que la legislación de dicho país es "laxa con las irregularidades fiscales cometidas fuera de allí". "Es muy fácil ir a Suiza con un maletín y decir esto procede de una defraudación fiscal", ha señalado el perito, quien ha apuntado que Suiza es un país "cooperante", pero ha dicho que "con mencionar que los fondos depositados proceden de la defraudación tributaria no hay mayor problema y santas pascuas".
Las defensas han cuestionado la interpretación dada por los expertos en Hacienda a la documentación intervenida en relación con esta operación y han incidido en los datos manejados para hacer los informes, como la validez del documento de opción de compra para dar el crédito a Ávila Rojas o si uno de los documentos era un extracto bancario o no. De hecho, el presidente del Tribunal, José Godino, ha intervenido en varias ocasiones para calmar el interrogatorio y agilizarlo.
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