La Fiscalía Superior requiere documentación de 17 convenios urbanísticos no ejecutados en Lorca

LORCA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha requerido hoy al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, del PP, la documentación de los 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, reclama al alcalde que le remita "a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados por el anterior consistorio en zonas no susceptibles de urbanización".

El requerimiento fue remitido por el fiscal el pasado 5 de diciembre y hoy ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Lorca.

En él se informa de que la petición forma parte de las "diligencias preliminares de investigación penal" abiertas por la fiscalía en torno a las posibles irregularidades de estos convenios.

Fueron aprobados en un pleno municipal en octubre de 2005 solo con el voto favorable del PSOE, el voto en contra de IU y la ausencia del PP, ya que todo el grupo municipal abandonó la sesión para mostrar su oposición a su debate.

Los convenios pretendían recalificar suelo no urbanizable para construir en él complejos residenciales en distintos puntos de la geografía municipal con un total de 87.000 viviendas.

Estos convenios han vuelto a la actualidad después de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar judicialmente al Ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza a la firma de los acuerdos, al haber incumplido el consistorio una cláusula que lo obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años, lo que no ha ocurrido en ninguno de los casos.

El Ayuntamiento recibió 13 millones de euros a la firma de los convenios y ya ha perdido dos juicios en los que ha sido condenado a devolver el dinero adelantado a los promotores, más los intereses y tasas judiciales.

Este hecho motivó que la semana pasada el alcalde advirtiera de la "gravísima situación" que atraviesa el Ayuntamiento, que podría encontrarse al borde "de la intervención" si todos los promotores comienzan a reclamar su dinero.

Cospedal aparece victoriosa en Castilla-La Mancha tras haber doblegado el trasvase Tajo-Segura

TOLEDO.- La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha señalado este miércoles que, gracias al Acuerdo de Planificación Hidrológica entre las cuencas Tajo-Segura, la región "va a poder tener agua en cantidad y calidad suficiente para hoy y en todas sus necesidades venideras".

   Así ha valorado el acto celebrado esta mañana en el Palacio de La Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido a los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia, y donde se ha puesto de manifiesto que "por fin podemos contar con un plan sobre la demarcación del río Tajo y tener  una regulación que dé seguridad jurídica a todas las partes implicadas en el trasvase Tajo-Segura".

   Además, Cospedal ha recordado las palabras del presidente, Mariano Rajoy, cuando ha destacado que, gracias a este plan, se tiene en cuenta "la preferencia de la cuenca cedente sobre la cuenca cesionaria y los derechos de nuestros agricultores, industrias, consumidores", ha informado la Junta en nota de prensa.

   Según la presidenta Cospedal, a partir de ahora, gracias al acuerdo entre cinco comunidades autónomas implicadas en el trasvase Tajo-Segura, "el agua va a dejar de ser un asunto de discusión política en campañas electorales para ser un elemento de creación de riqueza y empleo".

   Por todo ello, Cospedal ha valorado que ahora "se garantiza el futuro de Castilla-La Mancha, que tantas veces había sido castigada en materia de agua y sobre lo que tantas veces se había discutido políticamente, pero nunca se había dicho nada".

   Asimismo, la jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido --tras inaugurar la exposición 'Esteban Lisa. Retornos' en el Museo de Santa Cruz de Toledo-- en que "ha sido un gran acuerdo en el que han participado cinco comunidades autónomas, un acuerdo para cooperar y construir y por fin se va a dejar de hacer política con el agua".

Valcárcel reconoce públicamente haber cedido en el tema del agua en favor de la cuenca del Tajo

MURCIA.-   El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado este miércoles, tras asistir en La Moncloa a la presentación del Acuerdo de Planificación Hidrológica de las cuencas del Tajo y del Segura, que la Ley de Evaluación Ambiental, ya aprobada, "recoge los contenidos esenciales de este acuerdo entre las diferentes regiones, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras".

   A su juicio, dicho acuerdo "supone la garantía de que la solidaridad tiene que funcionar a la hora de permitir que el agua llegue a aquellos lugares donde no la hay, pero siempre desde un acuerdo unánime, desde el consenso".

   "Aquí no hay que nada que imponer que no sea a través de la razón, en cuyo caso, cuando es así, y no a través de otros mecanismos sometidos a intereses, es evidente que los planes pueden prosperar y las voluntades se hacen efectivas", ha comentado Valcárcel.

   En esta línea, ha resaltado importancia de que en la rúbrica del acuerdo "hayan estado presentes los regantes, además del presidente del Gobierno de España, que actúa como anfitrión, así como el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y, junto con él, los presidentes de las diversas comunidades autónomas afectadas".

   El acuerdo alcanzado en el mes de octubre entre el Ministerio y las cinco comunidades de las cuencas del Tajo y del Segura (Región de Murcia, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) permitirá culminar la planificación hidrológica de España con el máximo consenso y aportará estabilidad al acueducto Tajo-Segura, según informa el Gobierno murciano.

   Con este acuerdo entre los gobiernos de las cinco comunidades "se impulsa la planificación hidrológica nacional y la regulación de las relaciones en materia de agua entre las diferentes regiones desde el diálogo y el consenso".

   Al mismo tiempo, "se certifica una política seria y responsable del Gobierno en materia de agua y establece medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema, apuesta por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento en lugar de la exclusión, y aporta estabilidad y seguridad jurídica al trasvase Tajo-Segura, con rango de Ley".

   De esta manera "se evitan las presiones coyunturales en la toma de decisiones, se introducen normas para dotar de transparencia a los trasvases intercuencas, se garantizan las necesidades de las cuencas cedentes y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos y la preferencia de la cuenca cedente con carácter general".

   El acuerdo establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 Hm3).

   Al mismo tiempo, se acometerán un gran número de obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de laminación y de regulación.

   En definitiva, este acuerdo "objetiva una decisión que hasta ahora no tenía carácter normativo y que ha sido fuente permanente de conflictos entre territorios en los últimos años". Por tanto, "se pone fin -gracias al respaldo y a la disposición al acuerdo de las comunidades autónomas- a una incertidumbre en la gestión del agua que no beneficiaba a nadie".

La "sumisión" de Murcia

El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha argumentado que "esa foto que se nos va a presentar como de fin de guerra es la foto de la sumisión de la Región a través de Valcárcel".
   Así, González Tovar ha recordado que "los que más han puesto en ese acuerdo y los que más han renunciado han sido precisamente los murcianos".
   Tras lo que ha advertido que el Memorándum "trae unas consecuencias nefastas para el trasvase Tajo-Segura y para la Región, que no pueden celebrarse alegremente como hoy ha hecho Valcárcel en Moncloa".

Poco que celebrar

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado su perplejidad por las "grandes celebraciones y el ataque de "éxito" que el PP sigue manifestando tras la firma  del Memorándum del trasvase Tajo Segura, y que este miércoles se ha escenificado en el palacio de La Moncloa, con la presencia del presidente Ramón Luis Valcárcel junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos de Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia y Madrid.
   Sánchez ha señalado que el PP "publicita" la foto de hoy en La Moncloa como un nuevo ejercicio de propaganda, "tratando de ocultar que la reserva de 400 hm 3 sigue suponiendo una quebradero de cabeza para los agricultores murcianos".
   Así ha subrayado que "la propaganda" sobre el tema del agua "le ha funcionado al PP durante los últimos años, pero ha llegado a su fin,  los populares han perdido toda su credibilidad en este tema".
   El coordinador de la formación magenta ha insistido en que la reserva de 400 hectómetros sigue siendo una "losa" para épocas de sequía, "que puede suponer que no llegue ni una gota de agua".
   Además, Rafael Sánchez ha recordado que el PSOE tampoco tiene "demasiada credibilidad" en el tema del agua, adoptando posturas enfrentadas en Castilla La Mancha y la Región de Murcia, "porque la propuesta del Gobierno de Barreda era cerrar el trasvase Tajo-Segura  en el año 2015". Tras lo que ha recordado "que en estos momentos, están manteniendo discursos opuestos, según se digan en una comunidad o en otra".
   Del mismo modo, ha resaltado que en el trasfondo de todo este debate también está el hecho de que hay que consumir los 160 hm3 de agua desalinizada, que son capaces de producir la red de desalinizadoras construidas dentro del programa "Agua para siempre", del Gobierno socialista de Zapatero y su ministra Cristina Narbona.
   Por último, ha añadido que lo que no puede ser, desde luego, es que "sean los consumidores del agua potable e industrial de la CHS los que tengamos que pagar ahora", y hacer frente a las amortizaciones de la plantas, debido a la también "ausencia de criterio del anterior Gobierno socialista en políticas sobre materia de agua".

Condenan por crear una caja B a José Antonio del Pino, exdirector de Navantia en Cartagena

CARTAGENA.- Un juzgado de lo penal de Cartagena ha condenado a cinco meses y ocho días de cárcel al exdirector del astillero de Navantia, al que considera autor de un delito de falsedad en documento mercantil por crear una caja B en la que se contabilizaron casi 500.000 euros por conceptos no debidos.

La sentencia indica que José Antonio del Pino, al que se condena también al pago de una multa de cuatro meses con una cuota diaria de ocho euros, reconoció los hechos y se conformó con cumplir la pena pactada por el fiscal y su defensa, por lo que no fue necesario celebrar el juicio.

Con su reconocimiento de los hechos, Del Pino admitió que desde el año 2000 operó en Navantia-Cartagena una caja B, sin que se haya podido acreditar si la suma citada fue apropiada por los acusados o si su destino fue el pago de comisiones a terceros para mantener la productividad.

El PSRM muestra su apoyo a los acampados y a la plataforma en defensa del hospital del Rosell

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar ha visitado a los acampados en el hospital del Rosell para trasladarles su apoyo y el de todos los socialistas de la Región de Murcia, tanto a ellos como a la plataforma por la defensa de este hospital.

González Tovar subrayó la defensa del PSRM al mantenimiento del Rosell como segundo hospital de Cartagena y también a una sanidad pública y de calidad. “Consideramos que la apertura del nuevo hospital de Santa Lucía constituye un recurso más para la sanidad pública de Cartagena, pero en ningún caso un sustituto del Rosell, como al parecer quiere llevar a cabo el Gobierno regional”.

Para Rafael González es “un error que se elimine el Rosell mientras sigan existiendo las largas listas de espera que hay en la ciudad, tanto quirúrgicas como para las consultas de especialistas listas que han experimentado un incremento inasumible, que en cirugía se ha multiplicado por veinte”.

Asimismo, denunció las derivaciones que se están produciendo a la sanidad concertada para resolver el problema de las listas de espera. “La ciudad de Cartagena precisa de dos hospitales –Rosell y Santa Lucía- porque esta área de salud tiene un número de camas muy por debajo de la media regional. Por tanto, no se entiende el afán privatizador del Partido Popular ni que pretendan resolver el problema de las listas de espera cerrando hospitales públicos y derivando a los pacientes a clínicas concertadas, que salen más caras. En Cartagena existen recursos públicos de calidad para hacer frente a ese problema y el Rosell es uno de ellos”.

Rafael González Tovar lamentó que el Grupo Parlamentario Popular haya rechazado en la Comisión de Economía una enmienda socialista para el mantenimiento del Rosell como segundo hospital de Cartagena, “con lo que se niega esta posibilidad y se incumple una resolución aprobada por la Asamblea Regional”.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la cesión de terrenos públicos municipales a la UCAM

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Antonio Salinas, investiga la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Murcia de 135.000 metros cuadrados de terreno público para ampliar el campus de la UCAM. La Fiscalía quiere determinar si hay o no delito en esta cesión y un portavoz del Ministerio Público asegura que “la investigación no se va a archivar”, según informa Infolibre.es. 

La Fiscalía investiga también al presidente de la UCAM y consultor del Vaticano para la Familia, José Luis Mendoza, nombrado por el Papa Benedicto XVI. Antonio Salinas es jefe de la Fiscalía Anticorrupción desde 2003, cuando lo nombró para el cargo el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

El Ayuntamiento de Murcia cedió la parcela pública en 2007 y el Plan Especial de Ordenación de los terrenos de 135.577 metros cuadrados cedidos a la UCAM se aprobó en el Pleno del Consistorio, con los votos del PP, en 2009.
La UCAM comenzó en agosto de este año el movimiento de tierras para construir nuevos equipamientos docentes y deportivos. Una vez que se allanó el terreno, en el entorno de la urbanización El Portón de los Jerónimos, cuyos vecinos reclaman daños y perjuicios por las nubes de polvo, empezó las obras de urbanización.
El Plan Especial de ampliación de la UCAM prevé instalaciones docentes y complementarias, como colegios mayores, biblioteca, aularios, clínica, club social, guardería, complejos deportivos, parking y Paraninfo.

Los socialistas evidencian la degradación de Portmán ante la dejación de las administraciones del PP

MURCIA.- El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Hugo Morán, y el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, han advertido este miércoles sobre el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, alertando que "no estamos ante un proceso de rehabilitación, sino ante un proceso de degradación ambiental continuada en el tiempo y se producirá un proceso de recontaminación del espacio".

   Así lo ha manifestado Morán, quien ha expuesto que "todos los estudios que se habían hecho sobre estériles depositados en la Bahía aconsejaban un procedimiento de tratamiento científicamente acotado y eso salta por los aires en estos momentos con una opacidad total, ya que nadie dice qué consecuencias se deriva de la reexplotación de unos materiales contaminantes de un espacio que reivindica un proceso de restauración ambiental".

   Por ello, considera que el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, "mintió hace un año cuando anunció que para estas fechas habría comenzado la restauración medioambiental".

   Y es que, ha recordado, "cuando en diciembre del año pasado estuve en Portmán para ofrecer nuestra colaboración a los vecinos que tenían dudas sobre el proyecto de regeneración que existía, el alcalde salió anunciando un calendario de actuaciones diferidas en el tiempo, dando por asegurado que a finales de 2013 todo el proceso de restauración estaría en marcha".

   En aquel momento, sostiene, "me comprometí a volver en estas fechas y felicitar al alcalde si sus promesas se cumplían. Sin embargo, lo que hoy nos encontramos es que las tres Administraciones intentan eludir su responsabilidad trasladándola al sector privado".

   Para el responsable socialista, el hecho de que "ahora la regeneración se convierta en reexplotación supondrá que la degradación medioambiental continuará", de forma que el PSOE "seguirá luchando por la regeneración de Portmán en todas las instancias correspondientes".

   Por su parte, el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha exigido que se reúna la Comisión de Seguimiento sobre la regeneración de Portmán "y ofrezca información sobre el proceso".

   Esta Comisión, apunta, "existía con el proyecto que el PP se encontró encima de la mesa, un proyecto de regeneración ya consensuado entre las Administraciones y los vecinos, y con la financiación asegurada".

 "Pero el Gobierno de Rajoy no hace lo que tenía que hacer, que era simplemente adjudicar aquel proyecto, y se enreda con sus propios engaños", indica.

   "La bahía sigue estancada, los anuncios del PP de iniciar la regeneración han sido falsos, y el nuevo proyecto de explotación minera, que significa que durante unos años más van a estar extrayendo minerales de la bahía, sólo pretende confundir, porque no es un proyecto de regeneración, sino de retrasar precisamente la regeneración. No tiene que ver con lo acordado, con lo estaba apoyado por la Universidad y el propio Ayuntamiento de La Unión", ha dicho.

Publicada la Ley que incluye el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Evaluación Ambiental que incluye los acuerdos del Memorandum del Tajo que regulan el trasvase Tajo-Segura, acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental (actualmente puede prolongarse más de diez años), y que somete a los proyectos de fracking a evaluación de impacto ambiental.

   La Ley, que entrará mañana en vigor, incorpora el Memorandum del Tajo, un acuerdo entre las cinco comunidades autónomas dependientes de esta cuenca (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana), que da rango de ley al trasvase del Tajo al Segura y que culmina la planificación hidrológica del Tajo, Júcar y Segura.

   El acuerdo, entre otros aspectos, establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 Hm3).

   Otra de las novedades que introduce la norma es el establecimiento de una serie de modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.

   Así, se tipifican expresamente infracciones como el 'bunkering' mediante el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras flotantes que fondean permanentemente) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

   En el caso del 'francking', la norma incluye la obligación de someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, lo que, según una nota de prensa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, "conlleva un mayor control ambiental de este tipo de proyectos.

   Además, por primera vez la norma de evaluación ambiental introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.

   Con el nuevo texto legal se unifican las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología.

   La Ley de Evaluación Ambiental pretende a su vez acortar los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental que, en la actualidad se puede demorar hasta diez años. Así, establece plazos máximos para la evaluación estratégica ordinaria, cuyo plazo será de 22 meses prorrogable dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas.

   Para la evaluación ambiental estratégica simplificada, el plazo máximo será de cuatro meses; la evaluación de impacto ambiental ordinaria se tramitará en cuatro meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas, mientras que la evaluación de impacto ambiental simplificada tendrá una tramitación de tres meses.

   Durante su tramitación parlamentaria, tanto diputados como senadores de la oposición criticaron que la normativa se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está modificando la directiva europea de Evaluación Ambiental, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.

   Además, han rechazado la falta de rigurosidad en las evaluaciones de impacto ambiental que propone la nueva ley, en aras de favorecer, simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar beneficios para intereses económicos.

   Entre las principales críticas, los grupos han incidido en la inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a través de enmiendas al proyecto, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ni se haya podido someter a informe y consulta de distintas entidades del Estado.

   Finalmente, la Ley de Evaluación Ambiental se aprobó con los votos del PP después de rechazar varios vetos y votos particulares de distintos grupos parlamentarios.

El Tribunal Supremo declara nulo el despido de una embarazada por parte de la Consejería de Agricultura

MURCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha corregido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y ha dicho que el despido de una trabajadora embarazada por parte de la Consejería de Agricultura debe ser considerado nulo, y no improcedente.

La sentencia estima el recurso que la despedida presentó contra la resolución del TSJRM, que, a su vez, había revocado otra de un Juzgado de lo Social que declaró que el despido era nulo, por lo que la Consejería de Agricultura debía proceder a la readmisión, sin posibilidad de optar por el pago de una indemnización.

El Alto Tribunal estima el recurso presentado por la empleada, al mismo tiempo que rechaza el que formuló la Consejería de Agricultura, que es condenada al pago de las costas.

Afirma la Sala que la demandante, desde junio de 2004, prestó sus servicios como titulada de grado medio en dependencias de la Consejería de Agricultura, lo que hizo a través de las empresas S.I.M., S.L.U., y G.I.C., S.L.

En mayo de 2010 fue despedida, y, presentada su demanda, el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia califició como nulo el despido "en razón a la condición de embarazada de la demandante, situación acreditada mediante la testifical de su superior directa, que reconoció haber tenido conocimiento de tal estado, así como por la documentación aportada".

El Juzgado condenó tanto a la Consejería de Agricultura como a las dos empresas citadas, declarando, al mismo tiempo, que había existido una cesión ilegal de trabajadores entre estas últimas.