lunes, 20 de febrero de 2012
El PSOE de Lorca denuncia que la Comunidad Autónoma está valorando hasta un 40% menos que el Consorcio
LORCA.- El responsable de la Comisión Ejecutiva Local sobre temas relacionados con los Seísmos, Antonio Navarro, ha denunciado este lunes que los peritos de la Comunidad Autónoma están efectuando valoraciones hasta un 40 por ciento menos que el Consorcio Compensación de Seguros.
El dirigente socialista asegura que cuentan en su poder con documentación en la que en una misma vivienda, el Consorcio indemniza algo más de 19.000 euros, mientras que la valoración de la Comunidad Autónoma es de 13.800 euros.
Navarro Pérez ha proseguido diciendo que "entendemos que son complejas este tipo de valoraciones y que alguna sutil diferencia podría haber entre los criterios de valoración de un perito y otro. Pero lo que no es posible, es que la diferencia sea de un 40 por ciento"
Entendemos, añadió, "que es más que denunciable esta estrategia que al parecer está siguiendo la Comunidad Autónoma; con el fin que todos sabemos".
Para terminar, Navarro ha animado a que los vecinos que se encuentren en esta situación "hagan publica su denuncia, que se asesoren bien y que no acepten cantidades que estén por debajo del valor real de reparación".
Denuncia de UPyD
UPyD opina que de darse "realmente" las ayudas "que se supone tienen que llegar a Lorca", afectada por los terremotos del pasado 11 de mayo, no se cubriría ni el 50 por ciento de los daños de la ciudad. Por lo que, a su juicio, "es imposible, a día de hoy, que el municipio se recupere con las condiciones que hay".
Así lo ha declarado el coordinador local de UPyD en Lorca, Juan Manuel Cabrera, quien ha señalado en rueda de prensa la necesidad de actuar, porque, más de nueve meses después de los seísmos "los problemas siguen siendo los mismos y la situación de muchos vecinos, insostenible".
Las ayudas prometidas, denunció, "no llegan o son insuficientes", cientos de edificios han sido demolidos y otros muchos esperan un final similar, el patrimonio de la ciudad se encuentra seriamente afectado y la vida económica se resiente gravemente, con el cierre de una parte importante del comercio del municipio.
Es por ello que Unión, Progreso y Democracia subraya la necesidad de colaboración entre todas las administraciones para poner una solución inmediata a los principales problemas de la ciudad.
De tal forma, Juan Manuel Cabrera solicita al alcalde de la Ciudad del Sol, Francisco Jódar, que se debata y someta a votación un llamamiento a las administraciones regional y nacional para la actuación inmediata en la tramitación de las ayudas aprobadas por cada una de ellas, con el fin de que "urgentemente" se doten económicamente todas las ayudas que la ciudad necesita y se actué de forma coordinada.
Así como la agilización de expedientes "para que ese dinero llegue a la gente que lo necesita para seguir adelante", y la aprobación de dotaciones presupuestarias en las distintas administraciones para hacer frente a los planes de ayudas que se han aprobado, pero a los que no se ha aportado el dinero necesario.
UPyD exige, además, una atención prioritaria a la reconstrucción de las infraestructuras básicas de servicios como educación o sanidad, dotar de aulas prefabricadas y estructuras similares a la ciudad en cuantía suficiente mientras no esté completa la reconstrucción de todas ellas y la instalación de las viviendas modulares necesarias para las familias que han perdido sus viviendas y que ya fueron prometidas.
A lo que se suma la agilización de inspecciones a los edificios que a día de hoy no se ha decidido si van a ser o no demolidas, que se cubran los gastos de demolición de los expedientes por ruina técnica y ruina económicamente de la misma forma que fueron pagados los expedientes por ruina inminente que se ejecutaron en los primeros meses.
La formación magenta pide, por otro lado, un plan de activación económica integral de la ciudad que incluya programas de fomento en el sector del comercio como en actuaciones contra el paro, la elaboración de un plan de reconstrucción que tenga en cuenta la reubicación de edificios en una nueva zona de la ciudad a la que se pueda dotas de accesos y todo tipo de servicios y que sirva para liberar de la presión demográfica al centro.
La creación de una oficina con dotación de personal suficiente que asesore a las comunidades que tienen que reconstruir sus edificios y que les tramite todas las cuestiones técnicas y administrativas; un plan de actuación en el patrimonio de la ciudad, que garantice la recuperación de los edificios históricos, son otras de las propuestas de UPyD.
También, la tramitación de las infraestructuras que la ciudad tiene pendientes para la mejora de las comunicaciones por ferrocarril, principalmente el de cercanías, y las rondas de circunvalación y que deben suponer un elemento importante en la reactivación económica de Lorca.
Y es que, apostilló, el coordinador local de UPyD en Lorca, Juan Manuel Cabrera, junto al coordinador regional de la formación magenta, Rafael Sánchez, "no tenemos más tiempo", pues, enfatizó, "Lorca sigue siendo un caos nueve meses después de los terremotos del pasado 11 de mayo".
Tras lo que han manifestado que apoyarán la concentración de La Asamblea de Vecinos de Lorca Afectados por los Terremotos, surgida tras los seísmos, que realizarán este miércoles, 22 de febrero en demanda de ayudas públicas frente al Congreso de los Diputados.
El nuevo contrato del alumbrado público del municipio de Murcia permitirá reducir el gasto un 30%
MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado recientemente la adjudicación del servicio de mantenimiento del alumbrado público y de la inspección de la instalación eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad municipal, por un importe 18,7 millones de euros y para un periodo de cuatro años, prorrogable a dos. El importe se ha reducido en un 30 por ciento.
Este contrato incluye el mantenimiento de todos los elementos que forman las instalaciones de alumbrado público, incluso la sustitución de las lámparas que se averíen.
Además de la obligación de subrogar a todo el personal adscrito actualmente al servicio, que asciende a alrededor de 80 personas, según han informado fuentes municipales.
La empresa concesionaria llevará a cabo los trabajos de la labor cotidiana de accionamiento, vigilancia y control de las instalaciones y reposiciones de materiales, lámparas y reparación de averías, y en general todas las operaciones que exigen la conservación y mantenimiento de la Red de Alumbrado, así como las tareas de inspección, control, mantenimiento.
El contratista realizará la conservación, reparación o reposición de las luminarias, así como de todos sus componentes, tanto mecánicos como eléctricos: envolvente, cierre, reflector, reactancia, condensador, portalámparas, cableado y conexiones, equipos de control y ahorro energético, fuentes de alimentación, y cualquier otro elemento original.
También tendrá la obligación de asumir el mantenimiento necesario de los diferentes eventos que el Ayuntamiento realice de modo periódico a lo largo del año, como Fiestas de Primavera, Navidad, Fiestas de Septiembre, Semana Santa; además de que también llevará a cabo la inspección de las instalaciones eléctricas de los edificios de titularidad municipal.
IU-Verdes pide a Palacios que "no se olvide" de que su Gobierno ha llevado a muchos menores al "desamparo"
MURCIA.- IU-Verdes ha valorado este lunes de "forma positiva" la guía elaborada por la Consejería de Sanidad y Política Social para valorar la gravedad de las situaciones de desprotección infantil, si bien ha recordado a la consejera, María Ángeles Palacios, que "no se olvide de que las actuaciones de su Gobierno han dejado a muchos menores y familias en una situación de desamparo".
La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región de Murcia, Adoración Peñas, ha denunciado que el Gobierno regional ha eliminado o reducido "a la mínima expresión" ayudas sociales de primera necesidad, que ha afectado a muchos ciudadanos.
Asimismo, ha destacado que la tasa de pobreza en la Comunidad está en torno al 30 por ciento, es decir, que más de 450.000 murcianos se encuentran en riesgo de exclusión social.
El fiscal llega a un acuerdo con los 11 imputados por corrupción urbanística en Totana y no habrá juicio
MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha llegado finalmente a un acuerdo con los 11 imputados en el caso de corrupción urbanística en Totana y finalmente no se celebrará juicio oral, cuya primera sesión estaba prevista que arrancara este lunes a primera hora de la mañana. En un primer momento, eran 13 los encausados pero el fiscal ha retirado los cargos contra dos de ellos.
Tras una jornada maratoniana, ha sido en el último momento cuando se ha conocido que finalmente no se celebrará juicio oral al haber acuerdo entre las partes, ya que hasta el último minuto, uno de los encausados, en concreto el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias, ha retrocedido y tras exponer en un primer momento que no se confesaba reo del delito de cohecho, finalmente ha desistido.
El Ministerio Fiscal ha modificado su escrito inicial de acusación, al que se ha adherido la acusación particular, retirando los cargos contra Vaneyde Freita, novia del ex alcalde de Totana y ex diputado, Juan Morales; así como de José Miguel Martínez Soler, al no haber "elementos suficientes para sostener una acusación", según ha expuesto el fiscal, José Luis Díaz Manzanera.
De este modo, el tribunal, presidido por Juan Martínez Moya e integrado por Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, ha dictado sentencia oral sobre la que ninguno de los letrados defensores ha mostrado su intención de recurrir, teniéndose en cuenta la atenuante de confesión de los hechos.
Al mismo tiempo, la Sala, tras dictar sentencia de conformidad oralmente, ha acordado sustituir las distintas penas de prisión para los imputados por una multa.
Tras la lectura de la sentencia y terminada la sesión, que se reanudó a las 18.30 horas, el principal imputado, Juan Morales, ha dicho que "más vale un mal pacto que un buen acuerdo".
Al respecto, ha expresado su deseo de que todo esto "se corte y podamos reiniciar nuestras vidas", aunque reconoce que no ha salido satisfecho ni contento, pero que había que pactar "y salir de ésta para iniciar una nueva vida".
La Sala ha emitido su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.
En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.
Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.
Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.
Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.
Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
El acuerdo de conformidad con el fiscal se ha extendido a diez imputados más, para los que se han pedido por el delito de cohecho penas de prisión que no superan el año, sustituibles por multas que oscilan entre los 2.250 y los 16.200 euros; excepto en el caso de la ex mujer del principal encausado, Mari Carmen Jordán, para la que se ha impuesto una pena de cárcel de un año y dos meses.
Se trata de Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; Núñez y su empleado, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
Así como el testaferro de Morales, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Martín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; y Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S.
Llegado el turno de Núñez al ser preguntado por el presidente del tribunal si aceptaba el acuerdo que le ofrecía el fiscal, éste ha solicitado un nuevo receso de 10 minutos para que pudiera terminar de negociar, advirtiendo que de no ser así no habría conformidad. El presidente le ha negado esta petición, por lo que no ha accedido a la propuesta del fiscal.
Cuando el presidente del tribunal ha terminado de preguntar a los 11 imputados si se confesaban autores de los delitos de cohecho, ha intervenido Núñez Arias, el único que no se sumaba al acuerdo del fiscal reiterando nuevamente su petición de que se le concediera un receso de 10 minutos, que se le ha vuelto a denegar.
En ese momento, ha interpelado al presidente del tribunal diciendo que "diez minutos no sería un trastorno, sino más bien la continuación del juicio, ya que hemos estado todo el día", a lo que Martínez Moya le ha contestado recordando que el tribunal se constituyó a las 9.30 horas y que se habían llevado ya a cabo varios recesos, por lo que ordenaba la continuidad del juicio.
El promotor le ha dicho que en su caso concreto no había habido tiempo de terminar y consideraba que cinco minutos "no debe ser cuestión baladí para el tribunal".
Finalmente, Martínez Moya ha declinado entrar a polemizar sobre esta cuestión, defendiendo que la jornada de este lunes había dado para "mucho" y que el tribunal había sido "tolerante y paciente", ordenando, así, que el juicio continuaría este martes, a las 9.30 horas.
Ha sido entonces en el último momento cuando Núñez Arias ha espetado al presidente del tribunal que aceptaba la condena, la petición del fiscal, por lo que Martínez Moya le ha vuelto a leer el contenido del escrito hacia su persona, levantando la expectación de los asistentes al juicio.
El caso 'tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.
Ecologistas denuncia un vertedero ilegal en la Cañada Real de Los Cabañiles, a su paso por Abarán
MURCIA.- Ecologistas en Acción denuncia un vertedero ilegal en la Cañada Real de los Cabañiles a su paso por el municipio de Abarán y solicitan a la Administración regional la limpieza y recuperación del entorno de esta vía pecuaria.
En la denuncia, que ha sido presentada ante la Dirección General de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Abarán y el Seprona, se indica que el vertedero se extiende a lo largo de unos cien metros lineales, estando muy cercano a la Rambla del Moro.
Señalan que en la zona ya se habían realizado vertidos desde hace varios años, pero la situación ha empeorado en los últimos tiempos, apreciándose todo tipo de residuos, como escombros, restos de automóviles, muebles, sofás, colchones, maderas, residuos electrónicos, residuos sólidos urbanos, plásticos, cristales, incluso diversos tóxicos y peligrosos, como envases de productos fitosanitarios.
La organización ecologista solicita que se actúe, especialmente desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia, ya que se trata de un terreno público de la Comunidad Autónoma correspondiente a una vía pecuaria. Según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Abarán, la Cañada Real de los Cabañiles cuenta con una anchura de 75 metros y 22 centímetros.
Ecologistas en Acción recuerda además, la importancia de esta vía como camino histórico, al corresponderse con una de las principales rutas de comunicación desde época prehistórica y constituyendo parte de la calzada romana Carthago Nova-Complutum(1). Entienden por ello que es una razón de más para poner fin a los vertidos incontrolados en la zona y que se proceda a la recuperación ambiental del entorno de esta vía pecuaria.
Y concluyen que los vertederos ilegales generan una importante degradación ambiental del suelo y del paisaje, generan emisiones contaminantes, a lo que se suman otro tipo los riesgos, como el sanitario y de incendio. Es en definitiva, "el impacto más visible de los generados por la actual sociedad de consumo, basada en la cultura de usar y tirar".
Un juzgado de Barcelona condena a BMN por un contrato de permuta financiera... y van 21 sentencias
BARCELONA.- El Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Barcelona ha condenado a Caixa Penedés (actualmente Banco Mare Nostrum) a devolver los 25.440,50€ que cobró a una PYME por el contrato de permuta financiera entre ambos. La jueza no ha tenido en consideración que el representante legal de la empresa fuese un economista, lo que para la caja era motivo más que suficiente para considerar válido el swap.
Sin embargo para la jueza, la profesión del administrador no es suficiente para estimar que posee conocimientos financieros en productos de inversión. Según la sentencia, el mercado de las permutas financieras “es muy específico y para él se deben tener conocimientos exactos”. Y pone como ejemplo las declaraciones del director y una empleada de la sucursal, quienes afirmaban que reciben formación continua sobre este tipo de productos bancarios.
Además, el cliente fue informado en unos “escasos 30 minutos” por lo que no recibió la información completa y adecuada para saber si le convenía o no el swap. Considera la jueza, por tanto, que “su consentimiento está viciado y el contrato es nulo”.
Para la magistrada, la empresa contrató el producto pues creía que los tipos de interés iban a subir o, como mínimo, mantenerse entre los diferenciales pactados con el banco. Ante esto, acusa a las entidades bancarias de saber con anterioridad cuáles serán los movimientos futuros de los tipos de interés. Esto debe ser informado al cliente para que entienda los riesgos de la operación que está contratando, algo que en este caso no hizo Caixa Penedés.
Por otra parte, Caixa Penedés no realizó el test de conveniencia exigido por la normativa, como así lo reconoció durante el juicio. Lo que contraviene las diligencias profesionales de las entidades bancarias y financieras.
Caixa Penedés deberá devolver así los más de 25.000€ que cobró a esta empresa por los resultados del swap. Ya son 21 las sentencias contra Caixa Penedés.
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