MADRID.- Vas por la carretera, por mitad del campo, y un olor nauseabundo te 
obliga a subir a toda prisa las ventanillas. La escena, común al 
circular por Lleida o Huesca a causa de los purines, empieza a ser cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha. En algunas provincias hay ya bastantes más cerdos que personas.
 En Cuenca concretamente el doble: 400.000 gorrinos frente a 200.000 
habitantes censados. El 'boom' de las llamadas 'macrogranjas' de porcino
 llevaba años gestándose, pero se ha disparado en el último año, según relata www.elconfidencial.com. 
Decenas de pueblos se han puesto en 
pie de guerra por los efectos medioambientales y sanitarios
 que pueden llegar a tener estas explotaciones. En cuestión de meses se 
han creado plataformas ciudadanas que organizan manifestaciones y 
concentraciones prácticamente cada semana. Ayuntamientos y particulares 
han contratado abogados para librar la 'guerra del cerdo' en los 
juzgados, tratando de frenar la llegada de nuevas explotaciones 
porcinas, especialmente en las áreas menos pobladas. Las nuevas granjas,
 de última generación, están casi totalmente mecanizadas y no necesitan 
apenas mano de obra.
Los vecinos acusan directamente al gobierno del socialista 
Emiliano García-Page.
 Recuerdan que, en junio de 2016, decidió incluir la ganadería intensiva
 en los planes de ayuda para la modernización de las estructuras 
agrarias, atrayendo las inversiones. 
Subrayan, además, las relaciones 
del PSOE regional con 
Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., más 
conocida como 
Incarlopsa. Se trata de la empresa que más factura de todo Castilla-La Mancha
 y uno de los grandes proveedores de Mercadona. En Tarancón —Cuenca— 
está su cuartel general y un matadero cuya ampliación se anunció el año 
pasado a bombo y platillo. Se invirtieron 40 millones de euros para 
crecer 16.520 metros cuadrados. Sacrifican casi 11.000 cerdos al día.
"Antes traían casi todos los animales de Castilla y León", dice Daniel González, ganadero y portavoz de la asociación conquense 
Pueblos Vivos.
 "Pero pactaron un plan con la Junta para criar en Castilla-La Mancha, 
sobre todo alrededor de Tarancón, en Cuenca. Así se ahorran costes de 
transporte y controlan su producto con explotaciones en las que son 
accionistas". 
Desde
 Incarlopsa rechazaron responder a las preguntas de 
El Confidencial, pero el propio consejero delegado, Clemente Loriente, admitió durante una 
entrevista con Radio Tarancón
 el verano pasado que su objetivo era tener, a medio plazo, entre un 
millón y un millón y medio de cerdos en cien kilómetros a la redonda del
 matadero para abastecer sus necesidades. 
"No veo cuál es el problema", 
dijo, argumentado que crearía puestos de trabajo e incrementaría las 
exportaciones a países como China o Rusia.
David Llorente, diputado de Podemos en las Cortes de
 Toledo, habla de "una trama de intercambio de favores" entre la Junta y
 la empresa cárnica. Se refiere a dos escándalos recientes. En marzo se 
supo que Incarlopsa 
había donado 400.000 euros a la Fundación 
Impulsa, una organización ligada al PSOE castellano-manchego. 
Días después trascendía una 
sentencia
 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba 
al gobierno regional por apartar de su puesto en 2016 a dos veterinarios
 de la Consejería de Sanidad que habían denunciado reiteradamente el 
incumplimiento de la normativa de bienestar animal.
El fallo 
concluía que "la Administración parece haber actuado aquí a dictado de 
la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber
 utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios
 que la citada empresa consideraba incómodos". 
Page salió al paso 
pidiendo que "no se hable mal" de una de las actividades que más empleo 
genera en la región. "Hay empresas ejemplares que pueden cometer un 
error" al igual que "hay funcionarios que pueden cometer un error", 
comentó en comparecencias públicas.
Inhalando purines
Para entender por qué muchos vecinos se 
levantan contra la llegada de nuevas granjas de cerdos hay que irse 
hasta Albacete, a localidades como Bonete o 
Balsa de Ves, donde explotaciones ya a pleno rendimiento —destinadas a abastecer los mataderos de Levante— han revolucionado la vida de los vecinos. 
 Los purines, que hasta la fecha se almacenaban en balsas hasta que se 
rociaban en abanico sobre los campos de cultivo, ha generado problemas 
respiratorios y ahuyentado el turismo rural, una industria en la que 
muchas familias habían invertido sus ahorros. Los vecinos temen que se 
estén contaminando las capas freáticas y los suelos en muchos kilómetros
 a la redonda. Hablan de fiestas patronales arruinadas por la peste y de
 ancianas tomando el fresco con mascarilla.
Natividad Pérez,
 alcaldesa socialista de Balsa de Ves, recuerda la expectación que se 
generó cuando se anunció la inversión en 2006, que incluía una granja de
 2.500 madres reproductoras —con sus respectivas camadas de lechones— y 
una planta de biogás. 
"En un pleno del Ayuntamiento 
apareció el tema. Vino un tipo de traje diciendo que iba a generar 
riqueza, trabajo, que el pueblo se iba a llenar de niños otra vez. Era 
un charlatán. Lo cierto es que ese día éramos 222 habitantes censados y 
ahora somos 136. Nos prometió repoblación y ha sido lo contrario.
 Dijo que iban a mejorar los caminos y ahora están destrozados, con 
boquetes, por el paso constante de camiones. De los 17 puestos de 
trabajo anunciados, se han creado solo cinco y uno de ellos se lo ha 
quedado la que entonces era la alcaldesa", dice.
Las granjas están ya tan mecanizadas que muchas —casi todas las de 
cebo— se mantienen con un solo empleado que controla todo a través de un
 ordenador. "Una sola persona puede estar manejando entre 4.000 y 5.000 cerdos
 tranquilamente. Como cada granja de cebo tiene dos ciclos y medio, se 
encarga él solo, en un año, de engordar a 12.000 gorrinos", razona 
González.
Incarlopsa no tiene granjas propias, pero en enero de 2012 creó una sociedad (
ICPOR)
 a medias con una empresa soriana (
Copiso). Actualmente, tienen 200 
empleados y en 2017 facturaron 77 millones de euros, un 12% más que el 
año anterior. Prometen crear 3.000 empleos "a medio plazo"
 en toda Castilla-La Mancha. "Las granjas de última generación que 
promovemos dan trabajo a 60 personas entre empleos directos e 
indirectos", comentan en la compañía. "Los contratos son fijos 
indefinidos y priorizamos la contratación de vecinos. También generamos 
riqueza y dinamizamos la economía", abundan.
Inmaculada Lozano
 vive en Pozuelo (Albacete), a 1,7 kilómetros de los terrenos donde se 
proyecta levantar otra macrogranja. "Van a meter 51 naves en la misma 
finca. En total 140.000 gorrinos viviendo a la vez, en un pueblo de 500 
habitantes. Lo primero que nos llama la atención es que estén tan cerca 
de las casas. El agua del pueblo está ya cerca de no ser potable y 
tememos que se contamine para siempre. Van a pasar 164 camiones a la semana
 y ya no es solo el olor, sino las partículas que vamos a estar 
inhalando y que provocan afecciones para la salud. El proyecto ni 
siquiera dice qué esperan hacer con los purines, solo que los van a 
repartir entre los agricultores. Estamos a 30 kilómetros de Albacete 
capital y muchos vivimos aquí por arraigo o para estar en un entorno. Si
 traen la granja, algunos acabarán marchándose".
Los 
purines
 son una mezcla de heces y orina de los cerdos, paja de la cama de los 
animales y restos de pienso. Todo arrastrado por agua y productos de 
limpieza. "Esta mezcla se fragmenta y se convierte en un auténtico 
aerosol respirable que emanan líquidos y gases como amoniaco o ácido 
sulfhídrico, además de la parte solida o materia particulada. Las 
partículas también pueden contener virus, bacterias, endotoxinas y 
hongos", dice Jesús Martínez Moratalla, un doctor de la zona que lleva tiempo alertando sobre los riesgos.
El
 aparato respiratorio, insiste, se convierte en la puerta de entrada de 
este aerosol. "Se pueden producir distintas patologías: inflamación de 
la vía aérea, alteración de la función pulmonar, asma bronquial,
 alveolitis alérgicas extrínsecas, fibrosis pulmonar, neumonías, cáncer…
 Hay estudios en los se evalúa la función pulmonar entre los vecinos de 
las granjas y se documenta mayor deterioro cuanto más cerca están a 
ellas", insiste. Las partículas pasan a la sangre y generan patologías 
en otros aparatos y órganos a largo plazo. Por si fuera poco, subraya el
 doctor, el uso masivo de antibióticos en estas granjas propicia la 
creación de bacterias multirresistentes.
Marcha atrás de la Junta
Desde
 la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha son conscientes de que la contestación hace tiempo 
que dejó de ser cosa de cuatro ecologistas. De hecho, están empezando a 
dar marcha atrás. "Hemos sido sensibles al movimiento que hay y, de 
hecho, es inminente la publicación de un decreto donde se duplica la 
distancia mínima de granjas y núcleos urbanos: se pasará de uno a dos 
kilómetros de las zonas habitadas", dice Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Ambiente.
También
 van a limitar las subvenciones a las macrogranjas. "Damos preferencia a
 la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, las pequeñas 
explotaciones y el ecoturismo". Portillo en todo caso rebaja la gravedad
 y subraya que las sensibilidades son muy distintas según a quién se le 
pregunte. "En un pueblo pueden estar en contra y en el de al lado están a
 favor porque crea empleo. Los requisitos son cada vez más exigentes 
para evitar los olores, que no se filtre nada al terreno, etcétera", 
insiste.
En general, la Junta defiende la importancia del sector porcino en la
 región y ofrece datos: un tercio de los jamones serranos que se 
producen en España proceden de la zona de Tarancón, entre Toledo y 
Cuenca. "No es solo Incarlopsa, sino que hay otros tres grandes 
mataderos y muchos secaderos. La industria cárnica da muchísimo dinero
 y necesita mano de obra. Es una fuente de riqueza tradicional en la 
zona", comenta Portillo. En su opinión, lo que está ocurriendo en la 
región no es diferente a lo que pasa en otras zonas de España. "Las 
granjas de porcino se están trasladando a sitios con menos concentración
 por una cuestión sanitaria, de aislamiento. En España está aumentando 
la exportación y hay demanda de terrenos para estos usos. La Junta no 
las promociona, pero tampoco las puede prohibir".
El cambio de postura de la Junta viene condicionado también por las resoluciones judiciales.
 "Hasta ahora están siendo favorables, aunque estamos ante una 
avalancha: el número de proyectos en tramitación es elevadísimo y el 
camino por los tribunales tarda entre uno y dos años”, dice Pablo Ayerza,
 abogado especializado en medio ambiente que actualmente lleva tres 
procedimientos contencioso administrativos contra granjas de porcino en 
la provincia de Cuenca.
"No se preocupan por los efectos 
secundarios", argumenta Ayerza. "Hay casos clamorosos como el de 
Almendros, donde quieren hacer una granja pegada a las ruinas de 
Segóbriga, uno de los yacimientos más visitados de España. Generalmente 
se autorizan las granjas sin que se llegue ni a explicar qué piensan 
hacer con los purines. Tampoco hay un estudio global, 
del impacto en conjunto. En muchos países europeos se están cerrando 
este tipo de industrias por los problemas que han generado: olores, 
insectos, enfermedades, contaminación...".
Las plataformas se quejan finalmente de que apenas hay controles, de 
que nadie vigila que se cumpla la normativa vigente. "Cuando nos 
reunimos con la Junta admiten, en privado, que no tienen recursos 
humanos para vigilar cómo se gestionan los purines", asegura Daniel 
González. "Lo suyo sería que entrase el Seprona, pero hay tantas 
granjas… La Unión Europea desde este año obliga a los agricultores a enterrar los purines a 20 centímetros con
 unas púas si quieren cobrar la PAC, pero la maquinaria para hacer eso 
es muy cara, de manera que se siguen rociando y nadie lo vigila".
Desde
 la Junta insisten en que la administración no está cruzada de brazos. 
"Hay un cuerpo de inspectores para las ayudas europeas. Siempre se 
podría vigilar más, claro, pero los controles existen". Y los 
responsables de ICPOR, por su parte, subrayan que los purines no son un 
residuo, sino "un 
subproducto ganadero" que tiene un valor como abono orgánico. "Además de aportar minerales a la tierra, le da la estructura que no le aportan los abonos inorgánicos", concluyen.