MURCIA.- Son muchos los problemas de toda índole que le afectan de manera negativa y que impiden un desarrollo normal de las empresas del Transporte por Carretera, según claman fuentes del sector, estratégico en la Región de Murcia para poder colocar en sus mercados exteriores nuestra producción agrícola.
Algunos de estos problemas vienen derivados de la propia estructura
del sector, con una gran atomización y una escasa dimensión de las
empresas que lo constituyen, 99.216 empresas con 229.898 vehículos
pesados en España y 3.383 empresas con 14.483 vehículos pesados en
Murcia, según datos del Ministerio de Fomento referidos al 10 de
diciembre de 2018.
Aunque la media de vehículos por empresa casi dobla en Murcia la
media nacional (4,3 frente a 2,3) nos da una idea del tipo de empresa
que conforma el sector, autónomos y PYMES en su mayoría, siendo la
formación la mayor carencia, consecuencia de su escasa dimensión y la
brutal competencia existente consecuencia de la enorme atomización.
Por otra parte, la demanda cada vez está más concentrada
conformándose ésta por grandes empresas, poderosas cadenas de
distribución y operadores logísticos.
Se produce pues una situación de debilidad por parte de la empresa
transportista frente a su cliente que le impide negociar unas
condiciones razonables en la prestación de sus servicios y se ve
sometido, en la mayoría de los casos, a la voluntad del contratista que
exige condiciones muchas veces abusivas.
Esta situación del mercado afecta a la rentabilidad de las empresas
que les impide disponer de recursos suficientes para realizar
inversiones, no solo en la renovación y ampliación de flota, sino en
actividades complementarias de la cadena logística que añadan valor a
los servicios de transporte.
Por otra parte, se hace preciso reducir la enorme presión fiscal que
soporta el sector, así como la armonización de la normativa a fin de que
no exista una distorsión en la competencia debido a la existencia de
distintos sistemas de tributación.
La seguridad, la circulación libre de restricciones o la transición
energética, son cuestiones que vienen afectando de manera cada vez más
preocupante a las empresas de transporte.
Así las cosas, de manera resumida, el Comité Nacional del Transporte
por Carretera, órgano consultivo de la Administración del que forman
parte las asociaciones de transportistas y operadores de transporte que
han acreditado una determinada representatividad, han planteado al
Ministerio de Fomento una serie de medidas encaminadas a la solución de
estos problemas.
Estas son las medidas que se reclaman:
Compromiso de no aplicación de la directiva Euroviñeta en la
totalidad de la red viaria. Derogación de la totalidad de las medidas
adoptadas de desvío obligatorio del transporte pesado hacia vías de
peaje.
Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la
posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos
de pago; aplicación de la cláusula de revisión del precio del
combustible y operaciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición
de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la
realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de
transporte. Por último, reducción del tiempo previsto para la
paralización.
Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y otros supuestos de competencia desleal.
Coordinación de planes de movilidad.
Armonización fiscal en el sector del transporte.
Solución a los cuellos de botella en pasos fronterizos.
Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.
Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria con certificación de área segura.
Modificación de la regulación de la acción directa, extendiendo su ejercicio a los operadores de transporte.
Inclusión en el régimen de gasóleo profesional a todo el transporte
profesional de mercancías sujeto a autorización de transporte.
Suspensión en la aprobación del ROTT sin consenso del Comité Nacional.
Tras consulta efectuada a la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia regulador de esta medida, en caso positivo, prohibir por
ley su realización en el sector del transporte, bajo condiciones
económicas abusivamente bajas, más allá de los costes mínimos de
transporte referenciados en los Observatorios publicados por el
Ministerio de Fomento.
En otro orden de cosas, hay asuntos que demandan una respuesta
efectiva por parte del Estado, como garantizar la libre circulación en
nuestras carreteras (caso de los CDR en Cataluña) y demandar a la Unión
Europea las medidas que sean precisas para que se respete este derecho
en su seno (caso de los chalecos amarillos) y de no cumplirse se
establezcan sanciones contundentes disuasorias para el Estado que
incumpla y un procedimiento indemnizatorio efectivo para las empresas
que lo sufran.
Así mismo son de honda preocupación para nuestras empresas temas como
la intrusión de polizones en los camiones, la negociación del
denominado Paquete de Movilidad de la UE, en especial la "vuelta a casa"
de nuestros conductores, el consumo de alcohol y drogas por parte de
conductores profesionales, la escasez de conductores para el transporte
internacional o los interrogantes que se plantean sobre el brexit.
