MURCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido que se anule la sentencia del juzgado de lo penal nº 5 de esta ciudad que el pasado 8 de junio absolvió al exalcalde del PP Miguel Ángel Cámara y a dos exaltos cargos de Urbanismo de delitos de prevaricación administrativa por el convenio urbanístico de Nueva Condomina.
En un recurso de un centenar de folios que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Murcia
argumenta que la sentencia no da respuesta a las pruebas acusatorias
aportadas en el juicio ni expone un razonamiento motivado sobre ellas,
han indicado esta noche fuentes cercanas al caso.
De estimarse el recurso, la magistrada titular del juzgado, Natividad Navarro, debería dictar una nueva sentencia en la que se dé respuesta motivada a los planteamientos del fiscal.
En
un principio, desde el mismo día en que recibió la sentencia, el
ministerio público estudió la posibilidad de plantear un recurso contra
ella que reiterara sus solicitudes de condena, pero sin pedir su
nulidad.
Sin embargo, luego
descartó aquella vía al ser consciente de las dificultades que entraña
revocar una sentencia absolutoria, ya que en aplicación de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es posible si no es
ilógica, arbitraria o irracional, y por considerar que era más probable
obtener otra sentencia por el cauce finalmente elegido.
Por otra parte, fuentes de las defensas han
señalado que la sentencia no ha sido recurrida por las acusaciones
particulares, ejercidas por el PSOE, la Asociación de Defensa de la
Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación Gulliver.
La
sentencia absolvió con todos los pronunciamientos favorables a Cámara y
al exdirector de Urbanismo Pedro Morillas, para quienes el fiscal pidió
diez años de inhabilitación, así como al exjefe de Planeamiento
Urbanístico Joaquín Peñalver, para quien reclamó ocho años y siete
meses, aunque finalmente retiró esta última solicitud por prescripción.
Señalaba
la resolución que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, el
protocolo de intenciones que precedió al convenio urbanístico firmado
para construir el nuevo estadio de fútbol para el Real Murcia entre
Cámara y el propietario del club, Jesús Samper, no se tramitó de forma
secreta.
También expuso que el
consistorio recibió por el estadio, que fue construido por Samper y
cedido al municipio, un importe muy superior al 10% de aprovechamiento
urbanístico al que el empresario ya fallecido estaba obligado.
Igualmente,
quitó credibilidad a lo declarado por los dos principales testigos de
cargo de la fiscalía y las acusaciones particulares: el exconcejal de
Urbanismo del PP Ginés Navarro y el exportavoz del grupo municipal
socialista, José Salvador Fuentes Zorita.
No obstante, la magistrada, que cuestionaba la veracidad de sus manifestaciones, exponía que no deducía testimonio "de oficio" contra ellos dadas las dificultades que entraña perseguir el delito de falso testimonio.
Sí
dejaba constancia de que Navarro fue el encargado de defender en el
pleno de la corporación municipal tanto la aprobación del convenio,
apoyada de forma decidida por Fuentes Zorita, como la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana en el que se contemplaba esa
actuación.
