Una esperanza recorre Europa: que la gestión del agua sea 100% de
gestión pública. Un escenario del cual, como en tantas otras realidades
de esta desafortunada región, Murcia se aleja enormemente con
prácticamente todos sus servicios municipales de agua privatizados. Sin
embargo, el pasado lunes, 17 de febrero, la ciudadanía europea, en
ejercicio de su derecho de participación democrática, tuvo la
oportunidad de debatir en el seno del Parlamento Europeo la primera
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE): «El agua es un derecho humano, no
una mercancía». Representantes de la sociedad civil y de los sindicatos
trasladaron la voz de los casi dos millones de ciudadanos europeos que
firmaron la ICE-Agua, para solicitar a la Comisión que elabore una
propuesta legislativa que garantice el derecho humano al agua y al
saneamiento así como que la gestión del agua no sea liberalizada.
El
reconocimiento europeo del derecho al agua desde una óptica de derechos
humanos, como plantea la ICE-Agua, resulta imprescindible en un
contexto de crisis económica como el actual. Si la Comisión atiende las
demandas ciudadanas, la incorporación del derecho humano al agua en los
ordenamientos jurídicos internos impedirá la aplicación de políticas
regresivas con los derechos humanos como hasta ahora se viene haciendo.
En
algunos Estados, entre ellos España, los gobiernos municipales ante la
falta de liquidez de su arcas públicas ceden a la privatización de
servicios básicos como el agua, depositando en manos privadas
(multinacionales como FCC, Veolia o Suez) la gestión del suministro a
cambio de un canon concesional que nuestros gobernantes invertirán en
enjuagar sus deudas y no en el mantenimiento, mejora o ampliación de los
servicios de distribución de agua y saneamiento. El proceso de
privatización acarrea de manera casi inmediata subidas desproporcionadas
del precio de los servicios (las tarifas del agua) que algunos
ciudadanos no pueden asumir. En el contexto de la crisis económica, y su
correlato de privatizaciones y desmantelamiento de las protecciones
sociales, los incrementos de las tarifas traen consigo un aumento
considerable de la morosidad en el pago, especialmente entre las
personas de bajos ingresos o en riesgo de exclusión. Habitualmente, la
respuesta ante el impago se traduce en el corte de suministro. No
solamente se despoja a la ciudadanía del control de un bien común
fundamental como es el agua, sino que además las familias con menos
recursos sufren la violencia del corte de suministro.
La
Resolución 64/292 (2010), de la Asamblea General de Naciones Unidas
reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento como derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos. Los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir los
derechos humanos; y en el caso del derecho al agua y al saneamiento, la
obligación de respetar implica que los Estados actúen para que quienes
ya disfrutan de su derecho al suministro sigan haciéndolo prohibiendo el
corte por impago y estableciendo medidas proporcionales y alternativas
acordes a la situación que padecen. Por todo ello, la respuesta de la
Comisión, reconociendo el derecho humano al agua, supondrá la obligación
de los poderes públicos de revisar su legislación y sus prácticas en
orden a garantizar el derecho humano y a satisfacer de un mínimo vital
en todos los países de la UE. El mínimo vital se corresponde con el
mínimo existencial necesario para llevar una vida digna cuyo déficit,
los poderes públicos en su caso, deben corregir al margen de cualquier
problema presupuestario o financiero.
La ciudadanía debe recuperar
el control democrático de sus servicios municipales de aguas. Es la
única forma de poner a disposición de las necesidades colectivas un bien
indispensable para la vida como es el agua. Solamente el agua será un
bien común bajo la gestión cien por cien pública y el control ciudadano.
De esta forma no habrá cortes de agua a las familias golpeadas por la
crisis y el desempleo, las tarifas del agua dejarán de incrementarse
artificialmente y se construirán como tasas y no como precios. Además,
las inmensas ganancias de las empresas privadas que gestionan hoy el
agua volverán a ser públicas y controladas democráticamente. A este
proceso lo llamamos remunicipalización.
En el municipio de Murcia,
aunque Emuasa es una empresa mixta público-privada, en la práctica las
decisiones estratégicas son tomadas por la parte privada, es decir, el
grupo Agbar y la multinacional Canal de Suez, sin ningún control público
digno de tal denominación. Las principales ciudades de Europa han
entendido perfectamente que es un absoluto disparate que los servicios
municipales de gestión del agua estén privatizados y controlados por
tres multinacionales. Por ello, ayuntamientos como Berlín o París han
tomado la determinación en los últimos años de recuperar el control
público de sus antaño privatizados servicios de aguas. En España también
se están viviendo interesantes experiencias de remunicipalización del
agua como en Medina Sidonia (Cádiz), o el de los 17 municipios
sevillanos agrupados en la sociedad Aguas del Huesna. Y municipios como
Alcázar de San Juan están desarrollando una lucha ejemplar contra la
privatización del servicio de aguas (#AlcázarEnLucha).
En la
Región de Murcia, todos los servicios municipales están prácticamente
privatizados. Ahora que se acercan unas elecciones europeas debemos
decir a los gobernantes que queremos que los servicios de aguas de La
Unión, Santomera, Lorca, Las Torres de Cotillas o Murcia vuelvan a manos
públicas como han hecho las principales ciudades de Europa. Hemos de
constituir una marea azul que imponga de nuevo la democracia y la
participación ciudadana en la gestión del agua. Sólo así podremos decir
que el agua es realmente de todos.
