Declaran la nulidad de la doble escala salarial en El Pozo

MURCIA.- El juzgado de lo social nº 7 de Murcia, siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a instancias del conflicto colectivo presentado por la Unión Sindical Obrera (USO) contra el acuerdo suscrito por CCOO y UGT con la empresa de Cárnicas El Pozo con fecha 13 de mayo del 2009 sobre la doble escala salarial, según la cual, los trabajadores de nuevo ingreso cobrarían por su actividad un importe menor que los trabajadores que estuviesen trabajando en la empresa con anterioridad a la mencionada fecha, ha dictado sentencia, declarando la nulidad de dicha doble escala salarial.

Y es que, entienden que "no existe elemento que legitime ese trato desigual en la remuneración, pues ambos colectivos, los ingresados antes y con posterioridad a mayo del 2009 realizarán las mismas tareas en las mismas condiciones y formas", según han informado fuentes del sindicato USO.

Los trabajadores penalizados por ese acuerdo, suscrito por la empresa El Pozo, UGT y CCOO, estaban percibiendo un 20 por ciento menos de prima con los de mas antigüedad. Con esta sentencia favorable a la USO, el colectivo de trabajadores ingresados a partir de esta fecha recuperará las cuantías económicas dejadas de percibir y se restituirá su derecho de igualdad.

Esta sentencia tiene un importante valor toda vez que en Cárnicas El Pozo, ubicada en Alhama de Murcia y con una plantilla próxima a los 3.300 trabajadores, ha estado inmensa en un proceso de nuevas incorporaciones por lo que USO ha estimado que unos 250 trabajadores de nuevo ingreso se verán beneficiados.

Esta sentencia, además, tiene un efecto positivo sobre la estabilidad en el empleo, pues "esperamos que disuada a la empresa de rescindir contratos eventuales para volver a contratar con la intención de pagar un 20% menos y los transforme en indefinidos", han añadido las mismas fuentes.

La USO ha animado a los trabajadores que estén sufriendo la discriminación más o menos encubierta en aspectos económicos o sociales, consecuencia únicamente de la fecha de ingreso en la empresa, "a que contacte con el sindicato para conseguir su derecho de igualdad y erradicar la discriminación que padece".

Por lo que CCOO y UGT "siguen firmando dobles escalas salariales y la USO anulándolas en los tribunales", concluye el comunicado de la Unión Sindical Obrera.

La Región de Murcia sigue a la cola en el importe de pensiones medias de jubilación

MADRID.- La pensión media de jubilación alcanzó en julio en la Región de Murcia los 687,57 euros, una de las más bajas del país y por debajo de la media nacional, fijada en los 884,97 euros mensuales, según datos hechos públicos esta semana por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Los 884 euros de media nacional suponen un 3,5 por ciento más respecto al mismo mes de 2009. La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse el presente mes en 780,25 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,4 por ciento.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en julio en 572,10 euros mensuales, un 3,2 por ciento más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 850,70 euros mensuales, con un incremento del 2,2 por ciento.

Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 350,69 euros mensuales, un 3,1 por ciento más que en julio de 2009, mientras que la de favor de familiares se situó en 459,84 euros al mes, con un repunte del 2,8 por ciento.

En julio, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.677.954, lo que representa un crecimiento del 1,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

De esta cantidad, 5.144.279 pensiones fueron de jubilación (+2 por ciento), 2.290.743 de viudedad (+0,9 por ciento), 935.803 de incapacidad permanente (+1,5 por ciento), 269.408 de orfandad (+1,8 por ciento) y 37.721 de favor de familiares (-0,3 por ciento).

Para abonar estas prestaciones, la Seguridad Social destinó un total de 6.770,9 millones de euros (+5 por ciento), de los que 4.552,5 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5,6 por ciento); 1.310,5 millones a pensiones de viudedad (+4,1 por ciento); 796 millones a incapacidad permanente (+3,8 por ciento); 94,4 millones a orfandad (+4,9 por ciento); y 17,3 millones a favor de familiares (+2,5 por ciento).

Por comunidades autónomas, siete de ellas, más Ceuta, siguieron superando en julio la pensión media nacional, establecida en 780,25 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 966,90 euros, 931,83 euros y 923,11 euros mensuales, respectivamente.

Les siguieron Navarra (880,53 euros mensuales), Ceuta (833,57 euros), Cantabria (811,86 euros), Aragón (808,44 euros), Cataluña (804,81 euros), Melilla (767,50 euros), Castilla y León (758,51 euros), La Rioja (745,53 euros), Canarias (733,01 euros), Castilla-La Mancha (729,36 euros), Andalucía (716,28 euros), Comunidad Valenciana (715,86 euros) y Baleares (708,89 euros).

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 687,57 euros mensuales; Extremadura, con 665,28 euros, y Galicia, con 652,59 euros al mes.

La corrupción de la democracia / Ignacio Ramonet

El "caso Bettencourt" que zarandea Francia con su vendaval de arrestos, odios familiares, cheques ocultos, grabaciones furtivas, fechorías fiscales y donaciones ilegales al partido del Presidente Nicolas Sarkozy, está hundiendo el país en una profunda crisis moral.

Liliane Bettencourt, una de las mujeres más ricas del planeta, poseedora de una fortuna de 17.000 millones de euros y propietaria del imperio de cosméticos y perfumes L'Oréal, se halla en el epicentro de un alucinante culebrón devenido asunto de Estado.

Unas conversaciones robadas en su domicilio revelaron que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, usó de su influencia (cuando era ministro del Presupuesto, y por consiguiente responsable de la administración fiscal) para obtener que su esposa, Florence, fuese contratada por la multimillonaria -con un salario anual de 200.000 euros- para administrar su fortuna...

De paso, Eric Woerth, que también era tesorero del partido del Presidente, percibió presuntamente donaciones de decenas de miles de euros (1) para financiar la campaña electoral de Sarkozy... A cambio, se sospecha que el ministro hizo la vista gorda sobre una parte del patrimonio oculto de la dueña de L'Oréal: por ejemplo, varias cuentas millonarias en Suiza y una isla en las Seychelles valorada en unos 500 millones de euros...

Este asunto, de por sí bochornoso, adquiere mayor morbo en la medida en que Eric Woerth es el encargado de conducir la dura reforma de las jubilaciones que castigará a millones de asalariados modestos. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y de motines de desclasados en los guetos urbanos, el "caso Bettencourt" está reactivando el viejo litigio entre las elites y el pueblo común.

"El clima de la sociedad, advierte el filósofo Marcel Gauchet, se halla hoy impregnado de revuelta latente y de un sentimiento de distancia radical hacia los dirigentes" (2).

Francia no es la única democracia carcomida por la corrupción de algunos políticos y por la permanente confusión que muchos de ellos mantienen entre cargos públicos y beneficios privados.

Está aún fresco en las memorias el escándalo de los abusos de los gastos parlamentarios a expensas de los contribuyentes, ocurrido en el Reino Unido y que, junto con otras causas, provocó el descalabro de los laboristas en las elecciones del 6 de mayo pasado.

O el de la Italia de Silvio Berlusconi en donde, casi veinte años después de la operación mane pulite que decapitó a gran parte de la clase política, la corrupción, a modo de metástasis, vuelve a extenderse ante la impotencia de una izquierda paralizada y sin ideas. El Tribunal de Cuentas italiano, en su último informe, establece que los delitos de corrupción activa de los funcionarios públicos aumentaron el año pasado en más de 150% (3).

Y qué decir de España, agobiada por los múltiples casos de corrupción de cargos públicos asociados a los "señores del ladrillo" enriquecidos por las delirantes políticas urbanísticas. Sin hablar del esperpéntico "caso Gürtel" que sigue coleando.

A escala internacional, la corrupción alcanza hoy, en la era de la globalización neoliberal, una dimensión estructural. Su práctica se ha banalizado igual que otras formas de criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, fraude fiscal, disimulo de capitales procedentes de actividades ilícitas, etc. Se confirma así que la corrupción es un pilar fundamental del capitalismo.

El ensayista Moisés Naím afirma que, en los próximos decenios, "las actividades de las redes ilícitas del tráfico global y sus socios del mundo ‘legítimo', ya sea gubernamental o privado, tendrán muchísimo más impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo económico, la promoción de la democracia, los negocios, las finanzas, las migraciones, la seguridad global; en fin, en la guerra y la paz, que lo que hasta ahora ha sido comúnmente imaginado" (4).

Según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros... De ese montante, unos 250 000 millones corresponden al fraude fiscal realizado anualmente sólo en la Unión Europea. Reinyectados en la economía legal, esos millones permitirían evitar los actuales planes de austeridad y ajuste que tantos estragos sociales están causando.

Ningún dirigente debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio del poder.

Afirma José Vidal-Beneyto, en su libro póstumo y de indispensable lectura, que cuando, en una democracia, "las principales fuerzas políticas, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos" (5) se produce un descrédito de la democracia, una repulsa de la política, un aumento de la abstención y, más peligroso, una subida de la extrema derecha. Y concluye: "El gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la democracia, la corrompida es la democracia".

Notas:

(1) En Francia, la ley de financiamiento de los partidos políticos del 11 de abril de 2003, limita las donaciones de las personas físicas a 7.500 euros al año.
(2) Le Monde , París, 18 de julio de 2010.
(3) Clarín , Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.

(4) Moisés Naím, Ilícito , Debate, Madrid, 2006.

(5) José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia , Catarata, Madrid, 2010.

El PSRM traza siete líneas estratégicas para reorientar la sanidad

MURCIA.- El secretario de Sanidad de la Ejecutiva regional del PSRM, Leoncio Collado, mostró su preocupación por la situación del sistema sanitario público regional y, sobre todo, por la financiación y gestión de la misma. Por ello, el PSOE ha solicitado la opinión de más de 300 profesionales de distintas asociaciones y colectivos ciudadanos para reflexionar hacia dónde va nuestro actual sistema sanitario público.

La sectorial de Sanidad celebró el pasado martes una reunión donde abordaron los problemas por los que atraviesa la sanidad pública en la Región y analizaron las distintas líneas que son necesarias para solucionar la actual situación.

Leoncio Collado denunció que la Región se está quedando en el furgón de cola de los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas y destacó el progresivo deterioro de la atención primaria y de la ausencia de infraestructuras de calidad y cantidad en geriatría y salud mental, sector conocido como la estructura sociosanitaria.

Los grupos de trabajo que ha constituido el PSRM tienen la intención de visitar las 9 áreas de salud de la Región para conocer la situación y proponer alternativas “claras y creíbles a la política sanitaria del PP que hace aguas después de 9 años de las transferencias sanitarias”.

El ejecutivo socialista indicó que las mayores amenazas al sistema sanitario público se ciernen sobre siete puntos fundamentalmente, por eso han trazado siete líneas estratégicas para reorientarlo. Estas son:

1-Potenciar el análisis de la atención primaria. Para que no se vea a perjudicada por las gerencias únicas. La absorción por parte de la atención especializada de la gerencia de atención primaria está contribuyendo al deterioro de la atención primaria.

2- Revisar la situación de la atención hospitalaria en la Región.

3- Abordar la atención sociosanitaria, de geriatría y de atención a los mayores, de atención a la salud mental y al cumplimiento de los planes sobre estos aspectos que están a la cola con respecto al resto de España.

4- Preocupación y trabajo por el futuro de la salud pública y, sobre todo, de la salud alimentaria.

5-Desarrollo de grupos de trabajo para la investigación y la innovación y nuevas tecnologías.

6- Economía de la salud. Modelos de gestión en el sistema sanitario de eficacia y eficiencia. El PSOE cree que no se puede seguir caminando hacia la privatización de la sanidad y hacia empresas privadas que convierten la sanidad en un negocio.

7- El PSOE pide la reactivación de los Consejos de salud de zona y de área y las comisiones de participación hospitalarias y todos aquellos aspectos que contempla la ley donde los ciudadanos puedan opinar y participar.

El PSOE cree en los profesionales de la sanidad pública y en sus gestores y, por ello, pide además más formación a través de una Escuela de formación pública.

El Mueble murciano probará ahora con las licitaciones internacionales a ver si hay suerte

YECLA.- La Mesa de Impulso Empresarial por Sectores dedicada al mueble y la madera hizo balance esta semana de las 17 actuaciones de priorización del Plan Industrial pactadas entre la Comunidad Autónoma y el sector, en la que se hizo hincapié en el trabajo para intentar optar a la importante oportunidad de negocio que suponen las licitaciones internacionales.

Entre estas medidas se encontraba el apoyo para que las empresas, bien de forma individual o uniéndose, participasen en los concursos públicos relacionados con el amueblado de edificios de instituciones, un terreno casi virgen para este sector en la Región.

Para iniciar esta andadura, haciendo valer el saber hacer, calidad, diseño y avances en I+D+i de estas empresas, desde el Instituto de Fomento, se les ofrece incentivos a fondo perdido de hasta el 50 por ciento para contratar consultoras especializadas.

Igualmente, en el Foro PymeConecta para la cooperación empresarial celebrado en marzo, se contó con ponencias y espacios informativos sobre licitaciones internacionales para aprovechar las oportunidades, especialmente en Europa del Este, sobre todo en aquellas que se realicen a través de organismos dependientes de la Comisión Europea, Iberoamérica y Norte de África.

En la reunión quedó patente el alto grado de ejecución de las medidas, casi el cien por cien, y el impacto que han tenido en el sector, que según calificaron los representantes empresariales fueron “muy positivas”.

Entre estas acciones se encuentra el Plan Amuebla, que propició una reactivación del sector, que continúa, y que en entre febrero y marzo supuso la venta de 30.268 muebles en 1.782 operaciones. Del total de unidades, 11.595 corresponden a mobiliario de dormitorio, 10.000 de salón y comedor, 3.893 sofás, 2.407 sillas y asientos y 2.373 mesas y mobiliario auxiliar.

Las empresas del sector también se han beneficiado de las ayudas del Info y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas enmarcadas en el Plan Industrial, que ha permitido una mejora de su competitividad, así como por las medidas del método-acción FinanciaPyme que facilita el acceso al crédito a los proyectos viables.

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) obtuvo financiación para tres proyectos por un importe de casi 200.000 euros. Estas iniciativas se centran en la mejora de infraestructuras para el área de I+D+i de materiales, adquisición de tecnología de electrónica y domótica, y para el equipamiento y complementos para la célula de robótica existente.

Una de las claves para esta mayor progresión está, según quedó patente en la mesa de impulso empresarial, en la cooperación empresarial a través del clúster regional del mueble y la madera.

Las mesas de impulso empresarial son una iniciativa del Gobierno regional desarrolladas por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, en activa coordinación con las consejerías de Agricultura y Agua y de Educación, Formación y Empleo, en las que intervienen los representantes del sector, la patronal y los centros tecnológicos.

El TSJ imputa por un supuesto delito de cohecho al alcalde de Totana

MURCIA.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región de Murcia ha imputado hoy de un supuesto delito de cohecho al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y al promotor inmobiliario Juan Francisco Casanova, informan fuentes judiciales.

En un auto, el TSJ ha declarado nulas las escuchas telefónicas ordenadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de esa localidad a varios números de los que era titular el ex alcalde de Totana Juan Morales, ex diputado autonómico del PP, que lo expulsó del grupo, por lo que está ahora en el mixto del Parlamento murciano.

La causa investiga la presunta trama de corrupción urbanística descubierta en 2007 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en ese municipio.

Con la imputación de Martínez Andreo y Casanova, la sala estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el fiscal, y deja sin efecto el sobreseimiento provisional respecto al supuesto delito de cohecho que ambos habrían cometido.

La sala acuerda que se remita lo actuado al decanato de los juzgados de Totana, al no tener los hechos conexión con Morales, que es lo que determina la competencia del TSJ al estar aquél aforado.

Además, ha desestimado la petición del fiscal respecto del supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que éste atribuía al actual primer edil de Totana.

La sala declara también la nulidad de algunas de las resoluciones que acordaban las intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado instructor de Totana, sólo en lo que se refiere a las conversaciones realizadas a partir del 18 de junio de 2007 desde los teléfonos de Morales.

Además, determina que "no existe, en cambio, motivo de nulidad en el resto de pronunciamientos con relación a las otras personas que no tienen la condición de aforado".

El fiscal pidió el pasado mayo al TSJ de la región de Murcia que incluyera entre los imputados del denominado caso Tótem a Morales y Casanova.

En este recurso, en contra del criterio mantenido por el instructor de la causa en el TSJ, el magistrado Julián Pérez-Templado, el fiscal consideraba que de la conversación mantenida por el regidor y el empresario se deducían indicios de una posible solicitud o percepción de comisiones ilegales, que hacían aconsejable investigarlos.

Pérez-Templado, en un auto del pasado 29 de abril, sobreseyó la causa respecto a Morales y Casanova porque no consideró que de esas conversaciones se entreviera un pacto para eliminar al ex alcalde Morales de la percepción de comisiones ilegales y colocarse Martínez Andreo en la alcaldía.

El magistrado imputó entonces a Morales de los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos, receptación e infidelidad en la custodia de documentos.

Junto a Morales, el instructor imputó a otras doce personas en la trama de presunta corrupción, y decretó el sobreseimiento provisional de algunos presuntos delitos de otras nueve personas, entre ellas, el actual alcalde, Martínez Andreo.

Éste, suspendido de militancia por el PP, permaneció en prisión durante tres meses por su presunta relación con este caso.

Petición de IU+Los Verdes

La noticia viene a dar una nueva vuelta de tuerca al culebrón en el que se encuentra sometido el Ayuntamiento "por la grave irresponsabilidad del alcalde, del PP local y de Ramón Luís Valcárcel, que continúa apoyando cargos públicos acusados de graves delitos por la Justicia", dice un comunicado de IU+Los Verdes.

Los concejales del Grupo Municipal de IU + Los Verdes en Totana, exigen del PP regional, que adopte medidas contundentes y ponga fin a esta situación "o darán la razón a los que apuntan que Martínez Andreo puede estar presionando al presidente regional del PP, sobre el presunto conocimiento de los hechos antes de celebrarse las últimas elecciones autonómicas y municipales", en las que Valcárcel nominó a Juan Morales como candidato a diputado y a Martínez Andreo, como alcaldable, por el PP en el Municipio de Totana.

En la mañana de hoy, la concejal de Cultura, Ana Belén García, ha renunciado por escrito a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Totana, siendo la segunda edil que abandona el PP y el Ayuntamiento en el último mes.

“Otros cuatro ediles del Equipo de Gobierno podrían dimitir en las próximas horas o días, si se mantiene la actual situación de depresión económica, moral y política en la que el PP tiene sumida la institución municipal…”, afirma el concejal de IU y coordinador de esa formación política en Totana, Juan José Cánovas.

“Un Ayuntamiento arruinado, en el que continúan las practicas caciquiles y sin la adopción de medidas razonables, se hunde cada día más en un pozo sin fondo, ante la pasividad de los dirigentes regionales del PP…”, aseveran desde la formación de izquierdas.

El desempleo se atempera en Murcia con la llegada del verano y los contratos-basura

MURCIA.- El paro descendió en 13.900 personas en la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2010, un 8,15 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 156.300 personas y la tasa de paro se situó en el 21,27 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación al mismo trimestre del año anterior el volumen de desempleados aumentó en la Región en 8.500 personas (5,73 por ciento); mientras que el número de ocupados descendió en 6.800 personas, lo que supone un descenso porcentual del 1,16 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior.

La cifra de ocupados aumentó en 14.300 personas en el segundo trimestre de 2010, lo que supone un incremento del 2,53 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 578.400 personas.

Por su parte, el número de activos ascendió en 400 personas en segundo periodo de 2010, un 0,06 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 734.700 personas. En relación al mismo trimestre del año anterior creció en 1.700 personas, un 0,23 por ciento.

La tasa de paro masculino se situó en el 21,84 por ciento hasta junio de 2010 en la Región de Murcia, dos puntos por encima de la media nacional entre los hombres (19,72 por ciento). El paro entre las mujeres murcianas se situó en un 20,49 por ciento, prácticamente igual que la media nacional, situada en el 20,56 por ciento.

Por lo que respecta a la tasa de actividad regional, alcanzó el 61,89 por ciento, casi dos puntos por encima de la media nacional, que es del 60,11 por ciento.

El PSRM quiere que Mendoza no pueda especular con los terrenos de la UCAM en Los Dolores

CARTAGENA.- La portavoz socialista Caridad Rives pide que los terrenos que la Universidad San Antonio en el antiguo cuartel de Los Dolores se destinen a servicios generales de equipamiento. Rives recuerda que el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, ya ha anunciado que no se construirá en campus de Cartagena y exige al Ayuntamiento que retire del Plan General de Ordenación Urbana la recalificación de la mitad de la parcela.

“El presidente de la UCAM obtuvo los terrenos de Los Dolores a un coste muy inferior al precio de mercado del metro cuadrado de suelo urbanizable por su compromiso de construir un campus universitario en Cartagena. Un campus que ya no se va a hacer y no podemos consentir que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma fomenten la expeculación inmobiliaria. Por eso deben paralizar, antes de la aprobación definitiva, el cambio de uso del suelo”, explica.

Rives indica que el PSOE ya presentó una alegación al PGOU en la que solicitaba que estos terrenos se destinasen a servicios de equipamiento.

“El uso de parte de estos terrenos se modificó como servicios de equipamiento educativo, pero la otra parte, en caso de que la Comunidad Autónoma apruebe el Plan General, se convierte en urbanizable”.

La portavoz quiere hacer hincapié en el hecho de que, de estos terrenos, tan sólo el 10% pertenecen a la Fundación San Antonio, a pesar de haber adquirido el 90% del suelo preteneciente a Defensa.

Pedro Saura: ´Necesitamos una política turística real, no faraónica´

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, acompañado de los diputados regionales, Teresa Rosique y Antonio Martínez Bernal, ha visitado hoy el aeropuerto de San Javier, donde ha denunciado la desidia y la ausencia de una auténtica política turística realista y ambiciosa del Gobierno de Valcárcel en la Región de Murcia, basada en proyectos faraónicos, de grandes fastos, pero no una política realista acorde con las necesidades de la Región.

Este es por ejemplo el caso del aeropuerto de San Javier. Saura calificó como “auténtico disparate” el hecho de que no exista en estas instalaciones ningún stand ni oficina para la promoción turística de la Región, a pesar de que al año la transitan alrededor de 1.600.000 personas; turistas que en muchos casos sólo están de paso y para las que no existe ningún reclamo para que vuelvan y nos visiten.

La presencia esta mañana en San Javier se enmarca en el periplo de visitas que el secretario general de los socialistas murcianos está realizando para conocer de primera mano el estado de las principales infraestructuras de la Comunidad.

El secretario general del PSRM mostró preocupación también por el sucesivo anuncio de “fugas de compañías aéreas” que se ha producido en los últimos días, como ha ocurrido con Ryanair y con Air Berlin que han anunciado su intención de abandonar el aeropuerto de San Javier.

Las consecuencias de esta decisión serán muy perjudiciales para la Región, ya que 150.000 turistas al año dejaran de venir a la Región de Murcia y se perderán en torno a 100 millones de euros con la marcha de estas dos empresas aéreas. “Esta falta de sensibilidad y de una acertada política turística del Gobierno de Valcárcel tendrá un coste muy elevado para nuestra Región”.

Asimismo destacó que existen motivos para la preocupación en el sector. La reducción que se está produciendo en cuanto a ocupación hotelera en la Región, en los últimos 6 meses, es significativa ya que ha disminuido un 1,5 por ciento, mientras en España se ha incrementado en torno a un 5 por ciento, según los datos oficiales.

Saura manifestó que hay un consenso regional en cuanto a que el turismo es una de las palancas de cambio del modelo de crecimiento y para la recuperación económica. “A pesar de eso, en la Región de Murcia no hay política turística realista, la gestión del Gobierno regional es equivocada, ya que se basa en proyectos faraónicos, que nos cuestan mucho dinero y que no son rentables”.

Por último, añadió que parece que el Gobierno de Valcárcel quiere dejar caer el aeropuerto de San Javier. “El problema es que no sabemos cuándo se va a terminar y cuándo va a funcionar el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, una obra que Valcárcel viene prometiendo desde hace mucho tiempo y a la que el consejero no se atreve a poner fecha”.

De momento, apostilló, lo que deberían hacer es apoyar el aeropuerto de San Javier y tener una política turística “consistente, ambiciosa y que nos ayude a salir de la crisis económica”.

El TSJ archiva una querella contra Valcárcel y parece que Mazón no se conformará

MURCIA.- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha acordado archivar las actuaciones en relación a la balsa Jenny y no admitir a trámite la querella contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; y el que fuera consejero de Economía Hacienda, Juan Bernal.

No obstante, contra el mismo auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días. Los querellantes Cano Vera y Mazón han calificado el auto de "un acto de filibusterismo judicial que deja al descubierto la inexistencia de un poder judicial independiente murciano frente a Válcárcel".

Los querellantes consideran que los magistrados autores del auto "han quebrantado de forma ostensible sus más elementales deberes de lealtad al principio de legalidad y que deben de responder de su desafuero".

Estas diligencias son origen, según el auto dictado por la Sala compuesta por los tres magistrados titulares de la misma --Juan Martínez Moya, Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero--, de la querella que formuló el periodista José Juan Cano Vera y el abogado José Luis Mazón al entender de la existencia de los presuntos delitos de malversación en modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita.

En concreto, la querella se contrae a la actuación de estos dos cargos del Gobierno murciano y de un ex alto cargo con respecto a la parcela conocida como la balsa Jenny, situada en el Llano del Beal y destinada a residuos mineros que "presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y medio ambiente".

Esta parcela, que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles, era propiedad de Portman Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, quien al objeto de resolver el problema que presentaba, la Comunidad aceptó la cesión gratuita de las 8,75 hectáreas que ocupaban la balsa, ofrecida por la propietaria, para realizar actuaciones de repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valorada en aproximadamente 25.000 euros.

Señala el auto que la Consejería de Agricultura y Agua adjudicó a Tragsa las obras de limpieza por 5,4 millones de euros; empresa que contrató con Portman Golf la cesión de terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa Jenny sin que causaran perjuicio al medio ambiente.

Por esta razón, Tragsa abonó a Portmán Golf 2,7 millones de euros y un año más tarde, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a la Comunidad para que reclamara a Portman Golf los gastos de limpieza, puesto que desde 1995 existía un convenio entre ambas administraciones para financiar a partes iguales la descontaminación de suelos en Murcia; convenio que se habría aplicado también al caso de la balsa Jenny.

Finalmente, en 2006 se firmó el acuerdo final entre el Ministerio y el Ejecutivo murciano por el que se daba por liquidada la ejecución de la balsa Jenny.

En esta línea, el escrito añade que en lo concerniente a la cesión gratuita de los terrenos de esta balsa, además de la inversión de fondos públicos, "no ha quedado suficientemente acreditado la comisión de delito".

Tras los hechos acontecidos estos años, La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, una vez que Anticorrupción le remite los antecedentes de la balsa Jenny, se pronuncia en un auto, con fecha de 27 de abril de 2010, acordando "no haber lugar al procedimiento de reintegro por alcance por resultar de las actuaciones de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia en caso alguno de responsabilidad contable".

Concluye el escrito argumentando que "las fundadas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas han concluido en la inexistencia no ya de delito, sino ni tan siquiera de responsabilidad contable", tras lo que añade que "no hay asomo alguno de malversación en la modalidad de estafa, ni prevaricación, ni una supuesta asociación para delinquir".

Caixa Penedès gana en el primer semestre un 30,6% menos que en 2009

BARCELONA.- Caixa Penedès ha obtenido un resultado neto consolidado de 25,12 millones de euros el primer semestre del año, un 30,6% menos que en el mismo periodo de 2009, según ha informado la entidad en un comunicado.

La caja catalana, que ya se ha integrado en el SIP Mare Nostrum junto a Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, ha obtenido un margen de intereses de 143,3 millones, lo que representa una caída del 27,5%. El margen bruto ha sido de 281,5 millones, un 10,5% menos, y el margen de explotación ha llegado a los 50,5 millones, un 45,8% inferior al año anterior, después de destinar 59 millones de euros a dotaciones voluntarias complementarias.

Los recursos totales de clientes se han situado en los 12.290 millones de euros, con una tasa de variación interanual del 1,04%, mientras que el total de recursos gestionados es de 19.677 millones, lo que representa un incremento del 3,43%. Según la entidad, la demanda de hipotecas sigue moderada, así como el dinamismo en la financiación de las empresas. La inversión crediticia se ha mantenido estable, situándose en los 17.209 millones de euros.

La ratio de morosidad ha sido del 5,14%, y el fondo de cobertura, con y sin garantías hipotecarias, se ha situado en el 198% y el 43%, respectivamente. La actual ratio de solvencia total es del 15,2%, mientras que la de eficiencia se sitúa en el 55%.

López Abad asegura que la 'fusión fría' de la CAM ha sido "una operación tremendamente inteligente"

ALICANTE.- El director general de Caja Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, ha asegurado que la posición de la CAM en el SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, "ha sido tremendamente inteligente", y dota a la entidad de "una capacidad de presencia, de solvencia y de futuro más importante que la que tenía sola".

Roberto López Abad ha remarcado que no coincide "en lo más mínimo" con quienes se han mostrado en las últimas semanas contrarios a la 'fusión fría' de CAM.

"Yo no coincido en lo más mínimo con esto", ha indicado, al tiempo que ha explicado que el sector de cajas "está en un proceso de reconversión muy fuerte" que ha llevado a que 41 de las 45 cajas de ahorro existentes en el país estén inmersas en un proceso de integración.

"En este sentido, creo que la posición de la CAM ha sido una posición tremendamente inteligente, porque estamos construyendo el tercer grupo financiero en el mundo de las cajas, con un volumen de negocio y un nivel de solvencia que nos permite situarnos en el conjunto del rating español, incluidos bancos, en el séptimo lugar".

Además, ha defendido que esta operación permite que CAM tenga "una capacidad de presencia, de solvencia y de futuro más importante que la que tenía sola".

Así mismo, ha recordado también que "la valoración que ha hecho el consejo de la caja es tremendamente positiva, hasta el punto de que unánimemente están apoyando esta propuesta".

El Ayuntamiento de Murcia acuerda conceder el título de Hijo Predilecto al obispo de la Diócesis de Cartagena

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha acordado este jueves conceder el título de Hijo Predilecto de Murcia al obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Se ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia al Grupo de Coros y Danzas 'Asociación Regional Francisco Salzillo', y al Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de la Fuensanta', de la peña huertana San Isidro-La Panocha.

El Pleno ha acordado también el inicio de expediente para la concesión del título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia a la escritora Carmen Montero Medina, quien traslada su residencia a Murcia en el año 1985.

Carmen nació en la localidad onubense de Almonte en 1953 y aunque su trayectoria literaria comienza de modo privado años antes, es en 1992 cuando comienza la edición de sus obras.

Con la publicación de 'Al final la luz' comienza una intensa producción literaria que alcanza en febrero del año 2010 la cifra de 40 obras publicadas entre poemarios, aforismos, cuentos, ensayos, novelas e incluso dos CD con poemas recitados y musicados.

Su trayectoria abarca, además, la participación en diversos concursos y certámenes de carácter regional, nacional e internacional, habiendo llegado a ser finalista del Premio de las Letras de la Región de Murcia en el año 2001 y obteniendo el primer accésit del VII Concurso Internacional de Poesía celebrado en París.

La Fundación que lleva su nombre, de carácter estatal, vio la luz el 23 de mayo del año 2007 con el fin de fomentar los hábitos de lectura y de acercar y difundir la obra de escritores, tanto murcianos como de otras procedencias, a través de la presentación de sus libros, de encuentros y diálogos con los ciudadanos, la creación de rutas literarias y organización de concursos literarios.

El consejero Marín se pliega a las exigencias de Mendoza

MURCIA.- El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, presidio este jueves la reunión del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia en el que se ha informado favorablemente sobre la puesta en marcha en el curso de 2010-2011 de la enseñanza de los grados en Enfermería y Nutrición y Dietética de la Universidad de Murcia (UMU) en el Campus de Lorca.

También dio el visto bueno a la UMU para la puesta en marcha de un nuevo grado de Educación Primaria en Cartagena y ratificó la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior de 22 grados, 80 máster y 61 doctorados que ya impartían sin la metodología y estructura que exige el denominado Proceso de Bolonia, según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

En concreto, de estas enseñanzas universitarias que ya se impartían y que han sido adaptadas a Bolonia, 98 corresponden a la Universidad de Murcia -11 grados, 47 máster y 40 doctorados-, 20 a la Universidad Politécnica de Cartagena -siete grados, ocho máster y cinco doctorados- y 45 a la Universidad Católica San Antonio -cuatro grados, 25 máster y 16 doctorados-.

Marín ha anunciado que el Consejo de Gobierno tratará en su reunión de este viernes "la aprobación de los nuevos títulos, así como la adaptación de los existentes, porque todos ellos han superado la evolución de calidad de la Aneca, son viables y tienen una demanda adecuada, están dentro de la política universitaria que estamos desarrollando y tienen interés social para la Región. Las universidades han realizado un buen trabajo por la calidad y así se lo vamos a reconocer".

El Consejo Interuniversitario ha informado favorablemente sobre incrementar de forma general un 1,5 por ciento los precios académicos y administrativos de las universidades públicas, así como pasar de cuatro grados de experimentalidad a dos. Esta subida corresponde al mínimo acordado en la Conferencia General de Política Universitaria que fijaba una horquilla de crecimiento de las tasas de entre el 1,5 y el 5,5 por ciento.

Además, también se ha dado el visto bueno a establecer un seguro complementario para todos los alumnos con un precio unitario de seis euros para hacer frente a accidente o negligencias de los alumnos en la actividad académica, en especial en los programas de prácticas o en los desplazamientos.

"El año pasado todos hicimos un gran esfuerzo para no aumentar las tasas y este año lo volvemos a hacer ajustándonos de forma general a la subida mínima aprobada, así como a la experimentalidad señalada por las propias universidades, ya que Bolonia implica un mayor grado de experimentación en la enseñanza, lo que implica mucho mayor gasto para ofrecer formación tendente a la excelencia", ha concluido el consejero.

De hecho, la propuesta elevada a este órgano consultivo de la Administración regional surge de la mesa conjunta sobre precios creada por la Consejería, a través de la Dirección General de Universidades y Política Científica, junto a la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena.

El Consejo también trató otros asuntos como la creación como instituto universitario de investigación del Instituto de Envejecimiento. De esta forma, este instituto de la UMU da un paso más, ya que no sólo se investigará, sino que se impartirá un máster y un doctorado relacionados con todo lo concerniente a la mejora de la esperanza de vida de los ciudadanos.

También se informó favorablemente de la adscripción a la UMU de la Escuela Europea de Osteopatía, con el fin, inicialmente, de impartir un Máster Universitario en Osteopatía.

Además, el Consejo Interuniversitario abordó la creación de un Centro de Grado y Postgrado en Cartagena de la Ucam, ubicado en el antiguo cuartel de Los Dolores, condicionando su informe positivo a una evaluación técnica en septiembre sobre la ejecución de las obras previstas en el centro y determinadas en la memoria presentada por la universidad, para comprobar que se adecuan a la función docente e investigadora del mismo, así como que los títulos solicitados para su implantación en el centro estén verificados.

Por último, y respondiendo al imperativo legal que impone el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, las escuelas universitarias se transforman en facultades. Este cambio da origen a la puesta en marcha de las facultades de Enfermería, Trabajo Social y Óptica de la UMU y la consiguiente supresión de las escuelas del mismo nombre, y a la creación en la UPCT de la Facultad de Ingeniería de Caminos y Minas y la supresión de la escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil.

Además, se informó favorablemente de la constitución 'ex novo' de la Facultad de Enfermería de la UCAM por segregación de la actual Facultad de Ciencia de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte.

Valcárcel nombrará a Manuel Campos consejero de Justicia de Murcia y no remodelará el Gobierno

MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha anunciado que nombrará consejero de Justicia de su gobierno a Manuel Campos. Valcárcel ha hecho este anuncio tras reunirse en Madrid con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para acordar la transferencia de competencias de Justicia a la comunidad autónoma, que serán efectivas a partir del 1 de enero de 2011.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que no tiene intención de remodelar el Gobierno autonómico, a excepción de la creación de la Consejería de Justicia y el nombramiento de Campos. "El Gobierno ha sido objeto de reducciones importantes desde el año 2008 y a día de hoy no parece necesario plantear una remodelación a partir de la nueva consejería", ha indicado.

Valcárcel, sin embargo, no ha ocultado la posibilidad de remodelar el Gobierno "si las circunstancias así lo exigen".

"Nunca he cerrado la puerta a remodelar el gobierno y si esto ocurre será anunciado pertinentemente", ha asegurado.

La Consejería de Justicia, así como el nombramiento de Campos, serán oficiales en septiembre, para "iniciar la andadura necesaria y que el consejero pueda recibir las competencias en enero con todos los mecanismos más que engrasados", según ha dicho Valcárcel. El presidente murciano también ha afirmado que la creación de la nueva Consejería se hará a partir de infraestructuras "limitadas y muy austeras".

Valcárcel ha intercambiado con el ministro palabras de agradecimiento y ha señalado que "es un día histórico para la Región" porque "la justicia será más cercana a los ciudadanos de Murcia".

Por su parte, Caamaño ha destacado que esta transferencia de competencias supone "un avance" y que no por ello "decrecerá la atención" del Ministerio de Justicia hacia la comunidad, ya que "la Constitución quiere que la Justicia sea una cosa de dos".

Ambos dirigentes han prometido "colaboración intensa" en materia de justicia y "trabajar en beneficio de los ciudadanos".

Teresa Rosique señala que el PP se niega a hablar de las inversiones de Valcárcel

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista pide la convocatoria de un Debate monográfico en la Asamblea para tratar sobre el presente y futuro de las inversiones del Estado y del Gobierno regional.

La diputada Teresa Rosique considera que dicho debate serviría para analizar en profundidad la situación real de las inversiones de ambas administraciones en nuestra Comunidad autónoma, así como las consecuencias que se deriven de la misma.

Además este cauce parlamentario permite la aprobación de resoluciones que podrían ir dirigidas tanto al Gobierno central como al autonómico en materia de infraestructuras.

La propuesta ha sido realizada durante el Pleno celebrado esta mañana en la Asamblea Regional por el Grupo Socialista y sólo ha contado con el respaldo del portavoz de IU, José Antonio Pujante.

“El PP se niega a hablar de la grave situación por la que en estos momentos atraviesa la inversión pública del Gobierno regional y sólo quiere hablar de la del Gobierno de España, demostrando así que no son los intereses regionales lo que verdaderamente le interesa sino la utilización partidista de cualquier tema”, declaró la diputada.

Para Rosique “es incomprensible que no preocupe al PP la caída estrepitosa e imparable de la licitación de obra pública por parte del Gobierno regional ni los incumplimientos reiterados en materia de infraestructuras del Ejecutivo de Valcárcel”.

Desde el PSOE se considera que la inversión pública es fundamental para la creación de empleo y el mantenimiento de la actividad económica, sobre todo, para las empresas de la construcción.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide que la Asamblea Regional analice la situación de la misma desde las responsabilidades de todas las Administraciones e impulse las demandas que en materia de infraestructuras necesita nuestra Región tanto al Estado como a la Comunidad autónoma.

Se modifica el PGOU de Alicante para que pueda abrir 'Ikea'

ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los únicos votos a favor del gobierno municipal popular, la modificación de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, por la que se podría implantar una superficie comercial de Ikea en la zona de Rabassa.

El grupo socialista ha votado en contra de la modificación del PGOU y del convenio entre el consistorio, Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo, S.L. para regular las condiciones de implantación de un centro comercial ubicado en las Lagunas de Rabassa, anexo a la multinacional sueca.

La concejala del PSPV Loles Fernández ha explicado que "faltan pasos" del proceso, en relación a los informes de medioambiente y de tráfico de la zona antes de comenzar su urbanización, y ha manifestado el rechazo de su partido respecto a la ubicación de Ikea en Rabassa y la edificación de un gran centro comercial.

"Si se hubiera buscado otro emplazamiento, posiblemente ya estaría implantada la multinacional en nuestra ciudad", ha apuntado Fernández, quien ha destacado: "Sí a Ikea, que es diferente a un sí a una macro zona comercial".

Asimismo, la concejala socialista ha hecho referencia a las alegaciones presentadas por el PSPV y por los comerciantes que "dejaban patente el descontento" en ese sentido y que fueron "desestimadas", a pesar de que la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), "había dicho que habría tiempo para el consenso".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza, ha considerado que "ahora no son necesarios esos informes", aunque ha precisado que "se exigirán luego con la modificación puntual del plan parcial", y ha adelantado que "habrá un informe de tráfico, de medioambiente y un estudio de paisaje".

Sobre la ubicación de la multinacional del mueble, Mendoza ha afirmado que "es Ikea el que hace su propio estudio en Alicante e, incluso, en algunos municipios colindantes" y ha resaltado que es decisión de la mercantil situarse en las lagunas de Rabassa.

A este respecto, la alcaldesa de Alicante también se ha pronunciado y ha recordado que el PSOE y el PP aprobaron una serie de metros para la explotación comercial en el plan parcial de Rabassa, que no se han modificado para la futura implantación de Ikea y de un centro comercial.

El PSRM no deja presumir a Valcárcel con impunidad

CARTAGENA.- El responsable de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Mariano García señaló que “parece una tomadura de pelo que con tres puntos más que la media española de paro, Valcárcel presuma de sus planes”.

El diputado acusa al Gobierno regional de desviar la atención ante el fracaso de sus Planes y su modelo económico.

García realizó esta valoración con motivo de la reunión para el seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia, con el que el Gobierno regional demuestra que mientras “la realidad va por un lado, el Gobierno de Valcárcel va por otro, engañando a los ciudadanos e intentando aparentar lo que no es”.

Por ello, pidió un poco más de autocrítica y aceptación de la realidad para enderezar el rumbo.

En opinión del diputado socialista, el Gobierno de Valcárcel pretende desviar la atención sobre el fracaso de su modelo y de sus planes, presentando unos datos sesgados y manipulados, con una supuesta sobreejecución presupuestaria de los mismos, cuando todos los indicadores apuntan hacia un empeoramiento y empobrecimiento de la Región de Murcia, mayor que en el resto de España.

García agregó que es “insultante para los ciudadanos aparentar unos magníficos resultados en sus planes estratégicos y unas supuestas ejecuciones presupuestarias, cuando está Región empeora más que el resto de España”.

La Región desde 2006 se ha alejado paulatinamente del nivel de renta media española, que tiene un PIB per cápita de 5.000 euros inferior a la media comunitaria europea, (PIB per cápita R. Murcia 18.619€, 22.886€ para España y 23.600€ para la UE). Mariano García añadió que el Gobierno regional apostó “por una hoja de ruta equivocada que ha supuesto que en dos años de crisis se hayan derrumbado 15 años de modelo insostenible de Valcárcel”.

Para el PSOE urge, por tanto, un cambio de modelo productivo que traiga un verdadero crecimiento económico para todos los murcianos, y que nos acerque a los niveles medios de riqueza, prosperidad y empleo españoles y europeos.

“Es evidente que el modelo de Valcárcel le ha ido bien a unos cuantos, pero no a la mayoría a los que ha bajado su nivel de renta, ni a los 125.000 parados más que nos deja su última legislatura”.

La realidad es que no se ha ejecutado ni el 65% de las políticas de empleo y formación “y cuanto más paro, mayores son los recortes en empleo y formación, pese a que aumentan más las transferencias del Estado”.

En resumen concluyó, que el Gobierno regional se está limitando a encargar algún estudio “a las consultoras amigas, inflan las cifras, generan falsas expectativas, aparentan que se hace algo y cuando los datos y las estadísticas son los peores de España y queda demostrada su falacia y su mentira, entonces le echan las culpas a los demás”.

Valcárcel se tranquiliza al conseguir el control político de la Justicia en Murcia a partir de enero

MADRID.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, aseguró hoy que “vamos a acercar la Justicia mucho más a los ciudadanos”, y calificó de “histórico” este día en el que se ha cerrado el acuerdo con el Ministerio de Justicia para que la Región asuma, a partir del 1 de enero de 2011, las competencias en esta materia.

Valcárcel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida esta mañana con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, donde se han concretado los detalles de unas transferencias con las que, según el presidente autonómico, “se pone fin al techo competencial que tiene la Región de Murcia”.

“Hoy los murcianos somos más autonomía”, remarcó Valcárcel, que calificó el acuerdo de “magnífico y provechoso” para el interés colectivo de los murcianos y de España en general porque, según dijo, “somos una Región que pertenece a España y se siente parte de España”.

Valcárcel destacó “el rigor, la lealtad, la inteligencia y el entusiasmo” del trabajo realizado por todos los colectivos implicados en el mundo de la Justicia que han participado para que este proyecto “sea hoy ya una realidad”, y agradeció el esfuerzo de ese amplio abanico de personas que han querido contribuir a la modernización de las estructuras judiciales para aproximar la Justicia al ciudadano”.

A partir de este momento, el Ministerio de Justicia debe concluir los protocolos marcados, entre ellos, que el acuerdo pase por la Comisión Mixta de Transferencias, con el fin de que todos los trámites estén concluidos después del verano y que las transferencias sean jurídicamente plenas el 1 de enero de 2011.

El coste efectivo anual de esta nueva competencia será de más de 70 millones de euros, que el Gobierno central deberá derivar a la Región de Murcia y que pasarán a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esto se suma el acuerdo adicional de 4,5 millones de pago único y un millón de euros más correspondiente a la digitalización de las salas de vistas de los juzgados.

El acuerdo contempla también la conclusión de las obras de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia, para lo cual el Ministerio deberá incorporar alrededor de 19 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

La Asamblea de la ONU considera el agua un derecho

NUEVA YORK.- La Asamblea General de la ONU defendió el miércoles como un derecho global el agua y el saneamiento en una resolución, aunque más de 40 países se abstuvieron, diciendo que no existía este tipo de derecho en la legislación internacional.

Unos 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable, más de 2,6 millones no tienen un saneamiento básico y alrededor de 1,5 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año por enfermedades relacionadas con estas cuestiones, dijeron los patrocinadores de la resolución.

La medida no vinculante, presentada a la Asamblea por Bolivia, dice que el derecho a agua potable limpia y segura y el saneamiento es "un derecho humano esencial para el total disfrute de la vida y todos los derechos humanos".

Y en una cláusula que parece colocar la responsabilidad de rectificar la situación en los países ricos, insta a los estados y organizaciones internacionales a "incrementar los esfuerzos" para proporcionar agua potable y saneamiento para todos.

La resolución fue aprobada con 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Los que se abstuvieron fueron principalmente países desarrollados, aunque España y Alemania votaron a favor de la medida.

Los países que se abstuvieron alegaron que una experta independiente, la abogada portuguesa Catarina de Albuquerque, debía presentar el próximo año un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sobre las obligaciones de los países sobre el agua y el saneamiento.

Acusaron a los defensores de la resolución de intentar restar validez a sus conclusiones.

El delegado estadounidense John Sammis dijo que la resolución "está muy lejos de disfrutar el respaldo unánime de los estados miembros y podría incluso socavar el trabajo en marcha en Ginebra".

La delgada británica Nicola Freedman dijo que Londres "no cree que exista actualmente suficiente base legal en el derecho internacional para declarar o reconocer el agua o el saneamiento como un derecho humano".

Sin embargo, el grupo de derechos Food & Water Watch, con sede en Washington, respaldó lo que calificó una resolución histórica.

El Tribunal plantea vender cuadros intervenidos a Roca a través de Sotheby's

MÁLAGA.- El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha acordado la venta de todo el patrimonio del presunto cerebro de esta supuesta trama, Juan Antonio Roca, incluidos los cuadros intervenidos en la operación policial, lo que plantea llevarlo a cabo mediante subasta en la entidad especializada Sotherby's.

En este sentido, en un auto de la Sección Primera se precisa que se autoriza la venta de los cuadros pertenecientes a Roca "incluso mediante subasta en Sotherby's, entidad de prestigio inglesa, que garantiza un precio mínimo de salida y el seguro correspondiente de las obras de arte que se trasladen".

Por esto, la resolución añade que esta entidad es hasta ahora "una de las que ofrece mayores garantías, pese a las dificultades del mercado". Según precisa el fiscal en sus conclusiones iniciales, Roca "destinó parte de los fondos obtenidos ilícitamente a la adquisición de cuadros y obras de arte por importe de varios millones de euros". Así, señala que entre cuadros y otros objetos gastó 27,6 millones.

Esta venta de las obras de arte se enmarca en un acuerdo general de venta de todo el patrimonio, con la obligación de defender "el precio más alto que se pueda obtener en cada una de las ventas", al señalarse que es el "único medio de garantizar la subsistencia" del mismo y poder hacer frente a las deudas tributarias e hipotecarias que existen.

A este acuerdo se llegó tras celebrarse este mes de julio hasta tres reuniones en las que participaron las partes implicadas, incluido Roca, para llegar a un acuerdo sobre la problemática, ya que "no existe liquidez" para afrontar "las numerosas y perentorias" deudas, y para solucionar las dificultades en la gestión, planteadas por el administrador judicial de sociedades vinculadas a éste.

A este respecto, el auto recoge las manifestaciones de dicho administrador, quien explica que hasta ahora se han ido aplicando los fondos metálicos de una compañía para cancelar obligaciones perentorias de otras de las "en principio" atribuidas a Roca, con lo que "se han ido solventando las distintas dificultades que implicaba la gestión del patrimonio".

En dicho escrito, según la resolución de la Audiencia, el administrador advierte de que la "difícil" estrategia de gestión "se altera hasta bloquearla por completo como consecuencia de la adopción de medidas de embargos generalizados de bienes de las distintas sociedades" por los juzgados centrales de instrucción número 2 y 6 de la Audiencia Nacional, por los casos 'Saqueo'.

De hecho, pone de manifiesto "la imposibilidad de seguir con la gestión" de sociedades, ya que "se han perdido diversas oportunidades de venta de bienes por el recelo de los compradores ante esos embargos de la Audiencia Nacional" y señala que el no levantamiento de los mismos "tendrá como consecuencia directa la inmediata declaración de insolvencia del grupo societario".

Por esto, la Sala acuerda comunicar a dichos juzgados y a la Fiscalía Anticorrupción la decisión de venta del patrimonio y las resoluciones concretas solicitando "que alcen y dejen sin efecto los embargos que hubiesen acordado sobre los bienes inmuebles y muebles que el administrador precise vender para garantizar la subsistencia del patrimonio", eso sí, bajo la tutela de la Sala.

En las reuniones mantenidas se han adoptado otros acuerdos, como la venta "de forma prioritaria" de los caballos "por el coste de su mantenimiento, autorizándose que puedan venderse por lote o por separado. Actualmente, quedan unos 78 equinos. Asimismo, se levanta la administración judicial de tres sociedades por no tener actividad, según fuentes judiciales, quienes apuntaron que por otra parte existe una oferta de 850.000 euros por el helicóptero.

A pesar de "las dificultades por las que atraviesa el mercado inmobiliario y, en general, todo tipo de transacciones económicas", señala el Tribunal, se insta al administrador judicial a "defender las ventas en la medida de lo posible, evitando en todo caso malvender los bienes". Tanto el administrador como Roca han realizado una valoración de cada bien, aunque el ex asesor de Urbanismo pretende presentar otra pericial al respecto, según las fuentes.

Comienza la privatización de la sanidad pública regional

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha puesto a la venta unos terrenos en las cercanías de Nueva Condomina, por importe de 9,2 millones de euros, y cuya adjudicataria, la empresa Hospimurcia 2008 S.L., está interesada en la construcción de un nuevo hospital privado.

Según explicó en rueda de prensa la edil Nuria Fuentes, la entidad dispone de un plazo de cuatro meses para presentar el proyecto de construcción del centro hospitalario "y en el momento que tengan la licencia de Urbanismo dispondrá de tres meses para iniciar las obras".

A su juicio éste es un proyecto importante para la ciudad que mejorará la sanidad del municipio, pero también supone el ingreso de nueve millones de euros, "que permitirán en estos tiempos poder invertirlos en una mejora en distintas construcciones y en seguir avanzando" dentro de la localidad. Es importante, subrayó, "aplaudir la iniciativa privada y lo que va a suponer para el interés público".

Y es que la Junta de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la adjudicación definitiva de la venta de esta parcela municipal de equipamiento ubicada en el sector de Nueva Condomina de Churra.

La parcela tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados y su calificación le permite ser destinada a equipamiento docente y social, que comprende usos sanitarios. En cuanto a la valoración económica de esta finca, la Gerencia de Urbanismo ha estimado su valor en 8 millones de euros, con cuyo ingreso se podrán financiar inversiones municipales.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Centros de Administraciones Públicas para la ampliación del hospital Morales Meseguer. Se construirá un edificio anexo de 6.000 metros cuadrados con el objetivo de que siga creciendo la Sanidad Pública.

El PSRM propone crear un Fondo Especial de 300 millones para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos

MURCIA.- El PSRM ha planteado a la Comunidad Autónoma la creación de un Fondo especial de financiación para los ayuntamientos por valor de 300 millones para aliviar su situación económica. Esta cantidad es equivalente a la que anteayer ofreció el Gobierno regional a las administraciones locales en avales en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios, una medida que para el secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, “no es más que una burla porque sólo contribuiría a aumentar su endeudamiento”.

Oñate ha pedido a Valcárcel que se rasque su bolsillo y ponga en marcha este fondo que procedería de los ingresos que obtiene la Comunidad de la participación en los impuestos y podría desarrollarse en dos años.

“Esto permitiría a las administraciones locales recibir unas transferencias incondicionadas que destinarían a cubrir sus necesidades más urgentes lo que sí serviría para sacar de la asfixia financiera a los ayuntamientos”.

El secretario de Coordinación del PSRM precisa que “300 millones, equivalen al 3% del presupuesto de la Comunidad Autónoma por lo que es una cantidad bastante asumible” y aunque “es cierto que tienen dificultades también lo es que han sido muy poco generosos con las transferencias a los ayuntamientos en los años de abundancia y se han acostumbrado en exceso a tirar de chequera para gastos propios”.

El secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, entiende que la propuesta de Valcárcel de avalar hasta 300 millones no es la solución porque “no se trata de facilitar la ampliación del endeudamiento de los ayuntamientos para que se aprieten más la soga al cuello sino de darles más recursos económicos para que tenga mayor autonomía”. Así el PSRM considera que es la enésima promesa de “un mal pagador que sólo tiende a dilatar los problemas y no ofrecer soluciones efectivas”.

Para Oñate, “Valcárcel no demuestra una voluntad real para resolver los problemas de los ayuntamientos porque si de verdad quisiera sólo tendría que fijarse en la Constitución Española donde se establece que las administraciones se financian con las aportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

“Frente a un Estado que cumple escrupulosamente sus compromisos legales y además ha proporcionado a los ayuntamientos 400 millones de euros extraordinarios a través del Plan E; la Región de Murcia no ha seguido el ejemplo de otras autonomías como Andalucía que han desarrollado lo que se conoce como las ‘PICAS’ y que no es otra cosa que la participación de los ayuntamientos en los ingresos por impuestos”.

Se trata, según precisa Oñate, de “una propuesta que el propio Valcárcel recogía en su programa electoral de hace ocho años y que todavía estamos esperando”.

Saura denuncia el recorte y los incumplimientos del Gobierno de Valcárcel con las infraestructuras de Cartagena

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha denunciado que el Gobierno de Valcárcel ha castigado a Cartagena con las inversiones productivas en 2010, con un recorte de 12 millones de euros en comparación con 2009, al tiempo que puso de manifiesto los retrasos injustificados en la ejecución de infraestructuras muy necesarias y demandadas por los ciudadanos de Cartagena.

Recordó que frente a este recorte, el presidente Zapatero ha concedido al ayuntamiento de Cartagena 24 millones de euros del Plan E para 2010, lo que se suma a los 36 millones de euros que este ayuntamiento recibió por la primera fase del Plan E el pasado año.

Saura considera que el Gobierno regional debe cumplir sus compromisos con Cartagena en materia de infraestructuras, recortando el derroche que ejercita el Gobierno de Valcárcel y transformándolo en inversión productiva que crea empleo y actividad económica.

Entre las principales infraestructuras que el Gobierno regional tiene pendientes en Cartagena se encuentran las rotondas de Cabezo Beaza, la carretera del Sifón y las rotondas de La Manga.

El líder socialista lamentó que el Gobierno regional no quiera explicar toda la verdad sobre los recortes de infraestructuras en Cartagena en la Asamblea Regional, tal y como le ha demandado el PSOE.

Economistas y políticos destacan que el liderazgo de Cajastur en la fusión supone un espaldarazo a la entidad y a la imagen de Asturias

OVIEDO.- «Que una caja pequeña como Cajastur se haya hecho con el control de otra entidad que la dobla en tamaño como CAM es un premio a su solvencia y a sus buenos números». La reflexión es de Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias en el diario local 'La Nueva España'.


Economistas y políticos asturianos aseguran que el hecho de que la gestión del grupo resultante de la fusión fría entre Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria haya recaído en la entidad asturiana es un reconocimiento al trabajo del equipo que preside Manuel Menéndez, y, destacan, favorecerá a mejorar la imagen que proyecta Asturias hacia el resto de España.

Miguel de la Fuente argumenta: «La fusión, y el hecho de que la gestión vaya a llevarse desde la región, es una noticia positiva no solo para el Principado sino para el sector financiero español».

Para el decano del Colegio de Economistas, de la operación saldrá «una entidad (la tercera caja de ahorros del país) con un gran volumen de negocio y con una buena liquidez, lo que hará que haya más facilidad para la concesión de créditos, que es uno de los principales problemas que siguen teniendo actualmente las empresas y las familias».

Lo que tienen claro también los economistas es que el hecho de que Cajastur vaya a tomar el mando de la nueva entidad que resulte de la fusión supondrá un fuerte espaldarazo para la imagen de la región. «La marca Asturias está de moda», destaca De la Fuente.

Francisco González, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, huye de regionalismos y destaca: «La gerencia del grupo resultante la ha adoptado la entidad que mejor ha sabido hacer las cosas». Y señala: «Lo que tiene que pensar ahora la alicantina CAM es que la decisión es una garantía para su futuro».

También resta importancia a que la gestión del grupo se vaya a llevar a cabo desde Asturias. «Esto no debe de ser una cuestión de nacionalidades; si la mejor gestión hubiera estado en Alicante, lo normal hubiera sido que el peso en el control del grupo lo hubiera llevado la CAM», señaló González.

Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública, destaca además que Cajastur es una entidad que cuenta con un alto grado de solvencia, que no ha tenido una exposición a los riesgos inmobiliarios demasiado elevada y que no ha tenido una política de expansión hacia otras regiones muy agresiva como sí han hecho otras cajas.

«No incurrió en operaciones arriesgadas como sí hizo, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha (CCM) financiando obras como el aeropuerto de Ciudad Real, lo que ha hecho que se haya colocado con una posición dominante dentro del grupo resultante», señaló Santiago Álvarez.

La operación de Cajastur consiguió también aunar la opinión de populares y socialistas asturianos. Javier Fernández, secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FSA), señaló: «La fusión robustece al sector de las cajas de España», y afirmó: «Nos alegra que CAM haya optado, por fin, por tener una gestión más profesional».

Un análisis similar realizó el presidente del PP en Asturias, Ovidio Sánchez: «Cajastur está dando buenas noticias permanentemente», afirmó, «su liderazgo en el proceso de fusión permite a los ciudadanos de la región tener una perspectiva dentro de España realmente importante». El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, también destacó que la operación «pone de manifiesto la buena capacidad de gestión del equipo que preside Manuel Menéndez».

Menos claro lo tiene el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. El popular destacó que la aportación de Caja de Ahorros del Mediterráneo a la fusión es «muy elevada respecto a la de las otras tres cajas». «Espero», añadió, «que con el paso del tiempo, no se tenga la sensación de que se ha quitado nada a la provincia de Alicante». Para Ripoll, la «fusión óptima» hubiera sido la resultante de unir CAM con Caja Murcia. Sin embargo, destacó, «al final, las cosas que se obtienen no son las mejores, sino las posibles».

En Alicante, los sindicatos aseguran estar preocupados por el futuro del empleo en la nueva entidad. Las centrales con representación en la caja levantina exigieron la constitución de una mesa laboral en la que «se garantice la estabilidad del empleo en CAM». Entre los propios representantes sindicales existen diferencias sobre las ventajas e inconvenientes de la fusión y piden un compromiso para negociar un pacto laboral.

El Gobierno descarta dar más tiempo a las CC.AA. para que devuelvan los anticipos a cuenta

MADRID.- El Gobierno ha rechazado la posibilidad de dar más tiempo a las comunidades autónomas para que devuelvan al Gobierno los anticipos a cuenta que recibieron en 2008 y 2009, tal y como pidieron algunas regiones durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades adeudan un total de 5.700 millones de los anticipos recibidos en el año 2008 y casi 20.000 del año 2009, cantidades que tendrán que devolver en un periodo de cinco años, tras el acuerdo de uno de los CPFF del año pasado.

Salgado admitió que, durante el turno de ruegos y preguntas de la reunión algunas comunidades solicitaron al Gobierno que este tiempo se ampliara a diez años, petición que el Gobierno rechazó porque, a su parecer, "no hay razones para cambiar la Ley vigente".

En este sentido, la vicepresidenta económica recordó que la propuesta del año pasado, que ampliaba de cuatro a cinco años el periodo para hacer frente a los pagos, fue firmada y aprobada por todas las comunidades, que ya eran "perfectamente conscientes" de las dificultades presupuestarias.

Además, recordó que el periodo de cinco años ya está contemplado en el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno, por lo que no hay razones para cambiar la Ley por una petición que no ha sido general, sino que ha sido planteada por tres o cuatro comunidades.

Las CCAA apoyan la reducción del déficit

MADRID.- Las comunidades autónomas han apoyado unánimemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la única abstención de Ceuta, la reducción del déficit hasta 1,3 por ciento el próximo año, aunque han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.

A la salida de la reunión, las comunidades del PSOE han reconocido la necesidad de realizar este esfuerzo adicional y han valorado el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado para que la economía española transmita confianza en los mercados internacionales, sobretodo habiendo sido posible su aprobación con todos los votos a favor.

Sin embargo, los consejeros de las comunidades 'populares', aunque han apoyado la medida, han criticado la falta de concreción del Gobierno y han censurado que el Ejecutivo no haya aprovechado el encuentro para trasladarles las entregas a cuenta del próximo año, con las que ya podrán elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a hacerles llegar estos datos antes del próximo jueves a las tres de la tarde.

Por su parte, el consejero Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha denunciado "el ejercicio de fariseismo" que ha tenido lugar en la reunión del Consejo, ya que "se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo", y ha criticado que el Gobierno haya convocado una reunión en la que "no se ha puesto ninguna medida sobre la mesa para concretar la necesaria toma de decisiones para controlar el gasto y el déficit público".

Dicho esto, ha evitado hacer comentarios sobre la proposición de la ministra, quien ha sugerido "hacer un seminario en noviembre". "Se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo y lo dice la única comunidad que tiene sus cuentas cuadradas, porque 16 de las 17 no las tienen, y el Estado tampoco", ha señalado Beteta.

En este sentido, el consejero canario de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, ha remarcado la necesidad de concretar "medidas de ajuste adicionales", a las planteadas por el Gobierno, "con modificaciones en la legislación básica". Sin embargo, según ha explicado, se ha encontrado igualmente con la negativa de la vicepresidenta segunda, quien le ha emplazado a plantear estas consideraciones en los foros sectoriales, considerando que el Consejo no era el lugar adecuado para discutir las mismas.

Respecto al límite máximo de endeudamiento de las comunidades, Soria ha pedido que el cálculo del mismo se realice en base al PIB bruto per capita, y no en relación al PIB bruto en su conjunto, porque "tomarlo en su conjunto supone partir de una posición de desventaja para algunas comunidades", y ha solicitado que se tenga en cuenta que "el endeudamiento medio en Canarias está muy por debajo del endeudamiento medio de otros territorios".

Además, ha reclamado al Ejecutivo que recupere el compromiso incumplido sobre los conceptos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, por el cual el Gobierno debe compensar al territorio insular con 50 millones de euros. "Un compromiso incumplido, cuyas consecuencias han sido 50 millones menos de ingresos y un ahorro bruto negativo de 26 millones de euros. De esta manera, Canarias no ha podido incurrir en un déficit adicional del 0,25 por ciento para inversiones productivas en el 2010 y tendrá una menor previsión de ingresos", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera gallega de Economía y Hacienda, Marta Fernández, quien ha afirmado que su comunidad, a pesar de haber vuelto a recibir una negativa ante la petición de aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en base al sistema de financiación autonómica, "continuará solicitando esta operación, que ya no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la UE", y que resulta "una mera operación de caja".

La consejera de la Xunta ha afirmado que Galicia ha contado con el apoyo explícito de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, pero ha apuntado que, una vez más, la ministra les ha remitido al turno de ruegos y preguntas, en el que Salgado ha defendido que "esto forma parte de una ley, que ha ya ha sido debatida, que no tiene nada que ver con la ley orgánica, y que no está dispuesta a reabrir ese debate".

"Estamos realmente preocupados porque el escenario del 2009 hace pensar que esto sea una especie de círculo vicioso, porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España, y se ha pedido un poco de prudencia, porque se ha demostrado una vez más que esto es una bomba financiera para las comunidades", ha subrayado.

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, ha destacado que el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria es "evidente", aunque ha censurado que el Ejecutivo ha incumplido "su compromiso" de llevar a la Conferencia las propuestas de manera que pudieran ser debatidas. "No ha sido así, las propuestas han brillado por su ausencia", ha resaltado.

De la misma manera, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que ha votado a favor por "responsabilidad" pero "haciendo un acto de fe". "En estos momentos hay que empujar todos en la misma dirección para que España cumpla con los requisitos de Bruselas", ha destacado Del Olmo.

Por su parte, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que su voto ha sido un "sí crítico", ya que el objetivo de la comunidad era que el déficit fuera "individualizado" para cada región porque Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media y "siempre ha cumplido" con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

También ha mostrado sus reticencias a este compromiso el conseller de Hacienda de Cataluña, Antoni Castells, quien ha insistido en la necesidad de tomar "medidas adicionales" para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que éste es "muy ambicioso". A su juicio, se deberán adoptar "medidas que tengan un impacto financiero relevante" para pasar del 2,4 por ciento de déficit al 1,3 por ciento aprobado.

Para el consejero aragonés, Alberto Larraz, lo importante del encuentro es que el acuerdo ha sido apoyado por todas las autonomías más allá de las críticas puntuales, lo que, a su juicio, ofrece una sensación de "confianza" a los mercados. "Es bueno que se siga manteniendo la unanimidad aunque haya pequeñas críticas", ha insistido.

Larraz ha recordado que nunca las CCAA han tenido límites de déficit diferentes y ha apuntado que, para cumplir con esa reclamación de algunas autonomías, sería necesario poner en marcha un proceso de negociación similar al de la financiación autonómica.

En este punto ha coincidido el responsable de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, quien también ha defendido que lo más importante es la unanimidad alcanzada más allá de las posiciones críticas. "Luego ha habido diferentes reflexiones de los consejeros que hay que abordar en el futuro con más tranquilidad", ha explicado.

También se ha referido a la petición de aplazar la devolución de las entregas a cuenta, algo con lo que, según ha reconocido, todas las comunidades estarían "encantadas". En este sentido se ha manifestado el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha reconocido que estas devoluciones podrían generar un problema de tesorería.

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, ha asegurado que la comunidad trabajará "igual que todas" las autonomías con el techo de déficit del 1,3 por ciento del PIB regional en el diseño de sus cuentas públicas en 2011.

Las comunidades podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013

MADRID.- El Consejo de Política ha aprobado los objetivos de estabilidad de cada comunidad autónoma, que podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013, según informó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Si a dicha senda de consolidación se le incorpora el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica el déficit máximo en 2011 pasaría a ser del 3,3% del PIB.

Salgado aseguró que los objetivos han sido aceptados por unanimidad y que, durante el encuentro, diversas comunidades han manifestado su compromiso a la hora de cumplir con la senda de consolidación fiscal poniendo "todo de su parte" para conseguirlo.

"Ese resultado es muy satisfactorio", señaló la vicepresidenta económica, quien adelantó que el Gobierno y las comunidades celebrarán una nueva reunión en el mes de noviembre para comentar las nuevas medidas que se aprueben en Europa.

En este sentido, Salgado se refirió a las conclusiones del grupo de trabajo creado por el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que apuntan a la mejora de la coordinación y a una nueva forma de presentar los Presupuestos.

Según Salgado, la reunión ha transcendido en un "buen ambiente" y se ha convertido en una "discusión serena y rica en contenidos".

Los objetivos de estabilidad fijados están condicionados a que las comunidades autónomas presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio y a que las medidas incluidas en éstos sean declaradas idóneas por el CPFF.

En el caso de que alguna comunidad no cumpliera este requisito, su objetivo de estabilidad presupuestaria se ajustaría a los límites de déficit estipulados en la ley: el 0,75% del PIB regional en 2011 y equilibrio presupuestario en los ejercicios 2012 y 2013.

Dada la necesidad de garantizar el "estricto cumplimiento" de la senda de consolidación fiscal hasta 2013, los importes máximos contemplados en la propuesta aprobada hoy no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas, lo que se tendrá en cuenta a la hora de actualizar dichos programas.

Sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda registrar un déficit superior al 1,3% por sus necesidades de financiación, Salgado explicó que esta posibilidad existe, aunque para que sea posible es necesario que otra comunidad registre un déficit un poco inferior que lo compense.

En este sentido, aseguró que ninguna comunidad se ha ofrecido a registrar un déficit menor al 1,3% , tal y como suele pasar en otras ocasiones, al tiempo que resaltó la importancia de cumplir con el objetivo de déficit general, sobre todo un año en el que España atraviesa un procedimiento de déficit excesivo.

Preguntada por las peticiones que hicieron algunas comunidades sobre la necesidad de que el Gobierno adopte más medidas para reducir el déficit, Salgado recordó que las últimas iniciativas ya afectaban a todas las regiones, como la rebaja salarial de los funcionarios o la disminución del gasto farmacéutico.

En este sentido, aprovechó para criticar al Partido Popular por pedir más medidas al Gobierno y no apoyarlas cuando llegan al Parlamento. "Un poco de coherencia", pidió al principal partido de la oposición.

Aún así, recordó que los consejos territoriales siguen trabajando en medidas que permitan mejorar la eficacia del gasto, que es dónde se tienen que discutir estos asuntos y no en el CPFF. "Las propuestas que lleguen desde ahí serán bien recibidas y espero que, si llega el caso, votadas por el PP", indicó.

Por otro lado, Salgado también informó al CPFF del techo de gasto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que asciende a 122.256 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,7% en comparación con el año anterior.