El fiscal Anticorrupción regional vuelve a criticar a la Audiencia Provincial de Murcia por anular autos de secreto en la instrucción del 'caso Umbra'

MURCIA.- El fiscal Anticorrupción regional de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha vuelto a criticar la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia por declarar la nulidad de los autos en los que se acordaba el secreto de las diligencias en la instrucción del caso Umbra, que investiga una presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la capital.

Lozano ha dicho en un informe presentado en el Juzgado de Murcia que instruye la causa, que la Audiencia "se ha precipitado al declarar la nulidad de los autos de prórroga del secreto, pudiendo haber invadido competencias que solo le corresponden al órgano sentenciador".

Estos comentarios se recogen en el informe en el que el fiscal se opone a la estimación del recurso presentado por uno de los imputados, el propietario del Club de Fútbol Real Murcia, Jesús Samper.

Samper, en base a la decisión de la Audiencia, que ha declarado nulas las prórrogas del secreto por falta de motivación de los autos que las recogen, ha reclamado al Juzgado de Instrucción que proceda a declarar la nulidad de todas aquellas diligencias que fueron practicadas sin la presencia de los abogados defensores de los imputados.

En sus críticas a la Audiencia, el fiscal Anticorrupción afirma que "la regla general es que una audiencia provincial no puede decretar nulidad alguna de los autos acordados en la fase de instrucción".

"Respecto a las declaraciones de imputados practicadas durante la fase de secreto -añade-, cuya nulidad se ha decretado, ello no implica por sí mismo que sean nulas, pudiendo ser ampliadas en lo que se estime necesario y conveniente".

Comenta igualmente que los abogados de los encausados no han solicitado ninguna ampliación de esas declaraciones, por lo que considera que no las han creído necesarias y que no se encuentran en una situación de indefensión.

El representante del Ministerio Público defiende la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones para evitar que se perjudique la investigación.

Así, añade, "como es obvio, el futuro registrado no puede conocer que va a ser objeto de una entrada y registro, conociendo, además, el objeto de dicha diligencia".

En otro informe, Lozano se ha opuesto a la petición hecha por el también imputado Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, que reclamó que las diligencias de esta caso, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia, fuesen acumuladas a otras que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4.

La Fiscalía tiene 20 días para informar si admite o no la querella de Peñalver contra el juez y el fiscal del caso 'Umbra'

MURCIA.- La Sala Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia tiene por ratificada la querella presentada por el ex jefe de Planeamiento del Consistorio, Joaquín Peñalver, imputado en la operación 'Umbra' de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, contra el juez David Castillejos y el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano.

   De esta forma, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 20 días, informe sobre la admisión o no a trámite de la misma, sobre competencia y fondo del asunto y si los hechos descritos en el texto de la querella son susceptibles de delito.

   Se designa ponente a Julián Pérez-Templado, quien con el magistrado Manuel Abadía Vicente y el presidente Juan Martínez Moya integran la Sala.

   La querella, presentada José Muñoz Clares en representación de Peñalver, critica la "nula instrucción" a cargo del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso y como ejemplo de ello plantea un paralelismo entre las imputaciones de hechos contenidas en esta querella y las que sostiene la fiscalía de Madrid en la causa contra el juez Elpidio José Silva. El motivo de este paralelismo es para "forzar" al TSJ de Murcia a que "entre a deliberar en este asunto".

El juez del caso 'Umbra' desestima las peticiones de nulidad de los abogados

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, por auto notificado este jueves a las partes, ha desestimado las peticiones de nulidad que habían pedido los abogados del caso 'Umbra', de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia.

   En concreto, los letrados reclamaban la nulidad de las actuaciones aprovechando el recurso que presentaron contra el hecho de que el juez no hubiera levantado el secreto de sumario.

   De esta forma, el magistrado David Castillejos mantiene la validez procesal legal de todas las diligencias practicadas en esta causa desde su inicio, sin perjuicio de las resoluciones referentes a nulidades contra actos concretos y se identificaron por vía de recurso.

El sindicato CCOO anuncia una creciente movilización en Navantia, "cansado de inoperancia y buenas palabras"

MADRID.- La Federación de Industria de CCOO se siente "cansada de la inoperencia, de las buenas palabras y de las buenas intenciones" en Navantia, por lo que advierte de que la movilización de los trabajadores será creciente si no llega carga de trabajo a los astilleros.

   En una nota, el sindicato dice dar "un golpe en la mesa" y exige que se confirme, cuanto antes, la llegada de nuevos contratos a las factorías de Navantia en la Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz y Cartagena.

   "En una semana se han esfumado todas las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras de Navantia", afirma, antes de recordar el caso de los cuatro metaneros de Gas Natural Fenosa adjudicados a astilleros japoneses y coreanos.

   También alude a las declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que "echó más leña al fuego" y aseguró que los dos floteles que se iban a fabricar para Pemex finalmente se quedaban en uno. Posteriormente, Industria precisó que Soria había querido referirse en realidad a dos floteles.

   El sindicato indica en la nota que la coordinadora de CCOO en Navantia se ha reunido esta mañana con carácter de urgencia para analizar la situación en la que queda el sector tras los "recientes jarros de agua fría" y ha diseñado su estrategia para que, "de una vez por todas, se confirme la llegada de carga de trabajo".

   Los contratos, lamenta, "se comprometieron durante los períodos electorales" y "ahora se van por donde vinieron". "CCOO ha acordado poner en marcha toda la maquinaria para garantizar que las gradas de los astilleros españoles vuelvan a funcionar a pleno rendimiento", afirma.

   Para que esto suceda, el sindicato considera necesario que Navantia, la SEPI, el Gobierno central y los autonómicos entiendan que de la carga de trabajo que ahora "se evapora" viven pendientes comarcas enteras que comen de la construcción naval.

   La coordinadora de CCOO entiende además que "no tiene ningún sentido sentarse a hablar del futuro cuando está en tela de juicio el presente de los astilleros españoles". Por este motivo, exige "claridad y no medias verdades".

IU-Verdes dice que la Delegación esgrime la seguridad para cambiar la Marcha de Mareas por "miedo" a la expresión ciudadana

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha considerado que el argumento de seguridad ciudadana que la Delegación del Gobierno esgrime para oponerse al trayecto escogido para la Marcha de Mareas convocada este sábado "no sirve en modo alguno". En realidad, afirma que el Gobierno "tiene miedo a la expresión ciudadana, que va a ser multitudinaria e importante, sin duda alguna, y no quiere que se evidencie de una forma tan clara y contundente".

   En rueda de prensa, Pujante ha recordado que acaba de pasar el aniversario del fallecimiento del "dictador sanguinario" Francisco Franco, el 20 de noviembre, quien "hizo lo mejor que podía hacer hace 28 años, pero cree que "algunos se han animado ideológicamente con esa fecha emblemática y lo que quieren es recortar derechos constitucionales".

   A su juicio, "la democracia les resulta incómoda y están adoptando medidas claramente autoritarias que lo que hacen, precisamente, no es garantizar la seguridad ciudadana, sino todo lo contrario: es una ley represora que impide el ejercicio democrático de la libertad de expresión, del derecho a manifestación y del derecho a la huelga", en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana.

   En el caso de la Marcha de Mareas de Murcia, cree que las dificultades que pueda haber de seguridad "serían de aplicación también para el Entierro de la Sardina, para la Semana Santa y para otros eventos lúdicos y culturales "en los que se colapsa toda la ciudad total y absolutamente, ya que no hay forma ni de entrar ni de salir".

Los organizadores de la Marcha de Mareas acusan a la Delegación de "mentir" y confían en que el TSJ les dé la razón

MURCIA.- El portavoz de los organizadores de la Marcha de Mareas, Fernando Miñana, ha acusado a la Delegación del Gobierno de "mentir" al decir que la manifestación convocada para este sábado "va a colapsar la ciudad" y cree que ese mismo argumento que esgrimen para prohibir el recorrido "se puede utilizar para prohibir las procesiones de Semana Santa o el Bando de la Huerta".

   Por eso, confía en que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia dé la razón a los organizadores en la vista que tendrá lugar mañana viernes, a las 10.00 horas, en el Palacio de Justicia y autorice que la Marcha "se haga tal y como está planteada".

   De lo contrario, advierte que "no se visibilizaría lo que nosotros queremos que se visibilice, que es cada uno de los problemas por lo que estamos protestando", según ha destacado Miñana, quien también es miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Molina de Segura y del Frente de Acción Estudiantil (FAI).

   Califica de "totalmente absurdos" y "absolutamente falsos" los argumentos esgrimidos por la Delegación, al afirmar que la Marcha "colapsaría toda la ciudad e impediría que los vehículos de emergencia pudieran atender su labor". Por contra, creen que detrás de esta decisión "hay motivos políticos".

   Miñana justifica el recurso a la Justicia "porque la Delegación del Gobierno está mintiendo, ya que no se trata de ocho manifestaciones conjuntamente, sino que es una única manifestación con distintos puntos de salida, pero son puntos de salida correlativos, de forma que se van recogiendo unas mareas a otras y no se colapsaría la ciudad en absoluto".

   Además, asegura que, si hubiera un caso de emergencias, "se hace un hueco y puede pasar cualquier tipo de vehículo de emergencias sin ningún tipo de problema. No conocemos ningún caso en el que alguna manifestación haya provocado que un vehículo de emergencias no pudiera pasar", ha zanjado.

   Miñana ha hecho estas declaraciones en la puerta de las oficinas de la Seguridad Social de Alfonso X, donde los representantes de la Marcha de Mareas se han desplazado a apoyar a los yayoflautas, que han presentado unos escritos individuales en contra del "pensionazo".

   En concreto, una veintena de yayoflautas se han concentrado en las oficinas de la Seguridad Social con un cartel en el que se podía leer 'Yayoflautas de Murcia con la Marcha de Mareas. Contra la injusticia social. No al pensionazo. Somos la experiencia en acción'.

   Los yayoflautas han accedido a las oficinas de la Seguridad Social al grito de "No a la reforma, pensiones dignas"; "aquí están, estos son, yayoflautas en acción"; "ea, ea, ea, los yayos se cabrean; o "no es una reforma, es un atraco".

   El miembro de los yayoflautas, Leandro Sánchez, ha explicado que los escritos tenían como objetivo "reclamar una pensión digna, y no la basura que están planteando con la reforma que han hecho".

   Ha ironizado con que "el único consuelo" que les queda a los ciudadanos es que, a la hora de hacer la reforma, el Gobierno "ha recogido las opiniones de expertos independientes, de profesión asesores de bancos y trabajadores de empresas de seguros privados, para ver si les engordamos, por si no tuvieran suficiente con los sobres que les entregan".

   "Luchamos por una pensión digna, pero no ya para nosotros, que hemos cotizado también, sino para la gente que viene detrás de nosotros y para que en el futuro no le falte a la gente", ha aseverado Sánchez.

   En este sentido, considera que "van a invertir muy pronto la pirámide de población" con estas medidas, entre "las pensiones raquíticas, el copago y la devaluación de los salarios".

   El portavoz de Marcha de Mareas ha criticado que se trata de una reforma "completamente injusta e innecesaria, más allá de ser una forma de sacar del bolsillo de los pensionistas el dinero con el que se está rescatando la banca". De hecho, explica que la cantidad que se va a ahorra con la reforma de las pensiones "coincide con el rescate de la banca".

   Por otra parte, cree que este "pensionazo" es una reforma que "va a dar a la clase trabajadora "donde más duele" porque "ahora hay mismo hay muchísimas familias que están dependiendo únicamente de la pensión que aporta la persona mayor, porque todos los miembros están en paro".

Bascuñana hace el ridículo al introducir la religión para justificar su censura a la libertad de expresión

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha afirmado este jueves que "nunca se ha prohibido una manifestación por largo que sea el itinerario, teniendo su origen y final"; incluso, ha manifestado, "la alternativa que la Delegación ha presentado" a la organización de la Marcha de Mareas, que saldrá este sábado, "coincide con algunas procesiones que tenemos en Murcia, donde está el 'encuentro', salen de dos puntos y se encuentran".

   Sin embargo, ha enfatizado Bascuñana, "no recuerdo que en Murcia salgan ocho procesiones de distintos puntos de la ciudad y que tengamos toda la ciudad en esa situación", por lo que asegura que quien emitió ese argumento en ese momento "fue quizás fruto de otra reflexión que no es la correcta".

   En esta línea, ha indicado que las procesiones en Murcia "no salen las ocho a la vez y en ningún momento se ha prohibido una manifestación que tiene un punto de origen y un punto final".

 "Una procesión en Murcia tiene un punto de origen y un punto final y podrá ser más o menos largo el itinerario pero hablamos de un solo itinerario y lógicamente acaba y se inicia donde todos podemos conocer", ha argumentado.

   Según ha explicado, primero la Delegación recaba el informe del Ayuntamiento de la localidad donde se va a desarrollar la manifestación o concentración. En este caso, Bascuñana considera que es una situación "compleja, no es normal lo que se plantea, ya que no es la típica concentración o manifestación con un punto de salida y de llegada, sino que hablamos de ocho puntos distintos".

   "En el mismo momento en que recibimos el informe del Ayuntamiento lo analizamos y lo estudiamos y dimos respuesta a quien había promovido esa manifestación, diciendo que en ningún momento el delegado no ha prohibido, lo único que ha dicho es que da una opción, otra alternativa, en vez de que salgan desde ocho puntos distintos lo hagan desde dos", ha justificado.

   Y es que, a su juicio, "es la forma más lógica de poder dar servicio también al resto de la población y sobre todo poder atender, si en un momento fuera necesario, cualquier tipo de urgencias a nivel sanitario, policial o de Protección Civil".

   Por ello, ha insistido en que "no se ha prohibido, sino que se ha dicho claramente cuál es la alternativa que desde la Delegación se le indica a quienes legítimamente tienen derecho a manifestarse".

   Bascuñana ha subrayado que en la Delegación "tenemos la responsabilidad de mantener el orden público y de que se pueda desarrollar esa actividad como es la manifestación que puedan requerir la sociedad murciana, se puedan compatibilizar y desarrollar".

   De forma que se está a la espera de lo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia decida. "Nosotros tomaremos todas las medidas después para que se desarrolle en las mejores condiciones y se pueda dar el servicio, atención y seguridad a todos los ciudadanos de Murcia, a los que se manifiestan legítimamente y a los que siguen su curso normal", ha concluido.

El Senado respalda la reforma del Estatuto de Murcia

MADRID.- El Pleno del Senado ha respaldado esta mañana la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia que permitirá que el Gobierno autonómico pueda utilizar el decreto ley para tomar medidas en caso de urgencia. La iniciativa partió del parlamento murciano apoyada por los tres grupos que lo componen, PP, PSOE e IU.

   El debate en el Pleno ha sido rápido, media hora, como la propia tramitación en la Cámara Alta, que ha durado quince días al no presentarse ninguna enmienda y no pasar por comisión. A la sesión de este jueves han asistido el portavoz del PP en la Asamblea de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y el diputado regional socialista Joaquín López.

   Formalmente, la reforma será votada al final de la mañana, pero ha contado en el debate ya con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Tras el paso por el Senado, la ley será publicada en el BOE y entrará inmediatamente en vigor.

   El proyecto llegó a las Cortes Generales el pasado 1 de marzo y saldrá de ellas nueve meses después. El mes pasado, después de que la Comisión Constitucional le diera luz verde, el Pleno del Congreso aprobó el texto sin ningún cambio respecto al remitido por el Parlamento de Murcia. Lo mismo ha ocurrido en el Senado, donde la tramitación además ha sido muy rápida, de dos semanas. La reforma ha contado en las Cortes con el único voto en contra de UPyD, que rechaza el uso del decreto ley por ningún gobierno, no sólo el de Murcia.

   Por el PP, José Joaquín Peñarrubia ha defendido la iniciativa porque así lo quiere la Asamblea de Murcia, pero ha agregado que los terremotos de Lorca la justifican aún más: el Gobierno regional necesita instrumentos para actuar en caso de emergencias como aquella. "No cabe argumento más sólido y preciso para justificar esta reforma", ha dicho.

   Peñarrubia ha admitido que el decreto ley debe ser un instrumento excepcional, para casos de urgencia, y que queda "sujeto a la mesura de quien ha de aplicarlo y al control razonable de quienes ejercen esa responsabilidad".

   Ramón Ortiz, senador por Murcia del PSOE, ha defendido también la reforma aunque ha advertido de que esperan que el uso del decreto ley sea "el adecuado y no se caiga en la práctica abusiva que del mismo se viene haciendo en el ámbito estatal".

   Ortiz ha asegurado que esta reforma tuvo un origen controvertido porque la oposición votó en contra en un principio, pero que el debate condujo al consenso, que no la unanimidad, ha dicho. "Esta es la razón por la que, aun no estando totalmente de acuerdo con lo que se pretende, porque se excluyen otros aspectos quizá más sustanciales que la propia reforma, votaremos a favor".

   El senador socialista ha expresado por último su deseo de que avancen otras reformas que se negocian en la Asamblea de Murcia, lo mismo que ha hecho el senador de IU Jesús Iglesias, que ha pedido la modificación del sistema electoral, del Reglamento del parlamento autonómico y del sistema de financiación.

   Iglesias también ha recordado que el compromiso del PP a estudiar estas reformas de más calado es lo que permitió que IU aceptase cambiar el estatuto para introducir el decreto ley.

   Por parte del resto de grupos, Montserrat Candini de CiU, ha expresado su apoyo a la reforma pero ha utilizado la intervención para lanzar una advertencia a los murcianos: el Estado no respeta el estatuto reformado de Cataluña.

   "Da la impresión de que las administraciones autonómicas no están preparadas para trabajar con el objetivo común de mejorar el bienestar ciudadano, impulsar el empleo o salir de la crisis, que fueran rivales. Y en absoluto es así", ha dicho la portavoz, que ha insistido en los agravios del Gobierno contra Cataluña, a juicio de su coalición.

   "Les decimos esto desde la experiencia, para que tomen nota; sí a la reforma del Estatuto de Murcia, no a la recentralización y al ahogo financiero. Mucha suerte, que les respeten y si es así, tomaríamos nota", ha concluido.

   Por parte de la Entesa, Rafel Bruguera ha denunciado el "abuso" que se puede hacer del decreto ley y que es el caso del Gobierno de Mariano Rajoy, pero ha expresado el "respeto escrupuloso" de su grupo a las competencias de Murcia y a que las ejerza al presentar esta reforma del estatuto.

   El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha manifestado igualmente el respaldo a esta reforma, porque "es una necesidad evidente y objetiva, se ha visto en las situaciones complicadas que ha vivido la Región de Murcia", pero también porque es la voluntad de los murcianos "dentro de su capacidad de autoorganización".

La Comunidad Autónoma y ayuntamientos murcianos adeudan a proveedores 709 millones que recibirán antes de final de año

MURCIA.- El Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia adeudan a los proveedores casi 709 millones de euros, según ha anunciado este jueves en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, quien ha precisado que esta cantidad que se contempla en la tercera fase del Plan de Pago, recién iniciado, permitirá a la Región actualizar deudas con sus proveedores.

   Así se contempla en la tercera fase del Plan de Pagos, diseñado para poder atender al pago de pendientes, e incluye las facturas con origen en 2012 y hasta mayo de 2013. En un primer tramo, que se hará efectivo este mes, 32 ayuntamientos deben a 1.280 proveedores el importe de 12.381 facturas, que asciende a 47,9 millones del total de 230,7 millones que adeuda en conjunto la Comunidad y los consistorios.

   En concreto, de los 1.280 proveedores de entidades locales que cobrarán sus facturas en este primer tramo de la tercera fase, 879 son pymes, 322 son personas físicas y 79 son grandes empresas. Por importes, del total de los 47,9 millones de euros que se abonarán, 31.527.531 euros corresponden a pymes, 14.388.285 a grandes empresas y 2.018.792 a personas físicas.

   Mientras que un segundo tramo, exclusivamente para deudas de la Comunidad, contempla el importe de 478,2 millones para hacer efectivo el pago de 161.173 facturas a 1.597 proveedores, que se liquidará antes de final de año.

   Mediante este mecanismo, la Región recibirá a lo largo del mes de noviembre 230,7 millones de euros que, unidos a los 478 millones del segundo tramo, supondrá una inyección de liquidez de 709 millones de euros, sólo para el pago a proveedores.

   Dicho plan se ha tenido que instrumentar en varias fases para poder atender a la financiación del pendiente de pago de las administraciones territoriales ante los problemas de liquidez que han sufrido durante la crisis financiera y la acumulación de una elevada deuda comercial en el pasado.

   Al hilo, Bascuñana ha explicado que "hemos aprovechado el mecanismo de pago a proveedores en su tercera fase para saldar las deudas que mantiene la Comunidad con sus entidades locales y que, en el caso de Murcia, beneficiará a 32 administraciones con un importe global de 47.934.608 millones de euros y que permitirá liquidar un total de 12.381 facturas".

   Bascuñana ha destacado, además, las "óptimas" condiciones de financiación, 3,34 por ciento, para el plazo de diez años que durará la operación. "Son condiciones y mecanismos de acceso a la financiación de la que se benefician las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico, y que, en el caso de Murcia, supondrá un ahorro de 108 millones de euros en gastos financieros en esos diez años", ha añadido.

UPyD reclama al Gobierno regional que retire la normativa que estipula el cobro de una tasa para atención sanitaria a inmigrantes

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha anunciado que UPyD presentará varias mociones en aquellos ayuntamientos de la Región en los que la formación magenta tiene representación, solicitando que el Gobierno regional retire la normativa que estipula el cobro de la tasa para atención sanitaria a inmigrantes irregulares.

   De esta forma, Sánchez ha mostrado su rechazo a la tasas (de entre 60 y 157 euros mensuales) impuestas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma para que los inmigrantes en situación administrativa irregular puedan recibir asistencia sanitaria.

   Una medida que, supone otro episodio más "del retroceso y desprecio de  derechos básicos", como la atención sanitaria universal, "que está aplicando un Gobierno del PP que se dice de centro reformista", ha señalado Sánchez.

   En este sentido, ha denunciado que "es mezquino e irresponsable" cebarse en plena crisis con personas que apenas pueden defenderse y en riesgo de terminar convertidas en "chivos expiatorios" del malestar social.

   Igualmente, Rafael Sánchez ha apostado por una legislación estatal en materia de Sanidad que "garantice la igualdad de trato de todos los ciudadanos en todo lo relativo a la atención sanitaria", independientemente de la región de residencia o de la situación administrativa en nuestro país en el caso de los inmigrantes.

   Para concluir, el coordinador regional de UPyD ha cuestionado que la medida de cobrar esa tasa a los inmigrantes irregulares suponga ingresos significativos y una reducción relevante del déficit, y ha indicado que las cantidades que se han establecido para recibir atención médica es de "una cuantía que será inasumible para la mayoría de los "sin papeles".

Baja la afiliación a la Seguridad Social

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 70.779 en octubre, lo que supone un descenso del 7,53 por ciento con respecto al mismo mes de 2012, frente a la caída del 6,55 por ciento de la media nacional, según ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 65.114 pertenecen al Régimen General, 5.536 al Régimen de Autónomos, 129 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 35.985 trabajadores; el régimen de  Empleados del Hogar, con 6.331; y el general con 22.798.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 11.572 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 59.207, son extracomunitarios.