El Congreso urge al Gobierno a reducir a 12 meses los plazos para registrar abonos y pesticidas

MADRID.- Todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo ante el Pleno del Congreso de los Diputados a una moción pactada entre PSOE, PP y CiU que insta al Gobierno a reducir el plazo de registro de productos pesticidas o abonos hasta un "máximo" de 12 meses --aunque ampliable a 18 meses--, tal y como marca la directiva europea en esta materia. 

   Para ello, se reformará el sistema de registro de productos fitosanitarios con un nuevo real decreto que coincidirá con la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, prevista para el 14 de julio, "modificando los procedimientos que se han demostrado ineficaces hasta ahora".

   La iniciativa deriva de la interpelación que hace una semana dirigió la diputada de CiU Conxita Tarruella a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, quien aseguró que el Gobierno trabaja para desarrollar un sistema "efectivo y eficaz" que reduzca los plazos de evaluación para cumplir con el "reto" de la entrada en vigor de la norma europea.

   Para ello, se delegar al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la competencia para evaluar los productos, si bien la confirmación seguirá dependiendo de la subdirección general de Medios de Producción del Ministerio, para la que reclama los suficientes recursos humanos, técnicos y presupuestarios.

   No obstante, el nuevo Real Decreto preverá la posibilidad de que se designen otros organismos de evaluación para atender con garantías todo el volumen de trabajo que pueda generarse.

   Asimismo, reclama se adecuen a los "costes reales" las tasas para las solicitudes de registro "equiparándolas a la media de la Unión Europea", con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta financiación de los gastos de personal y medios técnicos necesarios para ello.

   Hasta la entrada en aplicación del nuevo reglamento se impulsará el procedimiento de reconocimientos mutuo a partir de autorizaciones ya concedidas en otros estados miembros. El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino dará "carácter prioritario" al proceso de autorización en cuanto los fabricantes presenten la solicitud de reconocimiento mutuo de sus productos.

   Por último, se constituirá un Comité de Cultivos Menores que analice y proponga procedimientos rápidos de concesión de autorizaciones de uso para estos cultivos, en el marco del nuevo reglamento europeo.

El FMI recomienda mano dura con el déficit público de las CC AA

WASHINGTON.- Las autoridades españolas han ofrecido una "fuerte" respuesta a los desafíos fiscales que está siendo reconocida por los mercados financieros, aunque todavía no se puede afirmar que España "esté fuera de peligro" por lo que el ajuste fiscal tiene que continuar, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera necesarias más medidas en el ámbito de las comunidades autónomas (CC.AA.).

   "La respuesta de las autoridades españolas ha sido fuerte y está siendo reconocida por los mercados fianncieros, como vemos en los diferenciales de los bonos", apuntó en rueda de prensa Paolo Mauro, responsable de la división Fiscal del FMI, quien, sin embargo, alertó de que "España no está fuera de peligro, por lo que el ajuste fiscal tiene que continuar".

    El representante de la institución internacional recordó la buena situación de las finanzas públicas de España al comienzo de la crisis, y destacó el "importante paso" que supuso la reforma de las pensiones, lo que, a su juicio, "realmente ayudará a las finanzas a largo plazo".

   No obstante, Mauro señaló que una de las cuestiones a seguir con atención es la de las CC.AA. y los gobiernos regionales, donde consideró que "serán necesarias más medidas en el futuro"

   Por otro lado, el director del departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Carlo Cottarelli, no prestó demasiada importancia al impacto de más subidas de tipos al considerar que "cierto incremento ya está asumido en las proyecciones", aunque reconoció que los tipos de interés obviamente influyen en la deuda, aunque subrayó que el FMI "no tiene una especial preocupación en esta cuestión".

   España no logrará logrará cumplir en 2013 el objetivo de reducir el déficit público hasta el umbral del 3% marcado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que el saldo negativo de las cuentas públicas para esa fecha se situará en el 5%, frente al 9,2% de 2010 y el 6,2% previsto para este año por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, no obstante, resulta cuatro décimas mejor que su anterior estimación de enero.

   De hecho, las previsiones a largo plazo contenidas en la última edición del informe 'Fiscal monitor' de la institución internacional auguran que el déficit público español se situará en el 5,6% en 2012 y en el 5% en 2013, fecha para cuando España debería haber reducido dicho desequilibrio a menos del 3% del PIB, mientras que las proyecciones del FMI para 2014 sitúan el déficit en el 4,7% y en el 4,6% para 2015 y 2016.

   De este modo, las previsiones de la institución dirigida por Dominique Strauss-Kahn vuelven a mostrarse más pesimistas que las del Gobierno español, que espera un déficit del 6% este año, que bajaría al 4,4% en 2012 y se situaría en el 3% en 2013.

   No obstante, el FMI destaca el esfuerzo de España, puesto que en sus proyecciones la institución confía en que, junto a Eslovaquia, será el país desarrollado que logre una mayor reducción del desequilibrio de las cuentas públicas este año (tres puntos porcentuales).

   En el conjunto de la eurozona, las previsiones del FMI apuntan a que sólo Alemania (-1%), Finlandia (-1,5%), Países Bajos (-2,1%), Austria (-2,6%) y Eslovaquia (-2,9%) cumplirán para 2013 con el requisito de déficit del Pacto de Estabilidad.

   A este respecto, Cottarelli destacó que "todo el mundo está intentando llegar al 3% en los próximos años, pero las posiciones de partida son diferentes, así como son distintos los desafíos", por lo que advirtió de que "ante la magnitud de los déficit" de los países periféricos en 2009 y 2010 "tomará tiempo reducirlos" y subrayó que "más o menos estos países están haciendo lo que se esperaba de ellos".

Gobierno y PP temen que no haya una alta participación de inmigrantes en las elecciones locales

MADRID.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón y el director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, han mostrado su preocupación por que "no haya una alta participación" de inmigrantes y emigrantes en las próximas elecciones del 22-M tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), según han explicado al término de una reunión.

   Así, Terrón ha apuntado que los representantes de Coalición Canaria (CC) con los que se ha reunido antes que con el director del PP en el Exterior "han mostrado su preocupación por el funcionamiento del nuevo sistema de voto para inmigrantes y emigrantes debido a que hay poblaciones de canarios concentrados en algunos países", como Venezuela.

   En este sentido, ha afirmado que "los emigrantes no podrán depositar su voto en un lugar que no sea el Consulado, a pesar de la propuesta realizada por CC", aunque Prada ha matizado que "podría habilitarse un centro regional, con la tutela del Ministerio de Exteriores, en el caso de que los emigrantes se vivan lejos" del Consulado.

   Por otro lado, Terrón ha indicado que esta reforma "genera nuevos procedimientos para favorecer la participación de los españoles que viven en el exterior" y que hay constancia de el primer paso del proceso de voto, que consiste en la recepción de la petición para activar el voto, se ha producido.

   "No se ha detectado nada anormal", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "aún no es posible adelantar datos sobre la posible participación en las próximas elecciones". En este sentido, Prada ha apuntado que "es imposible saber el dato sobre los inmigrantes y emigrantes que van a votar hasta que no se reciban todas las solicitudes confirmando la participación electoral", al tiempo que ha recordado que la fecha límite para presentar estas solicitudes de inscripción de voto es el próximo sábado 23 de abril.

   Además, Prada ha añadido que "hasta la fecha, la única cuestión abierta es el defecto de que se ha perdido el espíritu de la gratuidad". "El modelo cumple la normativa, pero obliga a pagar la solicitud y esto se puede mejorar", ha defendido, al tiempo que añadido que este sistema "es garantista y ofrece seguridad jurídica".

   También ha dicho que el objetivo de la reforma es "incentivar la participación de los españoles emigrantes" y que "las instituciones están para resolver las dudas e incertidumbres generadas con el nuevo sistema de voto".

   Asimismo, Terrón ha recordado que, de acuerdo con el artículo 50.1 de la LOREG, las campañas institucionales deben ser realizadas por las administraciones convocantes y que "en ningún caso el Gobierno podía realizar una campaña para informar sobre cómo se vota en las elecciones autonómicas". No obstante, ha añadido que el Ejecutivo ha ayudado al Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior en su campaña de información "en estricto cumplimiento de la ley".

   Por su parte, la directora general de Migración, Pilar Pin, ha abogado por un sistema de franqueo pagado que garantice la gratuidad del voto desde el exterior, de manera que el sistema de voto sea "más transparente y eficiente tras la primera vez que se lleva a cabo con la reforma de la Ley Electoral".

   Pin también ha aclarado que "el franqueo de la solicitud y del voto se devolverá, siempre y cuando se presenten los justificantes correspondientes dentro de un sobre cuando se envíen los votos al Consulado de España" en el país donde residan los emigrantes.

575 bolivianos en Murcia

Un total de 575 ciudadanos bolivianos podrán votar en la Región en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, según ha informado el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras Camargo, quien se encuentra de visita en Murcia.
   En concreto, en la Región podrán votar en los citados comicios 17.462 ciudadanos no españoles, nacionales de un total de 31 países, de los que Bolivia es el sexto por la cuantía de electores, tras el Reino Unido, Ecuador, Rumania, Francia y Alemania, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
   En la reunión, en la que también han estado presentes Edgar Tinto, ministro de rango diplomático de la Embajada, y Celia Orellana, cónsul de Bolivia en Murcia, el delegado del Gobierno y la embajadora han tratado también sobre diversos temas relativos a la comunidad de aquél país en la Región.

La ultraderecha se cuela de la mano de Cámara en el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- Un total de 17 hombres y 12 mujeres forman la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Murcia, encabezada por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, quien ha ocultado hoy en su presentación que, de su mano, la ultraderecha se ha colado en el Ayuntamiento de Murcia a través de los nuevos fichajes dados a conocer hoy y algunos que continúan.

Esos elementos, de los que se oculta a los electores su conocida ideología extrema, serían la profesora lorquina Adela Martínez-Cachá Martínez, el funcionario local callosino José Cosme Ruiz Martínez, el empresario José Mª Tortosa Martínez, el también empresario José Arce Pallarés, y el bachiller Miguel Cascales Tarazona, al menos.

   Las 29 personas que la componen, junto con los cuatro suplentes, constituyen según Cámara, "un reflejo de la propia sociedad murciana, compuesta por jóvenes y mayores, vecinos de barrios y de pedanías, hombres y mujeres, y, sobre todo, personas comprometidas e ilusionadas por contribuir a mejorar nuestro municipio día a día".

   Cámara ha destacado que las personas que integran la candidatura del PP para las elecciones del 22 de mayo destacan, entre otros aspectos, por su "experiencia profesional, su profundo conocimiento de la realidad del municipio y, sobre todo, su compromiso y su afán por trabajar por Murcia y por los murcianos".

   Ha señalado asimismo la "amplia renovación efectuada respecto al actual grupo municipal", en el que repiten once concejales. La nueva lista "conjuga perfectamente la experiencia en la gestión pública con la juventud y el empuje propio de los jóvenes", ha añadido. 

Candidatura

  

   Cámara, casado, con tres hijos y profesor Química Agrícola Universidad de Murcia, lidera la candidatura, seguido en el número 2 por María Carmen Pelegrín García, nacida en Beniaján, casada, con tres hijos, y licenciada en Ciencias Químicas; mientras que el número 3 será ocupado por Adela Martínez-Cachá Martínez, casada, con dos  hijos, ingeniera agrónoma y profesora de la UCAM.

   A continuación se sitúa Cosme Ruiz Martínez, que está casado, tiene cuatro hijos, es abogado y secretario de Ayuntamiento; seguido de Javier Iniesta, quien está casado, tiene dos hijas, es diplomado en Enfermería y Subdirector de Enfermería Arrixaca; así como Isabel Martínez Conesa, casada, con tres hijos, y profesora Universidad de Murcia en el departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

   En el puesto número 7 figura Nuria Fuentes, casada, con dos hijos y licenciada en Derecho; seguida de Joaquín Moya-Angeler, que está casado, con tres hijos, y es licenciado en Derecho; seguido por Miguel Cascales Tarazona, casado, con dos hijas y diplomado en Turismo; Rafael Gómez Carrasco, casado, con dos hijos y licenciado en Derecho.

   En el undécimo lugar se sitúa José Mª Tortosa Martínez, quien está casado, es empresario y presidente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar; seguido de Ana Martínez, casada e ingeniera de Caminos, Canales y Puertos; Mª Dolores Sánchez Alarcón, quien es soltera y licenciada en Periodismo; así como José Arce Pallarés, casado, con dos hijos y empresario.

   En décimo quinto lugar se sitúa José, casado con dos hijos y graduado Social, seguido de Manuel Durán, casado con dos hijos, licenciado en Derecho y secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y Presidente de la Junta Municipal de Lobosillo.

   Posteriormente, en la lista figura Juan Antonio Bernabé, quien es soltero, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Vocal de la Junta Municipal de El Palmar; seguido de Cristóbal Herrero Martínez, casado con dos hijos y autónomo; y Alicia Barquero Sánchez, de Javalí Nuevo, soltera y diplomada en Educación Especial.

   A continuación se encuentra Rebeca Pérez López de la pedanía de El Esparragal, soltera, diplomada en Ciencias Empresariales, y empleada de banca; seguida de Marco Antonio Fernández Esteban, de la pedanía de Monteagudo, casado, con un hijo e ingeniero técnico en Informática de Gestión, Director Centro Social de la Universidad de Murcia.

   En el puesto 22 figura Fulgencio Perona, de Torreagüera, casado, con dos hijos, trabajador de la O.R.A. y Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera; seguido a continuación por José Francisco Pérez Rodríguez, de Era Alta, quien es soltero y licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia.

   En el puesto 24 está María Amelia García, de Avileses, quien está casada, tiene una hija, y es profesora de Educación Primaria y vocal de la Junta Municipal de Jerónimo y Avileses; seguida de Asunción Mª Esteve Candel, casada, con dos hijos, diplomada en Enfermería, y supervisora de Atención al Usuario del Hospital Morales Meseguer, así como Vocal de la Junta de Distrito del Infante Juan Manuel.

   En el puesto 26 se encuentra Juan Hernández de Nonduermas, quien es casado, tiene tres hijos y es empleado de banca; seguido de Pedro Martínez Corbalán, de Patiño, casado y con tres hijos, Técnico Administrativo, Carpintero Oficial de 1ª, Presidente de la Junta Municipal de Patiño.

   Los dos últimos puestos corresponden a María José Mora Sánchez, de Llano de Brujas, soltera y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, así como funcionaria de carrera en la Administración Pública de la Región de Murcia; así como Isabel María Ruiz Leal, de Vistabella, quien está soltera, y cursa el último año de Ciencias Políticas y de la Administración.

   Como suplentes figuran Diego Avilés Correas; Antonio Jiménez Aliaga; Mª Angeles Ruiz Baeza; y Francisca Espuche Ortín.

Sutil guerra sucia de la Unión de Consumidores de Murcia contra una CAM en apuros

MURCIA.- La Unión de Consumidores de Murcia (UCE) ha denunciado "la opacidad y la falta de transparencia de la CAM con los ciudadanos" sobre su futuro y ha confirmado que "hay gente que está retirando el dinero y cerrando sus cuentas" porque la falta de información "genera ansiedad y esa ansiedad conduce al pánico, y no hay nada más miedoso y conservador que el dinero", en lo que se interpreta en medios oficiosos de la CAM como una sutil guerra sucia, donde UCE dice luego en voz baja que, en cualquier caso, el Estado garantiza los depósitos hasta 100.000 euros.

  El asesor de economía familiar de UCE Murcia, Antonio García Guerreo, acompañado de la secretaria general, Trinidad Almagro, y el asesor jurídico de la asociación, Miguel Pouget, en una rueda de prensa han reclamado hoy "transparencia a la CAM" y pedir "tranquilidad" a los clientes.

   En concreto, García ha criticado la actuación de la CAM por "no dar información y no hablar con claridad a los ciudadanos desde hace 15 días, sin decir qué va a pasar con el dinero de los clientes, si van a intervenir la entidad, si la van a vender o qué va a pasar con ella".

   "La CAM debe responder y debe hacerlo ya, porque, entre otras cosas, aquellos clientes que tienen cuotas participativas y han comprado capital social de la caja, están viendo que han perdido más del 25 por ciento de su valor en los últimos 15 días", ha añadido.

   Si esta situación se dilata en el tiempo, García ha considerado que "lógicamente, la gente seguirá vendiendo sus participaciones, seguirá perdiendo dinero y es algo que los consumidores tenemos derecho a reclamar y a exigir que se nos trate en condiciones".

   García ha precisado que de las 16.000 consultas recibidas por UCE en 2010, un 12 por ciento tuvieron que ver con entidades financieras, lo que refleja, a su parecer, "la situación de ansiedad del sector".

   Por otra parte, UCE ha advertido que una posible intervención de Caja Mediterráneo (CAM) "implicaría tener que despedir a mucha gente, unos mil empleados aproximadamente", al tiempo que la entidad "desaparecería y sería absorbida por un banco, con lo que desaparecería gran parte de su obra social".

   García ha señalado que "se habla del Banco Santander, BBVA e incluso la propia BBK, para una fusión con CAM". De no llevarse a efecto, ha advertido que "habría que intervenir la caja de ahorros, que es a lo que se está negando el Banco de España, agotando todos los recursos para evitarlo".

   Si hubiese que intervenirla, García ha señalado que "se viviría una situación semejante a Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja Sur, que no es buena para la entidad, que pierde muchas ventajas y desaparece como entidad consolidada muchos años".

   Por ejemplo, ha dicho que la entidad como tal "desaparece y la absorbería un banco, cuya política, lógicamente, no es la misma que de una caja de ahorros, y deja de existir gran parte de la obra social, con los beneficios que conlleva y con el peso importante que tiene en la Comunidad Autónoma".

   Además, ha criticado que este proceso de absorciones "va a desembocar en un panorama dominado por cinco o seis grupos bancarios que van a mediar en el tipo de precio que nos pongan en comisiones, tanto de activo como pasivo".

   Entre las posibilidades que se barajan para el futuro de la caja, García ha aseverado que seguir solos "supone que los nacionalicen, lo que unido a los 2.800 millones de euros pedidos al FROB implicará que será para el Estado, que tendrá más del 60 por ciento del capital de la caja". En este sentido, ha transmitido al cliente que "si el Estado está detrás no va a haber problema".

   De la misma forma, García ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que "hemos vivido ya dos intervenciones desde el comienzo de la crisis: la de CCM y la de Caja Sur, y hemos podido comprobar que los clientes siguen funcionando y que las entidades que las han absorbido siguen funcionando plenamente".

   García ha reconocido no tener datos exactos del número de clientes de CAM en Murcia, aunque ha estimado que "es un elevado número" contando con que tienen más de 180 oficinas en la Comunidad Autónoma y que es resultado de la fusión de varias cajas murcianas y alicantinas.

   No obstante, ha recordado que el cliente de cualquier entidad financiera en problemas "tiene garantizado hasta 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos que reembolsaría el Estado".

Mentís

El consejero delegado de Banesto, José García Cantera, ha señalado hoy que "no le consta" que el Banco de España esté intentando "colocar" la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y que esta entidad sigue operando con normalidad.
   Cantera incidió en que una entidad que sigue compitiendo en el mercado y que continúa con su recapitalización "no tiene por qué ser colocada", y resaltó que los procesos de reestructuración son "largos y complejos, y no se puede pensar que se pueden solucionar de un día para otro".
   El directivo explicó durante la presentación de los resultados trimestrales que Banesto no está centrado en adquisiciones, sino en el crecimiento orgánico, y que "no hay nada oficial" en cuanto a su interés por adquirir la CAM.

El IPC murciano sube un 0,7% en marzo y la tasa interanual se sitúa en el 3,6%

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó siete décimas en la Región de Murcia durante el pasado mes de marzo, y la tasa interanual se situó en el 3,6 por ciento, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios bajaron en la Región una décima, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 3,6 por ciento.

   Por grupos, los más inflacionistas fueron Vestido y calzado (2,8 por ciento), Transporte (1,7 por ciento), Ocio y cultura (0,8 por ciento), Menaje (0,6 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas y Otros (0,4 por ciento), Vivienda y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2 por ciento), y Hoteles, cafés y restaurantes (0,1 por ciento).

   Por contra, la congelación de precios en Comunicaciones y Enseñanza y el descenso experimentado en Medicina (-0,2 por ciento) evitaron un descenso mayor de la cesta de la compra murciana en marzo.

IU-Mazarrón llevará a la Fiscalía el problema con la urbanización 'Camposol'

MAZARRÓN.- El candidato a la alcaldía de Mazarrón por Izquierda Unida, David Fernández Sánchez, anuncia que si el actual ayuntamiento de Mazarrón o el que salga de las próximas elecciones no pone en marcha las indicaciones que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia hizo a raíz de las quejas presentadas por varios vecinos de la urbanización Camposol, "elevara una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia contra los responsables políticos de la surrealista situación que padecen los vecinos de la urbanización Camposol", según un comunicado. 

"En la resolución emitida por la institución que preside Jose Pablo Ruiz Abellan se establece que el que la empresa urbanizadora no haya concluido los trabajos de urbanización del Plan Parcial , no exime al ayuntamiento de su responsabilidad de prestar los servicios municipales ya que tiene el deber de controlar el desempeño de la obligación de conservación y mantenimiento de la urbanización, ya que, en última instancia, es el responsable de la prestación de los servicios mínimos municipales que le atribuyen los artículos 25 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Por otro lado el dictamen del defensor del pueblo hace responsable de la correcta ejecución del plan parcial al propio ayuntamiento aludiendo a su deber de ejercer la misión de policía y vigilancia , y no admite la excusa ofrecida por el ayuntamiento de ante los requerimientos de este hacia la empresa , esta no los haya tenido en consideración . El ejemplo seria el de un ciudadano que aparca su coche en un vado publico y de que a pesar de que el ayuntamiento le sancione el multado hiciera caso omiso, y el ayuntamiento adujera que el denunciado no ha hecho caso de los requerimientos de la administración , consecuencia de ello el,vehículo seguiría estacionado sine die provocando el perjuicio al que contrata el vado. En este caso el Ayuntamiento estaría incurriendo en un claro delito de prevaricación".

Lo que desde Izquierda Unida de Mazarrón se considera mas grave es que el dictamen del Defensor pone en evidencia al ayuntamiento ya que a pesar de que la mayoria de las casas no tienen licencia de primera ocupación ni célula de habitabilidad el Ayuntamiento ha permitido su ocupación.

Así lo establece el Defensor del Pueblo en un pasaje de su dictamen:

"El otorgamiento de la licencia de primera ocupación se condiciona a la comprobación de que el promotor ha cumplido su compromiso de realizar simultáneamente la urbanización, determinando la imposibilidad de concederla si no se han acabado las obras de urbanización o las mismas son defectuosas, según se desprende del artículo 21.2 d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. En este punto cabe afirmar que si el Programa de Actuación Urbanística impide todo tipo de recepción hasta la total terminación de las obras de urbanización, no será posible autorizar la ocupación de ninguna vivienda"

David Fernández Sánchez considera que la resolución emitida por el Defensor del Pueblo "censura la actuación del Ayuntamiento de Francisco Blaya y que la actuación del Ayuntamiento del PP respecto de la urbanización Camposol en los últimos ocho años ha estado plagada de mentiras y falsedades".

Antitaurinos y ecologistas recurren el BIC de los toros en la Región de Murcia

MURCIA.- Las asociaciones Antitaurinas de Cartagena, Antitaurinos de Murcia, y Ecologistas en Acción han presentado un Recurso de Reposición contra el Decreto nº 25/2011, de 25 de febrero, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Fiesta de los Toros en la Región de Murcia.

Según los colectivos contrarios a la tortura animal, el Decreto adolece de incumplimientos legales tan claros como graves, por lo que debería ser anulado simplemente por incumplir la legislación autonómica vigente en materia de Patrimonio. Aun así, las asociaciones han presentado también argumentos éticos para que no se equipare un acto de crueldad contra un animal a la categoría de Bien de Interés Cultural.

Entre las deficiencias legales, la más grave es el propio enunciado de la declaración “Fiesta de los toros”, ya que no se sabe muy bien lo que se declara Bien de Interés Cultural, ni tampoco se llega a describir en detalle el patrimonio que se pretende declarar a lo largo de los cinco folios de que consta el documento, llegándose a afirmar que “no es preciso describirla, por ser suficientemente conocida en la sociedad actual”. Esto, a juicio de los tres colectivos, supone un claro incumplimiento del artículo 17 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que en el mismo se indica claramente que la declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente ”una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su correcta identificación”.

Tampoco se aportan en el texto “las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a proteger”.

Otra falta grave es que en ningún momento el Decreto demuestra adecuadamente que lo que se pretende declarar BIC sea una forma relevante de expresión de la cultura de la Región de Murcia, como exige la Ley 4/2007, en su artículo 1.

En todo caso, la Declaración demuestra que tanto las corridas de toros como la mayoría de los festejos taurinos tienen mayor relevancia fuera de nuestro territorio regional que dentro, por lo que no se puede considerar que sean representativos de la cultura murciana, y en todo caso quien debería plantearse si lo declara BIC Inmaterial sería el estado español.

En cuanto a los motivos éticos o morales, el propio texto del Decreto nº 25/2011 reconoce en diversos párrafos el carácter feroz y cruel de los eventos taurinos, y muestra el rechazo que ha producido desde hace siglos este tipo de “celebraciones” con maltrato animal en una parte de la sociedad española, reflejando la existencia del que puede ser el texto más antiguo conocido como antitaurino, que es precisamente una carta escrita por un renombrado y reconocidísimo personaje histórico de la cultura de nuestro país, como fue el escritor Francisco de Quevedo y Villegas. En dicho texto, Quevedo se queja de la crueldad del festejo taurino ante el Conde Duque de Olivares, en el siglo XVII.

Por otro lado, para las organizaciones, resulta hipócrita que la legislación actual sea tan estricta en cuanto a las condiciones de sacrificio en matadero, llegando a prohibir algo tan arraigado como la matanza del cerdo a cuchillo, si el animal no es previamente aturdido para evitar su sufrimiento, mientras por otro lado se permite torturar a un animal como el toro acosándolo, clavándole dolorosas banderillas, asestándole puyazos, y al final matándolo de uno o varios estocazos, que en el mejor de los casos lo matarán, pero que muchas veces requiere un puntillazo final en la nuca, alargándose así la agonía del pobre animal, torturado por pura diversión humana.

Desde los tres colectivos se ha exigido a la administración regional que se anule el Decreto nº 25/2011, de 25 de febrero, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Fiesta de los Toros en la Región de Murcia, por no ajustarse a derecho, pero también para evitar que se ofrezca apoyo institucional a una de nuestras peores costumbres como pueblo.

En pleno siglo XXI, las administraciones públicas deberían ensalzar los valores de respeto al resto de seres vivos con los que convivimos en este planeta, y no subvencionar y dar cobertura legal a actos tan crueles como anacrónicos, como son las corridas de toros y el resto de festejos taurinos.