El Aeropuerto San Javier estrena este domingo la temporada de verano con 22 destinos, casi todos internacionales

SAN JAVIER.- El Aeropuerto de Murcia-San Javier estrenará este domingo la temporada de verano con 22 destinos, uno de ellos nacional y 21 internacionales. 

   En concreto, un total de siete compañías tienen previsto operar vuelos al Aeropuerto de Madrid-Barajas, a 15 aeropuertos del Reino Unido, 4 aeropuertos de Noruega, uno de Irlanda (Dublín) y al Aeropuerto de Charleroi en Bruselas.

   Las compañías que operarán esta temporada en el Aeropuerto de Murcia-San Javier son Air Nostrum, BmiBaby, EasyJet, Jetair Fly, Jet2.com, Ryanair y Norwegian Air.

   En la ruta con el Aeropuerto de Madrid-Barajas en alguna de las frecuencias se van a utilizar aeronaves con una mayor capacidad de pasajeros, lo que redundará en una mayor oferta de plazas en esta ruta.

   La programación de verano de las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos terminará el 27 de octubre, según fuentes del aeródromo murciano.

    El cambio de temporada en el transporte aéreo europeo se realiza coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo horario de verano en toda la Unión Europea.

Iberia Express despega con un primer vuelo Madrid-Alicante

MADRID.- La nueva Iberia Express, filial para el corto y medio radio al 100% de Iberia, que despegará este domingo, más de dos años después del anunciado proyecto, operará un total de 17 rutas --doce nacionales y cinco a destinos internacionales-- en 2012, primer año en el que prevé transportar 2,5 millones de pasajeros. 

   Durante su puesta de largo oficial, Gallego, que estuvo acompañado con el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, destacó que se trata de "un proyecto ilusionante" que permitiará "precios asequibles" que nace "tras varios meses de trabajo" con "ilusión".

   Levantará el vuelo con cuatro destinos nacionales --Mallorca, Alicante, Málaga y Sevilla--, a los que se sumarán en mayo cinco nuevas --Vigo Lanzarote, Granada, Menorca e Ibiza--, y en los meses de junio y julio volará ya a destinos europeos como Dublín, Riga, Mikonos y Nápoles, además de destinos domésticos como Santiago, Fuerteventura y La Palma. En septiembre, se incorporará Ámsterdam.

   "Desde el primer momento tuvimos claro que para competir en el complejo panorama europeo teníamos que tener unos costes en la media europea en un entorno en el que la mayoría de las compañías están en 'números rojo's y otras quebrando. Nuestra filosofía es controlar los costes de forma eficiente, sostenible y garantizando la calidad del servicio y la seguridad", apuntó Gallego.

   Rafael-Sánchez Lozano fue más allá al incidir en que el objetivo es "ganar dinero desde el primer día". Iberia cifra en 100 millones de euros los ahorros derivados del lanzamiento de Express de cara a 2015. El 45% procederán de la diferencia del beneficio operativo proveniente de lastripulaciones, un 25% de los servicios de 'handling', otro 25% de ahorros en costes generales y un 5% por incremento de activos.

   La capitalización de Iberia Express alcanza los 20 millones de euros, invertidos por Iberia, precisó Sánchez-Lozano.

   La nueva 'low cost', que realizará su primer vuelo este domingo desde Barajas con destino a Alicante, contará inicialmente con 500 empleados y cuatro aviones A320, que alcanzarán los 14 este año --aeronaves procedentes de la flota de Iberia-- y aumentarán progresivamente hasta 16 aviones en 2013,  28 unidades en 2014 y 40 aviones en 2015.

   Los billetes de Express, de venta ya en agencias de viajes, no estarán disponibles en su web hasta la mitad de la semana que viene, ni a través de los call center, ya que para ello la compañía requiere de los códigos de la IATA y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) correspondientes, pero sí a través de Iberia, por lo que los precios hasta la próxima semana serán los mismos que los de Iberia.

   Las rutas anunciadas las operará Iberia Express pero en caso de que el usuario no quiera volar con la nueva compañía podrá solicitar la devolución del importe.

   La nueva compañía lanzará próximamente una campaña durante cinco días para volar a la Península y Baleares desde 25 euros, a Canarias desde 45 y a destinos internacionales a partir de los 59 euros desde el 10 de abril a la temporada de verano.

   Aunque no precisó si estos precios se estabilizarán en un futuro, ni el porcentaje de ahorro por vuelo teniendo en cuenta los nuevos costes.

   Ofrecerá dos clases 'turista y 'business' y si el pasajero lo requiere, con la alternativa de volar en clase turista desde una tarifa básica o otras tarifas a partir de 'servicios a la carta', si bien no se concretó el precio de la clase 'business'.

   Así, habrá cuatro tipos de tarifa 'expres' con precios "muy asequibles" y que no incluirá maleta, tarifa 'estandar' que incluirá una maleta y la selección de asientos, tarifa 'flexible' que permitirá cambios y la 'business' con todos los servicios de la clase.

   Gallego defendió que no se trata de una compañía 'low cost' al uso si no de una compañía de bajos costes, que contribuirá a facilitar la conexión de largo radio de Iberia en su 'hub', ya que el 70% de los vuelos de la compañía en Madrid son vuelos de interconexión.

Gallegó informó de que la nueva compañía cuenta ya con 41 pilotos contratados, la mayoría procedentes de Vueling, Air Europa, Air Nostrum o Air Arabian, el 40% de ellos de alta cualificación y experiencia, y con 80 tripulantes de cabina (TCP) procedentes de Spanair, Pullmantur, Air Comet, Air Nostrum, Vueling e Iberworld.

   El consejero delegado de Express reveló que el salario medio se situará en unos 6.000 euros netos volando 850 horas al año y 18 días al mes, en 2.800 euros netos para los copilotos, 1.250 euros netos para los TCP y 1.370 euros netos para los sobrecaros. "Estos salarios en estos tiempos no son muy 'low cost'", concluyó.

   En octubre de 2009, el consejero delegado de la compañía matriz, Rafael Sánchez-Lozano, anunció la intención de Iberia de crear una nueva compañía de bajo coste para las rutas de corto y medio radio, con base en Madrid, para contrarrestar la competencia de las aerolíneas 'low cost' en este mercado. En previsión de ello, la aerolínea registró la marca Iberia Express.

   La creación de la nueva compañía sembró los temores de los diferentes colectivos de Iberia, en medio de sus respectivas negociaciones de los convenios colectivos, lo que derivó en la inclusión de cláusulas y una serie de condiciones para los tripulantes de cabina (TCP) y el personal de tierra, vinculados a esta nueva marca, en el caso de que la nueva 'low cost' se lanzara.

   Con los pilotos no fue posible cerrar ningún acuerdo desde entonces. Tras 12 jornadas de huelga y ante el anuncio de 24 días más de huelga en fechas clave, la intervención de Empleo y Fomento propició un acuerdo por ambas partes para consensuar un mediador en la figura de Manuel Pimentel que facilite la negociación entre Iberia y sus pilotos.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".

   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.

   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.

   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.

    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.

    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.

    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 

    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".

    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".

   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.

    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 

  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

El Gobierno estudia crear una agencia para emitir 'hispabonos'

MADRID.- El Gobierno estudia la posibilidad de crear una agencia vinculada al Tesoro Público para emitir deuda y repartirla después entre las comunidades autónomas para reducir los problemas de las regiones a la hora de acceder a los mercados.

   Según han señalado fuentes financieras, ésta es una de la posibilidades que baraja el Ejecutivo, que esta misma semana se reunió con los bancos creadores de mercado para tratar este tema, entre otras cuestiones.

   Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que aún no hay una fórmula definida ni una fecha concreta, aunque ésta es una de las opciones que se barajan para la propuesta que el Departamento que encabeza Luis de Guindos tiene previsto hacer en las próximas semanas.

   La propuesta de Economía podría concretarse así en la puesta en marcha de los conocidos como 'hispanobonos', emisiones de deuda del Estado en representación de las regiones que muchos sectores económicos han reclamado en los últimos meses.

   El propio ministro de Economía se ha mostrado partidario de los 'hispanobonos' en reiteradas ocasiones, justificando esta medida en la necesidad de armonizar el coste de las emisiones en todo el territorio nacional.

   Incluso ha llegado a asegurar que las comunidades autónomas se podrían ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes financieros si emitieran al tipo al que lo hace actualmente el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

   De hecho, mientras que el Tesoro ha logrado reducir el coste de sus emisiones en lo que va de año y ha colocado más de lo previsto, algunas comunidades han tenido dificultades para cerrar sus colocaciones o se han visto obligadas a pagar tipos muy elevados.

   Éste es el caso de Castilla y León, que el pasado martes colocó poco más de 50 millones de los 200 millones que pretendía colocar, o de la Comunidad de Madrid, que tuvo que elevar considerablemente el interés para colocar 660 millones.

   Este tipo de situaciones ha disparado las alarmas del Ministerio, que ha decidido poner fin a esta situación con una propuesta concreta que presentará en las próximas semanas y que previsiblemente dará luz verde a los 'hispanobonos'.

   Esta medida, beneficiará a muchas comunidades con dificultades para financiarse, aunque queda la duda de si las regiones que han cosechado buenos resultados en sus emisiones recurrirán también a la nueva agencia del Estado o si, por el contrario, seguirán emitiendo su propia deuda.

   Los expertos alertan de que la medida, pese a ser positiva, puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro, que mantiene una buena racha desde el pasado mes de diciembre y que ha logrado reducir notablemente el interés.

   Éste mismo motivo frenó a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que siempre se opuso a que el Estado asumiera las emisiones de las comunidades para evitar el deterioro de las emisiones del Tesoro.

   Desde Ahorro Corporación, el director de la mesa de deuda pública, Javier Ferrer, admite que una medida de este tipo puede elevar el interés que paga el Tesoro actualmente, aunque no cree que acabe siendo perjudicial para España.

   En este sentido, considera que la puesta en marcha de los 'hispanobonos' puede ser muy "interesante" para el mercado y puede tener una "gran acogida" entre los inversores, sobre todo entre los españoles, aunque eleve el coste.

   Por su parte, desde Intermoney, José Carlos Díez, considera necesario que el Estado avale a las comunidades, aunque duda de la efectividad de la medida entre los inversores, que prefieren cosas más sencillas y acaban recurriendo al bono que ofrece el propio Tesoro.

   Díez asegura que hay ejemplos que demuestran que estas iniciativas no siempre funcionan, como las emisiones de la banca avaladas por el Tesoro, y cree que una medida de este tipo puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro porque "socializa" la deuda. "Será algo que acaben teniendo en cuenta las agencias de rating", ha dicho.