MADRID.- Podemos propone en su programa electoral para las generales 
del próximo 28 de abril la creación de un contrato “indefinido” de 
alquiler y la cesión obligatoria de las viviendas vacías para crear un parque público de alquiler,
 que se nutrirá de 50.000 casas cada año. El objetivo que persigue el 
partido que lidera Pablo Iglesias, según su programa, es “garantizar un 
alquiler estable, asequible y seguro” y para asegurar la renta y la 
estabilidad del contrato “implantará un contrato de arrendamiento 
indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada”.
Y
 para los casos en los que el arrendatario sea “especialmente 
vulnerable” y el arrendador sea un gran propietario de viviendas, como 
sociedades inmobiliarias y fondos buitre, el partido morado propone que 
el contrato de alquiler se prorrogue “de manera automática”.
Para Podemos, el derecho a la vivienda debe blindarse en la 
Constitución y afrontar el problema como una “cuestión de Estado” porque
 con la “burbuja del alquiler”, argumentan, se destina más de un tercio 
de la nómina a pagar el alquiler y el 80 por ciento de los menores de 30
 años viven con sus padres mientras hay 3,4 millones de viviendas vacías.
Por ello, proponen crear un gran parque de alquiler público de precio
 asequible incorporando 50.000 viviendas al año al mismo durante toda la
 Legislatura. Para ello, proponen establecer un mecanismo de cesión 
obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de 
vivienda.
A esta medida plantean sumar sanciones para impedir que se acaparen o se especule con viviendas vacías
 y aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la 
media europea. Al tiempo que paralizarán y revertirán la privatización 
de viviendas públicas y la venta de suelo público.
Interviene el mercado de alquiler
El
 partido morado también quiere intervenir el mercado del alquiler para 
impedir, afirman, “subidas abusivas”. Para ello quieren controlar los 
precios entre personas físicas inquilinas y pequeños propietarios, 
mediante el establecimiento de “mecanismos de control y regulación de 
los precios del alquiler”.
Para ello, habilitarán a los ayuntamientos para que puedan regular 
los precios en los barrios y zonas “tensionadas”, creando índices de 
precios de referencia adaptados a las realidades locales. El objetivo es
 que no se pague más del 30 por ciento de la renta familiar en el 
alquiler.
El
 partido de Pablo Iglesias quiere también auditar los activos tóxicos de
 los bancos rescatados con dinero público para incorporar al parque de 
vivienda pública las casas y pisos cedidas a fondos buitre y a la Sareb.
Además, realizarán un censo público de viviendas vacías de entidades 
financieras, fondos de inversión y empresas y acabarán con las SOCIMI 
por entender que se trata de “mecanismos de elusión fiscal y de 
especulación con un bien tan importante como la vivienda”.
Siguiendo con la política que han llevado a cabo las alcaldesas de 
Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, el partido morado 
anuncia que pondrá “coto” a la “excesiva proliferación de pisos turísticos”.
Para ello, permitirán a las comunidades de propietarios regular las 
condiciones de estos pisos y establecerán una regulación básica sobre 
las condiciones de estas licencias, en colaboración con las 
Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan 
la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes.
Junto con las Administraciones locales, estudiarán también establecer
 un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en 
función de las características de cada barrio para, dicen, 
“descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia”.
Desalojo de viviendas
En
 cuanto a la problemática de los desahucios, Podemos prohibiría los 
desalojos sin alternativa habitacional de personas y familias
 en situación de vulnerabilidad tanto por impago de alquiler como de 
ocupación en precario de una vivienda si antes la administración no ha 
garantizado un realojo en condiciones dignas.
También prometen garantizar el derecho a la defensa de los deudores y
 las deudoras hipotecarias en cumplimiento de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello, cambiarán el 
procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios 
de defensa y de prueba contra las cláusulas abusivas en los contratos.
A ello añadirán la protección de los deudores hipotecarios sin 
recursos limitando su deuda al valor del bien hipotecado y el 
reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación 
en pago y derogarán con efecto retroactivo el indicador de los tipos de 
interés IRPH.
En cuanto a los suministros básicos, afirman que los garantizarán e 
impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las 
primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su 
voluntad, como la pobreza sobrevenida. Esta protección durará un año y 
se extenderá mientras persista la situación de vulnerabilidad y 
sancionarán a las compañías que incluyan en los contratos cláusulas 
abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz,
 agua y gas.
Eutanasia, cannabis…
Poro otro lado, Podemos lleva en su programa electoral varias medidas
 para mejorar la asistencia sanitaria en España como, por ejemplo, la 
regulación de la eutanasia, del cannabis medicinal, la eliminación de 
los copagos sanitarios o la incorporación del servicio de dentista 
gratuito en el Sistema Nacional de Salud.
En
 concreto, la formación que lidera Pablo Iglesias se compromete a 
registrar una ley, “con todas las garantías necesarias”, para las 
personas que deciden poner fin a su vida,
 así como para los profesionales que las asisten, destacando así la 
necesidad de que a todo aquel que padezca un sufrimiento irreversible se
 le reconozca su derecho y libertad “a poner fin” a dicho sufrimiento.
Precisamente estos días se ha conocido la noticia del hombre que ha 
sido detenido, y puesto en libertad sin fianza, tras ayudar a su mujer 
enferma de esclerosis múltiple y que llevaba años siendo totalmente 
dependiente, a suicidarse. Un caso que ha reabierto el debate sobre la 
necesidad, o no, de regular la ley de eutanasia y que el propio Iglesias
 ha defendido la necesidad de legislar al respecto, reconociendo que le 
gustaría que le ayudasen a morir si se encontrara en una situación como 
la de la mujer recientemente fallecida.
Asimismo,
 el programa electoral con el que Podemos se presenta a las elecciones 
generales incluye despenalizar el cultivo y la tendencia de cannabis a 
nivel personal y colectivo,
 comprometiéndose a regularizar la actividad de los club sociales de 
cannabis y estableciendo el rol del Estado en la garantía de seguridad 
de los consumidores y en el control, distribución y consumo de cannabis.
La eliminación de los copagos es otra de las medidas
 que la formación morada pretende llevar a cabo si gobierna, 
estableciendo garantías para que no se puedan introducir en el futuro 
otros nuevos; así como recuperar de manera “completa” el acceso 
universal a la atención sanitaria, “sin discriminaciones” en el 
tratamiento, “ni requisitos innecesarios” para tener acceso a los 
servicios.
Al respecto, el partido se compromete a trabajar para suprimir los 
acuerdos de exclusión sanitaria e incorporar a los emigrantes en los 
sistemas de salud del país receptor. “La élites de nuestro país no sólo 
han expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han 
colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con
 la cobertura sanitaria a la que tienen derecho todos los españoles al 
margen de donde viva, porque la ciudadanía española no se acaba en sus 
fronteras”, señala Podemos en su programa electoral.
Además, Podemos quiere incorporar el servicio de dentista 
gratuito a los servicios del sistema de salud y que éste cubra servicios
 básico como, por ejemplo, empastes, limpiezas, ortodoncias, prótesis y 
férulas. También quiere aumentar y agilizar las prestaciones 
para material ortoprotésico, porque el actual es “costoso” y las 
cuantías de las ayudas actuales son “bajas”, haciendo que las personas 
con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material.