MADRID.- El empresario jumillano José García Carrión Jordán, presidente de la compañía que lleva sus apellidos, declarará el próximo diciembre como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
 No obstante, la firma se desmarca de estas acusaciones y sostiene que 
colaborará para "constatar que toda la actividad se ha realizado al 
amparo de la legalidad vigente".   
La empresa García-Carrión defiende la legalidad de sus actuaciones a la 
hora de comercializar sus vinos con la Denominación de Origen 
Valdepeñas. 
La empresa de origen jumillano rechaza así los delitos por los que está siendo investigada en la Audiencia Nacional, que
 la acusa de comercializar como crianza, reserva y gran reserva unos 
caldos que, según se investiga, no cumplían los requisitos de 
elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en 
barrica de roble.
"García Carrión cuenta con la trazabilidad
 de todos sus vinos y con las auditorias legalmente exigibles y 
certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta 
elaboración y comercialización de sus vinos bajo la Denominación de 
Origen Valdepeñas", asevera la empresa.
De hecho, la compañía vinícola afirma que fue ella quien denunció, junto con los agricultores, estos hechos que
 ahora investiga la Audiencia Nacional donde García Carrión aparece como
 investigada junto a la bodega Félix Solís. 
En este sentido, la firma 
jumillana incide en que "lleva proponiendo desde hace más de cuatro años
 de manera reiterada medidas de transparencia para la Denominación de 
Origen Valdepeñas que los Tribunales de Justicia han respaldado e 
implantado", y cita tanto el auto del 19 de noviembre de 2020 del 
Juzgado de Primera Instancia de Valdepeñas como la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 17 de abril
 de 2023.
"García Carrión niega cualquier participación y responsabilidad en los hechos investigados", concluye.
Acusaciones por estafa y publicidad engañosa
Será el 4 de diciembre de este 2023 cuando
 José García Carrión tendrá que acudir a declarar en la Audiencia 
Nacional ante el juez  José Luis Calama, que está investigando estos presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para
 investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 
de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y 
Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- comercializaron 
como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los 
requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en
 la permanencia en barrica de roble ni en botella". 
Desde entonces, 
apunta el juez, ha recibido informes policiales, documentación de las 
mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.
El
 juez señala que, al igual que con el anterior grupo de investigados, la
 documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo 
Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece 
mercantiles compradoras, "pone indiciariamente de manifiesto que García 
Carrión SA y Grupo Vinartis SA y José García Carrión también 
habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas
 sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella".
Apunta
 además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud 
proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino 
comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de 
manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 
2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos,
 existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los
 datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros 
comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.
En cuanto a su capacidad productiva, los
 datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de 
barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado,
 "lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos
 imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo
 regulador, entidad certificadora, e investigados".
Una guerra entre dos familias
Primero acabó con el consejo regulador y luego con la Asociación 
Interprofesional que heredó sus funciones. Y ahora, el presunto fraude 
masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en 
Ciudad Real (Castilla-La Mancha), ha acabado con los máximos ejecutivos de Félix Solís y García Carrión citados a declarar en la Audiencia Nacional.
Un informe interno del 
consejo regulador calculaba ya en 2020 que había casi 14 millones de 
litros que se habían comercializado como crianzas o reservas en el 
mercado por parte de las distintas bodegas más de los que realmente se 
habían declarado. Estaban mal etiquetados y la calidad no se correspondía con la real. Era vino del año. 
Pero, ¿cuál fue el origen del problema?, se pregunta elEconomista. Todo comenzó como una batalla
 entre las dos grandes familias del mundo del vino en Castilla-La 
Mancha: los García Carrión y los Solís. 
Los primeros encabezados por 
José García Carrión y los segundos por Felíx Solís, ambos presidentes y 
propietarios con una presencia muy destacada en el sector pero con 
personalidades completamente contrapuestas, que suman continuas denuncias, demandas y querellas cruzadas entre si, acusándose
 de querer controlar tanto el consejo regulador, ya desaparecido, como a
 la propia denominación de origen, una de las mayores de toda España, 
que ha quedado ahora con la imagen muy deteriorada.
El grupo bodeguero García Carrión, muy conocido por ser el dueño de la marca Don Simón, fue el primero, junto a las organizaciones agrarias, en denunciar una situación de irregularidad y denunciar a su competidor, lo que hizo estallar por los aires al propio consejo regulador. 
El problema es que la denuncia acabó volviéndose también en su 
contra. La Fiscalía de Ciudad Real dio traslado mediante un escrito a la
 Audiencia Nacional en el que se aseguraba que "durante la investigación
 preprocesal se ha podido acreditar que las irregularidades que se 
denuncian no sólo han podido ser cometidas por el operador directamente 
denunciado, D. Félix Solís o sus bodegas o empresas de comercialización"
 y que "los expedientes de investigación de la Consejería de Agricultura
 han puesto de relieve que se dan irregularidades en más bodegas".
El informe del consejo regulador, de hecho, así lo acreditaba. 
"Existen diferencias muy significativas que indican (...) que habría 
vinos que han salido al mercado, bajo las indicaciones crianza, reserva y
 gran reserva, que han sido declarados a la Denominación de Origen de 
Valdepeñas como vinos embotellados sin mención de envejecimiento".
Por 
tanto, decía el consejo, "cabe suponer que ha existido un incumplimiento de lo establecido en la Ley del Vino y en el pliego de condiciones de la DO Valdepeñas, sobre los periodos de envejecimiento".
Así, en abril de 2021 el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió  a trámite la denuncia
 presentada por la Fiscalía y decidió investigar si las bodegas de la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García
 Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus 
administradores- habían comercializado como crianza, reserva y gran 
reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en 
periodo mínimo deenvejecimiento, ni en la permanencia en barrica de 
roble ni en botella". 
En definitiva, que como mucho eran vino joven o 
del año.
   La implicación de la Junta
 Calama tomará 
declaración este 23 noviembre al consejero de  Agricultura de la Junta 
de  Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez  Arroyo, como 
testigo. Además, según el auto se le pedirá que entregue  "el expediente
 que se hubiera podido realizar en cuanto a la producción y  elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas
 en sus distintas categorías entre los años". 
Un mes más tarde, el 4 y 
el 11 de diciembre, será el turno de José García Carrión y de Félix 
Solís. 
La gravedad del caso acabó no solo con la propia liquidación del 
consejo regulador, sino también con su heredera, la Asociación 
Interprofesional. Los productores decidieron en 2021 abandonarla y su 
presidente, Carlos Nieto, mano derecha de Félix Solís, contra el que 
García Carrión se había querellado por manipulación de documentos. 
Aunque la DO Valdepeñas no desapareció quedó bajo el control de la 
consejería de Agricultura y, eso sí, herida de muerte.
  Subvenciones bajo sospecha
 Y
 por si fuera poco, todo ello salpica, además, al Gobierno autonómico. Y
 es que Félix Solís puso en marcha el mayor almacén de barricas del 
mundo con el apoyo financiero de la Junta  de Castilla-La Mancha,
 a pesar de la investigación abierta contra la  compañía. 
Las obras 
fueron denunciadas por García Carrión ante el Ayuntamiento de Valdepeñas
 y la Consejería de Medio Ambiente de la región, "por  no contar con 
el informe previo de evaluación ambiental, que es  obligatorio conforme a
 la legislación autonómica y estatal en esta materia", aunque todo quedó finalmente archivado.
Las dos compañías, tanto García Carrión como Félix Solís, han emitido
 ahora sendos comunicados en los que muestran su disposición a colaborar
 en todo con la justicia, pero niegan las acusaciones.
 Las empresas se defienden
 García
 Carrión recuerda así que fue ella quien "denunció, junto con los 
agricultores, los hechos que investiga la Audiencia Nacional" e insiste 
en que "cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las 
auditorías legalmente exigibles y certificadas por organismos 
independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización 
de sus vinos bajo la DO Valdepeñas".
La compañía que preside José García Carrión insiste en que "desde 
hace más de cuatro años lleva proponiendo de manera reiterada para la 
Denominación de Origen medidas de transparencia que los tribunales 
han respaldado e implantado". 
De hecho, un auto de 19 de noviembre de 
2020 de un juzgado de primera instancia de Valdepeñas y una sentencia de
 17 de abril de este año del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha le dieron la razón.
Félix Solís asegura, por su parte, que "como miembro de la DO 
Valdepeñas durante sus más de 70 años de historia, la empresa ha estado 
firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del 
pliego de condiciones de la denominación de origen, que garantizan la 
alta calidad y trazabilidad de nuestros vinos". 
"Las supuestas 
discordancias que se investigan entre las cantidades de vino 
comercializadas entre 2017 y 2019 y lo reflejado en las declaraciones de
 aptitud de dicho periodo, se justifican, entre otros motivos por no haber tenido existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en este proceso de instrucción", concluye la bodega.