MURCIA.- La titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, en auto
notificado este martes, ha ordenado la apertura de juicio oral al ex
consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y a otros 14
investigados en las diligencias abiertas tras la denuncia de
irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de
Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico
como caso 'La Sal' o caso 'Desaladora'.
En concreto, la jueza
ha ordenado la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de
prevaricación continuada en concurso real con el delito continuado de
fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, en
relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la
desaladora de Escombreras, según informaron fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
También se abre juicio oral a varias mercantiles como posibles
responsables civiles subsidiarios; y a otras empresas como participes a
título lucrativo.
Esta primera investigación se centró en los
miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la
Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex
consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en
lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o
representantes de una mercantil y de una empresa, o "parte privada".
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de
acusación por en el que solicitaba penas de 8 años de prisión, 20 de
inhabilitación absoluta y 15 de inhabilitación especial para empleo o
cargo público.
La acusación solicita, además, una
indemnización por el importe del perjuicio causado de 70 millones de
euros. Escrito al que se adhiere la acusación popular.
Por su
parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor
civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad
civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la
diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta
que analiza en su escrito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la
CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en
relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la
desaladora.
En este sentido, en la parte dispositiva, se
requiere a los acusados para que presten fianza de 70 millones de euros
para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso,
pudieran imponerse.
Estableciendo, de acuerdo a la Ley de
Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo
de sus bienes en cantidad suficiente. Responsabilidad Civil que, según
indica la resolución, estará ligada al devenir de conocido como caso La
Sal II, en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Autónoma,
Ramón Luis Valcárcel.
Por último, de acuerdo a las penas
solicitadas por la acusación, la resolución declara a la Audiencia
Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y
fallo del procedimiento. Contra este auto no cabe recurso.
En
un segundo auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional
respecto del administrador inicial de Hidromanagement y un consejero
delegado solidario hasta septiembre de 2005, tal como solicitó la
acusación pública.
La
magistrada mantiene de forma preventiva la prohibición de disponer de la
Planta Desaladora de Escombreras. Y, en una providencia también
notificada este martes, abre una pieza separada de responsabilidad civil
para resolver sobre la medida cautelar solicitada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a la que se adhiere el Ministerio
Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, de que las cuotas
del contrato de arrendamiento que Desaladora de Escombreras tiene que
abonar a una mercantil (dinero procedente de transferencias de ESAMUR y a
cargo de los presupuestos públicos de la CARM), se depositen en la
cuenta judicial de consignaciones, sirviendo el depósito judicial como
garantía de caución.
