Esta es la principal conclusión del informe 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', dado a conocer este lunes por el departamento que dirige Mónica García, elaborado tras quedar desierto el pasado mes de octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.
Aunque admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, "habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las Comunidades Autónomas e INGESA", el informe deja claro que "el modelo MUFACE en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".
Básicamente lo motivos para esta situación son, según señalan, que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones del Gobierno y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros.
Por estos motivos propone que se garantice la continuidad asistencial, calidad y seguridad, especialmente en casos críticos como son pacientes oncológicos y en fase final de vida; y aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención.
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".
Optar por esta iniciativa significa "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después". Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de MUFACE; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.
Se elaboraría un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero; y, además, se implementaría un plan de comunicación para informar a la población sobre la nueva situación.
En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público".
En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.
