MURCIA.- Antonio Cerdá, consejero de Agricultura y Agua, está a un
paso de convertirse en el primer miembro en activo del Consejo de
Gobierno de Murcia que tiene que comparecer ante la justicia en calidad
de imputado. A tan delicada tesitura ya tuvo que enfrentarse Francisco
Marqués, exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en diferentes
gobiernos de Valcárcel, con la diferencia de que cuando se las vio por
vez primera ante un juez, en 2009 -estuvo detenido y sigue imputado por
el 'caso Zerrichera'-, llevaba meses fuera de la vida pública, según recuerda hoy 'La Verdad'.
La iniciativa legal contra Antonio Cerdá procede de la
titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín
García, que acaba de remitir una exposición razonada al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que resume los supuestos
indicios de prevaricación existentes contra el consejero. Unos datos
incriminatorios que surgen de la investigación abierta en 2007 por
delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias,
en torno a unas actuaciones de la Comunidad Autónoma, presuntamente
irregulares, que habrían favorecido a la promotora Hansa Urbana en su
intento de construir unas 3.000 viviendas, dos hoteles de lujo y dos
campos de golf a orillas del Mar Menor.
'Novo Carthago', que es el nombre del que en ese momento
constituía el mayor complejo residencial proyectado en la Región, se iba
a levantar sobre una superficie de unas 580 hectáreas, adquiridas en la
diputación cartagenera de El Beal, junto al monasterio de San Ginés de
la Jara.
Lo que este juzgado investiga, en concreto, son las razones
por las que desde la Consejería de Agricultura se modificó en 2003 el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, con
lo que se permitía que Hansa Urbana pudiera construir uno de los campos
de golf y otros equipamientos deportivos y recreativos en el interior de
una zona protegida: el saladar de Lo Poyo.
Con ese cambio normativo,
'Novo Carthago' lograba liberar gran cantidad de terreno en el núcleo
del complejo destinado a acoger las viviendas y los hoteles.
Hasta este momento, los dos únicos imputados en este caso
son Carlos Brugarolas, el ex director general de Medio Natural
-departamento que en esa época estaba adscrito a la Consejería de
Agricultura-, y María Antonia Fernández Cano, exasesora de Antonio
Cerdá, que fueron quienes asumieron el peso de la modificación del PORN
del Mar Menor.
Aunque en sus respectivas declaraciones ambos trataron de
dejar a Antonio Cerdá al margen de responsabilidad, el fiscal
anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó hace meses un informe en el
juzgado en el que establecía, de manera muy detallada, todos los
indicios que apuntaban a Cerdá como impulsor de una presunta
modificación legal 'a la carta'; un cambio con el que se habría buscado
adaptar la norma a las necesidades específicas de la promotora.
Ahora, después de un prolongadísimo periodo de estudio -en
torno a nueve meses, según fuentes próximas al proceso-, la juez Miriam
Marín se ha decidido por fin a enviar el asunto al TSJ de Murcia, al
objeto de que estudie si Antonio Cerdá debe ser o no imputado. Es la
Sala de lo Civil y de lo Penal la única que puede adoptar una decisión
al respecto, toda vez que Cerdá, por su condición de consejero, disfruta
de un fuero especial que impide que sea encausado por un juzgado de
Instrucción.
Fuentes próximas al proceso, que han confirmado a 'La
Verdad' la remisión del asunto al TSJ, indican que en las diligencias
figuran las declaraciones de un buen número de técnicos y altos
funcionarios de Medio Ambiente, que en 2003 habrían resistido supuestas
presiones para que justificaran, a través de sus informes, la
modificación del PORN. Ante la supuesta resistencia de estos empleados
públicos a ceder a tales requerimientos, desde la Consejería se habría
recurrido a una licenciada en Derecho, la asesora María Antonia
Fernández, para redactar el borrador con el que se inició el proceso de
cambio normativo.
Pese a que por su condición de trabajadora eventual no
debería haber intervenido supuestamente en el expediente, el texto de
Fernández fue enviado a Carlos Brugarolas, que designó a los encargados
de plasmar las modificaciones. También en este extremo se habría
incurrido en una irregularidad, ya que se hizo al margen del Servicio de
Protección y Conservación de la Naturaleza, que era el competente,
según las mismas fuentes, y que de hecho fue el que siempre intervino en
los cambios de otros planes de ordenación.
La Sala de lo Civil y de lo Penal deberá estudiar ahora si
del escrito de la juez se deducen indicios suficientes de delito como
para imputar a Antonio Cerdá o, al contrario, si no existe base
suficiente y la investigación debe continuar en el juzgado, dejando al
margen al alto cargo del Ejecutivo de Valcárcel. La decisión podría
adoptarse en pocos días.
