Estocada al Municipalismo / Juan José Cánovas *

Si todas las medidas, anunciadas por el Presidente del Gobierno en sede parlamentaria son gravísimas, el debilitar a los ayuntamientos, recortando concejales y modificando la Ley de Bases de Régimen Local, atenta contra la esencia de la democracia en su faceta más básica.

En mi opinión, solo se salvan dos, que hace mucho tiempo deberían estar reguladas por Ley: La determinación de los sueldos y retribuciones de los cargos públicos municipales (algunos, la  minoría, escandalosos) o que el Interventor (deberían incluir a Secretario y Tesorero), dependa directamente del Ministerio de Hacienda.

En la Historia democrática reciente, si alguna Institución ha sido protagonista de cambios y avance social en España, esa ha sido la Municipal. Solo recordar que el 14 de abril de 1931 se instaura la II República tras las elecciones municipales. Podemos darnos una idea de la representatividad popular y la fuerza moral del municipalismo en nuestro país.

Más recientemente, a partir de las primeras elecciones de 1979, si los ciudadanos y ciudadanas han visto mejorada su calidad de vida, se han construido escuelas, centros de Salud, instalaciones deportivas, han mejorado los espacios públicos, impulsado la cultura, desarrollando  políticas de formación y empleo, de juventud, Servicios sociales o aumentado la calidad de los servicios más cercanos al ciudadano; sin duda alguna ha sido fruto una responsabilidad compartida de miles de concejales –de todas  las opciones políticas-, que han ejercido honestamente el noble arte de la política, codo con codo con los vecinos que los han elegido directamente en las urnas.

Salvando excepciones -que confirman la regla y de eso, en Totana sabemos bastante-, los concejales y alcaldes, han tenido que ofrecer servicios, demandados por la ciudadanía, que el Gobierno Central o Comunidades Autónomas no han solucionado.

En todo caso, la actuación de los partidos mayoritarios ha sido la de coadyuvar al aumento de la deuda, negar una financiación suficiente o fomentar los ingresos municipales a través de la burbuja inmobiliaria y la especulación, sin entrar al fondo de una asignatura pendiente, que ni el PP ni el PSOE, han solucionado en sus tiempos de Gobierno.

Primero, debilitan y hunden las posibilidades de los ayuntamientos y ahora, hacen pagar la ira de los ciudadanos contra la “clase política”, por la parte más débil y cercana: Los representantes de los vecinos que ejercen la política, en su mayoría de forma altruista y con vocación de servicio. No rebaja el Gobierno los altos cargos de la Administración Central o Autonómica. No se plantea reducir o eliminar el inservible y oneroso Senado. No se tiene en cuenta el vacío de contenido y carísimo Parlamento Europeo, que actúa de comparsa en este teatro. Y esto, solo por poner algunos ejemplos. 

El Gobierno y los poderes financieros, utilizan a los concejales como chivos expiatorios; como paganos de una crisis económica, moral y política que no han generado la inmensa mayoría de hombres y mujeres, que desde gobiernos u oposición, elevan, día a día, propuestas o fiscalizan, en contacto directo con los vecinos y vecinas de los barrios o pedanías.

Pero no solo rebajan el número de concejales de una forma considerable, empobreciendo la democracia. También encorsetan las posibles iniciativas y competencias que pueden desarrollar las Corporaciones Locales para superar la crisis económica y política. El Proyecto de reforma de Ley de Bases, amordaza los ayuntamientos, vulnerando el artículo 142 de la Constitución Española y la autonomía de las Corporaciones Locales como parte del Estado en el marco de sus competencias.

Con las medidas anunciadas por Rajoy y el Proyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, sin solucionar el problema arrastrado 35 años de la financiación de los ayuntamientos, unos entes que pueden ser la palanca del cambio, de dinamización de la sociedad, de participación ciudadana, de desarrollo económico, la cultura o los servicios sociales, en el que muchos vecinos ejerzan la política para superar la actual situación a la que nos han llevado los que no asumen sus graves responsabilidades.

Solo la movilización -harto difícil cuando muchos españoles se juegan su supervivencia directa en otros frentes no menos importantes-, puede dar un giro al disparate que se pretende con los ayuntamientos, dejándolos vacíos de competencias, sin recursos, endeudados y sin capacidad de ilusionar a personas interesadas en ejercer la política en su faceta más pura y altruista.

(*) Juan José Cánovas es concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Totana

El PSOE califica de "cinismo e incapacidad para gobernar" que Valcárcel proponga devolver competencias al Estado

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, reprochó al presidente Valcárcel "su cinismo y su incapacidad  para gobernar en tiempos difíciles", al mostrarse ahora dispuesto a renunciar a algunas competencias como sanidad, educación o política social. 

   De este modo, afirmó que "Valcárcel demuestra no tener palabra y estar únicamente dispuesto a gobernar y tener competencias cuando las cosas van bien", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   García Retegui recordó que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta y el propio Mariano Rajoy ya rechazaron esta posibilidad, porque ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía lo prevén.

   "Además, la solución a nuestros problemas no estaría en devolver las competencias de estos servicios, pues de esta forma, el único que se quitaría un problema de encima sería el presidente, ya que los ciudadanos seguiríamos teniendo las mismas dificultades y no estaríamos en igualdad de condiciones con otros españoles. La educación, la sanidad y los servicios sociales son servicios fundamentales del Estado del Bienestar que necesitamos todos los ciudadanos", ha subrayado.

   En este sentido, denunció públicamente que Valcárcel actúa como un "charlatán, pues en época de bonanza, en plena expansión urbanística, alardeaba de querer tener todas las competencias y ningún control; después cuando gobernaba Zapatero, exigía todos los recursos y tampoco quería control sobre sus prioridades de gasto, y ahora que gobierna el PP y le reducen los recursos de financiación, en lugar de velar por lo que es mejor para los ciudadanos prefiere quitarse la patata caliente y propone devolver las competencias".

   "Consideramos que si nuestro presidente no es capaz de asumir y defender las necesidades de los ciudadanos de la Región cuando más lo necesitan, lo que tendría que hacer es dejar paso a otra persona que esté dispuesta a trabajar para resolver los problemas que tiene la Región", concluyó.

Se acabó cobrar el paro y trabajar 'en negro'

MADRID.- El servicio público de empleo podrá suspender el abono de la prestación por desempleo a un parado "cuando se aprecien indicios suficientes de fraude" en el curso de investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

   Así lo establece el Gobierno en el Real-Decreto ley de medidas antidéficit aprobado ayer y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añadiendo así un nuevo párrafo al artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social referido al control de prestaciones.

   El Ejecutivo también precisa en la norma que, entre las obligaciones de los perceptores de prestaciones por desempleo, estará la de acreditar ante los servicios públicos de empleo aquellas actuaciones que han emprendido dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o la mejora de su ocupabilidad.

   En este sentido, se advierte de que "la no acreditación" implicará que el desempleado ha incumplido el compromiso de actividad que firmó con la oficina pública de empleo.

   En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), el Gobierno señala que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, "sin haber rechazo oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión" dirigidas a incrementar la ocupabilidad.

   Asimismo, la salida al extranjero, "por cualquier motivo o duración" interrumpirá la inscripción como demandante de empleo. En aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses "ininterrumpido" desde la nueva inscripción.

Intervención / Manuel Castells *

Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

 Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

(*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos, nacido en Hellín

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120714/54325100171/intervencion-manuel-castells.html

El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.